Corte Suprema de Justicia de México: Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Infancia y Adolescencia

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) presentó el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Infancia y Adolescencia, documento que busca convertirse en una guía útil para que las personas juzgadoras caminen hacia la aplicación de una justicia adaptada.

MEX Protocolo para Juzgar con Perspectiva de IA 10nov21 on Scribd

Fuente Suprema Corte de Justicia de la Nación de México.

CIDH: Verdad, Memoria, Justicia y Reparación en contextos transicionales

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta el compendio, que es una sistematización de los estándares desarrollados con ocasión del monitoreo y decisiones de casos por la Comisión Interamericana sobre los derechos a la verdad, justicia y reparación de graves violaciones de derechos humanos en contextos de transición de las dictaduras a la democracia o en procesos de búsqueda y consolidación de la paz. Asimismo, el documento aborda la memoria y las garantías de no repetición como pilares fundamentales del fortalecimiento del Estado de derecho y una cultura de derechos humanos en la región.

 

Históricamente, la Comisión ha sido enfática en destacar y recordar a los Estados la intrínseca relación existente entre verdad, justicia, reparación y las garantías de no repetición, y la manera en que dichos componentes del proceso transicional no se sustituyen el uno al otro, sino que se complementan y retroalimentan entre sí. A través de sus distintos mecanismos, la CIDH ha determinado el contenido y alcance de las obligaciones internacionales de los Estados frente a contextos de graves violaciones a los derechos humanos y formulado una serie de recomendaciones para efectivizar una respuesta estatal integrada frente a estos escenarios. En ese sentido, la CIDH ha indicado, entre otras medidas, la adecuación de normativas internas y el desarrollo de políticas y prácticas de reconocimiento y resarcimiento y garantías de no repetición de las violaciones del pasado, así como el fortalecimiento institucional para que los sistemas de verdad, justicia y reparación sean capaces de responder adecuadamente.

CIDH CompendioJusticiaTransicional Es on Scribd

Fuente 

El País: La CPI declara culpable a ex niño soldado y ex comandante de un grupo rebelde de Uganda, condenado por crímenes de guerra

La Corte Penal Internacional (CPI) condenó este 4 de febrero a Dominic Ongwen, general del Ejército de Resistencia del Señor (LRA, por sus siglas en inglés), por crímenes de guerra cometidos en Uganda, convirtiéndose en el primer miembro del grupo en ser sentenciado por la Justicia internacional (RFI).

La Corte Penal Internacional (CPI) concluye que Dominic Ongwen, del Ejército de Resistencia del Señor de Joseph Kony, cometió secuestros, torturas, violaciones y asesinatos, incluidos bebés (El País).

El antiguo niño soldado ugandés y excomandante de la organización extremista cristiana Ejército de Resistencia del Señor, Dominic Ongwen, ha sido hallado culpable de 61 crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos entre 2002 y 2005 en campos de desplazados de Uganda. El fallo, difundido este jueves por la Corte Penal Internacional (CPI) tras cinco años de juicio, considera probado que capturó niños para que pelearan, saqueó, torturó y asesinó a civiles, incluidos bebés. Convirtió, además, a las niñas en esclavas sexuales y las forzó al matrimonio y posterior embarazo, cargos estos últimos calificados por primera vez por la Corte de crímenes de guerra y contra la humanidad.

La cuantía de la condena se dará a conocer en unas semanas, según ha indicado la Corte. Ongwen fue secuestrado de pequeño por milicianos de Joseph Kony, líder del Ejército de Resistencia del Señor (LRA, en sus siglas en inglés), que pretende imponer un régimen teocrático en el país, y llegó a lugarteniente. Los jueces no han considerado una eximente la biografía del condenado, un debate que ha sobrevolado el caso. Al contrario, subrayan que es responsable de unos delitos perpetrados en la mayoría de edad y en pleno uso de sus facultades mentales.

Según el fallo, Ongwen era apreciado por sus subordinados y sus jefes alababan su trabajo. “No era un pelele [de Joseph Kony], sino que tomaba la iniciativa e incluso discutía las órdenes recibidas. Tuvo la posibilidad de abandonar el LRA, como hicieron otros de sus camaradas. En su lugar, ascendió en la milicia y delinquió también en la intimidad. No hay eximente y es responsable de sus actos”, ha dicho Bertram Schmitt, presidente de la sala. La sentencia hace hincapié en los informes de los psicólogos que le han examinado, y que no observaron desorden alguno, así como en las declaraciones de testigos, en particular las mujeres que fueron esclavizadas.

Una vez consumado el rapto en serie de civiles en distintos campos de desplazados abiertos en Uganda, Ongwen “forzó a varias mujeres a convertirse en sus esposas y sirvientas y le dijo al resto que los menores serían entrenados como niños soldado”. Las niñas eran regaladas como esclavas sexuales a los milicianos, y si no cumplían con sus deberes eran apaleadas; a veces hasta la muerte, explica el fallo. Debido a ello, la Corte ha añadido el delito de matrimonio y embarazo a la fuerza como crímenes de guerra y contra la humanidad: “El matrimonio es un estado que se adquiere de forma voluntaria y que tiene efectos sociales, religiosos y personales que afectan a la intimidad de la persona. Si la víctima se ve atada de forma ilegítima, ello deriva en estigma social y en la pérdida de su dignidad”.

El terror de las niñas obligadas a tener relaciones sexuales con sus captores ha resonado en la sala. Las que se negaban o cometían errores al servir a sus dueños, podían morir a golpes o ser obligadas a matar a palos a otras. En su testimonio, una de esas víctimas dijo: “No quería yacer con un hombre mayor y de esta forma. Tenía miedo a negarme a ser su esposa a la fuerza, pero ante una muerte segura ¿qué elegiría usted?”. Ongwen tuvo varios hijos con siete de ellas en estas condiciones.

Es también la primera vez que la Corte juzga un caso relacionado con los crímenes perpetrados por el Ejército de Resistencia del Señor ugandés, y Ongwen ha sido condenado en su calidad de comandante de la brigada Sinia, una de las cuatro que componían la milicia. Perpetró o bien ordenó los crímenes, y el relato de los ataques contra campos de civiles desplazados de sus hogares por culpa de los choques entre el Ejército y los rebeldes de Joseph Kony, resumían en cierto modo su propio pasado.

