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25 oct 2019

ICTJ: guía para entrevistar a niñas y jóvenes en iniciativas de búsqueda de la verdad y documentación


El propósito de este protocolo es contribuir al desarrollo de respuestas eficaces ante las violaciones de los derechos humanos cometidas contra las niñas en el contexto de conflictos armados y regímenes autoritarios; sin embargo, las técnicas y directrices aquí contenidas no son nuevas. Esta herramienta ha sido desarrollada con base en décadas de investigación y reflexión por parte de trabajadores sociales, profesionales de la salud mental y defensores de la protección infantil que trabajan para abordar el maltrato de las niñas a nivel individual, familiar y comunitario.

El principio básico en la creación de este documento es un enfoque centrado en las niñas. Se da prioridad al bienestar de la niña por encima de todas las demás consideraciones, incluyendo, entre otros factores, la exactitud y la integridad de la información recopilada. Si bien a veces puede existir tensión entre aquello que es mejor para la niña y los objetivos del órgano de búsqueda de la verdad, en general, varios estudios han revelado que los principios que dan prioridad al bienestar de la niña por encima de otras preocupaciones son compatibles con los principios que priorizan la recolección de datos. Por ejemplo, las preguntas abiertas tienen el doble propósito de crear un ambiente cómodo para la niña y aumentar la precisión de la información que ella suministre. De igual manera, invertir tiempo en construir confianza y una buena relación entre la niña y la persona que recibe el testimonio al iniciarse la entrevista puede reducir el estrés de la niña al hablar de experiencias y eventos personales traumáticos, al tiempo que la familiariza con el enfoque que utilizará el entrevistador para ayudarle recuperar sus recuerdos, facilitando así la recopilación de declaraciones más completas.

Una diferencia importante entre este protocolo y las buenas prácticas establecidas para las entrevistas forenses de niñas es la exclusión de la “inducción a la verdad.” Si bien la versión original de este protocolo incluía la obtención de la promesa de la niña de decir la verdad, este elemento ha sido eliminado. Esta modificación se hizo en respuesta a la atmósfera de intensa desconfianza que a menudo se presenta en sociedades que enfrentan legados de violaciones masivas de los derechos humanos, incluyendo la proliferación de acusaciones y negaciones de violaciones de derechos humanos. Los órganos de búsqueda de la verdad tienen la responsabilidad de desarrollar amplias investigaciones (que incluyan la recolección de pruebas físicas, documentos electrónicos y en papel, archivos de los medios de comunicación, otras fuentes y entrevistas tanto de niñas como de personas adultas), en las que la narrativa de las niñas es solo uno de los componentes. Por lo tanto, en esas iniciativas, la narrativa de las niñas no necesita tener valor autónomo, como sucede con frecuencia en los casos de la justicia penal. Así, no es necesario arriesgarse a alienar a una niña con la inferencia de que podría estar dispuesta a mentir durante la entrevista. En cambio, es mejor darle prevalencia a construir una relación de confianza entre la niña y la persona que recibe el testimonio.

Al ser una guía general para interactuar con niñas, este protocolo no puede prever todas las consideraciones específicas para todas las culturas y contextos que deberán tenerse en cuenta. El protocolo y todos los demás procedimientos para incorporar la participación de las niñas en iniciativas de búsqueda de la verdad deben ser adaptados al contexto local para asegurar su idoneidad y utilidad. Las adaptaciones pueden incluir: la expansión de la sección donde se construye confianza y establece el vínculo, con el fin de permitir más tiempo para cultivar y establecer la relación en contextos donde existe una fuerte atmósfera de desconfianza entre las instituciones y los miembros de grupos marginados; la modificación en el protocolo del uso de sugerencias (“Cuéntame sobre ...”) a preguntas (“¿Puedes contarme sobre ...? “) según las normas de conversación y las concepciones culturales de cortesía; la modificación de la estructura de los procedimientos de consentimiento informado para que se adapte a diferentes niveles de alfabetización entre las poblaciones adultas, y cualquier otro cambio que refuerce la idoneidad del protocolo para el contexto y al mismo tiempo conserve los principios de protección infantil.

