DPLF: ORGANIZACIONES de la REGIÓN EXPRESAN profunda PREOCUPACIÓN por los ATAQUES contra la SALA de lo CONSTITUCIONAL de EL SALVADOR

Comunicado

Como organizaciones dedicadas a la defensa del estado de derecho, los derechos humanos, y la institucionalidad democrática en distintos países de la región, expresamos nuestra profunda preocupación por los ataques realizados contra los magistrados y magistrada de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, por parte del Presidente de la República Nayib Bukele. Estos ataques constituyen una respuesta a las decisiones emitidas por la Sala en ejercicio de sus funciones de control de la constitucionalidad de las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo para enfrentar la pandemia COVID-19.

El Instituto Promoviendo Desarrollo Social - IPRODES es una de las organizaciones firmantes.

Comunicado Ataques a La Sala de Lo Constitucional El Salvador  on Scribd

Fuente y foto de DPLF: http://www.dplf.org/

DPLF: Estado de cosas inconstitucional en materia penitenciaria: en Perú, el Tribunal Constitucional hace historia

Blog DPLF.

En lo que constituye una reacción inesperada y singularmente positiva, el Tribunal Constitucional (TC) ha expedido una histórica sentencia declarando la existencia de “un estado de cosas inconstitucional respecto del permanente y crítico hacinamiento en los establecimientos penitenciarios y las severas deficiencias en la capacidad de albergue, calidad de su infraestructura e instalaciones sanitarias, de salud, de seguridad, entre otros servicios básicos, a nivel nacional”.

En la sentencia que acaba de dictar en el Expediente N° 05436-2014-PHC/TC, ante la demanda interpuesta por un interno que básicamente solicitaba se respete su derecho a no ser objeto de un tratamiento carente de razonabilidad y proporcionalidad respecto de la forma y condiciones en que cumple la pena; el TC declaró fundada la demanda en lo principal de ella, pero no solo eso, sino que fue mucho más allá de una manera sustantiva, a la altura de su alta función estatal, pues advirtiendo que la concreta situación era representativa de todas las personas privadas de libertad, declaró explícitamente la inconstitucionalidad del estado de hacinamiento en  los centros penitenciarios de todo el país, es decir, la inadmisibilidad de esta situación en el marco de la ley fundamental. La sentencia pues, pretende remediar una generalizada y sistemática violación de derechos y dignidades.

En primer lugar, con la propia información del Instituto Nacional Penitenciario, el TC constata la alta tasa de hacinamiento en los penales: “mientras que la capacidad de albergue… asciende a 40137, la población penitenciaria, a febrero de 2020, llega a 96870; lo que significa un exceso de hasta el 141 % de población recluida” y que “49 de los 68 establecimientos penitenciarios a nivel nacional tienen la condición de hacinados”. A partir de ello, señala que el hacinamiento en los penales es un antiguo problema, permanente, crítico, que obedece a múltiples factores: entre otros, políticas sobre aumento de penas y persecución penal, abandono de las medidas resocializadoras y alternativas a la privación de la libertad, falta de penales, deficiente infraestructura de los existentes; precisando que el incremento de la población reclusa no acompañado de un aumento y mejora de la infraestructura ha derivado en el hacinamiento carcelario. Lo cual, a su vez, causa restricciones y vulneraciones a los derechos fundamentales de los reclusos (salud, trabajo, vida, integridad física, entre otros), adicionales a los de la libertad personal, y vacía de contenido el principio constitucional según el cual “el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad”. Una descripción que calza a cualquier país de las Américas.

En segundo lugar, el TC anota que tal situación crítica de hacinamiento “se conjuga negativamente con las brechas existentes en infraestructura de los pabellones y en la calidad deficiente de los servicios sanitarios, de salud, seguridad, además de la falta de atención debida a las condiciones especiales de las personas con discapacidad, madres gestantes y madres con niños y niñas menores de 3 años”. Lo que lleva al máximo tribunal a advertir el verdadero cuadro estructural de vulneración de derechos fundamentales, para finalmente “identifica[r] una violación sistemática de derechos fundamentales de las personas recluidas en prisión en el Perú”. Aquí, el TC no hace otra cosa que reconocer la realidad, que simplemente consiste en la total ilegalidad de un estado de cosas con el cual hemos convivido por décadas sin que ningún régimen, gobierno, autoridad o parlamento, y menos ningún político, se haya querido dar por enterado. Nadie quiso nunca enfrentar de raíz el tema y afrontar su urgente reforma.

En tercer lugar, con base en los estándares establecidos en los tratados internacionales de los que Perú es parte, los principios elaborados por la CIDH, las sentencias de la Corte IDH y las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos; en aplicación de la IV Disposición Final y Transitoria de la Constitución y del artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, el TC interpreta los mandatos de la Constitución en lo que atañe a las condiciones mínimas que el Estado debe garantizar a quien se halla encarcelado, concluyendo que producto del hacinamiento las cárceles no garantizan el ejercicio de los derechos fundamentales de los reclusos distintos de la libertad personal, que no han sido restringidos, evidenciándose un claro incumplimiento de los mandatos constitucionales y los compromisos internacionales en materia de derechos humanos sobre la materia. El máximo tribunal anota que “lejos de intentar garantizar dicho trato humano, se advierte que el Estado, de manera permanente y sin mayores eventuales justificaciones que las de índole presupuestaria o de similar naturaleza, no toma medidas concretas y controlables a fin de reducir, en los centros de detención o en los establecimientos penitenciarios, la sobrepoblación o exceso de población cuya magnitud prácticamente imposibilita o menoscaba gravemente el ejercicio de los derechos fundamentales de estas personas, entre las que se encuentran las personas en condiciones de vulnerabilidad”.