Ongwen vio de pequeño los horrores que luego ordenó: secuestros de niños y la muerte a tiros y machetazos de los mayores; el terror de las marchas forzadas hasta los campamentos del LRA en las que los bebés eran arrancados de los brazos de sus madres y abandonados en el bosque porque molestaban con su llanto; los débiles golpeados hasta la muerte; el saqueo y la destrucción. Todo ello se ha oído en la sala de vistas, mientras Ongwen escuchaba con la mascarilla puesta, debido a las medidas de seguridad impuestas por la pandemia. La sentencia no solo ha descrito hechos atroces, sino que los nombres de las víctimas han sido leídos en voz alta porque, según ha dicho el juez Schmitt, “tienen derecho a que no se olvide su sufrimiento”.

La familia de Ongwen ha relatado que fue secuestrado en 1990 a los 10 años por los rebeldes de Kony cuando iba al colegio, según recoge Human Rights Watch. Los métodos de entrenamiento de los niños soldado incluyen infundirles terror y obligarles a matar a adultos, y a otros menores en su misma situación que hayan desobedecido e intenten huir. La CPI considera un crimen de guerra el reclutamiento forzoso de menores y él ha sido el único ex niño soldado juzgado hasta la fecha por sus jueces. Como en el resto de sus casos, la Corte ha permitido la participación de las víctimas para que expresen su opinión al margen de los testigos. Es una característica única en la justicia internacional, y esta vez se ha recogido y reconocido la intervención de 4.000 personas, que ante la incapacidad de desplazarse a la Corte, han sido representadas a través de siete testimonios.

Según ha explicado el propio Ongwen durante el juicio, desertó en 2015 del LRA cuando se encontraba en la República Centroafricana, y fue custodiado en la base militar estadounidense de Obbo, al sureste del país, hasta que las autoridades le entregaron a la Corte. Desde 2005, pesaba sobre él una orden internacional de arresto, y el Gobierno de Uganda, que es miembro de la Corte, pidió a su fiscalía que se ocupe del caso. En la misma situación estaban otros tres comandantes del LRA, a los que se le da por muertos, y el propio Joseph Kony, que ha huido. La Corte carece de policía y depende de la comunidad internacional para arrestar a los sospechosos, una cooperación no siempre adecuada.

El LRA es una de las milicias rebeldes más violentas de África, y Joseph Kony es una especie de jefe espiritual que pretende derribar al presidente Yoweri Museveni, en el poder desde 1986. Una vez en su puesto, sus planes consisten en regir el país de acuerdo con los 10 mandamientos. Entre 2010 y 2017, Estados Unidos llevó a cabo una operación destinada a erradicar al grupo o arrestar a sus miembros, que concluyó debido a su coste y porque el LRA perdió fuerza. Según Human Rights Watch, Kony se encuentra en Kafia Kingi, una zona en la frontera entre Sudán y Sudán del Sur.

CPI Veredict Ongwen Uganda by CPI  on Scribd

Escribe: Isabel Ferrer

Fuente El País.

ONU: El deseo de acceso a la justicia puede ser desoído, pero no desaparece

“Sabemos que la paz no surge automáticamente cuando las armas se silencian y las atrocidades cesan. Para poder reconstruir las vidas sin temor a que se repitan [los crímenes] y para que la sociedad avance, se debe reconocer el sufrimiento, restaurar la confianza en las instituciones del Estado y hacer justicia”, dijo este jueves la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

Michelle Bachelet participó en un debate del Consejo de Seguridad sobre la justicia transicional* en los escenarios de conflicto y post conflicto, donde afirmó que aunque se ignore y se niegue, el clamor por obtener justicia no desaparece.

Citó como ejemplo a Sudán, argumentando que el reciente derrocamiento popular del Gobierno fue impulsado en gran parte por la sed generalizada de justicia gestada durante décadas de impunidad y violación sistemática de los derechos humanos.

Agregó que la protestas masivas observadas últimamente en todo el mundo han puesto una vez más de manifiesto el poder de las demandas de igualdad, justicia social, justicia climática y derechos fundamentales.

Ejemplos latinoamericanos

Bachelet que su experiencia en Chile la convenció de que los procesos de justicia transicional gestionados por el país afectado y enfocados en las necesidades y opciones informadas de las víctimas pueden empoderar y transformar las sociedades y contribuir a una paz justa y duradera.

Destacó, asimismo, la utilidad de las iniciativas de búsqueda de la verdad en los proceso de justicia transicional durante los últimos 30 años.

En este renglón resaltó el caso de Guatemala y su informe “Memoria del silencio”, divulgado en 1999, convertido en un registro con autoridad moral de las múltiples violaciones de derechos humanos cometidas en los años de conflicto que dio voz a las víctimas y fue clave para reconocer sus derechos, además de que, en algunos casos condujo a reparaciones enfocadas en el daño causado.

“Esos procesos han facultado a las víctimas, en particular a las mujeres, a las comunidades indígenas y a las minorías que habían sido marginadas. Esto es vital para sanar las heridas y cohesionar a las sociedades”, sostuvo Bachelet.

Con respecto a Colombia, indicó que actualmente su Oficina apoya al Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición para cumplir con la Ley de Víctimas que, entre otras medidas, incluye el empoderamiento de las víctimas, la restitución de tierras y el desmantelamiento de las estructuras económicas y políticas que respaldaban a los grupos armados y se beneficiaban de ellos.

Rendición de cuentas

Bachelet subrayó, por otra parte, que la justicia transicional no debe ser vista como una alternativa de la rendición de cuentas ante el sistema penal de quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad. “Pero ese procesamiento penal debe ser acompañado de una amplia serie de medidas complementarias que apoyen la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no recurrencia. Eso ayuda a romper los ciclos de violencia”, enfatizó.

La Alta Comisionada concluyó su intervención advirtiendo que la falta de justicia transicional no resuelve los conflictos sino que, al contrario, alimenta la repetición de atrocidades.

Esperanza para las víctimas

En la sesión del Consejo de Seguridad estuvo presente el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión para la Clarificación de la Verdad, la Coexistencia y la no Repetición de Colombia, quien consideró que la justicia transicional es el instrumento de construcción de paz “más completo, dinámico y esperanzador que tienen las víctimas del mundo y los pueblos que han sufrido la violación masiva de los derechos humanos en conflictos armados internos”.

