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16 feb 2021

Tribunal Penal Internacional determinó que forzar el matrimonio y el embarazo también son considerados crímenes de guerra

El Tribunal Penal Internacional (TPI) calificó por primera vez el matrimonio forzado y posterior embarazo como un crimen contra la humanidad en la sentencia condenatoria contra uno de los comandantes detrás de estas prácticas, cometidas durante el conflicto en el país africano, Dominic Ongwen.

Respecto de los hechos, consta que mujeres y niñas fueron raptadas y obligadas a casarse con milicianos rebeldes en Uganda durante años. Ellas eran regaladas como esclavas sexuales y sus hijos eran entrenados para la guerra, antiguo niño soldado e integrante de la organización extremista cristiana Ejército de Resistencia del Señor, que pretende imponer un régimen teocrático. ”El matrimonio es un estado que se adquiere de forma voluntaria y que tiene efectos sociales, religiosos y personales que afectan a la intimidad de la persona. Si la víctima se ve atada de forma ilegítima, ello deriva en estigma social y en la pérdida de su dignidad”, concluyó el tribunal, que también ha condenado a Ongwen por secuestro, tortura y asesinato, incluso de bebés.

Enseguida, la sentencia se inspiró en una sentencia anterior del Tribunal Especial para la Antigua Yugoslavia, muestra el cambio operado en el abordaje y persecución de unos hechos vistos durante años como una consecuencia inevitable de la guerra y los conflictos armados. El camino recorrido por la justicia internacional hasta condenarlos como una violación de los derechos humanos ha sido largo, y el punto de inflexión lo marcaron a partir de los años noventa justamente dos tribunales penales creados ad hoc: el que persiguió el genocidio de Ruanda y el de la Antigua Yugoslavia (TPIY). El segundo juzgó a los principales responsables de las atrocidades perpetradas en la guerra de los Balcanes, y en 2001, dictó la primera sentencia de un tribunal internacional en Europa por violación como crimen contra la humanidad.

Luego, el Tribunal internacional da cuenta de que, debido a la evolución de la jurisprudencia en este campo, la violación y las agresiones sexuales también pueden constituir hoy genocidio y tortura, y ser un elemento de la esclavitud sexual o la prostitución forzada. Además, desde 2014, la Fiscalía del TPI ha incorporado a su labor la perspectiva y el análisis de género, para que se aborde el efecto de estos delitos sobre las víctimas, sus familias y comunidades.

Es cierto que, en la historia reciente, la violación apareció en 1919, junto con la prostitución forzada, en la comisión creada tras la Primera Guerra Mundial por los países aliados contra Alemania para investigar crímenes de guerra. Sin embargo, “en interés de la política diplomática de Europa, nadie fue enjuiciado”, a pesar de la documentación sobre violaciones masivas de mujeres en Bélgica y Francia por soldados alemanes, según ha escrito la costarricense Elizabeth Odio Benito, que fue jueza del TPIY y del Tribunal Penal Internacional, y preside hoy la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

A continuación, Dorine Llanta, encargada de los programas de Justicia Internacional de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), sostiene que a la evolución de la sociedad se suma otro factor más cercano en el tiempo. En la guerra de la Antigua Yugoslavia la violencia sexual fue generalizada y atroz, ”y como los Balcanes están junto al mundo occidental, donde se toman las decisiones políticas de repercusión internacional, contemplar ese tipo de agresiones tan de cerca ha contribuido a que ya no se vea como algo tan normal en una guerra”.

Posteriormente, la experta reconoce la importancia del fallo en el caso de Dominic Ongwen, aunque lamenta la oportunidad perdida de incluir las agresiones sexuales padecidas por los hombres en este mismo caso. “Muy pocas víctimas cuentan su historia, y de ahí las dificultades de la Fiscalía para obtener pruebas que puedan confirmar luego los cargos. Como en otros lugares, en Uganda este tipo de violencia está estigmatizada, y es preciso dar voz a los pocos que están dispuestos a hablar”, sostiene Llanta.


