Procedimientos defectuosos en la
región de los Alpes reproducen los de París y otros lugares
(París) – Los niños no acompañados que llegan a la
región alpina de Francia se ven sometidos a procedimientos defectuosos de
verificación de la edad que les deniegan el acceso a cuidados y medidas de
protección que necesitan, dijo Human Rights Watch en un informe publicado hoy.
El informe de 80 páginas, “Subject to Whim: The
Treatment of Unaccompanied Migrant Children in the French Hautes-Alpes”
(“Sujetos al capricho: el trato que reciben los niños migrantes no acompañados
en los Altos Alpes franceses”), reveló que los examinadores encargados de
certificar la condición de un niño como menor de edad, es decir, menor de 18
años, no cumplen con los estándares internacionales. Human Rights Watch
descubrió que los examinadores recurren a varias justificaciones para denegar
la protección a los niños. Entre ellas se destacan: pequeños errores que
comenten los menores con las fechas, su desconfianza para abordar en detalle las experiencias
traumáticas que vivieron o el trabajo que llevaban a cabo en sus países de
origen o durante el tránsito, y lo que los examinadores consideran como objetivos
de vida poco realistas.
“La protección de los niños no debería ser una
cuestión de capricho”, dijo Bénédicte Jeannerod, directora de Francia para
Human Rights Watch. “Las certificaciones de edad deberían darles a los niños la
oportunidad de recibir un proceso justo, en lugar de ser una excusa para
denegarles protección”.
Human Rights Watch ha encontrado deficiencias
similares en los procedimientos de evaluación de la edad en París y ha
escuchado testimonios sobre la toma de decisiones arbitrarias por parte de las
autoridades en otros lugares de Francia. Esto sugiere que los procedimientos
defectuosos son un problema generalizado en toda Francia.
Human Rights Watch entrevistó a 59 niños, una niña y
un joven de 18 años en el departamento francés de Altos Alpes y revisó 36
archivos de casos adicionales para el informe. Human Rights Watch también habló
con abogados, proveedores de atención médica, personal y voluntarios de
agencias humanitarias y asociaciones informales, así como con funcionarios.
Según la legislación francesa, los niños no
acompañados deben ser atendidos por el sistema de protección infantil, el
Service de l’aide sociale à l’enfance (ASE). Como primer paso, las autoridades
de bienestar infantil requieren que los niños no acompañados se sometan a
evaluaciones de edad antes de ser reconocidos formalmente como menores.
Las normas internacionales exigen que la evaluación de
la edad se use como último recurso y solo cuando haya serias dudas sobre la
edad declarada de una persona y falten pruebas documentales. Las regulaciones
francesas estipulan que las evaluaciones de edad deben realizarse de una manera
“caracterizada por la neutralidad y la compasión”. Siguiendo los estándares
internacionales, las evaluaciones de edad deben otorgar el beneficio de la duda
cuando existe una posibilidad razonable de que la edad declarada sea correcta.
Muchos niños que llegan solos a Francia, ya sea a la
región de los Altos Alpes u otros lugares, han sufrido graves abusos en sus
países de origen; han sido torturados, realizado trabajos forzados o han
recibido otros malos tratos en Libia; por no mencionar los aterradores cruces
marítimos en barcos hacinados que han tenido que soportar en su travesía a
Europa. Muchos muestran síntomas de trastorno de estrés postraumático,
señalaron los médicos a Human Rights Watch. Pero el proceso de examen de la
edad no parece tener en cuenta estas circunstancias ni los efectos bien
documentados del TEPT sobre la memoria, la concentración y la expresión
emocional, descubrió Human Rights Watch.
Una consecuencia inmediata de una evaluación negativa
de la edad es el desalojo del refugio de emergencia para niños no acompañados,
incluso para aquellos que solicitan una revisión ante un juez. Algunos niños
encontraron refugio con familias o en “ocupaciones” dirigidas por redes de
voluntarios. Otros se quedan en refugios para adultos o viven en las calles. El
proceso de revisión puede tardar meses, lo que puede socavar su elegibilidad
para la situación migratoria regular cuando cumplan 18 años.
La mayoría de los niños entrevistados dijeron que
pasaron entre seis meses y un año o más en Italia antes de decidirse ir a
Francia. Muchos mencionaron la falta de acceso a la educación y la atención
médica como las principales razones para abandonar Italia. Algunos citaron
actitudes discriminatorias por parte de los funcionarios del gobierno y la
población en general.