El clérigo apuntó que, no obstante, ser la mejor respuesta internacional que se puede dar hoy a las grandes tragedias bélicas contra el ser humano, tiene un presupuesto muy pequeño comparado con el que se asigna a las acciones militares y se mueve en las transacciones comerciales. “Sin embargo, es la más sagrada y la más importante de las apuestas de las Naciones Unidas porque incorpora a las víctimas del mundo a la naturaleza como víctima y a las generaciones futuras, que tienen derecho a vivir en dignidad.”

Las Naciones Unidas han definido la justicia transicional como "toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación".

Fuente Noticias ONU: https://news.un.org/es/story/2020/02/1469571

Chile: Herramienta lúdica que representa una sala de audiencias para una justicia amigable para niñas, niños y adolescentes

A través de Tribunalia es posible explicarles en un formato amable y entretenido, cuál es la labor del tribunal y quienes son las y los actores que interviene en él, entregándoles la posibilidad de situarse en dicho contexto y formarse una noción acerca del espacio que ocuparán como parte de una causa judicial, evitando así la revictimización a que son sujetos las niñas, niños y adolescentes en espacios que pueden ser considerados de una gran violencia para ellos/as entendiendo la herramienta como parte de una estrategia contra la violencia hacia la niñez.

TRIBUNALIA tiene su origen en el Programa de Representación Jurídica “Tus Derechos” de la Fundación Crea Equidad, ubicado en la comuna de Punta Arenas, cuyo trabajo cotidiano implica compartir y explicar conceptos jurídicos en general desconocidos o fantaseados por niñas y niños, considerando que muchas y muchos de ellos son muy pequeños, y que difícilmente han visto alguna vez un tribunal, a un juez o una sala de audiencias, lo que incrementa su ansiedad en todo el proceso y muchas veces les inhibe de expresar libremente su opinión.

Enfocados en la finalidad de hacer del proceso una experiencia menos estresante, acorde a derecho y compartiendo las experiencias en el abordaje de niñas, niños y adolescentes, la Fundación Crea Equidad llevó adelante la idea de confeccionar un instrumento concreto y lúdico que apoyará la tarea de representación jurídica.

TRIBUNALIA es una herramienta concreta, elaborada desde los ejes de innovación social y la participación, que constituyó el desafío de la construcción participativa para dar lugar a un modelo basado en la eficiencia y la calidad. Esto es, involucrar en la representación a niñas y niños en cuanto sujetos de derechos, tomar en cuenta su opinión e instaurar procesos innovadores que permitan ir más allá de la visión tutelar sobre la niñez, entendiendo que la participación es insoslayable en los procesos en que terceros toman decisiones sobre la vida de las niñas y niñas.

Así,” TRIBUNALIA, Aquí opino yo”, permite incorporar un enfoque más consciente de las necesidades de las niñas, los niños y adolescentes, de conformidad a los derechos consagrados en la Convención sobre de los Derechos del Niño.

¿Qué encontraremos en Tribunalia?

– Cuadernillo: que contiene la historia y formas uso de Tribunalia.

– Dos escenarios flexibles; que constituyen representaciones a escala de los siguientes espacios: Tribunal de Familia, Tribunal de Garantía, Tribunal de Juicio Oral en lo Penal y Sala especial espejo con sistema de video registro. El primer escenario sirve como espacio para albergar al mobiliario correspondiente a cualquiera de los tribunales señalados previamente y el segundo escenario, más pequeño, corresponde a la recreación de la sala espejo.

– Personajes: treinta y dos piezas que representan a los diversos/as intervinientes en el proceso. Cuatro representan y pueden ser utilizados como jueces y juezas, cuatro como abogados y abogadas, doce como representación de familias, adultos/as a cargo y funcionarios/as del tribunal, y por último doce que representan niñas niños y adolescentes de diferentes edades, colores de piel (incluyendo personas trans y con discapacidad).

– Mobiliario; correspondiente a cada uno de los espacios que se pretende representar, con un total de catorce muebles y doce sillas, también de uso flexible para los diferentes escenarios. Además, incorpora siete micrófonos; una bandera de Chile; tres computadoras; un reloj de pared; un biombo separador de ambientes y tres cámaras de seguridad.

La aplicación de TRIBUNALIA se ha establecido primariamente con el objetivo de facilitar a los y las abogadas la explicación del proceso judicial a niños, niñas y adolescentes de los espacios físicos de los tribunales. Esto porque, al conocer la sala de audiencia a través de la herramienta surgen dudas en las niñas. niños y adolescentes, las que van siendo contestadas y clarificadas, en un lenguaje diferenciado para cada tramo de edad, de forma previa a enfrentarse a la experiencia real de ser parte de una audiencia.

Dentro del lenguaje diferenciado que recomienda el cuadernillo, se encuentran, por ejemplo:

Con pre-escolares: “El Juez, es una mujer u hombre que ayuda a las personas a resolver los problemas que tiene con su familia o con otras personas.”

Con Escolares: “El Tribunal es un lugar donde trabajan jueces, juezas y otras personas. Las y los Jueces son personas que resuelven problemas que las familias no pueden solucionar por si solas y deciden qué hacer cuando los derechos de las niñas, niños y adolescentes no han sido respetados.”

Con Adolescentes: “El Tribunal es un lugar donde la jueza o juez resuelve los casos en que se han pasado a llevar los derechos de las niñas, niños o adolescentes.”

En caso de audiencia reservada: Se explica que la jueza o juez quiere conocerlo/a personalmente y que por eso lo ha invitado a audiencia, para que pueda dar a conocer su parecer/opinión en el problema que afecta a su familia.

Por otra parte, la existencia de una serie de personajes (niños, niñas, adolescentes, diferentes animales, personas trans y con discapacidad) permite que las niñas, niños y adolescentes puedan escoger con cual se representarán mientras dura la sesión de TRIBUNALIA.

Otros posibles usos de TRIBUNALIA:  TRIBUNALIA permite su uso a otras instancias en las que niñas, niños y adolescentes se involucran, más allá de la solo representación judicial adscrita a programas específicos de los programas sociales estatales que buscan resguardar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, sino también en aquellos impliquen el trabajo directo con ellos/as como insumo para aproximarse al funcionamiento del Poder Judicial.

De igual forma, pudiera resultar útil su empleo en el contexto escolar, para que, a través del aspecto lúdico del instrumento, pueda ser conocido y utilizado por las niñas, niñas y adolescentes a quienes se les enseña respecto de cómo funciona el Poder Judicial,  a través de los programas sociales de niñez que se vinculan con los establecimientos educacionales como la Corporación Municipal de Educación, programa Habilidades para la Vida o bien en otras instancias de aprendizaje, a través de las y los mismos docentes.