Finalmente, para Llanta, lo esencial ahora es actualizar y avanzar en la práctica de la política sobre crímenes sexuales y por motivos de género detallada en 2014 por la gambiana Fatou Bensouda, la actual fiscal. “Es uno de los mayores logros de su mandato y esperamos que sea mantenido como una prioridad por su sustituto: falta gente capacitada para abordar a las víctimas, y los juicios se prolongan años”. El TPI reconoce la brutalidad de la infancia de Ongwen, y no se descarta que la tengan en cuenta a la hora de imponer la pena, todavía por determinar, pero Schabas cree que el eco de su proceso traspasará igualmente las fronteras de Uganda. “Aunque la violación es delito allí y en otros lugares, que la justicia internacional castigue al matrimonio y embarazo forzados es muy importante”. Para que el eco persista, Llanta tiene un ideal: un tratado internacional contra la violencia sexual, reconocido por la ONU.

Fuente Diario Constitucional de Chile
Noticia sobre la sentencia contra Dominic Ongwen y la sentencia.

4 feb 2021

El País: La CPI declara culpable a ex niño soldado y ex comandante de un grupo rebelde de Uganda, condenado por crímenes de guerra

La Corte Penal Internacional (CPI) condenó este 4 de febrero a Dominic Ongwen, general del Ejército de Resistencia del Señor (LRA, por sus siglas en inglés), por crímenes de guerra cometidos en Uganda, convirtiéndose en el primer miembro del grupo en ser sentenciado por la Justicia internacional (RFI).

La Corte Penal Internacional (CPI) concluye que Dominic Ongwen, del Ejército de Resistencia del Señor de Joseph Kony, cometió secuestros, torturas, violaciones y asesinatos, incluidos bebés (El País).

El antiguo niño soldado ugandés y excomandante de la organización extremista cristiana Ejército de Resistencia del Señor, Dominic Ongwen, ha sido hallado culpable de 61 crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos entre 2002 y 2005 en campos de desplazados de Uganda. El fallo, difundido este jueves por la Corte Penal Internacional (CPI) tras cinco años de juicio, considera probado que capturó niños para que pelearan, saqueó, torturó y asesinó a civiles, incluidos bebés. Convirtió, además, a las niñas en esclavas sexuales y las forzó al matrimonio y posterior embarazo, cargos estos últimos calificados por primera vez por la Corte de crímenes de guerra y contra la humanidad.

La cuantía de la condena se dará a conocer en unas semanas, según ha indicado la Corte. Ongwen fue secuestrado de pequeño por milicianos de Joseph Kony, líder del Ejército de Resistencia del Señor (LRA, en sus siglas en inglés), que pretende imponer un régimen teocrático en el país, y llegó a lugarteniente. Los jueces no han considerado una eximente la biografía del condenado, un debate que ha sobrevolado el caso. Al contrario, subrayan que es responsable de unos delitos perpetrados en la mayoría de edad y en pleno uso de sus facultades mentales.

Según el fallo, Ongwen era apreciado por sus subordinados y sus jefes alababan su trabajo. “No era un pelele [de Joseph Kony], sino que tomaba la iniciativa e incluso discutía las órdenes recibidas. Tuvo la posibilidad de abandonar el LRA, como hicieron otros de sus camaradas. En su lugar, ascendió en la milicia y delinquió también en la intimidad. No hay eximente y es responsable de sus actos”, ha dicho Bertram Schmitt, presidente de la sala. La sentencia hace hincapié en los informes de los psicólogos que le han examinado, y que no observaron desorden alguno, así como en las declaraciones de testigos, en particular las mujeres que fueron esclavizadas.

Una vez consumado el rapto en serie de civiles en distintos campos de desplazados abiertos en Uganda, Ongwen “forzó a varias mujeres a convertirse en sus esposas y sirvientas y le dijo al resto que los menores serían entrenados como niños soldado”. Las niñas eran regaladas como esclavas sexuales a los milicianos, y si no cumplían con sus deberes eran apaleadas; a veces hasta la muerte, explica el fallo. Debido a ello, la Corte ha añadido el delito de matrimonio y embarazo a la fuerza como crímenes de guerra y contra la humanidad: “El matrimonio es un estado que se adquiere de forma voluntaria y que tiene efectos sociales, religiosos y personales que afectan a la intimidad de la persona. Si la víctima se ve atada de forma ilegítima, ello deriva en estigma social y en la pérdida de su dignidad”.