Estando a ello, el TC recurre a la técnica del estado de cosas inconstitucional con el propósito de evitar transgresiones a los derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad, y exigir al Estado “que garantice un trato digno a las personas privadas de su libertad dentro de los establecimientos penitenciarios”. Tal trato digno –se dice explícitamente- importa el cumplimiento de los estándares principalmente enumerados en las Reglas Mandela y los Principios y Buenas Prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en la Américas. Claro está, “tomando en cuenta la realidad del sistema penitenciario peruano, en un esfuerzo de adaptación razonable y progresivo que, bajo ninguna circunstancia, puede significar la renuncia al espíritu y propósito de dichos instrumentos jurídicos”.

Tras sostener la inconstitucionalidad de la situación de hacinamiento y de las severas deficiencias en la capacidad de albergue, calidad de su infraestructura e instalaciones sanitarias, de salud, de seguridad, entre otros servicios básicos, en los centros penitenciarios; el TC declara que las alternativas de solución a los problemas de hacinamiento carcelario demandan “el trabajo conjunto y coordinado del Poder Legislativo, Poder Judicial y Poder Ejecutivo, entre otros, así como la participación de la sociedad en general”; exhorta al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos “para que elabore un nuevo Plan Nacional de la Política Penitenciaria 2021-2025” en un plazo no mayor a 3 meses, y para replantear las medidas que urgen para superar progresivamente dicho estado de cosas inconstitucional; iii) fija en 5 años el plazo que vencerá en 2025 para que todos los centros penitenciarios del país adopten “las medidas suficientes para superar dicho estado de cosas inconstitucional”, pues de lo contrario “estos deberán ser cerrados por la respectiva autoridad administrativa”; iv) exhorta al Ministerio de Economía y Finanzas para adoptar “las medidas necesarias para asegurar los recursos económicos que permitan dar cumplimiento a lo dispuesto”; y, v) exhorta al Poder Judicial “a identificar un adecuado nivel de equilibro entre los principios y derechos que se encuentran involucrados al dictar las prisiones preventivas”.

Cumplir la sentencia, y hacerla cumplir, será todo un reto. Sin embargo, el propio TC ha limpiado el camino al emplazar directamente a las instancias llamadas a intervenir en la ejecución de las medidas dispuestas, fijar un plazo determinado para su implementación, señalar responsabilidades por omisión o deficiencia, determinar las consecuencias por el incumplimiento, y dar carta blanca a la sociedad civil para participar activamente de este proceso, que por tanto debe ser abierto y transparente, y ofrecer resultados concretos en plazos que también tienen término concreto. Además de reservarse el control del cumplimiento de la sentencia, a través de su comisión de seguimiento y cumplimiento de sentencias, y mediante la realización de audiencias públicas de supervisión cada seis meses.

Por Ronald Gamarra Herrera.

Fuente DPLF: https://dplfblog.com/2020/06/08/estado-de-cosas-inconstitucional-en-materia-penitenciaria-en-peru-el-tribunal-constitucional-hace-historia/

DPLF: Control judicial de las designaciones en El Salvador

La posibilidad sde impugnar judicialmente la designaciónHLa posibilidad de impugnar judicialmente la designación de altas autoridades del sistema de justicia o de los/las titulares de los órganos de control, sigue siendo un desafío para muchos países en América Latina, especialmente cuando dicha designación es realizada por órganos legislativos. El argumento que suele esgrimirse es que tales designaciones son actos de naturaleza política que no pueden ser revisados por los tribunales.

Sin embargo, el control judicial de las designaciones tiene fundamentos sólidos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, a partir del reconocimiento de la independencia judicial como un derecho humano, y de la obligación estatal de garantizar un recurso efectivo frente a los actos que violen derechos y libertades fundamentales.

Mediante el presente documento, DPLF presenta una exposición de los ejes centrales y distintivos del control judicial que caracterizó a la jurisprudencia emitida por la Sala de lo Constitucional de El Salvador durante el periodo 2009-2018, y a partir de ello, ofrece un análisis de la designación de Raúl Melara Morán como Fiscal General de la República, un funcionario cuya independencia es clave para la implementación exitosa de cualquier estrategia de combate a la corrupción y la impunidad con apoyo de la comunidad internacional.

DPLF controljudicial_v1.pdf 

Fuente DPLF: http://dplf.org/es/resources/el-control-judicial-de-las-designaciones-de-segundo-grado-en-el-salvador

DPLF: La elección de Fiscal General de El Salvador

Si hay una característica central en el procedimiento de selección del Fiscal General de la República en El Salvador, es su ausencia de regulación específica. Ni la Constitución, ni la legislación orgánica, ni tampoco la reglamentación interna aplicable, parecen haberle prestado demasiada importancia a esta designación, ni a las particularidades que debe tener el perfil de la persona que ocupe el máximo cargo del órgano encargado de investigar y perseguir los delitos en el país.

