Víctor Prado: “Pensábamos que la corrupción no nos volvería a tocar"

El magistrado supremo sostiene que "es un deber" asumir la presidencia dle Poder Judicial en uno de sus peores momentos institucionales.

Karen Barboza Quiróz.

El juez supremo Víctor Prado Saldarriaga ha integrado el tribunal que condenó al ex presidenfte Alberto Fujimori por los casos Barrios Altos y La Cantuta y ahora le toca asumir la presidencia del Poder Judicial en medio de la crisis institucional que generó la difusión de audios que involucran a magistrados y ex integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

En entrevista con El Comercio, el juez hace un mea culpa y lamenta que el Poder Judicial haya sido infiltrado una vez más por la corrupción.

— ¿Qué errores se deben asumir en este caso?

Como institución lo que he hecho, en nombre de los jueces honestos que quieren al Poder Judicial, es pedir perdón a la población por todas aquellas escenas, por todos aquellos audios que hemos tenido que ‘espectar’ en las últimas semanas.

— Como institución, ¿en qué fallaron?
Fueron diferentes factores: falta de control, abuso de confianza, exceso de confianza. No se repetirán. En el corto tiempo que tendré a cargo la presidencia del Poder Judicial, haré el mayor esfuerzo para hacer los cambios pertinentes que permitan que un nuevo presidente pueda ingresar con pie firme a la gran tarea de la reforma de la administración de justicia.

— Hay una frase recurrente que dice que el pueblo que no conoce su historia tiende a repetirla. ¿El Poder Judicial ha desconocido su historia o solo algunos jueces?
Para llegar a ser magistrado hay que pasar por un sistema que elige y evalúa. Ese sistema no funcionó y por eso se reclutó y se dio cabida en la organización a esa infiltración negativa. En la década de los 80 y 90, fue desde el poder político, y ahora es desde el crimen organizado y lo que tenemos que aprender para no repetir la historia –y quien le habla tiene más de treinta años en la institución– es que si antes estas situaciones se daban en la sombra, ahora hay la tecnología para infiltrar a los que se infiltran.

— ¿Qué se debe corregir para actuar de manera oportuna ante estos casos? 
Lo que lamento ahora ya, desde una perspectiva personal y técnica, es que no hemos pensado en la necesidad de acciones inmediatas para estos problemas. Vale decir, hay un blindaje legal que hace que las alternativas de tratamiento de procesamiento y sanción no sean lo inmediatas que espera la población.

— ¿Es decir, no poder procesar inmediatamente al suspendido juez César Hinostroza? 
Sí. Y esta experiencia de la corrupción de sistema, que pensábamos que la corrupción nunca más iba a volver a tocar al Perú, está resultando ser una experiencia transversal a todo el continente y debemos darle trámite a la justicia. De lo contrario, el propio sistema crea mecanismos de impunidad.

— Usted fue elegido para cinco meses de gestión y no podrá reelegirse. En una coyuntura tan complicada, ¿lo ve como un sacrificio por el Poder Judicial?
Lo siento como un deber en la coyuntura de crisis que toca afrontar a los magistrados que hemos llegado a este nivel. Yo comencé como un amanuense [pasar a limpio los escritos] del Poder Judicial y he llegado a vestir la blanca y roja cinta que representa el más alto grado de la justicia de mi país. Tengo el deber.

— ¿Y así como el PJ ha hecho un acto de contrición, el Ministerio Público debería hacer lo mismo?

Un viejo refrán bíblico dice que no hay que mirar la paja en el ojo ajeno. Primero hay que sacarnos la viga que tenemos nosotros […] yo no puedo intervenir y dar consejos; a ellos les toca hacer la reflexión y estoy seguro de que la prensa, en razón de los últimos acontecimientos, lo coloca como una necesidad.

— ¿Cómo se puede evitar que jueces como César Hinostroza emitan fallos que debilitan el castigo para casos de violación?.

Encuentro [en sus fallos] deficiencias en la aplicación de las reglas que la ley establece. A raíz de dos casos, la casación por delito de violación del Santa y de lavado de activos de Arequipa, es que sugerí, y ya fue aprobado, que en el futuro ninguna sala pueda emitir jurisprudencia vinculante. Ahora, toda sentencia de carácter vinculante será hecha en el pleno jurisdiccional, es decir de todos los magistrados y no solo una sala.

Fuente El Comercio: https://elcomercio.pe/politica/victor-prado-pensabamos-corrupcion-volveria-tocar-noticia-540122

Perú: Presidente Martín Vizcarra convocó al Congreso a Legislatura Extraordinaria

Decreto Supremo que convoca a Legislatura Extraordinaria.

El Presidente de la República mediante el Decreto Supremo N° 076-2018-PCM, convocó al Congreso de la República a legislatura extraordinaria, con el propósito de debatir la remoción de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

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Fuente El Peruano:  https://elperuano.pe

"Refundar instituciones" por Ronald Gamarra

"La verdad es, pues, investigando narcos y matarifes surgieron ciertos teléfonoscuyos titulares no eran conocidos, pero que al hacer la interceptación y seguimiento resultaron ser de estos jueces, personal administrativo, fiscales y consejeros del CNM".

Al momento de escribir este artículo (miércoles 11 de julio), se cumplían ya cinco días desde que IDL-Reporteros, dirigido por el periodista Gustavo Gorriti, publicó el primer informe sobre una red de tráfico de influencias, negocios sucios y mutuos favorecimientos conformada por un juez de la Corte Suprema de la República, el Presidente de la Corte Superior del Callao y tres integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, entre otros. A ese primer informe han seguido dos más y un audio difundido por Panorama, donde el juez supremo Hinostroza concierta una cita "con la señora K".