El terror de las niñas obligadas a tener relaciones sexuales con sus captores ha resonado en la sala. Las que se negaban o cometían errores al servir a sus dueños, podían morir a golpes o ser obligadas a matar a palos a otras. En su testimonio, una de esas víctimas dijo: “No quería yacer con un hombre mayor y de esta forma. Tenía miedo a negarme a ser su esposa a la fuerza, pero ante una muerte segura ¿qué elegiría usted?”. Ongwen tuvo varios hijos con siete de ellas en estas condiciones.

Es también la primera vez que la Corte juzga un caso relacionado con los crímenes perpetrados por el Ejército de Resistencia del Señor ugandés, y Ongwen ha sido condenado en su calidad de comandante de la brigada Sinia, una de las cuatro que componían la milicia. Perpetró o bien ordenó los crímenes, y el relato de los ataques contra campos de civiles desplazados de sus hogares por culpa de los choques entre el Ejército y los rebeldes de Joseph Kony, resumían en cierto modo su propio pasado.

Ongwen vio de pequeño los horrores que luego ordenó: secuestros de niños y la muerte a tiros y machetazos de los mayores; el terror de las marchas forzadas hasta los campamentos del LRA en las que los bebés eran arrancados de los brazos de sus madres y abandonados en el bosque porque molestaban con su llanto; los débiles golpeados hasta la muerte; el saqueo y la destrucción. Todo ello se ha oído en la sala de vistas, mientras Ongwen escuchaba con la mascarilla puesta, debido a las medidas de seguridad impuestas por la pandemia. La sentencia no solo ha descrito hechos atroces, sino que los nombres de las víctimas han sido leídos en voz alta porque, según ha dicho el juez Schmitt, “tienen derecho a que no se olvide su sufrimiento”.

La familia de Ongwen ha relatado que fue secuestrado en 1990 a los 10 años por los rebeldes de Kony cuando iba al colegio, según recoge Human Rights Watch. Los métodos de entrenamiento de los niños soldado incluyen infundirles terror y obligarles a matar a adultos, y a otros menores en su misma situación que hayan desobedecido e intenten huir. La CPI considera un crimen de guerra el reclutamiento forzoso de menores y él ha sido el único ex niño soldado juzgado hasta la fecha por sus jueces. Como en el resto de sus casos, la Corte ha permitido la participación de las víctimas para que expresen su opinión al margen de los testigos. Es una característica única en la justicia internacional, y esta vez se ha recogido y reconocido la intervención de 4.000 personas, que ante la incapacidad de desplazarse a la Corte, han sido representadas a través de siete testimonios.

Según ha explicado el propio Ongwen durante el juicio, desertó en 2015 del LRA cuando se encontraba en la República Centroafricana, y fue custodiado en la base militar estadounidense de Obbo, al sureste del país, hasta que las autoridades le entregaron a la Corte. Desde 2005, pesaba sobre él una orden internacional de arresto, y el Gobierno de Uganda, que es miembro de la Corte, pidió a su fiscalía que se ocupe del caso. En la misma situación estaban otros tres comandantes del LRA, a los que se le da por muertos, y el propio Joseph Kony, que ha huido. La Corte carece de policía y depende de la comunidad internacional para arrestar a los sospechosos, una cooperación no siempre adecuada.

El LRA es una de las milicias rebeldes más violentas de África, y Joseph Kony es una especie de jefe espiritual que pretende derribar al presidente Yoweri Museveni, en el poder desde 1986. Una vez en su puesto, sus planes consisten en regir el país de acuerdo con los 10 mandamientos. Entre 2010 y 2017, Estados Unidos llevó a cabo una operación destinada a erradicar al grupo o arrestar a sus miembros, que concluyó debido a su coste y porque el LRA perdió fuerza. Según Human Rights Watch, Kony se encuentra en Kafia Kingi, una zona en la frontera entre Sudán y Sudán del Sur.

CPI Veredict Ongwen Uganda by CPI  on Scribd

Escribe: Isabel Ferrer

Fuente El País.