Fundación para el Debido Proceso (DPLF).

DPLF eleccion_fiscalsalvador_v1 

Fuente DPLF: 

ASFC, DPLF y otros presentaron Amicus Curiae en los casos Barrios Altos y La Cantuta

Las siguients organizaciones: Abogados sin fronteras Canadá, Fundación para el Debido Proceso, Comisión Internacional de Juristas, el Centro de Educación e Investigación de la Universidad de Otawa; IDEHPUCP, la Clínica Internacional para la defensa de los derechos humanos de la Universidad de Quebéc en Montreal, presentaron un Amicus Curiae a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la audiencia de seguimiento al cumplimiento de las sentencias dictadas en los Casos Barrios Altos y La Cantuta vs Perú; denominada “Estándares del Derecho Constitucional peruano y del Derecho Internacional sobre la obligación de combatir la impunidad frente a crímenes de lesa humanidad”.

ASFC Amicus Curiae CorteIDH Casos Barrios Altos y La Cantuta

Fuente ASFC: https://www.asfcanada.ca

DPLF: El Indulto a Alberto Fujimori: Escenarios de solución a la luz de la jurisprudencia interamericana

Por Alonso Gurmendi Dunkelberg y Andrea Tafur Sialer.

Fundación para el Debido Proceso.

A finales del año pasado, el Presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, tomó la decisión de indultar a su antecesor, Alberto Fujimori, alegando motivos humanitarios, producto de su aparente mal estado de salud. Siendo Fujimori uno de los principales responsables de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, ambos casos en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya encontró responsabilidad del Estado Peruano, no fue mayor sorpresa que se realice una audiencia de supervisión de cumplimiento este 2 de febrero. Después de todo, fue precisamente el caso Barrios Altos el que dio inicio a la larga tradición del Sistema Interamericano de no aceptar amnistías, prescripciones y otras instituciones similares como escusas para evitar la investigación y sanción de graves violaciones a los derechos humanos.

Dado el contexto en que se otorgó el indulto, empañado por irregularidades, deficientemente motivado y en aparente trueque para que Kuczynski logre sobrevivir un proceso de vacancia presidencial, no sería sorprendente que la Corte falle en contra del Estado. Lo que sí parece estar suscitando mayor debate es el remedio específico que la Corte dispondrá. La Profesora de Derecho Penal Internacional de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Michelle Reyes, describe con mucha claridad los escenarios que actualmente se barajan: “1) no se revierte la medida, pero [la Corte] fija directrices a futuro, 2) se revoca o 3) indica que el Estado violó la [Convención Americana de Derechos Humanos] pero no menciona una revocación expresa”. De estos tres escenarios, el segundo ocasiona la mayor controversia. Así, en un extremo, el abogado del ex Presidente, ha señalado tajantemente que “la Corte no puede decir ‘este indulto es nulo’ u ordenar una anulación al Estado Peruano [porque] esta no es su competencia”. El abogado de las víctimas en el caso Barrios Altos, Carlos Rivera, en cambio, ha sido más enfático en señalar, expresamente, que la Corte puede anular el indulto.

¿Puede sin embargo la Corte anular o revocar un acto administrativo de Derecho interno? Normalmente, en tanto tribunal internacional, la Corte ha seguido una interpretación clásica sobre su rol en materia de remedios, estableciendo que “no tiene el carácter de tribunal de apelación o de casación de los organismos jurisdiccionales de carácter nacional” (Genie Lacayo c. Nicaragua, ¶94). Así, si bien la Corte puede identificar las violaciones de los derechos de la Convención Americana causadas por el accionar del Estado, “carece de competencia para subsanar dichas violaciones en el ámbito interno” (Id.). Esto significa que, por regla general, la Corte no puede declarar la nulidad de un acto del Derecho interno a través de sus propios poderes bajo el Derecho Internacional. El tipo de interrelación entre ambos Derechos, unidos mediante el principio pacta sunt servanda, no se lo permitirían. Bajo este entendimiento de los poderes remediales en sede internacional, una corte puede declarar la existencia de una incompatibilidad de un acto estatal con un derecho convencional específico y exigir que el Estado enmiende la violación al amparo de su propio Derecho doméstico, pero no puede, por sí misma, revocarlo.

Esta ha sido una línea jurisprudencial constante de la Corte desde Genie Lacayo. En el famoso caso de “La Última Tentación de Cristo”, por ejemplo, la Corte ordenó al Estado Chileno “modificar su ordenamiento jurídico interno, en un plazo razonable, con el fin de suprimir la censura previa” (Olmedo Bustos y otros c. Chile, 103.4). En Myrna Mack, estableció que el Estado “debe remover todos los obstáculos y mecanismos de hecho y derecho que mantienen en la impunidad el [caso]” (Myrna Mack Chang c. Guatemala, 301.6). En Herrera Ulloa, que debía “dejar sin efecto, en todos sus extremos” una sentencia (Herrera Ulloa c. Costa Rica, 207.4). Incluso, en el mismo Gutierrez Soler, tan citado en relación al caso Fujimori, la Corte señaló que Colombia “deberá abstenerse de recurrir a figuras como (…) el indulto” (Gutierrez Soler c. Colombia, 97). En ninguno de estos casos, sea que lidien con actos del Poder Legislativo o Judicial de un Estado Parte, se lo revocó directamente, desde el Derecho Internacional. En todos, sin excepción, se exigió que sea el Estado quien ponga en práctica el remedio específico, desde su propio Derecho interno.