Hasta el momento, los denunciados siguen en sus puestos. No tienen dignidad para largarse, honor para quitarse. No existe fuerza social para expectorarlos en guan. Ni autoridad o colegiado dispuesto a la depuración inmediata. Es muy posible que hoy viernes 13, en que usted lee este artículo, los protagonistas de asquerosos diálogos (el de la rebaja de la pena o la directa absolución del violador de una niña de 11 años es vomitivo) y crímenes sigan allí, adheridos como las lapas a las peñas de la corrupción. Pues no se trata de un grupete cualquiera de corruptos, tienen ramificaciones y poder a través del Estado en sus níveles más altos. Parte de ese poder se traduce en respaldo político. Por ejemplo, en el Congreso, en vez de actuar drásticamente contra esta red de corrupción puestaal descubierto, a ciertos partidos y a la dizque Comisión de Fiscalización le interesa más investigar "como se filtraron los audios a la prensa" o discutir la legalidad de las grabaciones", además de joder a quienes hicieron posible la exposición del pus: a los periodistas y, en primer lugar, a la valiente fiscal del Callao, Rocío Sánchez, que discretamente. -y resistiendo presiones- dirigióla pesquisa en cuyo trámite se obtuvo de manera legítima, regular y legal la interceptación telefónica de los bribones.

La intención es clara: desviar la atención y ganar tiempo. En estas circunstancias el tiempo es oro. Patear el caso hacia un futuro indefinido, los más lejos que sea posible. Enterrar finalmente la cuestión bajo una marañade procesdimientos y comisionesque no lleven a ninguna parte o que diluyan responsabilidades bajo la mentira de que solo estamos ante comportamientos socialmente aceptables o neutros. Lo de siempre, pues. eso es lo que buscan. Es lo que pretenden. Porque no se trata de unos  jueces y funcionarios cualquiera. Son jueces y funcionarios que son útiles a quienes tienen hoy importantes parcelas del poder en nuestro país. Por eso su reacción tibia, equívoca, limitada a guardar las apariencias.

Sin embargo, esta vez las cosas podrían no resultar tan fáciles a los que se proponen tender una cortina de humo sobre este caso. Porque, según se ha conocido, las grabaciones hechas a estos jueces y consejeros son totalmente legales, pues fueron hechas en el curso de una investigación del Ministerio Público, con la debida autorización judicial y cumpliendo los procedimientos y garantías establecidos. El juez Cerapio Roque, del Callao, fue quién autorizó la medida. Claro que ya habrá tiempo para investigar cómo, aprovechando una ausencia del titular, manos sustitutas se hicieron de la documentacion y audios y se la entregaron a un interesado juez superior y a un no menos ansioso juez supremo, mucho antes que a Gorriti y compañía las obtuvieran.

Pero hay algo peor, que casi convierte todo lo que ha conocido hasta el momento en menudencia  de caldo. Es el hecho de que la investigación que se halla en curso en la Fiscalía de Crimen Organizado, del Callao, es sobre SICARIATO y NARCOTRÁFICO. Ni más ni menos  que contra las "Castañuelas de Rich Port". La verdad es, pues, que investigando narcos y matarifes surgieron ciertos teléfonos cuyos titulares no eran conocidos, pero que al hacer la interceptación y seguimiento resultaron ser de estos jueces, personal administrativo, fiscales y consejeros del CNM. Falta que el Ministerio Público nos diga quién de todos ellos est+a efectivamente involucrado, y, hasta qué punto, con el sicariato y el narcotráfico. Más allá de los audios, se habla incluso de declaraciones de algunos miembros de la organización criminal refiriendo tratos, compromisos y náuseas con un togado.

Lo que estamos conociendo nos pone ante la clarísima evidencia de una red cuya actividad va de la corrupción a la colusión con el crimen organizado, que involucra magistrados, políticos y empresarios al más alto nivel, que dispone de innumerables complicidades y ramificaciones, poder político efectivo y dinero, mucho, muchísimo dinero contante y sonante para comprar voluntades y conciencias. Quebrar esta red no será fácil pero es un imperativo de sobrevivencia para los peruanos, si no queremos seguir condenados al nivel de una republiqueta.

Lamentablemente, al escribir este artículo, seguían sucediendo cosas extrañas, por decir lo menos, contrarias al esclarecimiento del caso. Una peligrosa muestra de ello es el intento por parte de una fiscalía anticorrupción, acompañada de aparato policial, de intervenir el local de IDL- Reporteros para incautar el material informativo del cual dispone. La intentona contra la libertad de prensa fracasó al comunicarse el periodista Gorriti con el Fiscal de la Nación y al comprobarse que la diligencia carecía de orden que la autorizara.

Extraño, muy extraño. O tal vez no tanto, pues el enemigo está infiltrado dentro, muy dentro, en el corazón mismo de buestras frágiles instituciones. Despertemos ya de la embriaguez del fútbol y los logros interesantes y alentadores de la selección. La verdadera batalla, la guerra que realmente interesa ganar por la supervivencia del país como un lugar digno de ser una república, es esta guerra contra la corrupción, junto con la guerra contra la violencia de género y la discriminación. No nos distraigamos más y afrontemos esta battala para ganarla, porque no hay otra alternativa. 