Las evaluaciones de edad defectuosas no son el único
obstáculo que enfrentan los niños no acompañados.
La policía fronteriza en el departamento francés de
Altos Alpes ha devuelto sumariamente a numerosos niños migrantes no acompañados
que intentan cruzar la frontera entre Italia y Francia, en lugar de remitirlos
a los servicios de protección, descubrió Human Rights Watch. Estos testimonios
son consistentes con los informes del Defensor de los Derechos de Francia,
organizaciones no gubernamentales, abogados y grupos de voluntarios.
Amadin N., de Benín, de 17 años, dijo: “Mostré mis
papeles que decían que era menor de edad, pero la policía no me quiso
escuchar”.
La ley francesa ha habilitado un proceso acelerado de
“denegación de entrada” para niños y adultos detenidos a menos de 10 kilómetros
de la frontera. En estos casos, la policía notifica por escrito los motivos por
los que se le deniegan la entrada y los derechos de solicitar asilo y
apelación. En su lugar, deberían asignarse tutores a estos niños. Parece que la
policía no respetó estas protecciones procesales limitadas en los nueve casos descritos
a Human Rights Watch.
Para evitar la detención y la devolución sumaria, los
niños no acompañados dijeron haber caminado hacia los alto de las montañas,
fuera de los senderos establecidos, por lo que experimentaron riesgos
significativos. Muchos menores llegan a Briançon, una de las principales
ciudades de la región, con síntomas de congelación y agotamiento, además de
otras lesiones.
La policía francesa acosa y a veces busca el enjuiciamiento
de personas que ayudan a los inmigrantes en apuros en las montañas. Las
autoridades han seguido interponiendo cargos penales a pesar de un fallo
judicial de julio de 2018 que establece que ayudar a otras personas
necesitadas, entre ellas inmigrantes indocumentados, está protegido
constitucionalmente.
Los trabajadores humanitarios, voluntarios y
activistas que participan en operaciones de búsqueda y rescate en las montañas
aseguran que las autoridades recurrentemente verifican sus papeles, inspeccionan
sus vehículos y les citan por infracciones menores en las carreteras en
circunstancias que sugieren que la policía no las está empleando con miras a la
seguridad pública u otros fines policiales, sino como herramienta para crear un
ambiente hostil hacia los trabajadores humanitarios.
Estas formas de acoso no son exclusivas de los Altos
Alpes: los trabajadores humanitarios, voluntarios y activistas que operan en
Calais y sus alrededores han descrito prácticas similares a Amnistía
Internacional, el Defensor de los Derechos de Francia, Human Rights Watch y relatores
especiales de la ONU.
Francia comparte las mismas obligaciones que todos los
demás países de la Unión Europea de conceder a los niños no acompañados que
llegan a sus fronteras salvaguardas especiales que protegen sus derechos
humanos, tal como se establece en el derecho internacional y de la UE. Como
ponen en evidencia otras investigaciones de Human Rights Watch, Francia no es
el único país de la UE que no cumple con estas obligaciones de derechos humanos
de manera consistente. El hecho de que otros países hayan violado los derechos
de los niños no acompañados no mitiga el deber de Francia de cumplir con las
normas internacionales y regionales así como el derecho de la UE, señaló Human
Rights Watch.
Las autoridades francesas deberían reformar los
procedimientos y las prácticas de evaluación de la edad para cumplir con los
estándares internacionales y garantizar que no se deniegue arbitrariamente el
reconocimiento formal a los menores. Entre otros pasos, la detección del
trastorno de estrés postraumático por parte de psiquiatras calificados, con
asesoramiento previo a la evaluación de aquellos que muestran síntomas,
resultaría en un proceso más justo. Los protocolos deberían desarrollarse con el
asesoramiento de expertos para determinar cuándo, cómo y quién debe evaluar a
estos menores.
Las autoridades deberían poner fin a las expulsiones
sumarias de niños migrantes no acompañados a Italia y, en su lugar,
transferirlos inmediatamente al sistema de bienestar infantil para una protección
y atención adecuadas.
Las autoridades francesas también deberían prevenir y
garantizar la rendición de cuentas por el acoso policial de los trabajadores
humanitarios.
“Ayudar a niños y adultos necesitados, cualquiera que
sea su situación migratoria, nunca debería ser tratado como un delito”, dijo
Jeannerod. “Los niños migrantes deben ser justamente evaluados para recibir la
protección a la que tienen derecho”.