Esta posición, es más, ha sido de reciente confirmación en el polémico caso Fontevecchia. En este caso, la Corte Interamericana determinó que una sentencia de la Corte Suprema Argentina había violado el derecho a la libertad de expresión de los periodistas Jorge Fontevecchia y Héctor D’Amico. Por lo tanto, en concordancia con su jurisprudencia constante, la Corte dispuso que “el Estado debe dejar sin efecto dichas sentencias en todos sus extremos”, debiendo adoptar “todas las medidas judiciales, administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias” (Fontevecchia c. Argentina, 105).

La Corte Suprema de Justicia Argentina, sin embargo, decidió no acatar la orden, concluyendo que, al emitirla, la Corte Interamericana había excedido sus “potestades remediales” (Considerando sexto). Así, para la Corte Suprema, la Corte estaba intentando constituirse en una “cuarta instancia” (considerandos 11, 13 y 14) capaz de revocar(indebidamente, se sobreentiende) sentencias del ámbito interno.

Esto,  por supuesto, no era así. La sentencia de la Corte Suprema simplemente no entendió el funcionamiento de las potestades remediales en el ámbito del Derecho Internacional, algo que la propia Corte Interamericana esclareció en su sentencia de Supervisión de Cumplimiento. Allí, la Corte señaló que al establecer la obligación de dejar sin efectos la sentencia, “no indicó que para cumplirla el Estado tuviera que necesariamente ‘revocar’ dichos fallos”, sino que “correspondía a Argentina identificar cuáles acciones implementar o por cuál vía de su derecho interno podía cumplir con lo ordenado” (¶16). En las siempre elegantes palabras de Víctor Abramovich, entonces, el sistema remedial interamericano funciona de tal forma que la Corte “le envía a los Estados una partitura, pero son las instancias nacionales y provinciales las que con sus propios instrumentos ejecutan la música”.

Con estos antencedentes, entonces, ¿por qué es que existe tanta discusión sobre la potencial anulación del indulto en sede internacional? Pues bien, lo que sucede es que Genie Lacayo no es la única línea jurisprudencial de la Corte en materia de remedios. Desde fines de los noventas, la Corte testeó, y últimamente, adoptó, una línea completamente diferente, con efectos bastante significativos en el largo plazo. El primero de los casos donde se aprecia este cambio es Castillo Petruzzi, de 1999, donde la Corte, de forma poco usual, declara “la invalidez” del proceso en contra de los peticionarios, ordenando que se les garantice un nuevo juicio (Castillo Petruzzi c. Perú, 226.13). Como puede verse, la Corte aquí no está ordenando al Estado que declare inválido el proceso bajo su Derecho interno, sino que lo está declarando inválido directamente, desde el Derecho Internacional.

El caso más significativo de esta línea jurisprudencial, sin embargo, es el propio caso Barrios Altos. Allí, la Corte consideró que son “inadmisibiles” las disposiciones excluyentes de responsabilidad que impidan la investigación y sanción de los responsables de graves violaciones de los derechos humanos (Barrios Altos c. Perú, 41). Así, específicamente en el caso de las leyes de amnistía peruanas que beneficiaban a los autores de la masacre, dispuso que estas “carecen de efectos jurídicos” (44) y “no pueden seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos (…) ni para la identificación y el castigo de los responsables” (Id.). Al igual que el proceso en Castillo Petruzzi, entonces, la Corte no solicita al Estado que deje sin efecto estas leyes, sino que es la misma Corte la que declaraque las mismas carecen de efecto, lo que, en otros términos, significa declarar su “nulidad ab initio, en forma directa y sin mediar medida o norma previa alguna del Estado” (D. Lovatón, p. 89).

Esta redacción ha continuado a lo largo de los años en la jurisprudencia de la Corte en materia de amnistías, estableciendo una suerte de regla especial, diferente a Genie Lacayoy Fontevecchia. Así, en el caso Almonacid Arellano, la Corte reafirmó el estándar de Barrios Altos referente a las amnistías, señalando que “el Decreto Ley No. 2.191 es incompatible con la Convención Americana y, por tanto, carece de efectos jurídicos (…)” (Almonacid Arellano c. Chile, 145), consolidando esta nueva línea interpretativa. En Almonacid, la Corte entra en considerable detalle sobre la obligación de los tribunales domésticos de llevar a cabo el “control de convencionalidad” de su normativa interna (124). Al hacerlo, señala que la Convención obliga a los jueces “a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos” (124, resaltado agregado).