Que la inmundicia puesta en evidencia, que esta mugre, sea la oportunidad para la refundación de las instituciones -como parte de la reconstrucción del país-, empezando por el Consejo Nacional de la Magistratura y comprendiendo también al Poder Judicial y al Ministerio Público, para garantizar de una vez por todas, ad portas del Bicentenario, que nuestra patria cuente con una administración de justicia, independiente, autónoma, sólida, transparente, predictiva, honesta y cercana al pueblo. En esa apuesta, es esa pelea, en las calles y también en el foro, bajo la sombra del maestro Gonzáles Prada, cuenten conmigo.

Artículo de opinión de Ronald Gamarra Herrera publicado en Hildebrandt en sus Trece el viernes 13 de julio de 2018.

Fuente Hildebrant: http://www.hildebrandtensustrece.com

CARETAS: El impacto de los audios

En sus últimos días como Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez le abre la puerta a impostergable reforma del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

El Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, pasa por su última semana en el cargo-. Y vaya semana. El revuelo es mayúsculo. Un globo cada vez más inflado encontró su aguja en los audios propalados por IDL Reporteros en colaboración con Justicia Viva.

Duberlí Rodríguez, presidente del Poder Judicial, deslizó que la filtración debió venir de la Policía.

La historia tiene un origen chalaco.

El 23 de diciembre último fueron capturados en una juguería de Ventanilla Javier Enrique Gonzáles Carrión alias "Negro Javi", Juan Fernando Osorio Padilla y Julissa Vera Murillo. estaban acusado de integrar la organización criminal "Las Castañuelas de Rich Port", dedicada al tráfico de ilícito de drogas. 

La mercancía llegaba a España vía aérea. "Negro Javi" captaba a los burriers, Osorio financiaba los viajes y Vera, que cayó con casi cinco kilos de droga, acondicionaba la cocaína en productos comestibles.

El 8 de enero, el Poder Judicial les impuso 18 meses de prisión preventiva.
Hasta ahí era un día más en el Callao. Pero en el camino se había abierto una nueva veta.

CUELLOS BLANCOS
El 11 de diciembre último, el informe policial 371-2017 de la DIVINCRI dio cuenta al Ministerio Público que, como resultado de las interceptaciones legales del caso hechas con el sistema Constelación, se conocieron actividades relacionadas con el delito de tráfico de influencias que involucraban a servidores públicos y abogados en el Sistema de Justicia del Callao.

En ese momento, el 15 de enero, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa Especializada en Criminalidad Organizada del Callao, dirigida por la fiscal Rocío Sánchez Saavedra, decidió abrir una carpeta fiscal aparte con número 05-2018. La investigación  preliminar de 60 días estaría a cargo del Departamento de Insvestigaciones Especiales (DEPINESP) número 2. Contó con el apoyo de la DIGIMIN (Inteligencia del Ministerio del Interior) y la DIVBUS (División de Búsqueda). Otorgó el permiso el juez de investigación preparatoria, Roque Huamancondo.

Se bautizó a la red como "Los Cuellos Blancos del Puerto".

Las pesquisas incluyeron interceptación de números celulares, información de fuente humana, fuentes abiertas y cerradas administrativa.

El número de miembros de la red es de 22, incluidos particulares y funcionarios públicos. La Fiscalía puso a la cabeza al juez supremo César Hinostroza Pariachi y el presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao (CSJC), Walter Ríos. Incluyeron a Gianfranco Martín Paredes Sánchez y John Robert Misha Mansilla, asesor y chofer de Ríos, respectivamente.

El juez Ríos entra en la colada porque el 31 de octubre lo llamó Víctor Maximiliano León Montenegro, abogado vinculado al caso original, para solicitarle una reunión. A partir de las presuntas irregularidades que se escuchan por parte del presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, se continúa con la interceptación de sus llamadas e ingresa a escena Hinostroza Pariachi, quien ocupó el mismo puesto que Ríos en los períodos 2009-2010 y 2015-2016. Desde enero de 2017 es presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Suprema.

Además del abogado León Montenegro, la fiscalía investiga a sus colegas Gastón Molina Huamán y José Luis Castillo Alva. Los dos primeros son exmagistrados del Poder Judicial y, como jueces superiores en el Callao, fueron investigados por la OCMA en el 2011 por otorgarle un habeas corpus al procesado por narcotráfico Roger Poémape, lo que volvió el juicio a fojas cero. También le archivaron otra investigación por narcotráfico.

Castillo es recordado en la prensa por haber sido abogado de los Sánchez Miranda en su proceso de lavado de activos. En la presunta red también está el empresario Mario Mendoza Díaz, mencionado por Ríos en el audio de la conversación con su esposa.

LA SEÑORA K Y EL JUEZ

Audios adicionales sin fecha, presentados por el programa Panorama, dan cuenta de una conversación en la que Hinostroza coordina con un interlocutor desconocido una reunión con “la señora K” de “la Fuerza número uno”. Keiko Fujimori tuiteó que “desconozco tal coordinación y no existió reunión”. 

El año pasado, Hinostroza declaró fundada la casación de Jader Rizqallah, inversionista del club FBC Melgar, por lavado de activos, dado que la acusación debía probar el “delito fuente”. En palabras del fiscal Pablo Sánchez, el fallo generaba impunidad.

EL 29 de septiembre, la fiscal Sara Vilar se basó en el fallo de Hinostroza y archivó la investigación por el mismo delito de lavado de activos al exsecretario de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez. La situación fue tan delicada que en octubre la Suprema debió realizar un primer pleno casatorio nacional para enmendarle la plana a Hinostroza y determinar “no vinculante” la sentencia a favor de la casación de Arequipa.