18 dic 2018

ICTJ: Una introducción al papel de los tribunales nacionales y de la CPI en el enjuiciamiento de crímenes internacionales


Manual de Complementariedad. Una introducción al papel de los tribunales nacionales y de la Corte Penal Internacional (CPI) en el enjuiciamiento de crímenes internacionales, del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ).
Elaborado por Paul Seils, experto en derecho penal internacional.

Este manual busca explicar los principales aspectos del derecho y de la práctica relacionados con la complementariedad a quienes no son especialistas jurídicos. Está dirigido a organizaciones de la sociedad civil que no son especialistas en la CPI  ni en derecho penal, a representantes de las víctimas, estudiantes, periodistas, líderes de opinión y otras personas que están interesadas en que se haga justicia por los delitos graves y quieren entender los puntos jurídicos básicos, así como las cuestiones contextuales más amplias relacionadas con la complementariedad.



Fuente ICTJ:  https://www.ictj.org/es

19 sept 2018

El País: La Corte Penal Internacional abre la vía a una investigación de los crímenes contra los rohinyá


La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, ha decidido esta semana examinar las denuncias de crímenes cometidos contra la minoría musulmana de los rohinyás, en particular su deportación a Bangladés desde Myanmar, que los discrimina sistemáticamente y que lanzó en 2017 una ofensiva militar que ha llevado a la huida de centenares de miles de personas.

Myanmar no es un Estado miembro del Estatuto de Roma, texto fundacional de la CPI (sólo los Estados parte del Estatuto de Roma son parte de la CPI), pero Bangladés sí, por lo que los jueces han autorizado la primera fase de lo que puede convertirse en un caso judicial en toda regla. Naciones Unidas presentó a finales de agosto un informe donde calificaba de "intento de genocidio" la persecución de la minoría musulmana, e instó a que el crimen fuera investigado, y juzgado, por un tribunal internacional.

En un comunicado hecho público este miércoles, Fatou Bensouda, fiscal jefe de la Corte (CPI), señala que analizará también "otros posibles delitos, incluidos en el artículo 7 del Estatuto". Dicho texto legal está dedicado, entre otros, a la persecución y otros actos inhumanos. "El examen preliminar que me propongo hacer contempla la privación de derechos fundamentales, asesinato, violencia sexual, desaparición forzada, destrucción y saqueo", dice la jurista. Luego explica que el caso no se ha abierto aún: "Porque no estoy investigando, sino estudiando la información (recibida desde 2017) para saber si puedo seguir adelante". Sin embargo, sin este paso previo de la CPI, el caso de los rohinyás no podría avanzar en el marco de la justicia internacional. Cerca de 700.000 personas huyeron a Myanmar, país de mayoría budista, a partir del 2017, perseguidas por el régimen militar de la antigua Birmania, según Naciones Unidas.   





El pasado 9 de agosto, el gobierno de Myanmar rechazó la competencia de la Corte sobre las supuestas deportaciones de civiles. La oficina de Aung San Suu Kyi, que lidera la Consejería de Estado y los ministerios de Exteriores, Energía y Educación, indicó que el país no es miembro de la CPI, "Que parece dispuesta intentar de forma indirecta el ejercicio de una jurisdicción que no tiene". El 28 de agosto, las Naciones Unidas hizo público el informe donde señalaba "El intento genocida de la cúpula militar de Myanmar", al perseguir a los rohinyás en el Estado de Rajine (al oeste del país). La Corte Penal es la única instancia permanente para juzgar el genocidio, y los crímenes de guerra y contra la humanidad. De ahí que el informe inste al Consejo de Seguridad de la ONU a actuar en el marco de su competencia, o bien la de un tribunal especial. 



A_HRC_39_64 by Human Rights Council
Escribe Isabel Ferrer.

16 dic 2017

La CPI ordena pago de 10 millones de dólares para niños soldados en el Congo

Vía Radio Francia Internacional (RFI).
Sentencia histórica de la Corte Penal Internacional (CPI) de la Haya al ordenar indemnizaciones por un total de 10 millones de dólares a congoleños que fueron enrolados como niños soldados a principios de los años 2000.

Corte Penal Internacional (CPI) fijó en 10 millones de dólares la compensación para los niños soldados obligados a luchar en la milicia del ex jefe de guerra, Thomas Lubanga, en la República Democrática del Congo.