Esta última frase, entonces, confirma que es el Derecho Internacional el que dispone la nulidad directa de la amnistía, actuando de forma cuasi-constitucional. La diferencia entre esta línea jurisprudencial y la fijada en Genie Lacayo y Fontevecchia, es notoria. En Almonacid, el acto doméstico no existe porque, al contradecir la Convención, carece de efectos tanto bajo el Derecho interno como el Internacional, mientras que en Fontevecchiael acto doméstico existe bajo el Derecho interno, pero el Estado está obligado a dejarlo sin efectos porque contradice la Convención.

A pesar de ser esta una  de las mayores innovaciones en la historia jurisprudencial de la Corte, creemos que nunca ha sido completamente explicada desde una perspectiva de Derecho Internacional general. No existe hasta ahora una justificación, más allá de la gravedad de las leyes de amnistía y su condición de obstáculo en la lucha contra la impunidad, que justifique jurídicamente el aplicar diferentes tipos de remedios a diferentes tipos de violaciones.   Más aún si tenemos en cuenta que aún persisten notorias inconsistencias dentro de esta misma línea, que no coadyuvan a su esclarecimiento. Por ejemplo, al momento de resolver Almonacid, y a pesar de haber afirmado la nulidad ab initio de la norma en cuestión, la misma Corte sentenció que es “el Estado [el que] debe de asegurarse que el Decreto Ley No. 2.191 no siga representando un obstáculo para la continuación de las investigaciones” (Almonacid Arellano c. Chile, 171.5, resaltado agregado). Esta pequeña, aunque quizás hasta inadvertida precisión, destaca precisamente porque concuerda más con la línea jurisprudencial de Genie Lacayoy Fontevecchia, que con la de Barrios Altos y Fontevecchia.

Esta falta de consistencia la vemos también expresada en los casos posteriores a Almonacid. En Gomes Lund, por ejemplo, luego de repetir el estándar ya conocido (¶174), la Corte resolvió el caso declarando que las disposiciones de la Ley de Amnistía brasileña “carecen de efectos jurídicos y no pueden seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos” (Gomes Lund y otros c. Brasil, 325.3). En Gelman, en cambio, dispuso que “[e]l Estado debe garantizar que la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, al carecer de efectos por su incompatibilidad con la Convención Americana (…) no vuelva a representar un obstáculo para la investigación de los hechos” (Gelman c. Uruguay, 312.11, resaltado agregado). En el primero, entonces, la carencia de efectos es un hecho a ser hallado, que no necesita de mayor acción del Estado, dando vida a la lectura cuasi-constitucional de Almonacid; en el segundo, es un remedio que el Estado queda obligado a llevar a cabo, al amparo de su Derecho interno.

Esta nueva audiencia de Supervisión de Cumplimiento en el caso Barrios Altos – el caso que vio nacer esta nueva aproximación a sus potestades remediales en materia de amnistías – es, entonces, la oportunidad perfecta para que la Corte marque los contornos de esta línea jurisprudencial, tanto desde el fundamento legal que la sustenta bajo el Derecho Internacional general, como desde la perspectiva de cuáles son exactamente las figuras que ameritan este tratamiento diferenciado, y por qué. En otras palabras, lo que está en juego luego de esta audiencia es poder determinar si el indulto a Alberto Fujimori será tratado en línea con Genie Lacayo y Fontevecchia o en línea con Barrios Altos y Almonacid. En el primero, la Corte establecería que el Estado debe “dejar sin efecto” el indulto a Alberto Fujimori, en el sentido de que si bien el indulto existe, el Estado Peruano queda obligado a removerlo en aplicación de su propio Derecho interno, para así salvar la contradicción con la Convención. En el segundo, la Corte establecería que el indulto “carece de efectos jurídicos” en el sentido de que la contradicción lo lleva a una nulidad ab initio y que, por ende, nunca existió, ni siquiera bajo el Derecho interno.

Fuente DPLF: https://dplfblog.com/2018/02/05/el-indulto-a-alberto-fujimori-escenarios-de-solucion-a-la-luz-de-la-jurisprudencia-interamericana/

DPLF, IDEHPUCP y HRREC presentaron un Amicus curiae en el caso Pativilca

El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica (IDEHPUCP), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), y la Clínica de Derechos Humanos (HRREC) de la Universidad de Ottawa, presentaron un amicus curiae al Colegiado de la Sala B de la Sala Penal Nacional por el caso relativo al secuestro, tortura y asesinato de seis personas, hechos presuntamente cometidos el 29 de enero de 1992 por miembros del denominado Grupo Colina en Pativilca.

Amicus Derecho de Gracia

Fuente IDEHPUCP, HRREC y DPLF.

Organizaciones internacionales rechazan juicios políticos contra Fiscal de la Nación y magistrados del Tribunal Constitucional en Perú

Las organizaciones internacionales de sociedad civil que subscriben el presente comunicado, condenan los actuales juicios políticos que se vienen tramitando en el Congreso de la República del Perú, con el objeto de inhabilitar y destituir al Fiscal de la Nación y a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, en clara represalia por sus decisiones y acciones adoptadas -de manera autónoma e independiente- en el marco de la lucha contra la corrupción y la impunidad por graves violaciones a derechos humanos.