Cuando se utilice este protocolo, puede ser útil consultar las fuentes documentales clave sobre las que está basado. Por esta razón, la bibliografía indica recursos adicionales que alimentaron el diseño de esta herramienta. Para obtener más orientación sobre la implementación o adaptación de este protocolo, comuníquese con el Programa de Niños y Jóvenes del ICTJ a través del correo electrónico: info@ictj.org

Fuente Centro Internacional para la Justicia Transicional - ICTJ: https://www.ictj.org/sites/default/files/Statement_Protocol_Sp_2018.pdf

24 oct 2019

ICTJ: Panorama comparativo de las políticas que guían las decisiones de enjuiciamiento

Decidir si se debe procesar o no es el paso más importante en el proceso de enjuiciamiento.  Los fiscales deben tomar esas decisiones con coherencia. Las políticas o directrices de la fiscalía proporcionan puntos de referencia para la toma de decisiones y sirven de escudo a los fiscales frente a influencias, presiones o interferencias indebidas. Los fiscales que se ocupan de casos delicados deben hacerlo aplicando criterios vinculantes, objetivos, justos y conocidos públicamente. En última instancia, las directrices de la fiscalía ayudan a garantizar que los fiscales adopten un enfoque uniforme, es decir, que eliminen la arbitrariedad.

Las políticas que proporcionan pruebas sensatas y factores de interés público facilitarán la priorización de los casos más meritorios para el enjuiciamiento que probablemente sirvan a objetivos sociales más elevados. Sin embargo, incluso con tales políticas, se necesita valor y dedicación a la justicia por parte de los fiscales.

El informe se divide en dos partes, a saber, las decisiones de enjuiciar en tiempos "ordinarios" y en el contexto de las transiciones posteriores a los conflictos. En la primera parte se ofrece un panorama general de los factores que influyen en las decisiones de enjuiciar sobre la base de las normas internacionales y las políticas nacionales de enjuiciamiento en ocho países de tradición jurídica anglosajona. Esta parte del informe tiene por objeto ayudar a los órganos nacionales de enjuiciamiento a elaborar o fortalecer sus propias políticas o directrices.

En la segunda parte se exponen estrategias para orientar la discrecionalidad de los fiscales en las sociedades que salen de un conflicto violento, en particular las que tratan de abordar los legados de las atrocidades en masa. Tales enjuiciamientos ocurren invariablemente en circunstancias políticas intensas y cuando los sistemas de justicia penal son débiles o están incapacitados. En esta parte se ofrecen ejemplos de intentos de enjuiciamiento en esos contextos y se proponen estrategias para hacer frente a la injerencia política. También se examinan los delitos y los autores que deben ser enjuiciados.

La aplicación justa y creíble de políticas de enjuiciamiento puede proporcionar una medida de protección a los fiscales que deben tomar decisiones difíciles en contextos tensos y políticamente difíciles. En el presente informe se insta a que se adopten políticas y estrategias que ayuden a los fiscales a desempeñar sus onerosas funciones de manera justa.

Fuente International Centre for Transitional Justice - ICTJ: https://www.ictj.org/publication/guiding-and-protecting-prosecutors-comparative-overview-policies-guiding-decisions

19 dic 2018

ICTJ: Comprender el impacto de los ataques en las escuelas en Siria

"No pensamos que nos afectaría", comprender el impacto de los ataques en las escuelas de Siria, informe del Centro Internacional para la Justicia Transicional - ICTJ.

Recomendaciones: 
1. Detener los ataques y respetar las normas internacionales,
2. Todos los países que son signatarios de los Convenios de Ginebra deben ser obligados a promulgar leyes nacionales y políticas militares que prohíban los ataques a escuelas que muestren el emblema distintivo de la escuela;
3. El Consejo de Seguridad de la ONU debe actuar de inmediato en respuesta a los ataques contra escuelas, incluso remitiendo la situación en Siria al fiscal de la Corte Penal Internacional para su investigación;
4. Restaurando el sistema educativo: Inmediatamente, comience a reconstruir y reparar las escuelas y el sistema educativo de Siria en todo el país;
5. Reconocimiento y Acciones Reparadoras.

18 dic 2018

ICTJ: Una introducción al papel de los tribunales nacionales y de la CPI en el enjuiciamiento de crímenes internacionales


Manual de Complementariedad. Una introducción al papel de los tribunales nacionales y de la Corte Penal Internacional (CPI) en el enjuiciamiento de crímenes internacionales, del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ).
Elaborado por Paul Seils, experto en derecho penal internacional.

Este manual busca explicar los principales aspectos del derecho y de la práctica relacionados con la complementariedad a quienes no son especialistas jurídicos. Está dirigido a organizaciones de la sociedad civil que no son especialistas en la CPI  ni en derecho penal, a representantes de las víctimas, estudiantes, periodistas, líderes de opinión y otras personas que están interesadas en que se haga justicia por los delitos graves y quieren entender los puntos jurídicos básicos, así como las cuestiones contextuales más amplias relacionadas con la complementariedad.