TRIBUNALIA resultar atractiva para servir de base de la creación de otras herramientas que simulen otros escenarios que sean útiles para las niñas, niños y adolescentes, como por ejemplo, un servicio de salud para que sea conocido por población infantil migrante o refugiada, o una comisaría dirigida a niñas, niños y adolescentes que forman parte de los diferentes programas sociales del Estado.

Es así como TRIBUNALIA pasa a ser una herramienta lúdica utilizable en multimodalidad.

Volante Fund Equi Dad 

Fuente Crea Equidad: http://www.creaequidad.cl/tribunalia-aqui-opino-yo/

Perú: "Protección y acceso a la justicia para niñas, niños y adolescentes: A 30 años de la CDN"

La Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad del Poder Judicial, que preside la Jueza Suprema Janet Tello Gilardi realizó, en la Sala de Juramentos del Palacio Nacional de Justicia,  la presentación del libro “Protección y Acceso a la Justicia para niñas, niños y adolescentes”, conmemorando los 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño,  aprobada por la Organización de las Naciones Unidas.

Poder Judicial_proteccion+y+acceso+a+la+justicia 

Fuente Poder Judicial: https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/AJPVyJC/s_ajpvcyjc/as_acceso_justicia_inicio/as_mate_consulta/

UNICEF Argentina: Acceso a la justicia: abusos sexuales y embarazos forzados en niñas y adolescentes

Documento técnico Nro 6: "Acceso a la justicia: abusos sexuales y embarazos forzados en niñas y adolescentes menores de 15 años".

Las altas tasas de embarazo en niñas y adolescentes menores de 15 años se asocian, en gran medida, a situaciones abusivas, violencia sexual y vulnerabilidad por falta de acceso a servicios de salud y protección de derechos efectivos. Este documento contiene lineamientos dirigidos al sector salud, de la comunidad educativa, de organismos de protección de derechos y a operadoras/es de distintos ámbitos del sector público que tienen la responsabilidad de dar respuestas y garantizar el acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de abusos sexuales y embarazos forzados.

Acceso a La Justicia UNICEF ARG on Scribd

Fuente Unicef Argentina: https://www.unicef.org/argentina/informes/acceso-la-justicia-abusos-sexuales-y-embarazos-forzados-en-ninas-y-adolescentes

UNICEF Uruguay: Adolescentes mujeres: delito y respuesta penal

La preocupación global sobre el efectivo ejercicio del acceso a la justicia no solo se ve reflejada en los tratados de derechos humanos, sino que forma parte de las preocupaciones de la comunidad internacional en su conjunto. Así se evidencia en los objetivos de desarrollo sostenible recientemente aprobados. 

Los gobiernos del mundo se han propuesto trabajar hacia el 2030 con el propósito de “promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles”. El efectivo ejercicio del derecho a la justicia es una preocupación para todos, pero especialmente para los niños, niñas y adolescentes. Ellos se enfrentan a más dificultadas que los adultos por la falta de especialización de los sistemas de justicia para atenderlos. Desde 2006, viene sosteniendo su apoyo técnico y financiero al proyecto Observatorio del Sistema Judicial, con el fin de generar información relevante sobre el funcionamiento del sistema de justicia penal juvenil y justicia de familia a través del releva-miento y la sistematización de expedientes judiciales. La información producida en este proyecto complementa los indicadores que genera regularmente el Poder Judicial y permite monitorear en profundidad la aplicación de la legislación nacional y la adecuación de las prácticas judiciales a los estándares establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño. 
Confiamos en que esta información contribuirá a cumplir dos objetivos: colocar en su justa dimensión el fenómeno de la justicia penal de adolescentes varones y mujeres y mejorar las prácticas judiciales para que sean justas con los niños, niñas y adolescentes uruguayos.

Adolescentes Mujeres Delito 

Fuente UNICEF Uruguay: 

CIDH culmina su 174° Período de Sesiones

Washington, D.C. / Quito, Ecuador – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró el 174º Período de Sesiones en Quito, Ecuador, del 8 al 14 de noviembre de 2019. La CIDH agradece al Estado de Ecuador por la invitación y por las facilidades prestadas para la exitosa celebración de todos los eventos programados. La Comisión manifiesta su agradecimiento a las organizaciones de la sociedad civil y al pueblo ecuatoriano por su colaboración y hospitalidad.

En el marco del 174º Período de Sesiones, la CIDH celebró 25 audiencias públicas sobre Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Jamaica, México, Nicaragua, Perú, Uruguay y Venezuela, y sobre temas regionales, como el enfoque de género en las políticas públicas de derechos humanos, la situación de violación de derechos humanos de la población afro-LGBTI en las Américas y la situación de la pena de muerte en países del Caribe angloparlante. Asimismo, se celebraron 26 reuniones de trabajo sobre peticiones, casos, medidas cautelares, seguimiento y otras decenas de reuniones con representantes de víctimas, Estados, organizaciones de la sociedad civil y academia. Este Período de Sesiones también se destacó por la aprobación de nueve informes de fondo. Sumado a ello, se realizaron actividades promocionales y de capacitación, y los Comisionados y las Comisionadas participaron en eventos externos.

Durante el 174º Periodo de Sesiones, la CIDH evaluó la situación general de los derechos humanos en la región. Con base en la información recibida en audiencias y reuniones, a la CIDH le llamaron la atención los desafíos existentes para la garantía de los derechos humanos en contextos actuales de protesta social en varios países del continente en demanda de derechos sociales. La Comisión hace un llamado a los Estados para que incrementen sus esfuerzos en el combate de la pobreza y la desigualdad con un enfoque de derechos humanos. En dicho contexto, y frente a legítimas demandas ciudadanas, la respuesta por parte de los Estados no debe ser la represión y el uso excesivo de la fuerza, sino que debe centrarse en la generación de diálogos sociales genuinos a través de la participación ciudadana efectiva, en un ambiente de total transparencia y sin discriminación acorde al enfoque de derechos que requieren los estándares internacionales e interamericanos de derechos humanos. Asimismo, la CIDH y su REDESCA hacen un especial llamado a los Estados, a fin de que cuando se propongan adoptar medidas de austeridad o reformas económicas que puedan afectar el acceso y disfrute a DESCA, se asegure que la ciudadanía y en especial los grupos que se encuentran en mayor vulnerabilidad sean adecuadamente informados y consultadas, formando parte de los procesos de toma de decisiones. De igual manera, tales medidas o reformas deben basarse en análisis de impacto en materia de derechos humanos, considerando las obligaciones en la materia que rigen para los Estados Miembros de la OEA.