Más de 420 es el número de víctimas, directas o indirectas, que serán recompensadas económicamente con 3.400.000 millones de euros. Los fondos restantes han sido atribuidos a víctimas potenciales dado que los jueces afirmaron que podrían ser "cientos e incluso miles" los niños que se vieron obligados a combatir en las filas de la Unión de Patriotas Congoleños, la milicia del ex líder militar congoleño Thomas Lubanga.

Este criminal de guerra fue condenado en 2012 a 14 años de prisión por haber reclutado niños soldados entre 2002 y 2003 en Ituri, en la República Democrática del Congo, país que precisamente podría vivir una grave crisis humanitaria en 2018 debido a los conflictos internos, los desplazamientos de población o la desnutrición infantil.

"Hay daños  que no se pueden calcular. ¿Cómo calcular una juventud perdida? ¿Eso vale un millón? ¿Medio millón, 100.000 euros, 10.000 euros, mil euros?", preguntó en una audiencia el año pasado el representante de las víctimas, Luc Walleyn.

Quince años después de los hechos, estos jóvenes que abandonaron las armas, que les habían obligado a tomar, siguen estigmatizados, tienen ideas de suicidio y viven constantemente en el miedo, habían señalado los expertos.

Muchas de las niñas que, como los niños, fueron forzadas a integrar las milicias, volvieron a casa años más tarde, a veces con un hijo en los brazos, fruto de las violaciones que sufrieron, y se encontraron con el rechazo de su familia o de la comunidad.

La mayoría de ellas quieren, antes que nada, "volver a la escuela", había afirmado James Mehigan Mehigan, abogado de esta oenegé, para "aprender y ganarse de nuevo el respeto de su comunidad".

Pero, para la defensa, el autor de estos reclutamientos, que purga el final de su pena en una cárcel congoleña y tendría que salir en libertad antes del 2020, no tiene que pagar.

Su abogado, Jean-Marie Biju-Duval, había asegurado el año pasado que Lubanga se convertiría en el "chivo expiatorio del fenómeno de los niños soldados en Ituri", que existe desde finales de los años 90.

1 nov 2016

Corte Penal Internacional presenta su informe anual ante la Asamblea General de la ONU

El Presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas, Peter Thomson, instó a los Estados Unidos a recordar el espiritú con que se creó la Corte Penal Internacional y les solicitó no disminuir la determinación de poner fin a la impunidad de los responsables de las atrocidades más graves que ocurren en el planeta.

Thomson hizo el llamamiento durante una reunión del máximo órgano deliberativo de la ONU en la que ese tribunal presentó su informe anual.

"En las casi dos décadas de su fundación, la conciencia de la comunidad internacional continua siendo conmocionada por atrocidades que diariamente se cometen contra inocentes. Debemos reflexionar sobre el papel que la Corte juega en la promoción del imperio de la ley y en la protección de los derechos humanos", dijo Thomsom.

Al presentar el informe anual, la presidenta de la Corte, Silvia Fernández de Gurmedí, abordó el alto volumen de trabajo que esa instancia tuvo durante el último año y los 11 exámenes preliminares realizados por la Fiscalía, que incluyen situaciones entre otros países, en Colombia, Honduras, el Estado de Palestina y Ucrania.

El tribunal fue establecido en Roma hace 18 años con jurisdicción para juzgar los crímenes y atrocidades más graves que conmocionan a la humanidad y que amenazan la paz, la seguridad y el bienestar del mundo.

En los últimos meses, varios países africanos han solicitado retirar su participación en el estatuto de Roma, aduciendo que la mayor parte de las remisiones corresponden a casos originados en África.

Estos países son Burundi, Sudáfrica y Gambia. Una vez hecha la solicitud formal, el retiro se hace efectivo un año después.

Aquí el reporte: United Nations "Report of the International Criminal Court".

4 dic 2015

Colombia: Impunidad en casos de violencia sexual supera el 95%

En la Corte Penal Internacional (CPI) fue radicado un informe que alerta sobre el alto nivel de impunidad en las investigaciones por denuncias de violencia sexual en Colombia en medio del conflicto armado.