Fuente ICTJ:  https://www.ictj.org/es

5 nov 2014

ICTJ: Reparación integradora para niños, niñas y jóvenes víctimas de reclutamiento ilícito en Colombia

A lo largo del conflicto armado en Colombia, decenas de miles de niños y niñas han sido reclutados ilegalmente por los grupos armados, lo que genera una vulneración múltiple de sus derechos fundamentales y tiene como consecuencia graves afectaciones físicas, emocionales, psicológicas y sociales.

En el informe titulado Reparación integradora para niños, niñas y jóvenes víctimas de reclutamiento ilícito en Colombia, el ICTJ presenta una nueva perspectiva para guiar la reparación y reintegración de los niños, niñas y jóvenes victimas de reclutamiento ilícito, así como un análisis de los programas implementados hasta ahora por parte de las instituciones colombianas para la reinserción y reparación de menores desvinculados de grupos armados.

“Es necesario repensar cómo se percibe, desde la institucionalidad, al niño y niña excombatiente”, explica Virginie Ladisch, directora del programa para la Infancia y la Juventud del ICTJ. “En lugar de reducir el análisis a lecturas dicotómicas que lleven a entenderlos como víctimas pasivas o como victimarios, debemos verlos como ciudadanos en formación, con derechos y responsabilidades”.

Para la elaboración de este informe se realizaron grupos focales y entrevistas en profundidad con 40 jóvenes desvinculados de grupos armados provenientes de diversas regiones del país. También se entrevistó a funcionarios del Estado, operadores judiciales, defensores de derechos humanos y varios expertos nacionales e internacionales.

El informe demuestra que para conseguir una reintegración social significativa y duradera de los niños y niñas excombatientes es esencial analizar en profundidad las múltiples causas y condiciones que dieron lugar al reclutamiento, su situación durante el período de pertenencia al grupo armado y las alternativas que se les ofrecen luego de la desvinculación.

En las palabras de uno de los jóvenes entrevistados para el informe: “No hay espacios para reflexionar sobre nuestras historias, no hay un proceso de duelo. Se enfocan en cómo prepararnos para encajar en la sociedad, en sus normas, sin entender por qué en algún momento salimos de ella”

Ana María Jiménez, coautora del informe, subraya la necesidad de entender la capacidad de agencia de los jóvenes, de tomar decisiones por sí mismos, y para ello se apoya en las reflexiones de una de las participantes desvinculada: “Los programas de reintegración tratan a los jóvenes como objetos de compasión, y no como agentes y sujetos de derechos. El niño o la niña es tratado a partir de su pasado: Preguntan por su pasado, pero nunca por sus ideas o aspiraciones.

Una reparación integradora 

El informe defiende la necesidad de apostar por una “reparación integradora”, con planes individualizados que fomenten la construcción de ciudadanía y generen confianza cívica. Estos planes, que necesitan de mayor coordinación y presupuesto, deben enfocarse en cinco áreas principales: construir un proyecto económico que responda a las necesidades e intereses de los jóvenes y que contribuya a fortalecer su capacidad de sentirse agentes de su propia vida; ofrecer programas educativos (dentro de los programas de reintegración y reparación) que fortalezcan las herramientas y potencialidades de las y los jóvenes; brindar atención psicosocial para que aborden las experiencias violentas y su compromiso con la sociedad; incluir medidas que refuercen el enfoque de género y étnico; e incorporar una dimensión comunitaria en el proceso que permita la transformación de las relaciones sociales entre esta población y su entorno.

Como expresó una de las jóvenes desvinculadas a los investigadores: “Muchos de los niños y niñas somos grandes poseedores de experiencia en temas de supervivencia, salud y disciplina del campo por el grupo armado. Esto se desaprovecha. No es apreciada nuestra experiencia acumulada. Nos hacen dejar de lado estas cosas, borrarlas para crear un nuevo futuro negando lo que hemos sido y aprendido. Nos guían para aceptar un perfil que tal vez no es el nuestro, para ser panaderos, zapateros... A algunos les sirve, pero a otros no. No podemos aspirar a una carrera profesional, no podemos aspirar a más”.