En este sentido, destaca la audiencia de oficio acerca de Chile, en el marco de la cual recibió información sobre múltiples formas de violencia registradas y afectaciones a los derechos humanos en el marco del ejercicio del legítimo derecho a la protesta. Por su parte, la Comisión registró igualmente las informaciones proporcionadas por representantes del Estado chileno, así como la invitación realizada para que el Secretario Ejecutivo de la CIDH viaje a Santiago para preparar la próxima visita de la Comisión Interamericana. Al respecto, la CIDH ha advertido que, si bien el Estado tiene el deber legítimo de garantizar la seguridad y el orden público, el uso de la fuerza debe regirse por los principios de legalidad, estricta necesidad y proporcionalidad y recuerda que las armas de fuego deben estar excluidas de los dispositivos utilizados para el control de las protestas sociales. La CIDH alerta que el uso de las fuerzas de seguridad debe centrarse estrictamente en la contención de actos de violencia, así como garantizar el derecho a la protesta, sin ningún tipo de represión directa o de detención arbitraria de manifestantes pacíficos y reitera que, de conformidad con los estándares interamericanos, el mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana son deberes del Estado que han estar primordialmente reservados a los cuerpos policiales civiles.

Por su parte, ante los hechos de violencia generalizada registrados en Bolivia, la CIDH rechazó la violencia generalizada y llama al respeto de la institucionalidad democrática en el país, con apego a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de la población. Ante los graves sucesos en el país, la CIDH instaló una Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada (SACROI) para seguir monitoreando la situación de derechos humanos en el contexto de la grave situación política y social en el país. Asimismo, tomó nota de la invitación para una visita realizada por el Estado de Bolivia en el marco de la Sesión Extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, que tuvo lugar el 12 de noviembre de 2019. La CIDH se pone a disposición para realizar la visita para la observancia de la situación de derechos humanos en Bolivia.

Otro tema que mereció especial atención durante el periodo de sesiones fue la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en varios países de la región, como por ejemplo, informaciones dando cuenta de las múltiples vulneraciones a sus derechos que siguen enfrentando los pueblos indígenas en México. De igual forma, la Comisión recibió información preocupante relativa a la situación en el departamento colombiano del Cauca, por lo que condenó enérgicamente los ataques y asesinatos contra personas, autoridades y miembros de la Guardia Indígena en Colombia. Asimismo, la CIDH resaltó la significativa participación de personas indígenas de varios países de la región en las audiencias y reuniones realizadas en el marco de este Periodo de Sesiones. En vista de las informaciones recibidas, la Comisión reitera su llamado a los Estados de la región a tomar las medidas necesarias para poner fin a discursos de odio, racistas y discriminatorios contra personas indígenas y a todos los actos de violencia contra ellas. Adicionalmente, la CIDH llama a los Estados garantizar el pleno respeto los derechos de los pueblos indígenas, y en particular, a respetar sus autoridades y sus símbolos, y a tomar las medidas necesarias para investigar, sancionar y reparar dichos actos de manera seria, pronta, exhaustiva e independiente, incorporando un enfoque diferenciado étnico-racial.

Durante el Periodo, la CIDH también recibió información sobre situaciones de contaminación ambiental de las tierras, territorios y ecosistemas en numerosos países, con grandes afectaciones a los derechos a la salud, la vida e integridad personal de las poblaciones más vulnerables de la región en especial de los pueblos indígenas. Junto con reconocer el apego de dichos pueblos desde sus diversas cosmovisiones tienen  en el cuidado de la tierra y de la biodiversidad, la CIDH hace un llamado a valorar su invalorable contribución, y condena enérgicamente los actos de violencia o atentados contra sus símbolos culturales y espirituales. Especialmente, preocupa a la Comisión y a su REDESCA que se evidencia un patrón de destrucción y afectación directa a ecosistemas sensibles, que en su mayoría se encuentran en territorios indígenas. En esa línea, hace un llamado a los Estados a la revisión constante de sus procesos de control y regulación ambiental, que involucre una activa participación de la ciudadanía y de los habitantes de los lugares que se vean afectados por tales actividades, que respeten el derecho a una consulta previa, libre e informada con base en los estándares internacionales vigentes.

En cuanto a los derechos de las personas LGBTI, la Comisión recibió información sobre los distintos actos de violencia y discriminación a que estas personas siguen sometidas en la región, en particular cuando considerada la interseccionalidad con otros grupos en situación de vulnerabilidad, como el caso de las mujeres trans afrodescendientes. Al respecto, la ausencia de datos oficiales desagregados invisibiliza dicha violencia y hace con que se perpetúe un patrón sistemático de impunidad. Por su vez, la Comisión recibió con atención la información sobre la los desafíos de las personas LGBTI migrantes que buscan refugio y protección en los Estados Unidos, principalmente las personas trans. Al respecto, la CIDH reiteró la necesidad de que el Estado avance con medidas específicas para proteger a las personas migrantes de orientación sexual e identidad y/o expresión de género diversas en base al principio de igualdad y no discriminación.

La CIDH recibió con especial preocupación información sobre el tema de la pena de muerte en los países del Caribe angloparlante. Si bien estos países no han aplicado la pena de muerte desde hace más de 10 años, aún persisten desafíos para abolir este castigo. Durante la audiencia regional sostenida en las sesiones, las organizaciones solicitantes sostuvieron que esta sanción se sigue aplicando de forma discriminatoria en contra de grupos en situación de vulnerabilidad, destacaron la violación de los derechos de quienes se encuentran en el llamado “corredor de la muerte”, denunciaron las condiciones de detención prevalecientes e indicaron vulneraciones al debido proceso derivadas de la falta de acceso a una segunda instancia judicial en estos casos. La CIDH insta a los Estados que mantienen la pena de muerte a eliminarla o, al menos, imponer una moratoria en su aplicación.