Once organizaciones que conforman la mesa de seguimiento a los autos de la Corte Constitucional sobre ese tema presentaron el miércoles el documento en la asamblea de países miembros de la CPI, que se cumple en La Haya. En el documento advierten que, en Colombia, el nivel de impunidad en ese tipo de procesos supera el 95 por ciento.

La abogada Viviana Rodríguez, de la Corporación Sisma Mujer, señaló que el Estado, en cabeza de la Fiscalía, “no está cumpliendo con diligencia su deber de investigar”. Explicó que, desde el 2012, la CPI está siguiendo a Colombia en el tema específico de violencia sexual en el conflicto y que en los cinco informes que han realizado anualmente las ONG nacionales sobre el particular se observan pobres avances en las investigaciones.

El informe hace referencia a los 634 hechos de violencia sexual que han llegado a la Corte Constitucional desde el 2008, de los cuales solo 8 han terminado en condena. El alto tribunal ordenó en los autos 092- 2008 y 009-2015 una serie de medidas para superar la impunidad y acabar con las barreras que impiden el derecho de las víctimas a la justicia; sin embargo, las ONG señalan en su informe que eso no se ha cumplido.

Lo que estamos pidiendo es que se cumplan esas órdenes y que la Fiscalía tenga una estrategia adecuada para investigar ese tipo de casos”, señaló la abogada Rodríguez.

El estudio cita además que en los casos cuyos victimarios son presuntamente integrantes de la Fuerza Pública, se archivó el 47,8 por ciento. Y frente a abusos cometidos por paramilitares o integrantes de las bandas criminales, fue cerrado el 25 por ciento.

“No se han emprendido acciones para investigar estas conductas, para hacer justicia y para rescatar a las víctimas que seguramente siguen siendo prostituidas por actores armados o esclavizadas sexualmente”, es una de las conclusiones del informe.

En el último reporte de la CPI sobre el seguimiento al caso colombiano, el tribunal señaló que el Gobierno dio un paso positivo al aprobar una legislación para crímenes de violencia sexual en el conflicto, pero que hará un seguimiento al cumplimiento de los anuncios. 

Este año, 77 feminicidios: En lo que va corrido del año, 107 mujeres han sido asesinadas en Bogotá, informó ayer la Policía. La cifra hace parte del balance de la violencia contra las mujeres, en el que Medicina Legal indicó que cada mes realiza diez necropcias, las cuales corresponden a cuerpos sin vida de mujeres.

La Secretaría de la Mujer indicó que entre el 1.º de enero del 2014 y el 30 de junio del 2015 (en año y medio) identificó 77 episodios que podrían entrar en la categoría de feminicidios: 51 corresponden a asesinatos perpetrados por las parejas o exparejas de las víctimas y 26, a casos de acosadores sexuales conocidos o desconocidos.

La concejala Bastidas afirmó que esas cifras demuestran el poco éxito del Distrito en su política de garantizar una ciudad segura para las mujeres. Estrategia en la que, dice, la Alcaldía invirtió más de 20.000 millones de pesos en los últimos 4 años. Las cifras de Medicina Legal, entre el 1 de enero y el 31 de octubre del 2015, revelan que en 11 casos registrados, el asesino presuntamente fue la pareja o expareja, y en tres casos aparece involucrado un familiar.

1 ago 2014

CPI: Fiscal publica documento histórico sobre Delitos Sexuales y de Género

Pre-Trial Judges conducting a hearing © ICC-CPI / Associated PressFiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, publica documento de política general sobre Delitos Sexuales y de Género

Este documento de política integral será orientar a la Oficina del Fiscal en su labor en la lucha contra la impunidad de los crímenes sexuales y de género, y promover la transparencia y claridad, así como la previsibilidad en la aplicación del marco jurídico del Estatuto de Roma de esos crímenes . A su vez, la política contribuirá a garantizar no sólo la efectiva investigación y persecución de los delitos sexuales y de género, sino también para mejorar el acceso a la justicia para las víctimas de estos delitos, a través de la Corte Penal Internacional. Los delitos sexuales y de género se encuentran entre las más graves en virtud del Estatuto de Roma y la investigación y la persecución de estos crímenes es una prioridad clave para la Oficina.