Las investigaciones de este informe se han basado en el análisis de los programas de protección de menores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), los programas de reintegración de excombatientes Agencia Colombiana para la Reintegración(ACR) y los programas de reparación de la Unidad para las Víctimas. En sus conclusiones, el informe recomienda que los programas para la reinserción y reparación de niños y niñas excombatientes sean liderados por la Unidad para las Víctimas, de forma que el programa incorpore un enfoque claramente de reparación, en coordinación con un equipo de enlaces dedicados a jóvenes desvinculados, que trabajen en conjunto con la ACR y el ICBF.

7 ago 2014

ICTJ y Fundación Kofi Annan: ¿Pueden las Comisiones de la Verdad Fortalecer los procesos de paz?

El Centro Internacional para la Justicia Transicional - ICTJ y la Fundación Kofi Annan presentan el informe conjunto, "Desafiando lo convencional: ¿Pueden las Comisiones de la Verdad fortalecer los procesos de paz?". El informe analiza los factores comunes acerca de las comisiones de la verdad, creadas raíz del conflicto y los factores que hacen probable que tenga éxito o fracaso.

El informe surge de un simposio de alto nivel organizada por el ICTJ y la Fundación Kofi Annan, en noviembre de 2013, con financiación del Gobierno de Finlandia. Esas discusiones se centraron en lo que parece una paradoja singular. A pesar de aumentar el conocimiento de los complejos desafíos que enfrentan las comisiones de verdad en las situaciones posteriores a los conflictos y la creciente uniformidad de sus mandatos, varios procesos de búsqueda de la verdad recientes han sufrido crisis casi paralizante.


27 jun 2014

Informe especial: La verdad, la justicia y la reconciliación

Análisis de como algunos países del mundo, afectados por la guerra civil o el conflicto armado interno, se han acercado a la justicia.
Soweto Riots
Anti-apartheid protests in Soweto in 1976 in which more than 100 people were killed and more than 1,000 injured. Photograph: Keystone/Getty Images
When Gerry Adams was released without charge last month after questioning over the 1972 killing of Jean McConville, the Sinn Féin president said the case highlighted the need for a victim-led truth and reconciliation process to lay to rest the legacy of the Troubles. Here we examine how other countries that have lived through civil war or internal conflict have approached the issue of transitional justice and reparations, and to what degree they have been successful in underpinning a lasting peace

South Africa

After the feast of liberation came the reckoning. Emerging from decades of racial apartheid, a form of legalised discrimination in which thousands died and millions were marginalised, South Africa's first democratic government set up a truth and reconciliation commission (TRC). Archbishop Desmond Tutu, who chaired it, described it as "an incubation chamber for national healing, reconciliation and forgiveness", and to many around the world it remains the gold standard.
Sitting in the late 1990s, the TRC illuminated horrors committed under white minority rule. Victims gave harrowing testimony of being jailed and tortured, and families described how their loved ones were killed or disappeared. They looked perpetrators in the face as they confessed their crimes, lured by the promise of an amnesty for politically motivated violence. Uniquely, the cathartic hearings were open to the public and broadcast on TV.
"I think it was overwhelmingly successful in what it set out to achieve," said Albie Sachs, a former African National Congress (ANC) activist who lost an arm and eye in a bombing by apartheid agents. "It didn't set out to reconcile everybody in South Africa. That'll only happen when we end up having real equality in, say, work, housing, health and education, and that's taking time.
It had to deal with sources of extreme pain that were being denied, to bring it out into the open. It had to enable people to discover the bodies of members of their families who'd been secretly buried, to get the bones, to give a dignified funeral, to discover the last moments."
The TRC heard confessions from more than 7,000 perpetrators and took about 20,000 statements from victims. It found the ANC's armed struggle was legitimate, but that some acts carried out during that struggle were not. This angered some in the ANC but Sachs, a former constitutional court judge and an architect of South Africa's post-apartheid constitution, said: "It had to involve a degree of acknowledgment by those who'd done terrible things, not only on the side of the regime but also members of the ANC, to which I belonged. We'd done bad things. We had to come clean on that.
"To me, the most important part of the truth commission was not the report, itwas the seeing on television of the tears, the laments, the stories, the acknowledgements. As one political scientist put it, what the truth commission did was convert knowledge into acknowledgment."
Nelson Mandela thanked the TRC for doing a "magnificent job", but acknowledged its imperfections. Some victims felt bitter as they watched self-confessed murderers walk free and did not receive promised compensation. Some believe Mandela and the TRC were too forgiving and that white people continue to reap the rewards of apartheid.
In the Mail & Guardian last month, Tutu lamented how Mandela's successors had left TRC business "scandalously unfinished". He said: "By unfinished business, I refer specifically to the fact that the level of reparation recommended by the commission was not enacted; the proposal of a once-off wealth tax as a mechanism to effect the transfer of resources was ignored, and those who were declined amnesty were not prosecuted.
"Healing is a process. How we deal with the truth after its telling defines the success of the process. And this is where we have fallen tragically short. By choosing not to follow through on the commission's recommendations, government not only compromised the commission's contribution to the process, but the very process itself."
Jesús Muñecas AguilarJesús Muñecas Aguilar, 77, accused of beating Andoni Arrizabalaga in 1969, walked free in April. Photograph: Pierre-Philippe Marcou/AFP