El CNM no había considerado a Hinostroza como fiscal supremo en el 2011 por dos investigaciones relacionadas con enriquecimiento ilícito. En la primera, anuló en el 2007 como juez en el Callao una condena de 18 años contra un narcotraficante chino de quien había sido abogado. Si bien dictaminó un nuevo juicio, el chino Jian Wang y su cómplice fugaron un año después. Además, el 7 de marzo del 2007 absolvió a Walter Ponce Fernández, implicado en el caso ‘narcobuques’, y la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró nulo su fallo.

El segundo caso fue por dos casas adquiridas en Miami: una comprada en el 2002 por US$ 180,990 como pago inicial y con una hipoteca de 30 años; otra en diciembre de 2005 por US$ 323, 800, adquirida por su esposa Gloria Gutiérrez Chapa, y rematada en abril de 2011 a US$ 95,200.

En el 2008, Hinostroza absolvió a los directivos de la empresa pesquera Hayduk por el cargo de narcotráfico. Su sustentación se debió a “falta de pruebas”. La Suprema también anuló la decisión judicial después de una apelación de la procuradora Sonia Medina.

En otro de los audios emitidos HHlos audios emitidos por Panorama, Hinostroza parece negociar la sentencia al violador de una menor de edad.

Aunque no cubren el período de interceptación telefónica, CARETAS accedió a dos sentencias recientes, ambas de febrero de 2017. En una, de febrero de 2017, el juez anula una sentencia de 30 años contra un hombre por violación a una menor de edad de 13 años. En otra, anula la sentencia también de 30 años contra José Germaní Gonzales y Rosa Mercedes Malásquez, acusados de violar a una menor, igualmente de 13 años.

CNM EN LA LONA

A Ríos le encanta salir a comer para concretar sus lobbies. Pide reservas en el exclusivo restaurante Costanera 700 y accede a que un amigo lo lleve a comer a un bufet de solo 30 soles. A otro le pide una botella de Etiqueta Azul. Su señora le advierte que no tome y él le responde que con José Cavassa tiene que tomarse al menos un chilcano. En otro de los audios se escucha a Ríos pedir a su asesor Gianfranco Paredes una garantía de “diez verdecitos” para nombrar un fiscal anticorrupción en Tacna (“aparte el vino y esa huevada, la invitación”). Coima que iría al CNM, pues es el encargado de nombrar a los fiscales.

El Instituto de Defensa Legal está entre las organizaciones que vienen advirtiendo desde hace buen tiempo de la degradación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), la entidad encargada de nombrar y ratificar a los jueces y fiscales del país.

En las últimas semanas, as denuncias sobre la presunta inscripción irregular del partido del excongresista José Luna en la ONPE llevaron los reflectores de nuevo a los fueros del CNM, que nombró el año pasado al jefe del organismo electoral, Adolfo Castillo (ver nota siguiente).

CARETAS apuntó a las sospechosas motivaciones de los tres consejeros que ahora aparecen en la historia de los audios: Guido Aguila, Iván Noguera y Julio Gutiérrez Pebe.

Noguera enfrenta un proceso de destitución por tramitar un convenio de prácticas con la CSJC. Fue él quien le vendió una casa a Luna que luego de año y medio sigue a su nombre (CARETAS 2543). Gutiérrez Pebe también está a punto de ser destituido y la tiene todavía más complicada, pues los audios revelan claramente que festinó nombramientos de fiscales.

LOS ACCESITARIOS

NOGUERA es el consejero que representa a las universidades privadas. Su accesitario, que lo reemplazaría si es destituido, es Enrique Bedoya Sánchez, vicerrector académico de Alas Peruanas, de propiedad de Fidel Ramírez, tío de Joaquín Ramírez.

El accesitario de Gutiérrez Pebe, que representa a los colegios privados que no son los de abogados, es el economista Víctor Delgado Montoya. Se ve que tiene apuro, porque en febrero último presentó una tacha por límite de edad contra el otro consejero que podía reemplazar, Hebert Marcelo Cubas. El CNM se la rechazó.

Aunque está en la cuerda floja, Aguila no ha sido incluido en los procesos del CNM porque no han aparecido audios con su voz. Su accesitaria es Ruth Monge Tambini, quien fuera abogada de Aerocontinente, empresa del narcotraficante Fernando Zevallos, entre 1997 y 2004. Para el fiscal Sánchez, “hace mucho que se viene discutiendo la reforma del CNM y esta es la oportunidad de concretarla”.

“Al margen de las investigaciones en curso (en la Fiscalía), le pido al Congreso de la República aplicar el artículo 157 de la Constitución Política que señala que los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura puedan ser removidos por causa grave mediante acuerdo del Congreso”, solicitó el presidente Martín Vizcarra.

En una coincidencia celebrada en la bancada de PPK, Vizcarra anunció que insistirían con el proyecto de reforma del CNM que el Ejecutivo envió hace un año. Pedro Pablo Kuczynski rompió su silencio en twitter para recordar que esa fue una iniciativa prioritaria de su gestión.

Roque Benavides, de Confiep, reclamó "revisar toda la legislación del Poder Judicial y cómo se eligen a los jueces". El excanciller Allan Wagner, presidente de Transparencia, recordó que las propuestas para reformar el CNM no avanzaron en el Congreso: "demandamos que actúe con urgencia para que haga una reforma". 