De igual forma, la Comisión recibió con preocupación las informaciones dando cuenta del impacto desproporcionado que tiene la violencia por armas de fuego en Estados Unidos en personas afro-descendientes, mujeres, y niños, niñas, y adolescentes. De acuerdo con las informaciones recibidas, el fácil acceso a armas de fuego aumenta los casos de violencia doméstica, de violencia urbana y de tiroteos masivos. La Comisión hace una mención particular a la participación de víctimas, sobrevivientes y familiares de violencia por arma de fuego en Estados unidos que compartieron sus testimonios en el marco de la audiencia temática celebrada y reitera la responsabilidad de todos los Estados para garantizar la seguridad, integridad y dignidad de quienes residen en su territorio como un supuesto universal del respeto de los derechos humanos.

Por otra parte, en el marco del Período de Sesiones, la CIDH aprobó el informe “Violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes: buenas prácticas y desafíos en América Latina y el Caribe”; y aprobó el documento “Principios sobre políticas públicas de memoria en las Américas”. También discutió los proyectos de documentos: “Principios interamericanos sobre los derechos humanos de todas las personas migrantes, incluidos los refugiados, los apátridas y las víctimas de trata de personas”; y el informe temático sobre “Corrupción y derechos humanos”.

Asimismo, la Comisión deliberó sobre los méritos de 9 casos, en los cuales estableció la responsabilidad internacional correspondiente y emitió las recomendaciones respectivas. Tales casos versaron, entre otros temas, sobre debido proceso, aplicación de la pena de muerte, discriminación racial, propiedad ancestral de los pueblos indígenas, derecho a la información, estabilidad laboral y acceso a la justicia en relación con graves violaciones a derechos humanos.

La Comisión celebró tres audiencias públicas en relación con los siguientes casos en trámite: Caso 12.204 Asociación Mutualista Israelita (AMIA) respecto de Argentina; Caso 13.095 A.B. y S.H. respecto de Jamaica; y Caso 12. 569 Comunidades Quilombolas de Alcántara respecto de Brasil. La Comisión llevó además cuatro reuniones de trabajo para dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones en relación con casos que cuentan ya con un informe de fondo y en los cuales la Comisión adoptará una decisión sobre su eventual sometimiento a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La celebración de más reuniones de trabajo de este tipo en el presente Período de Sesiones constituye el inicio de una práctica que la Comisión busca incrementar, con el objetivo de procurar una mayor eficacia de sus decisiones en esta etapa. La Comisión reconoce la participación de los Estados de Argentina, Chile y México, así como de los representantes y víctimas en tales reuniones.

Por otro lado, la Comisión sostuvo 6 reuniones de trabajo sobre asuntos bajo el procedimiento de solución amistosa en diferentes etapas de negociación e implementación de acuerdos, en los Casos 11.755, Carlos Alberto López de Belva, de Argentina; 12.904, de Chile, Comunidad Aymara Chusmiza-Usmagama y sus Miembros; 11.026 A, César Chaparro Nivia y 12.998 B, Nelson Vergara Coy, de Colombia; 13.170, Victor Emmanuel Torres Leyva y Familia de México; y en el Caso 12.191, María Mamérita Mestanza Chávez de Perú. En dichas reuniones las partes avanzaron con la facilitación de la Comisión en la construcción de rutas de trabajo y en la identificación de intereses para la negociación e implementación de acuerdos de solución amistosa. La Comisión valora la voluntad de las partes en dichos casos para avanzar en la negociación y cumplimiento de acuerdos de soluciones amistosas que permitan a las víctimas alcanzar la reparación integral por las violaciones de derechos humanos relacionadas con dichos asuntos.

Asimismo, la Comisión valoró los esfuerzos de los Estados de Chile y Perú en la ejecución de los acuerdos suscritos en los asuntos 12.904, de Chile, Comunidad Aymara Chusmiza-Usmagama y sus Miembros y 12.191, María Mamérita Mestanza Chávez de Perú, respectivamente, en los cuales se aportó información que da cuenta de avances en dichos procesos de su implementación. La Comisión felicitó los avances logrados en el cumplimiento de medidas de impacto individual y estructural en esos casos e insta a dichos Estados a continuar avanzando hacia su total cumplimiento y para su homologación y cese de supervisión de la fase de seguimiento de acuerdos publicados respectivamente.

La Comisión supervisó la implementación de medidas cautelares vigentes a través de 10 reuniones de trabajo respecto de 13 medidas cautelares, correspondientes a los Estados de Argentina, Colombia, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Perú y República Dominicana.  La Comisión considera importante tales espacios con miras a implementar las medidas cautelares vigentes en función del principio de concertación y atender la situación de riesgo de las personas beneficiarias. En ese sentido, la Comisión lamenta la ausencia de la representación de los Estados de Cuba, Nicaragua, República Dominicana y Venezuela a las reuniones de trabajo a las que fueron convocados. La falta de información del Estado obstaculiza a la Comisión cumplir con su mandato y valorar las medidas que estarían implementando para mitigar la situación de riesgo de las personas beneficiarias.

Durante el Período de Sesiones también se realizaron reuniones de trabajo sobre 8 casos en etapa de seguimiento de recomendaciones, referidos a Estados Unidos, Jamaica y México. La CIDH agradece la información brindada por las partes y saluda los avances en la implementación de las recomendaciones. En relación con el Caso 12.254 Víctor Saldaño vs. Estados Unidos, condenado a pena de muerte en el estado de Texas, la CIDH instó a Estados Unidos a cumplir con las recomendaciones emitidas en relación con los derechos humanos de Víctor Saldaño. La CIDH llama a todos los Estados de la región a seguir implementando las recomendaciones emitidas en sus informes de fondo, de manera efectiva y en concertación con las víctimas y sus representantes, con la finalidad de garantizar una reparación plena e integral a las víctimas de violaciones de derechos humanos.

La CIDH agradece la participación de los Estados y de la sociedad civil en las audiencias públicas, las reuniones de trabajo y los eventos públicos que tuvieron lugar en el marco de este Período de Sesiones. La CIDH destaca la importancia de que los Estados participen en todas las audiencias, de buena fe y con información sustantiva adecuada, a fin de avanzar en forma constructiva hacia soluciones a los problemas de derechos humanos que enfrenta la región. La participación activa de Estados, víctimas de violaciones de derechos humanos y sus representantes y organizaciones de la sociedad civil es fundamental para el fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La CIDH lamentó la ausencia de los Estados de Nicaragua y Jamaica en las audiencias a las que fueron convocados. En relación a Jamaica, CIDH decidió continuar con dicha audiencia de conformidad con lo establecido en el artículo 64.2 de su Reglamento. La ausencia de las delegaciones de estos Estados impide o dificulta severamente el trabajo de la CIDH. Las audiencias son una herramienta esencial para recibir información a fin de cumplir con el mandato que le han asignado los propios Estados Miembros de la OEA, de proteger, promover y defender los derechos humanos en la región.