Los  juicios políticos impulsados por el partido político "Fuerza Popular", en la actualidad con mayoría parlamentaria en el Congreso peruano, son una muestra de la indebida utilización de mecanismos de control político para afectar la independencia y autonomía de los órganos de justicia.

A los magistrados del Tribunal Constitucional, se les pretende destituir por haber adoptado una decisión judicial que favorece el cumplimiento -por parte del Estado peruano- de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Durand y Ugarte vs. Perú, que, entre otras obligaciones internacionales, dispone que el Estado peruano debe investigar y sancionar a los responsables de las graves violaciones a derechos humanos perpetradas en el año 1986 en el entonces Centro Penitenciario "El Frontón".

Por su parte, el juicio político contra el Fiscal de la Nación coincide con el inicio de las investigaciones sobre el origen del financiamiento de la campaña electoral de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular e hija del expresidente Alberto Fujimori, hoy condenado y detenido por graves violaciones de derechos humanos y corrupción.

Ambos  juicios políticos se producen cuando en el Perú se sigue debatiendo la posibilidad de que el actual Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, indulte al expresidente Fujimori, lider histórico de Fuerza Popular.

La inusual celeridad parlamentaria de estos juicios políticos y la ausencia de válidos argumentos fácticos o jurídicos que los sustenten, constituyen un grave peligro contra la independencia y autonomía de las instituciones de justicia en el Perú y ponen en riesgo el equilibrio de poderes que caracteriza a los sistemas democráticos, pudiendo dar paso a un escenario en que el poder político es utilizado para garantizar impunidad en temas de corrupción y graves violaciones a derechos humanos.

Cabe recordar que en el año 2001, el Estado peruano ya fue condenado internacionalmente por actuaciones similares, en la sentencia del caso Tribunal Constitucional vs. Perú, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que se originó en la destitución de magistrados del Tribunal Constitucional por parte del Congreso de la República, en ese entonces también dominado por una mayoría parlamentaria fujimorista.

Por otro lado, frente al fuerte rechazo nacional e internacional que han generado estos juicios políticos, resulta preocupante el silencio de las autoridades del actual gobierno peruano, que ante la comunidad internacional han asumido un compromiso público con la lucha anticorrupción, al ser el Perú la sede de la próxima Cumbre de las Américas dedicada precisamente a este tema. 

En este contexto, las organizaciones firmantes exhortamos al Congreso de la República del Perú, a respetar la independencia y autonomía del Tribunal Constitucional y la Fiscalía de la Nación, así como las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A la vez, urgimos al Presidente de la República del Perú, a honrar su compromiso internacional con la lucha anticorrupción y, en coherencia con ello, condenar la utilización de mecanismos de control político para afectar la independencia y autonomía de altas autoridades del sistema de justicia peruano que investigan este tipo de casos. 

Organizaciones firmantes: Fundación para el Debido Proceso -DPLF
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional -CEJIL
OSicina en Washington para Asuntos Latinoamericanos -WOLA
Robert F. Kennedy Human Rights
Abogados sin Fronteras Canadá
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela
Comité de Familiares de Víctimas -COFAVIC, Venezuela.
Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, México.

Fuente DPLF: http://dplf.org/

DPLF: Amicus Curiae ante Corte Interamericana sobre Caso Mariana Selvas y otras vs. México (Caso Atenco)

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) conocerá el caso Mariana Selvas Gomez y otras vs. México, más conocido como Atenco, los días 16 y 17 de noviembre, en la ciudad de Costa Rica.

El 27 de diciembre de 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión o CIDH) envió el caso Atenco a la Corte IDH debido a las violaciones a los derechos humanos de varias personas que fueron detenidas y trasladadas por personal policial durante un operativo.

La CIDH estableció que la detención de las 11 mujeres, los días 3 y 4 de mayo de 2006 fue ilegal, arbitraria y sin ser informadas sobre las razones de su detención, ni sobre los cargos respectivos.

Además, la Comisión consideró acreditada la existencia de graves actos de violencia física y psicológica, incluyendo diversas formas de violencia sexual en contra de las once mujeres, y de violación sexual en el caso de siete de ellas. "Estos actos fueron cometidos por agentes estatales, calificcando estos hechos como tortura física, psicológica y sexual en el marco de su detención, traslados y llegada al centro de detención", dijo la Comisión.

La Comisión también estableció que el Estado mexicano incumplió con su obligación de investigar estos hechos con la debida diligencia y en un plazo  razonable. Finalmente, la Comisión determinó que hubo afectaciones a la integridad psíquica y moral en perjuicio de los familiares de las víctimas. Emitiendo así el Informe de Fondo 12.846 ante la Corte IDH. 

La Fundación para el Debido Proceso (DPLF) envió un Amicus Curiae para este caso que se verá en la Corte el 16 de noviembre.

DPLF Amicus Dplf -Caso Mariana Selvas y Otras vs. Mexico-octubre 2017 Final

Fuente DPLF:  http://www.dplf.org/es/resources/amicus-curiae-ante-corte-interamericana-sobre-caso-mariana-selvas-y-otras-vs-mexico-caso

DPLF: "Estándares internacionales sobre la autonomía de los fiscales y las fiscalías"

La Fundación para la Justiia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), la Fundación para el Debido ProcesoDPLF por sus siglas en inglés) y el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) presentan el documento "Estándares internacionales sobre la autonomía de los fiscales y las fiscalías" que recopila los lineamientos y salvaguardas institucionales que deben rodear la figura del Fiscal General, de los fiscales y de la institución de la Fiscalía, para garantizar su funcionamiento autónomo y libre de interferencias.