Quién decidiera filtrar los audios sabía del impacto de la noticia. El contexto ya era de urgencia: el CNM avanzaba con pies de plomo para investigar a la ONPE y el Congreso ni se inmutaba con los conflictos de interés en el CNM.

Fuente Caretas: http://caretas.pe/politica/83416-el_impacto_de_los_audios

Pronunciamiento del Colegio de Abogados de Lima ante las graves denuncias de corrupción en el CNM y Poder Judicial

Ante las graves denuncias por diversos medios de comunicación, respecto a los audios en los que estarían involucrados Magistrados, servidores del Poder Judicial y consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura por presuntos actos de corrupción, expresan lo siguiente en el pronunciamiento:

Pronunciamiento CAL

Asimismo, el Consejo Nacional de Decanos de Colegios Profesionales declararon persona no grata al Consejero del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Julio Gutiérrez y manifestaron que no se sienten representados por él.

Por su parte, IDL Reporteros seguirá publicando nuevos #CNMAudios, así lo señaló a través de su cuenta Twitter.
Fuente CAL: http://www.cal.org.pe/v1/pronunciamiento-6/

Pronunciamiento JUSDEM ante las graves denuncias de una serie de de audios difundidos en el portal IDL-Reporteros

El Consejo Directivo de JUSDEM, así como de la Asociación Peruana de Mujeres Juezas, ante las graves denuncias hechas de conocimiento público a través de una serie de audios difundidos en el portal IDL-REPORTEROS, sobre presunto tráfico de influencias y otras conductas irregulares, en cuya realización se involucra a un Juez Supremo titular, al Presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, y a algunos miembros del Consejo Nacional de la Magistratura CNM, hace de conocimiento su posición institucional.
Aquí el comunicado:

Pronunciamiento JUSDEM Nº 07-2018 

Fuente JUSDEM.

IDL - Reporteros: Videos reveladores sobre la corrupción del CNM y del Poder Judicial

Esta es la historia- en gran parte contada por ellos mismos- de cómo el presidente de la Corte Superior del Callao, junto con por lo menos tres consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, y un magistrado de la Corte Suprema convirtieron sus cargos en un permanente ejercicio del tráfico de influencias y corrupción.

IDL Reporteros, revela, en esta y las siguientes entregas, los tratos ilícitos perpetrados por algunos de los más altos miembros del sistema peruano de justicia para beneficiarse a través de una impresionante colección de faltas y delitos que van desde el tráfico de favores, las trampas en exámenes de jueces y fiscales, el conflicto de intereses, hasta la manipulación de sentencias en varios casos judiciales sobre crimen organizado e incluso en por lo menos un caso de abuso sexual de menores de edad.

Están implicados el Presidentes de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos; el presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, César Hinostroza; y los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura Julio Gutiérrez, Guido Aguila e Iván Noguera.

A continuación, presentamos una serie de conversaciones telefónicas entre algunos de estos personajes - resgitradas en audios que llegaron de forma anónima a IDL-R-, que revelan como el CNM, la institución que nombra, ratifica y destituye fiscales y jueces, ha designado magistrados a cambio de beneficios personales o para que estos influyan favorablemente en causas en las que tienen un interés particular.

IDL-Reporteros ha verificado la autenticidad de las conversaciones, y ha corroborado la información contenida en ellas, además de haber buscado la versión de los implicados. Colocamos íntegros los audios acompañados de una transcripción editada para facilitar la comprensión de cada uno.

Los diálogos, ocurren entre enero y mayo de este año, en el contexto de la elección del presidente del Consejo Nacional de la Magistratura y de diversos concursos para el nombramiento de jueces y fiscales.

Campaña presidencial

El 7 de febrero pasado, a las 5 y 20 de la tarde, Walter Ríos llamó a su esposa, Maritza Sánchez Liza de Ríos, que es defensora pública del Ministerio de Justicia, para contarle acerca del choque de facciones al interior del CNM por la elección de su nuevo presidente; y que trataría de tender puentes con los consejeros Guido Aguila y Julio Gutiérrez, por intermedio del muy notorio José Luis Cavassa Roncalla, para abogar por la candidatura del antropólogo Orlando Velásquez.

Esta conversación se dio poco más de un mes después de que IDL-Reporteros publicará el reportaje  ‘Conversación en Trinidad Morán’, que reveló el consejero Guido Aguila había organizado una reunión en su casa para que el congresista fujimorista Héctor Becerril persuadiera al consejero Baltazar Morales de votar por el candidato que él respaldaba para la presidencia del CNM: el consejero Julio Gutiérrez.

Orlando Velásquez no era el candidato favorito del presidente saliente.

Sin embargo, el intermediario por Ríos hacer las gestiones a favor de Velásquez era conocido por ser un operador político y tener cierto grado de cercanía con algunos de los consejeros. También por estar en vuelto en varios casos de corrupción.

José Luis Cavassa Roncalla fue denunciado en el 2000 por la masiva falsificación de firmas para la inscripción del partido fujimorista Perú 2000, mientras ocupó el cargo de gerente electoral de la ONPE.

Ahora está involucrado en el caso Lava Jato. La Fiscalía anticorrupción determinó que fue uno de los intermediarios del expresidente regional de Áncash, César Álvarez, para el pago de sobornos de Odebrecht por la adjudicación del contrato para la construcción de la carretera Carhuaz - Chacas - San Luis. Cavassa, entonces funcionario del gobierno regional, suscribió contratos ficticios con la constructora brasileña por hasta 51 mil 903 dólares. Por eso, el fiscal Elmer Chirre, a cargo del caso, ha pedido 30 años de prisión para Cavassa por los delitos de asociación ilícita para delinquir y lavado de activos, según una publicación del diario La República.