Adicionalmente, el 13 de noviembre, la CIDH celebró una reunión con cerca de 100 miembros de organizaciones y grupos de la sociedad civil, en la cual se recibió información preocupante sobre diversas situaciones de derechos humanos. La CIDH destaca la participación y representatividad de organizaciones de la sociedad civil, lo cual ha permitido obtener un amplio y detallado panorama de los derechos humanos.

A lo largo del Período de Sesiones también se llevaron adelante diversas actividades de promoción y capacitación. Atendiendo una invitación del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, la CIDH participó en el acto de conmemoración del sexagésimo aniversario de su creación, en el marco del evento “Los desafíos hemisféricos para los derechos humanos: La CIDH a los 60 años de su creación”, realizado en la sede de dicho ministerio el 12 de noviembre, junto con altas autoridades, representantes diplomáticos, sociedad civil y académicos. La Comisión agradece al Estado esta invitación para conmemorar tan importante efeméride. Las actividades conmemorativas realizadas demuestran el compromiso del Estado de Ecuador, así como de las organizaciones de la sociedad civil y de la academia en la promoción y protección de los derechos humanos y en el fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Entre el 11 y el 15 de noviembre, la CIDH desarrolló el “Curso de Actualización sobre Litigio ante el SIDH y Defensa Pública Interamericana”, destinado a la capacitación de Defensores Públicos Interamericanos de distintos países de la región, en conjunto con la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF), la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Fundación Konrad Adenauer.

Asimismo, se impartieron dos talleres de capacitación sobre el mecanismo de soluciones amistosas de la CIDH destinados a funcionarios estatales y sociedad civil de Ecuador. En estos talleres se abordaron los aspectos procesales y sustanciales de este mecanismo, así como herramientas de negociación multi-parte con enfoque en técnicas relacionadas con la mediación. En el marco de dichos talleres, la Comisión socializó el Proyecto Piloto de Expansión del mecanismo de soluciones amistosas lanzado el pasado 7 de agosto y abrió un espacio de diálogo entre el Estado ecuatoriano y la sociedad civil sobre el futuro del mecanismo de solución amistosa como herramienta para la reducción del atraso procesal.

La CIDH también dictó un taller de capacitación sobre los mecanismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos destinado a la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), el 13 de noviembre de 2019.

La CIDH llevó adelante un evento promocional de lanzamiento del Informe sobre “Situación de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales en la Panamazonía”, que aborda la problemática de los pueblos que habitan esa región a la luz de los estándares interamericanos de derechos humanos. El evento, organizado conjuntamente con la Red Eclesial Pan-Amazónica (REPAM), contó con la participación de comunidades indígenas, academia, sociedad civil y público en general.

Además de las actividades realizadas durante el Período de Sesiones, el 6 y el 7 de noviembre se desarrolló la tercera edición del III Foro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, organizado conjuntamente por la CIDH y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el apoyo de la Procuraduría General del Estado del Ecuador, que tuvo lugar en la Pontificia Universidad Católica de Ecuador. En el marco del Foro Interamericano, para fortalecer el cumplimiento, la efectividad y el impacto de sus recomendaciones, la CIDH profundizó las discusiones sobre los mecanismos nacionales para implementar recomendaciones, destacando las buenas prácticas en la región, y sobre la creación de un "Observatorio de Impacto" de sus recomendaciones.

Durante el Foro, la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la CIDH presentó el Informe sobre “Empresas y Derechos Humanos: Estándares Interamericanos”. Tratándose del primer informe integral sobre el tema del sistema interamericano, la CIDH y su REDESCA invitó a los Estados, sector privado, sociedad civil y otros actores regionales mencionados en el informe a la consulta y difusión del mismo, como al cumplimiento de sus recomendaciones.

Los videos de las audiencias están disponibles, así como también las fotos en alta resolución con licencia para descargarlas y utilizarlas por parte del público interesado. Acompaña a este comunicado de prensa un anexo con los resúmenes de todas las audiencias públicas celebradas en este Período de Sesiones.

La CIDH toma nota de las advertencias sobre posibles represalias planteadas por representantes de la sociedad civil en audiencias y reuniones de trabajo referidas a varios Estados, quienes expresaron su temor a las consecuencias que pueden enfrentar al regresar a su país. La CIDH condena enérgicamente cualquier tipo de impedimento impuesto a que una persona pueda ejercer su derecho a utilizar los mecanismos disponibles en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, o cualquier tipo de represalia o estigmatización que emprenda un Estado motivada por la participación o el accionar de personas u organizaciones ante los órganos del sistema interamericano, en ejercicio de sus derechos convencionales. En los términos del artículo 63 de su Reglamento, la CIDH urge a los Estados a adoptar medidas de protección para garantizar la seguridad de todas las personas que han participado en actividades del período de sesiones o que utilicen cualquiera de las herramientas disponibles a toda la población de América. 

Informe de La CIDH 174 Anexo 

Fuente CIDH: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/301.asp

Ronald Gamarra: "Comisionado Hernández expresa su preocupación por el aumento de denuncias de violencia sexual contra niñas y adolescentes y reitera al Estado la importancia de cumplir con los estándares interamericanos para abordar, juzgar y erradicar esta violencia"

En Quito y en el contexto del 174 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el lunes pasado se llevó a cabo una audiencia sobre la violencia sexual contra las niñas, niños y adolescentes (NNA) en el Perú. Una anterior, igualmente solicitada por el Instituto Promoviendo Desarrollo Social - IPRODES y otras organizaciones de la sociedad civil, había tenido lugar en el 2014. Por lo mismo, esta era una  oportunidad no solo para debatir sobre el estado de la cuestión sino también para analizar la respuesta del Estado a los cuestionamientos sobre su actuación en la materia.