Spain

When Andoni Arrizabalaga's family visited him in the police barracks after his arrest in 1969, he had been so brutally beaten that they could barely recognise him. "That's what happens when you refuse to cooperate," they were told.
The former Civil Guard police officer accused of beating him, Jesús Muñecas Aguilar, 77, walked free from a Madrid court in April. "I never even met the man," Muñecas told the judges. They were not interested, however, in the details of whether he had been a torturer. As far as they were concerned, however, the alleged beating took place 45 years ago and so any offence would have lapsed.
Spanish judges' hands are doubly tied when it comes to investigating the thugs who served General Francisco Franco's rightwing dictatorship. Abuses not covered by the statute of limitation are protected by an amnesty law passed two years after Franco's death. Politicians anxious not to place Spain's fragile new democracy under stress, tacitly agreed to sweep the past under the carpet in what became known as the "pact of forgetting".
The pact began to fall apart a decade ago as campaigners started to search for and dig up mass graves, but the 1977 amnesty law means no official has ever been tried for what the lawyer Carlos Slepoy calls brutal and systematic repression. "What we want to do is prove these tortures were part of a wider plan," he said. That would allow cases to be treated as crimes against humanity which, under international human rights law, could not lapse or be covered by an amnesty. About 350 victims, including leftwing activists and former armed Basque separatists such as Arrizabalaga, have joined forces to try to prove the torture was systematic.
Resistance to investigating the crimes of the Franco era is deeply embedded in Spain's judiciary. Baltasar Garzón, the crusading Spanish magistrate famous for pursuing Latin American human rights abusers, was reprimanded by the supreme court for trying to circumvent the amnesty law to bring a case against senior Francoist officials in 2012. He has since been temporarily expelled from the judiciary in a separate case, and this year the conservative government of Mariano Rajoyforced through a law designed to kill off Spanish investigations into human rights abuses in China, Guantánamo and elsewhere.
Garzón's trailblazing has nevertheless proved key in pursuing Franco's torturers, and the process has been taken up by María Servini de Cubríaan investigating magistrate based 6,200 miles away in Buenos Aires. Muñecas was in court last month because Servini had asked for his extradition. Her request followed a precedent set by Garzón set in the Augusto Pinochet case, which saw the ex-dictator arrested in London and his extradition approved by the law lords before the then home secretary, Jack Straw, used his powers to send him home. That case, and others Garzón pursued, established the right of foreign courts to try human rights cases when domestic courts are stopped from doing so.
Kaing Guek EavA portrait of Kaing Guek Eav is displayed in the among prisoners at Tuol Sleng prison in Phnom Penh, 1999. Photograph: Ou Neakiry/AP
Servini's request to extradite Muñecas was rejected in part because the Spanish judges did not accept that the beatings were part of a systematic plan. "If we can change that, there is a chance cases may even be tried in Spain," said Slepoy. The family of Arrizabalaga and those of hundreds morevictims hope that will be the case. If so, they say, those responsible for Francoist repression may also soon find themselves on trial.