Ahora Cavassa trabaja como asesor informático en la universidad Telesup, de propiedad del excongresista y presidente del partido Podemos por el Progreso del Perú (PP), José Luna Galvez, según reveló Cuarto Poder en un reciente informe.

La jueza Emperatriz Pérez Castillo, a quien Walter Ríos menciona como una persona clave en la que sería su designación como Presidente de la Corte del Callao, preside actualmente la Sala Penal de Apelaciones Permanente de la Corte chalaca. Y es, además, la presidenta de la Sala que ve el caso de Manta y Vilca. Durante este proceso judicial, Pérez fue recusada por la defensa de la parte civil, por la falta de imparcialidad para llevar el caso.

Entrevistada por IDL-Reporteros, Maritza Sánchez dijo que "no recuerdo, hablo de muchas cosas con mi esposo. No recuerdo el nombre del señor Cavassa. No recuerdo el contexto que usted me está diciendo, lo niego". Esta indicó que Ríos estaba con licencia médica, y que le dejaría saber el interés de entrevistarlo.

IDL-R contactó al consejero Guido Aguilar, pero este indicó que no daría declaraciones.

Deuda Cobrada
Guido Aguila le cobró el favor a Walter Ríos. En una conversación telefónica del viernes 26 de enero, Ríos le propone al jefe de la unidad de Planeamiento y Desarrollo de la Corte, Aldo Mayorga, hacer cambios de personal para poder promover a una persona recomendada por el consejero. Se trata de Verónica Rojas Aguirre, entonces encargada del Sistema de Gestión de Calidad IDO 9001 de la Corte del Callao.

Videos:

 

IDL - Reporteros con la colaboración de Justicia Viva.
Fuente IDL Reporteros: https://idl-reporteros.pe/corte-y-corrupcion/

Resolución del CNM en caso de proceso disciplinario a Sala Villa Stein por caso de trata de persona menor de edad

Recuerdan el caso de la menor de edad sometida a trata de personas que la Sala de Villa Stein archivó... hoy el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) -con el voto en contra de Elsa Aragón- sobreseyó a los 5 supremos.

Resolución CNM Investigación Preliminar Sala Penal Permanente Legis.pe 1  

Ver notas relacionadas: "CNM decidirá en febrero si abre proceso disciplinario a Sala Villa Stein por caso de trata de personas".

"Sentencia infame de Villa Stein, por Ronald Gamarra".

"Inaudita confirmación de absolución en caso de trata de personas en agravio de menor de edad", por Ronald Gamarra.

"Qué ni una niña víctima se quede sin justicia", por Ronald Gamarra.

Fuente CNM: https://www.cnm.gob.pe/

"Grave concesión a Keiko" por Ronald Gamarra

El Poder Ejecutivo ha planteado una reforma radical del modo de elección de los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura. Lo hizo el propio presidente Kuczynski, entre otras iniciativas legales, en su discurso del 28 de julio. Pero la iniciativa trae cola, muy larga y de la mala. Malísima. Parte de una premisa correcta: la necesidad de reformar el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) que en los últimos años  ha caído en un descrédito absoluto. Total. Ilegitimidad ganada a pulso y día a día. Pero plantea una alternativa que, de aplicarse tal cual está formulada, acarreará un resultado peor de lo que actualmente hay.

La alternativa presentada por Kuczynski- trabajada sin el concurso y probablemente sin el conocimiento de la ministra Pérez Tello- tiene el aval de haber sido "conversada" con Keiko Fujimori. ¿Qué miedo! Pero lo que se presenta bajo el manto consensual de las fuerzas dominantes del ejecutivo y el legislativo esconde la amenaza inminente, real, de la politización o partidarización del nombramiento y el control de jueces y fiscales. Una barbaridad. Una horrenda historia ya sufrida. Una lamentable película que no deseamos volver a ver. Una vuelta al pasado. Como si 150 años de aplicación del modelo no hubiera sido suficiente. ¿Qué te pasa, PPK? En el corto plazo, eso significa lisa y llanamente emtregarle al fujimorismo el poder decisivo sobre el Poder Judicial y el Ministerio Público. Los pánfilos pepekausas están dispuestos a ceder todo a cambio de paz, y los fujimoristas saben muy bien qué es lo que les interesa.

En la propuesta de Kuczynski, el nuevo CNM estaría conformado por representantes de cuatro entidades: el propio poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial y el Ministerio Público. Estos, a su vez, elegirían a un quinto integrante. En otras palabras: las entidades definidamente políticas del Estado (ejecutivo y legislativo) tendrían la mitad del poder de decisión, y en realidad la mayoría, si imponen al quinto integrante. Este es el escenario más probable en la realidad peruana, donde la independencia judicial nunca ha existido ni ha sido respetada plenamente.

En términos concretos, dada la coyuntura política 2016-2021, con un parlamento dominado absolutamente por el fujimorismo, con un ejecutivo alarmado y tembloroso después de la caída de tres ministros en un año ante la prepotencia fujimorista (y sus propias limitaciones), lo más probable es que el supuesto representante del ejecutivo termine siendo alguien del gusto de Keiko. Con dos representantes en el proyectado CNM, imponer el nombramiento del quinto integrante es un asunto sencillo. Keiko Fujimori, quien más bien debería responder ante las autoridades por una serie de hechos oscuros, resultará siendo la gran electora.

