Evaluación. Pleno Casatorio Penal revisa dos sentencias que fijaron jurisprudencia sobre delitos sexuales contra menores. Ambas fueron emitidas por la sala que integraba César Hinostroza. Se busca establecer criterios para juzgar con enfoque de género.
La red de corrupción instalada en el sistema de justicia, conocida en julio pasado, permitía que se negocien sentencias para favorecer a distintos acusados, incluso a violadores de menores.
A meses de ese escándalo, los magistrados que integran el Pleno Casatorio Penal se encuentran revisando dos fallos que fijaron jurisprudencia sobre la materia, ambos emitidos por una sala que integraba el exjuez supremo César Hinostroza.
De modo general, explica la jueza suprema Elvia Barrios, quien preside la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial, lo que se busca es establecer criterios interpretativos para que, desde una perspectiva libre de estereotipos, los operadores de justicia conduzcan sus procesos de forma adecuada.
En ese marco, añade, los jueces deben tener claro que, mediante acuerdos plenarios previos, se ha determinado que el testimonio de la víctima “se erige como una prueba fundamental” para acreditar los delitos de violencia sexual, siempre que cumpla con algunos supuestos, entre ellos la verosimilitud y la ausencia de ánimo espurio.
Esta declaración, además, debe realizarse una sola vez dentro de una cámara Gesell para evitar la revictimización.
La primera casación revisada es la N° 292-2014-Áncash. trata de un caso de violación con posterior embarazo. En ella se estableció que los jueces no pueden sentenciar a los acusados sin antes valorar la prueba de ADN, pues de lo contrario se limitaría su derecho a defenderse.
Según explica Barrios, la prueba de ADN no siempre funciona como elemento definitivo para demostrar la responsabilidad del abusador. La jueza propone un ejemplo para ilustrar este punto:
"Una mujer es víctima de una agresión sexual. Hace la denuncia. A las semanas puede haber tenido relaciones consensuadas. Como consecuencia de alguno de los actos queda embarazada. Allí la prueba de ADN no puede descartar per se que ella no haya sido víctima de violación", explica.
La segunda casación aludida es la N° 335-2015-Del Santa, en la que se determinó que los juzgadores pueden atenuar la sanción a los violadores cuando son "sujetos de responsabilidad restringida", es decir, cuando tienen entre 18 y 21 años; o cuando la víctima está cerca de cumplir 14 años.
Al respecto, Barrios señala que "es un tema bastante sensible" que deberá debatirse entre los magistrados, pero es enérgica al señalar que "ningún consntimiento de una menor de 14 años es válido, absolutamente ninguno".
En cualquier caso, lo que corresponde es buscar las "pruebas periféricas" que permitan corroborar la declaración de las víctimas, como el reconocimiento médico legal y las pericias psicológicas, considerando que dichos elementos tanpoco son concluyentes.
"¿Qué pasa si el reconocimiento médico legal dice que hay ausencia de lesión física, que la menor tiene himen dilatable o que no hay circunstancia médica que pruebe la agresión? Por eso no necesariamente se debe exigir la presencia de lesiones vinculadas a la violencia sexual", explica.
La magistrada añade que tampoo se puede exigir precisión en el relato del delito, pues, al ser la violación una experiencia traumática, la mente puede "borrar" o confundir detalles. Lo mismo ocurre con las víctimas de violaciones sistemáticas, que suelen presentarse en ámbitos familiares.
Fecha fija
El Pleno Casatorio penal emitirá sus sentencias el próximo 18 de diciembre, según anunció su coordinador, el juez supremo César San Martín.
- Dicha fecha es "inaplazable", según dijo Elvia Barrios. La sesión inaugural se realizó el pasado 7 de noviembre en el Palacio de Justicia.
Es necesario "deconstruir" a los jueces
- Para la presidenta de la Comisión de Justicia de Género es necesario que los jueces dejen de lado sus prejuicios al administrar justicia. "Tenemos una cultura patriarcal y machista en nuestro país. El juez o la jueza que transmite una decisión indudablemente tiene una carga personal. Lo que tratamos es de deconstruir esos estereotipos. Sin ello, no hay ninguna posibilidad de mejorar el sistema de administración de justicia para aplicar el enfoque de género", señala.
- Entre enero y octubre de este año, según datos de la misma comisión, el Poder Judicial ha recibido 3.609 denuncias por violencia sexual. Si se suman los casos ingresados desde 2015, la cifra se eleva a más de 16mil. Entre las regiones con mayor incidencia se cuenta Lima (602 casos), La Libertad (210), Lambayeque (209), Cusco (198) y Puno (137).