En los últimos años, el Estado ha adoptado legislación afirmativa de los derechos de las NNA así como ha aprobado políticas, programas, presupuestos y servicios para garantizarlos, entre otras acciones que valoramos desde la sociedad civil. Lamentablemente, cinco años después de la primera audiencia observamos que hoy la situación continúa igual de dramática: a los recurrentes abusos y la violencia física y psicológica en su contra por parte de adultos en la familia, la escuela y la comunidad, se añade la violencia sexual como un crimen cotidiano, grave, extenso, persistente y con efectos devastadores sobre la víctima. Un crimen perpetrado clandestinamente, en espacios cerrados, sin mayor testigo que la perjudicada  y en el que un elevado porcentaje de los agresores son conocidos o familiares. También, el sometimiento a las niñas y adolescentes a múltiples declaraciones, interrogatorios con base en preguntas prejuiciosas o impertinentes referidas a su vida sexual, el revelamiento de su identidad, el juzgamiento de sus casos por magistrados sin especialización, sin una perspectiva de género y sin apego al principio del interés superior del niño, para finalmente en muchos casos –demasiados- encontrarse con sentencias de absolución e impunidad.

Y, cómo no,  en muchos casos, el posterior obstáculo para el acceso al aborto terapéutico de quienes resultan embarazadas, o la persecución penal a ellas y sus allegados por intentar ejercer su derecho.

Todo ello pues, nos muestra el cuadro de depredación sexual de nuestras niñas y adolescentes, en un contexto marcado además por la falta de debida diligencia del Estado para prevenir el ataque en su contra, la falta de acceso a una justicia adaptada para las víctimas o testigos de asalto sexual, la ausencia de una adecuada sanción de los crímenes, y la no prestación del servicio de interrupción legal del embarazo.  En suma: un problema serio, actual y prioritario de derechos humanos.

Y hasta podríamos señalar que hoy el Estado está perdiendo la batalla contra esa devastación que importa el asalto sexual hacia las NNA. Y no sería una exageración, pues sus políticas, programas, protocolos y acciones no han tenido impacto alguno para impedir o controlar la perpetración de los crímenes. Es más, la data arroja que entre el 2014 y 2018 se han presentado  94,037 nuevas denuncias, que el número de agresiones sexuales ha crecido en un 25% y la proporción de NNA víctimas se ha incrementado del 49.9% al 83,4%. Ciertamente, un cuadro de depredación, desastre, horror e incompetencia.  

Estando al panorama desolador, al que se aúna el hecho que solo el 1% del presupuesto público asignado a la niñez está dirigido a la protección contra la violencia, los peticionarios solicitamos a la Comisión que recomiende al Estado peruano la adopción urgente de medidas y acciones objetivas y reales de prevención de estos crímenes terribles, así como de respuesta fiscal y judicial efectiva y ejemplar a los autores. En concreto, el inicio de campañas nacionales de sensibilización, con participación de todos los ministerios, y concurso de la sociedad civil y los medios de comunicación; la enseñanza de los derechos sexuales de forma gradual y acorde con la edad y desarrollo de las NNA, para empoderarlas y protegerlas; la aprobación de un Plan de Acción Conjunto para Prevenir y Eliminar la Violencia contra las niñas, niños y adolescentes, que esté acompañado de un específico presupuesto por resultado; la existencia de una efectiva Ruta Única de Atención a NNA víctimas y testigos de violencia familiar y sexual, que cuente con servicios de calidad (aceptabilidad, adaptabilidad, accesibilidad y asequibilidad) y, que sea parte del Sistema Nacional de Protección de niñas, niños y adolescentes; la elaboración y aplicación de un programa de formación de género, enfoque de ciclo de vida y enfoque de derechos de la niñez, para magistrados, personal administrativo y todo funcionario que tenga contacto con ella; y, la adopción de una Ley general sobre protección y participación de NNA víctimas y testigos.

También, la implementación de condiciones adecuadas que garanticen la participación de NNA, incluyendo acceso a la información, manifestación en su propio idioma y en condiciones idóneas; el fortalecimiento de la defensa legal pública, que concrete realmente su derecho a contar con un abogado gratuito y especializado; la instalación de un mayor número de salas de entrevista única y cámaras Gesell; un programa de calidad de asistencia y recuperación para las víctimas de violencia sexual, que no sean albergues o centros para niños en situación de desprotección. Finalmente, la implementación de las condiciones adecuadas que hagan posible que las niñas y adolescentes embarazadas producto de la violación sexual puedan acceder a servicios de salud e interrupción del embarazo acorde con la legislación interna; así como la elaboración de una base de datos completa, única, actual y desagregada sobre los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, con indicadores fiables para su seguimiento y registro, que recoja la real incidencia de este crimen sobre las NNA.

Los representantes del Estado no cuestionaron la data expuesta por Sofía García, a nombre de los peticionarios de la audiencia. Eso sí, señalaron puntualmente la acciones afirmativas desarrolladas y los progresos alcanzados en los últimos tiempos para el resguardo de las NNA, como el aumento del número de cámaras Gesell para la entrevista a las víctimas, la capacitación a médicos y sicólogos forenses con los que interactúan, el incremento en la defensa legal pública de las agredidas, y el aseguramiento del acceso de las atacadas a la justicia; reconociendo la insuficiencia de éstas y la existencia de brechas por cubrir, la necesidad de generar nueva legislación sobre la participación de los menores de edad en los procesos en los que tengan interés, y su disposición de generar puentes con la sociedad civil para conversar sobre estos temas.   

Finalizadas las exposiciones les tocó el turno a los comisionados. Fue entonces que Joel Hernández y la presidenta Esmeralda Arosemena, a cuyas intervenciones se sumó la de Soledad García, Relatora de la Comisión para los derechos económicos, sociales y culturales, saludaron el reconocimiento del Estado acerca de la cuestión debatida, advirtieron que pese a la profusa existencia de leyes y planes el problema estaba ganando la partida a cualquier esfuerzo gubernamental, y expresaron la disposición de la Comisión a brindar cooperación técnica en materia de género y estándares aplicables a investigaciones de violencia contra mujeres y niñas. 

¿Algo cambiará tras la audiencia en Quito? Esperemos que sí. La depredación, el desastre y el horror que se ceba con nuestras niñas, niños y adolescentes víctimas o testigos de ataque sexual, y la hasta ahora incompetencia del Estado para hacerle frente, dibujan un estado de cosas que daña su dignidad y sus derechos básicos, demandan la declaración de emergencia nacional y el emprendimiento de un esfuerzo conjunto de todas las autoridades, y la sociedad civil, para empezar a enderezar la injusticia perpetrada en su contra.

Artículo de Ronald Gamarra Herrera publicado en Hildebrandt en sus trece el día viernes 15 de noviembre de 2019.

Fuente: http://www.hildebrandtensustrece.com/