Otros que andan felices con el regalito presidencial (una ofrenda gratuita e ingenua con que se pretende aplacar a los tiburones) son los apristas. Gracias a sus posiciones ganadas desde hace décadas en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, y gracias a su alianza con el fujimorismo, la dinámica minoría parlamentaria aprista estará en condiciones óptimas de sacar a su voluminoso líder limpio de polvo y paja de cualquier investigación sobre la corrupción en su segundo gobierno, especialmente lo relacionado con el caso Odebrecht, en el que también chapotea Keiko.

Este proyecto, cocinado en un par de noches de julio por Kuczynski en su iluso intento de aplacar la furia de Keiko, debe ser combatido y denunciado. El problema del actual CNM radica en la calidad de los consejeros, es decir, en el modo de que su elección sea ajena a la repartija política.

¡No a la politización corrupta de la magistratura! Por el contrario, que se ratifique y mejore la participación de la sociedad, corrigiendo los errores que han permitido a ciertos impresentables auparse en el CNM.

Artículo de Ronald Gamarra Herrera publicado en el semanario Hildebrandt en sus trece, el viernes 04 de agosto de 2017.
Fuente: http://hildebrandtensustrece.com/

Notas relacionadas:
- "Reforma constitucional del CNM en el Perú, escuchen a la academia", por DPLF. 
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DPLF: Reforma Constitucional del CNM en el Perú, escuchen a la academia

Comentarios críticos al proyecto de reforma constitucional del CNM presentado por el Presidente de la República.

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) es un órgano constitucional autónomo poco conocido por la ciudadanía; sin embargo, su papel es fundamental para el buen –o mal-funcionamiento de la justicia en el Perú: tiene como encargo constitucional la designación, evaluación y eventual destitución de jueces y fiscales de todas las instancias a nivel nacional. Entró en funcionamiento el año 1995 y desde hace un buen tiempo se han venido incrementando los cuestionamientos y denuncias de corrupción al interior del CNM y por parte de algunos consejeros y consejeras; lo que llevó, en el año 2016, a un gran consenso entre diversos sectores de sociedad civil y autoridades, en torno a la crisis de legitimidad de este Consejo y la imperiosa necesidad de reformar constitucional y legalmente su estructura y funciones. Tal consenso se plasmó –por ejemplo- en algunos Planes de Gobierno de los entonces candidatos presidenciales, como fue precisamente el caso de PPK, que en su Plan ofreció una reforma profunda e inmediata del CNM.

Luego de un año, el Gobierno de PPK recién se ha animado a presentar una propuesta de reforma constitucional del CNM(Proyecto de Ley Nº 1720/2017-PE), a pesar que se lo habían venido pidiendo desde el inicio del presente Gobierno diversos sectores a la Ministra de Justicia. Este hecho –finalmente- es positivo porque vuelve a poner los reflectores del debate sobre las reformas institucionales que requiere la justicia, sobre un órgano tan cuestionado como el CNM.

Sin embargo, el Gobierno de PPK lo ha hecho con una propuesta muy poco acertada porque plantea –sin matices- el retorno a un sistema de designación y evaluación de jueces y fiscales que estuvo vigente en nuestro país durante gran parte de nuestra historia republicana y que supuso el sometimiento político partidario de la judicatura. Hasta la Constitución peruana de 1979, los jueces eran elegidos por el Presidente de la República a propuesta de un Consejo Nacional de la Magistratura distinto al actual, con excepción de los vocales supremos; en este último caso, el Presidente de la República los designaba pero el Senado de la República debía ratificarlos. Esto generó el sometimiento político de la judicatura al partido del Presidente y a los partidos con representación en el Parlamento; situación que se evidenció durante el primer Gobierno del APRA (1985-1990), en el que hubo una notoria “apristización” de la justicia.

Precisamente el actual diseño constitucional del CNM, plasmado en la Constitución de 1993, pretendió alejar a jueces y fiscales de tal designación político partidaria, incorporando para ello a representantes de universidades y colegios profesionales. De esta manera, con la Carta de 1993 migramos de un modelo político partidario a un modelo de participación de sociedad civil, con la esperanza que eso alejaría la corrupción. Dos décadas después de la entrada en funcionamiento de este modelo, sin duda el balance es negativo pues no sólo no ha alejado la corrupción de los procesos de selección y nombramiento, ratificación y destitución de magistrados, sino que tampoco ha contribuido a legitimar un sistema de justicia.

Sin embargo, el balance negativo que el Gobierno de PPK comparte en torno al actual diseño constitucional del CNM, no debe llevarlo a incurrir en el error de retornar al diseño constitucional previo a la Carta de 1993, que durante más de siglo y medio de vida republicana tampoco aseguró ni independencia judicial ni legitimidad ciudadana del sistema de justicia.