El documento de política fue promulgada después de un proceso de amplias consultas, reuniendo el aporte de personal de la Oficina, Asesora de Género Especial de la Fiscalía, así como una amplia gama de otras fuentes, incluyendo los Estados Partes, las organizaciones internacionales, la sociedad civil, la academia y el individuo expertos.

"Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar. Se espera que la política también servirá como una guía para las autoridades nacionales en el ejercicio de su jurisdicción primaria para juzgar a los responsables de estos crímenes. Unidas en nuestros esfuerzos, podemos acabar con el silencio que ha rodeado a los delitos sexuales y de género durante demasiado tiempo y dar a las víctimas la última herramienta en en la lucha contra este tipo de delitos: una voz respaldada por la fuerza de la ley ", dijo el fiscal Bensouda.



29 nov 2013

FIDH denuncia que la justicia esta en riesgo: Estados parte del Estatuto de Roma ceden ante la presión política

La Federación Internacional para los Derechos Humanos - FIDH, hace un llamado a los Estados parte del Estatuo de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) a reafirmar su compromiso en la lucha contra la impunidad.
Justicia en riesgo: Los Estados Partes del Estatuto de la CPI ceden ante la presión políticaLa Asamblea de los Estados parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) celebró su 12ava sesión anual, aprobando cambios que modifican las Reglas de Procedimiento y de Prueba de la CPI, al permitir al acusado estar ausente del juicio cuando se trate de un oficial de alto rango estatal acusado de la comisión de crímenes internacionales frente a la CPI; y permiten su participación en el juicio mediante el uso de video tecnología. Los Estados cedieron a la presión política y con ello ponen en riesgo la integridad del Estatuto de Roma y desatienden los interéses y preocupaciones de las víctimas de estos crímenes.

La FIDH señala que: "Estas decisiones dañan la independencia de la Corte y podrían poner a los jueces de la CPI en una posición difícil, en donde podría ser inaplicables las reglas por ser inconsistentes con el Estatuto de Roma".

Corte Penal Internacional (CPI) -  La FIDH urge a los Estados Partes de la CPI a reafirmar su compromiso de luchar contra la impunidad"Es lamentable constatar cómo los Estados parte han favorecido un compromiso político sobre los interéses y derechos de las víctimas, cuando estos mismos Estados han expresado su apoyo a las víctimas días atrás durante la Sesión plenaria de la AEP dedicada a las víctimas".


 Para mauor información, vea documento de REDRESS y otras ONG's sobre "Los derechos de las víctimas ante la Corte Penal Internacional"





Fuente FIDH - International Federation for Human Rights:  http://fidh.org
Fuente REDRESS

15 mar 2012

Corte Penal Internacional emite Primera Sentencia sobre la prohibición de reclutar niños

Una sentencia histórica y necesaria! La Corte Penal Internacional (CPI), en La Haya, emitió la primera sentencia en su historia de vigencia durante estos 10 años, en contra de Thomas Lubanga Dyilo, jefe de un movimiento reberde en la República Democrática del Congo, la Unión de Patriotas Congoleños que creó en el 2002. Thomas Lubanga fue detenido el 19 de marzo de 2005, encarcelado en la prisión de Makala, en Kinshasa y trasladado a la CPI de La Haya. El 29 de agosto de 2006, fue acusado de crímenes de guerra por reclutar niños soldados para su ejército. Y el 14 de marzo del 2012, de acuerdo al artículo 74 (2) del Estatuto de Roma de la CPI, se encontró a Thomas Lubanga "culpable de los crímenes de reclutamiento y alistamiento ilegal de niños menores de 15 años y su utilización por las Fuerzas de Liberación del Congo (FPLC), para participar en el conflicto armado que estalló en la República Democrática del Congo".

Según informó las Naciones Unidas (ONU), más de 300 mil niños y niñas son reclutados por distintos grupos armados para ser usados en al menos 15 conflictos armados alrededor del mundo. Los niños y  las niñas son usados como soldados, además, las niñas son usadas como esclavas sexuales y para la realización de labores doméstica. Estos crímenes  contra la humanidad deben acabar!
(Ver sentencia en inglés)

Lubanga Case