Cambodia

It was heralded as the most important trial since the Nazis were confronted at Nuremberg, an opportunity to ask the men who orchestrated the deaths of nearly 2 million Cambodians a simple question: Why?
The extraordinary chambers of the courts of Cambodia (ECCC) began sitting in 2006 and have so far cost more than $200m, but the tribunal has been plagued with charges of corruption, obstruction and interference; and judges and investigators have resigned. It has produced just one verdict in eight years, convicting Kaing Guek Eav, aka Comrade Duch, of crimes against humanity, and sentencing him to life imprisonment. Kaing oversaw the Tuol Sleng prison where an estimated 15,000 Cambodians were tortured and executed.
During the Khmer Rouge's murderous reign from 1975 to 1979, men, women and children were marched out of their schools and homes all over Cambodia and sent to rural work camps under re-education programmes. Many died of disease and starvation. Others were detained in overcrowded centres, tortured and executed as part of a programme to create a communist agrarian utopia. By the time Vietnam liberated the nation, a quarter of the population had been killed.
For many Cambodians, reconciling the past is impossible while former Khmer Rouge cadres still act as government ministers and head the armed forces. The prime minister, Hun Sen, is a former Khmer Rouge commander. Many survivors have tried to forget their childhood by refusing to talk about it, while those who actively search out answers can find themselves harassed, detained and threatened by the state.
It took nearly 10 years from the UN's offer of help in 1997 to establish a hybrid court, manned by Cambodian and international judges and prosecutors. It was hoped that senior Khmer Rouge members would be tried for war crimes, crimes against humanity and genocide. Many of the former cadres closest to Hun, however, including the senate president, Chea Sim, and the national assembly chairman, Heng Samrin, have been prevented from testifying, apparently to avoid embarrassing the government.
Such obstructions do not necessarily render the entire process a sham, as some critics have said. "Justice is extremely important," said Youk Chhang, who survived the Khmer Rouge and now heads theDocumentation Centre of Cambodia. "It is the most important thing for a country like Cambodia. Nobody wants to live with the past. The whole point of the tribunal is to move on."
The court's plodding proceedings mean time is running out to deliver sentences and find answers. Of the four senior figures on trial under the current case, 002, one has already died and another has been declared mentally unfit to stand trial. That leaves just Pol Pot's righthand man, Nuon Chea, now 87, and the former head of state, Khieu Samphan, 82. Both are weak and unwell. The ECCC expects case 002 to take another year, and hearings for cases 003 and 004 have been delayed.
Chilean disappearedRelatives of disappeared political prisoners demand justice at rallies in Santiago, 1985. Photograph: Julio Etchart
For some victims, the trial has thrown up perhaps the most pressing question of all: what constitutes justice?
"Justice is so much more than whether Khieu Samphan or Nuon Chea have lawyers defending them," said Theary Seng, a human rights lawyer who lost both his parents in the genocide. "I and other victims never demanded nor expected perfect justice. What the Khmer Rouge tribunal is producing now is beyond the pale of anything resembling justice. To the contrary, the farce, the deceit, is damaging and is laying the dangerous groundwork for future instability and impunity."

Chile

During the 17 years that Augusto Pinochet ruled Chile, at least 3,000 people were killed or disappeared and 35,000 were tortured, but a semblance of legality survived and kindled a national movement for reconciliation and truth.
Today, dozens of former secret police officers are imprisoned, 350 human rights investigations remain open and the nation is governed by Michelle Bachelet, herself a torture victim. The most recent nomination to the Chilean supreme court is Carlos Cerda, a judge who made his name fighting for victims of human rights abuses. "He was maybe the only one who dared confront the criminal power that was the dictatorship's repression and genocide," said Lorena Pizzaro, who heads a group whose relatives were disappeared.
Pinochet's successor, Patricio Aylwin, created a human rights commission to investigate and quantify the abuse soon after he was elected in 1990. Their mission was to shine a light into the darkest corners of state-sponsored murder. Thousands of cases were validated and formed the basis of a national discussion on how to prevent tit-for-tat vengeance.
Aylwin also set up a secret intelligence squad to capture the underground guerrilla groups that had grown weary of waiting for justice and begun to assassinate former Pinochet aides including the senator and law professor Jaime Guzmán, a law professor, who was shot dead as he left the Catholic University of Chile.
The secret squad was led by Marcelo Schilling, a socialist leader and former bodyguard to Salvador Allende. It was a controversial operation that Schilling today defines as a success. "Today there are no armed groups and the businessmen walk around without bodyguards. Democracy is not in check," he said. "All that was achieved with total respect for individual liberties and human rights."
Clandestine guerrilla groups ridicule Schilling's version, and say he oversaw a brief but illegal dirty war in which rebel leaders were bribed or executed.
Rwandan genocideInmates waiting to be tranfered to a gacaca court session in relation to the 1994 genocide. Photograph: Thomas Lohnes/AFP/Getty Images
Few Chileans, however, seemed to have acquired a taste for vengeance. Political violence was minimal in the years after Pinochet. Instead, there was a quest for justice.
The collective amnesty Pinochet had granted was overturned on the basis that if the regime had kidnapped or disappeared citizens but never handed over the bodies, then the cases could be defined as ongoing and so exempt from immunity. This allowed investigators to force testimony from retired officials with knowledge of human rights crimes. Nearly 100 were convicted.
However, attempts to bring Pinochet to justice failed. His title of senator for life shielded him from Chilean justice. The Spanish magistrate Baltazar Garzón indicted him for human rights violations, and he was arrested in London in 1998. The British government released him on medical grounds in 2000 and he returned to Chile, where a constitutional amendment gave him further protection. Pinochet spent his last years surrounded by lawyers, but died a free man at 91 without having been convicted of any crimes.