Al respecto, un informe que elaboró una comisión de profesores de la Facultad de Derecho de la PUCP el año 2014,[1] sostuvo que las críticas del actual modelo constitucional de CNM no debería llevarnos a retornar al modelo anterior consagrado en la Carta de 1979: “De acuerdo a la información recogida y discutida por esta Comisión, es claro que el actual diseño constitucional del CNM –pese a sus falencias- sigue siendo mejor que el sistema político anterior que contemplaba la Carta de 1979. Sin embargo, el principal problema del actual modelo son sus propios consejeros que –salvo honrosas excepciones- no han estado a la altura de las tan importantes funciones que la Carta de 1993 les ha encomendado.”[2]

Ante la impostergable necesidad de reforma del actual CNM –que compartimos-, esta Comisión de profesores concluyó que había dos caminos de reforma constitucional:[3]

• Mantener el actual diseño constitucional previsto en la Carta de 1993 pero estableciendo requisitos más exigentes para llegar a ser consejero o consejera del CNM: exigir “trayectoria democrática” a los candidatos, como lo hace el artículo 12º de la Ley Orgánica del TC para el caso de los magistrados del TC; que los grados académicos sólo sean de universidades acreditadas por la SUNEDU; que la producción académica cuente con registro ISBN o ISSN o haya sido publicada en revistas indizadas o arbitradas; que los representantes de universidades sean elegidos sólo por los Decanos de Facultades de Derecho con una antigüedad no menor de 30 años y debidamente acreditadas por la SUNEDU; entre otros.
• Reformar constitucionalmente la forma de elección de los consejeros del CNM. En ese marco, evaluar la conveniencia –o no- de la intervención del Parlamento, pero no como en el pasado sino en forma indirecta y con la recomendación de reinstaurar el Senado en nuestro país.[4] En ningún caso, esta comisión de profesores universitarios previó la posibilidad de designación directa de consejeros(as) del CNM por parte del poder político, esto es, del Presidente de la República y del Congreso de la República, sino a partir de ternas de candidatos(as) presentadas por los Colegios profesionales, como una fórmula novedosa que combinaría la rendición de cuentas de los candidatos(as) elegidos y la partición de la sociedad civil. Asimismo, plantearon mantener a los representantes de universidades públicas y privadas, ante la mejor supervisión de la calidad de las mismas que ahora ejerce la SUNEDU.

Además, en ninguno de estos dos escenarios de reforma constitucional y legislativa, se plantea la reducción del número de consejeros(as) de siete (07) a cinco (05) como propone el proyecto de ley del Ejecutivo, sino que, muy por el contrario, proponen mantener e inclusive incrementar de siete (07) a nueve (09), debido a la gran carga de trabajo que supone la selección y nombramiento y la evaluación y ratificación –cada siete (07) años- de miles de jueces y fiscales a nivel nacional.

Como se puede apreciar de este documento elaborado por un grupo de académicos de la PUCP y que se suma a otras que en su momento formularon la Ceriajus, la propia Comisión de Justicia del Parlamento, organizaciones de sociedad civil como IDL y Transparencia, entre otras, hay muchos aspectos a tomar en cuenta en torno a la reforma constitucional y legislativa del CNM y que el reciente proyecto del Poder Ejecutivo parece no tomar en consideración. Inclusive, da la impresión de haber sido elaborado con cierto apresuramiento, pues en la página 6 de la Exposición de Motivos se hace una cita literal para –supuestamente- sustentar la intervención del Ejecutivo y del Legislativo en la designación de consejeros(as), cuando dicho texto en realidad fundamenta lo contrario: la conveniencia de la participación de la sociedad civil.[v]

Confiamos que este Proyecto de Ley puesto sobre la mesa por el Poder Ejecutivo, aunque algo tarde, contribuya a alimentar un impostergable debate público sobre el futuro del CNM que, en gran medida, es el futuro de la justicia en nuestro país. En ese marco, también sería conveniente considerar la posibilidad de solicitar el apoyo de la comunidad internacional para una evaluación objetiva -pero a fondo- de la actuación del actual CNM y de las posibles alternativas de solución y regulación constitucional, tomando en cuenta diversas experiencias de derecho comparado en América Latina.

[1] Comisión de profesores para impulsar el debate sobre la reforma de la justicia en el Perú, Selección, nombramiento, evaluación, ratificación y destitución de jueces y fiscales por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Breve balance y algunas propuestas. Lima: Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2014.

[2] Comisión de profesores para impulsar el debate sobre la reforma de la justicia en el Perú, ob. cit., p. 29.

[3] Comisión de profesores para impulsar el debate sobre la reforma de la justicia en el Perú, ob. cit., p. 30-32.

[4] “Siendo plenamente conscientes de la crisis de legitimidad de los partidos políticos y del Parlamento en el Perú, esta propuesta de reforma constitucional también debería ir acompañada del restablecimiento en nuestro país del Senado en el Congreso de la República, al que se le encargue precisamente este tipo de funciones constitucionales. El dilatado entrampamiento parlamentario para la elección del defensor del pueblo, los magistrados del Tribunal Constitucional y los miembros del directorio del Banco Central de Reserva muestran las limitaciones de un Congreso unicameral -como el actual- para asumir esta función.” (Comisión de profesores para impulsar el debate sobre la reforma de la justicia en el Perú, ob. cit., p. 32).

[v] “La participación de los distintos sectores en la integración del consejo es, en nuestra opinión, una decisión acertada. Por un lado, incluir a los jueces coadyuva a su independencia, a la par que establecer la participación de otros sectores aparece como necesario para evitar que los Consejos se encuentren aislados de otras instituciones y propensos a inclinaciones y expectativas meramente corporativas. En ese contexto, no deberá descartarse de ningún modo la inclusión de representantes directos de la sociedad, pues aportarían una nueva perspectiva al Consejo…” (Proyecto de Ley Nº 1720/2017-PE, p. 6).

Por David Lovatón Palacios, consultor de DPLF.
Fuente DPLF: https://dplfblog.com/2017/08/01/reforma-constitucional-del-cnm-en-el-peru-escuchen-a-la-academia/