La función de investigar y perseguir el delito, y el ejercicio de la acción penal en representación del interés general de la sociedad, reviste una importancia central para la vigencia del Estado de Derecho y tiene un impacto directo en el acceso a la justicia y en el respeto de las garantías al interior del proceso penal.

DPLF CEJA Estandares Fiscales Diagramacion

Fuente DPLF: http://www.dplf.org/sites/default/files/estandares_fiscales_diagramacion_v3.pdf

DPLF: Reforma Constitucional del CNM en el Perú, escuchen a la academia

Comentarios críticos al proyecto de reforma constitucional del CNM presentado por el Presidente de la República.

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) es un órgano constitucional autónomo poco conocido por la ciudadanía; sin embargo, su papel es fundamental para el buen –o mal-funcionamiento de la justicia en el Perú: tiene como encargo constitucional la designación, evaluación y eventual destitución de jueces y fiscales de todas las instancias a nivel nacional. Entró en funcionamiento el año 1995 y desde hace un buen tiempo se han venido incrementando los cuestionamientos y denuncias de corrupción al interior del CNM y por parte de algunos consejeros y consejeras; lo que llevó, en el año 2016, a un gran consenso entre diversos sectores de sociedad civil y autoridades, en torno a la crisis de legitimidad de este Consejo y la imperiosa necesidad de reformar constitucional y legalmente su estructura y funciones. Tal consenso se plasmó –por ejemplo- en algunos Planes de Gobierno de los entonces candidatos presidenciales, como fue precisamente el caso de PPK, que en su Plan ofreció una reforma profunda e inmediata del CNM.

Luego de un año, el Gobierno de PPK recién se ha animado a presentar una propuesta de reforma constitucional del CNM(Proyecto de Ley Nº 1720/2017-PE), a pesar que se lo habían venido pidiendo desde el inicio del presente Gobierno diversos sectores a la Ministra de Justicia. Este hecho –finalmente- es positivo porque vuelve a poner los reflectores del debate sobre las reformas institucionales que requiere la justicia, sobre un órgano tan cuestionado como el CNM.

Sin embargo, el Gobierno de PPK lo ha hecho con una propuesta muy poco acertada porque plantea –sin matices- el retorno a un sistema de designación y evaluación de jueces y fiscales que estuvo vigente en nuestro país durante gran parte de nuestra historia republicana y que supuso el sometimiento político partidario de la judicatura. Hasta la Constitución peruana de 1979, los jueces eran elegidos por el Presidente de la República a propuesta de un Consejo Nacional de la Magistratura distinto al actual, con excepción de los vocales supremos; en este último caso, el Presidente de la República los designaba pero el Senado de la República debía ratificarlos. Esto generó el sometimiento político de la judicatura al partido del Presidente y a los partidos con representación en el Parlamento; situación que se evidenció durante el primer Gobierno del APRA (1985-1990), en el que hubo una notoria “apristización” de la justicia.

Precisamente el actual diseño constitucional del CNM, plasmado en la Constitución de 1993, pretendió alejar a jueces y fiscales de tal designación político partidaria, incorporando para ello a representantes de universidades y colegios profesionales. De esta manera, con la Carta de 1993 migramos de un modelo político partidario a un modelo de participación de sociedad civil, con la esperanza que eso alejaría la corrupción. Dos décadas después de la entrada en funcionamiento de este modelo, sin duda el balance es negativo pues no sólo no ha alejado la corrupción de los procesos de selección y nombramiento, ratificación y destitución de magistrados, sino que tampoco ha contribuido a legitimar un sistema de justicia.

Sin embargo, el balance negativo que el Gobierno de PPK comparte en torno al actual diseño constitucional del CNM, no debe llevarlo a incurrir en el error de retornar al diseño constitucional previo a la Carta de 1993, que durante más de siglo y medio de vida republicana tampoco aseguró ni independencia judicial ni legitimidad ciudadana del sistema de justicia.

Al respecto, un informe que elaboró una comisión de profesores de la Facultad de Derecho de la PUCP el año 2014,[1] sostuvo que las críticas del actual modelo constitucional de CNM no debería llevarnos a retornar al modelo anterior consagrado en la Carta de 1979: “De acuerdo a la información recogida y discutida por esta Comisión, es claro que el actual diseño constitucional del CNM –pese a sus falencias- sigue siendo mejor que el sistema político anterior que contemplaba la Carta de 1979. Sin embargo, el principal problema del actual modelo son sus propios consejeros que –salvo honrosas excepciones- no han estado a la altura de las tan importantes funciones que la Carta de 1993 les ha encomendado.”[2]

Ante la impostergable necesidad de reforma del actual CNM –que compartimos-, esta Comisión de profesores concluyó que había dos caminos de reforma constitucional:[3]