Rwanda

The scale of the Rwandan genocide, in which 800,000 people were murdered in 100 days, demanded a unique response if there was to be any hope of reconciliation. It came in the form of village courts known asgacaca after the grass on which they were held, a grand experiment in popular justice that ran for a decade with locally elected judges hearing an estimated 1.9 million cases.
Radovan KaradzicFormer Bosnian Serb leader Radovan Karadzic at the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia in 2008 in the Hague. Photograph: Serge Ligtenberg/Getty Images
Trials were held in public, giving survivors the chance to confront alleged perpetrators in full view of their families and neighbours. Defendants faced penalties including life imprisonment and hard labour, but were given shorter sentences in exchange for confessing and were encouraged to seek forgiveness.
"There was a feeling that everyday Rwandans needed to feel involved in the process," said Phil Clark, author of The Gacaca Courts, Post-Genocide Justice and Reconciliation in Rwanda. "It was a way of doing intimate justice for what was a very intimate crime. It was incredibly successful at coming to terms with the very specific crimes committed in communities. There was a lot more clarity about the past. It recognised the role of everyday perpetrators, that the genocide wasn't just committed by the elites in Kigali."
The courts closed in 2012, though according to Clark "the process of reconciliation continues today but informally. Nearly all the perpetrators convicted through gacaca now live alongside survivors. Most communities are peaceful, but people are still working through the issues raised at gacaca. Churches, micro-credit cooperatives and other non-government actors play an important role in continuing to facilitate reconciliation, building on the work done at gacaca. But, generally, people are doing this for themselves."
There were also pragmatic reasons for gacaca. The official judicial system would have been overwhelmed by the caseload. Critics, however, said the courts fell short of international legal standards. According to Human Rights Watch, there were limitations on the ability of the accused to defend themselves effectively; numerous instances of intimidation and corruption of defence witnesses and judges; and flawed decision-making by inadequately trained lay judges. "In addition, gacaca did not deliver on its promises of reparations for genocide survivors. Survivors received no compensation from the state, and little restitution and often overly formulaic apologies from confessed or convicted perpetrators, casting doubt on the sincerity of some of these confessions," Human Rights Watch concluded. "While gacaca may have served as a first step … it did not manage to dispel distrust between many perpetrators and survivors."
Unlike South Africa's truth and reconciliation commission, which dealt with atrocities on all sides, gacaca focused specifically on the genocide against the Tutsis, which meant the accused were almost exclusively Hutu. Fanie du Toit, the executive director of the South African-based Institute for Justice and Reconciliation, said: "There's also a Hutu narrative that's not genocidal. Perpetrators and victims are living together. The question is: is there simmering resentment there? There is no room for expressing that, but that's not to say there won't be in the future."

Bosnia

The question of justice was not completely ignored, but it was set deliberately to one side in the negotiations that led to the Dayton peace accords in November 1995. Parties to the conflict were called on to cooperate with the international criminal tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) in The Hague, but there were no sanctions for failure to comply, and the Nato-led peacekeeping force was under no obligation to find indicted war criminals.
For more than 18 months, Nato troops pretended not to see the indictees. They were under instructions only to detain them if they came across them "in the course of their normal duties". Over time, however, it became clear that peace and justice were not mutually exclusive. Civilian and military peacekeepers found the continued impunity of the likes Radovan Karadzic and Ratko Mladic was poisoning the peace.
A unique chance to break down the ethnic divide that crippled the country may have been lost because of a fear of casualties and mission creep in the pursuit of those known in US military jargon as "persons indicted for war crimes" or PIFWCs.
"Our effectiveness in Bosnia suffered because we did not get aggressive about PIFWCs," said General Montgomery Meigs, a former commander of Nato's stabilisation force. "In the first two years, the Croat and Serb factions were very fragile … Commanders didn't see the PFWICs as a strategic threat and it allowed factions to reassert their control. It was a first-class strategic error."
By summer 1997 the error had been realised, and Nato began arresting suspects. The campaign began with lowly cogs in the machine, camp guards and footsoldiers, while Karadzic and Mladic slipped away to Serbia. Karadzic was caught in 2008, Mladic in 2011.
In the eyes of many Bosnian Muslims, the main victims of the slaughter, justice delayed was justice denied. They were furious that big fish were allowed up to 15 more years of liberty. That feeling of a lack of reckoning has been deepened by recent ICTY acquittals of three figures in Belgrade who played a pivotal role in Serb military operations.
Despite the acquittals, Serbs have continued to see the court as an exercise in one-sided justice. They point to the small number of convictions of defendants charged with crimes against Serbs.
The ICTY trials have laid down a record of the mass murder in Bosnia for future generations and historians, but it has not been accepted as a common narrative among all Bosnia's communities. In the Serb-run half of the country, the school syllabus ends in 1992, and the war is vaguely referred to as a bad time when all sides did bad things. In some of the sites of the worst atrocities against Bosniaks, Serbs have erected monuments to their own fallen soldiers with no mention of the war crimes they committed. In the absence of a shared history, Bosniak, Serb and Croat communities drift further apart.