• Mantener el actual diseño constitucional previsto en la Carta de 1993 pero estableciendo requisitos más exigentes para llegar a ser consejero o consejera del CNM: exigir “trayectoria democrática” a los candidatos, como lo hace el artículo 12º de la Ley Orgánica del TC para el caso de los magistrados del TC; que los grados académicos sólo sean de universidades acreditadas por la SUNEDU; que la producción académica cuente con registro ISBN o ISSN o haya sido publicada en revistas indizadas o arbitradas; que los representantes de universidades sean elegidos sólo por los Decanos de Facultades de Derecho con una antigüedad no menor de 30 años y debidamente acreditadas por la SUNEDU; entre otros.
• Reformar constitucionalmente la forma de elección de los consejeros del CNM. En ese marco, evaluar la conveniencia –o no- de la intervención del Parlamento, pero no como en el pasado sino en forma indirecta y con la recomendación de reinstaurar el Senado en nuestro país.[4] En ningún caso, esta comisión de profesores universitarios previó la posibilidad de designación directa de consejeros(as) del CNM por parte del poder político, esto es, del Presidente de la República y del Congreso de la República, sino a partir de ternas de candidatos(as) presentadas por los Colegios profesionales, como una fórmula novedosa que combinaría la rendición de cuentas de los candidatos(as) elegidos y la partición de la sociedad civil. Asimismo, plantearon mantener a los representantes de universidades públicas y privadas, ante la mejor supervisión de la calidad de las mismas que ahora ejerce la SUNEDU.

Además, en ninguno de estos dos escenarios de reforma constitucional y legislativa, se plantea la reducción del número de consejeros(as) de siete (07) a cinco (05) como propone el proyecto de ley del Ejecutivo, sino que, muy por el contrario, proponen mantener e inclusive incrementar de siete (07) a nueve (09), debido a la gran carga de trabajo que supone la selección y nombramiento y la evaluación y ratificación –cada siete (07) años- de miles de jueces y fiscales a nivel nacional.

Como se puede apreciar de este documento elaborado por un grupo de académicos de la PUCP y que se suma a otras que en su momento formularon la Ceriajus, la propia Comisión de Justicia del Parlamento, organizaciones de sociedad civil como IDL y Transparencia, entre otras, hay muchos aspectos a tomar en cuenta en torno a la reforma constitucional y legislativa del CNM y que el reciente proyecto del Poder Ejecutivo parece no tomar en consideración. Inclusive, da la impresión de haber sido elaborado con cierto apresuramiento, pues en la página 6 de la Exposición de Motivos se hace una cita literal para –supuestamente- sustentar la intervención del Ejecutivo y del Legislativo en la designación de consejeros(as), cuando dicho texto en realidad fundamenta lo contrario: la conveniencia de la participación de la sociedad civil.[v]

Confiamos que este Proyecto de Ley puesto sobre la mesa por el Poder Ejecutivo, aunque algo tarde, contribuya a alimentar un impostergable debate público sobre el futuro del CNM que, en gran medida, es el futuro de la justicia en nuestro país. En ese marco, también sería conveniente considerar la posibilidad de solicitar el apoyo de la comunidad internacional para una evaluación objetiva -pero a fondo- de la actuación del actual CNM y de las posibles alternativas de solución y regulación constitucional, tomando en cuenta diversas experiencias de derecho comparado en América Latina.

[1] Comisión de profesores para impulsar el debate sobre la reforma de la justicia en el Perú, Selección, nombramiento, evaluación, ratificación y destitución de jueces y fiscales por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Breve balance y algunas propuestas. Lima: Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2014.

[2] Comisión de profesores para impulsar el debate sobre la reforma de la justicia en el Perú, ob. cit., p. 29.

[3] Comisión de profesores para impulsar el debate sobre la reforma de la justicia en el Perú, ob. cit., p. 30-32.

[4] “Siendo plenamente conscientes de la crisis de legitimidad de los partidos políticos y del Parlamento en el Perú, esta propuesta de reforma constitucional también debería ir acompañada del restablecimiento en nuestro país del Senado en el Congreso de la República, al que se le encargue precisamente este tipo de funciones constitucionales. El dilatado entrampamiento parlamentario para la elección del defensor del pueblo, los magistrados del Tribunal Constitucional y los miembros del directorio del Banco Central de Reserva muestran las limitaciones de un Congreso unicameral -como el actual- para asumir esta función.” (Comisión de profesores para impulsar el debate sobre la reforma de la justicia en el Perú, ob. cit., p. 32).

[v] “La participación de los distintos sectores en la integración del consejo es, en nuestra opinión, una decisión acertada. Por un lado, incluir a los jueces coadyuva a su independencia, a la par que establecer la participación de otros sectores aparece como necesario para evitar que los Consejos se encuentren aislados de otras instituciones y propensos a inclinaciones y expectativas meramente corporativas. En ese contexto, no deberá descartarse de ningún modo la inclusión de representantes directos de la sociedad, pues aportarían una nueva perspectiva al Consejo…” (Proyecto de Ley Nº 1720/2017-PE, p. 6).

Por David Lovatón Palacios, consultor de DPLF.
Fuente DPLF: https://dplfblog.com/2017/08/01/reforma-constitucional-del-cnm-en-el-peru-escuchen-a-la-academia/