Colombia

For 30 years, Colombia has been generous with leftwing rebels and rightwing paramilitaries, granting amnesties, pardons and reduced sentences. Demands for justice and reparations for victims were, however, generally ignored in the name of peace.
Today some former rebels are mayors, senators and academics. Dozens of paramilitary commanders, responsible for thousands of murders in the 1990s, are due to leave prison this year at the end of eight-year terms after confessing to their most atrocious crimes.
The current peace talks with the Revolutionary Armed Forces of Colombia (Farc), the country's oldest and most powerful guerrillas, are different. An offer of impunity is impossible, as the peace process is the first in Colombia negotiated under international criminal court rules. The talks in Havana are widely seen as the best chance to put an end to half a century of conflict that has cost more than 200,000 lives.
"Sweeping heinous crimes under the rug is no longer a viable option for governments and armed groups seeking to strike a deal," said José Miguel Vivanco, the Americas director for Human Rights Watch. "Just as impunity has enabled violence and atrocities for decades in Colombia, sustainable peace won't be possible without holding accountable perpetrators of the worst abuses, such as rape, disappearances and torture."
Officially, the issue of what will happen to demobilised guerrillas charged with crimes is still to be discussed at the negotiating table, but the issues of peace and justice have been at the centre of the national debate since the talks began in October 2012. "There is consensus that the rights of victims have to be respected. The problem is how to do that," said Rodrigo Uprimny, the director of the DeJusticia thinktank.
As Farc and government negotiators began discussions on the issue of victims, the two sides issued a declaration of principles recognising the right to be recognised and to receive reparations, to know the truth and receive guarantees that such atrocities will never happen again.
But Amnesty International pointed out that the document excludes any commitment to bring to justice those who displaced, tortured, killed, abducted, disappeared or raped millions of Colombians over the past five decades. Those details will presumably be part of the final agreement but the formula of transitional justice that will be agreed is still uncertain.
Farc leaders in Havana have made it clear they do not expect to do jail time. "Never has a peace process ended with prison terms for its protagonists, the constructors of peace," said the rebel negotiator Andrés París.
Anticipating a peace deal with the Farc, the government has established an outline of a transitional justice process. It would allow for sentence reduction and alternatives to prison, and let prosecutors focus on those found "most responsible" for atrocities and to concentrate their efforts on the most serious and representative
crimes.
Critics say the Colombian state is obliged to investigate and prosecute. Others, however, say trying to pursue every crime would lead to de facto impunity because the justice system could not handle so many cases.
President Juan Manuel Santos, re-elected in June to a second term, denies impunity is on the table, but says demanding full punishment would derail peace. "If you ask a victim today he would lean towards having more justice," said Santos. "If you ask a future victim, he will lean more towards peace."
• This article was amended on Wednesday 25 June 2014 to update the section on Colombia.

Fuente The Guardian: http://www.theguardian.com/world/2014/jun/24/truth-justice-reconciliation-civil-war-conflict?CMP=twt_gu

2 jun 2014

Hatun Willakuy Abbreviated Version of the Final Report of the Peruvian Truth and Reconciliation Commission

El Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) acaba de publicar, por el décimo aniversario, el Hatun Willakuy en versión inglés, la versión abreviada del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú.

Hatun Willakuy is a Quechua expression meaning the great story, signifying the enormity of the events recounted in the abbreviated version of the Final Report of the Peruvian Truth and Reconciliation Commission. Before the commission, Peru had never conducted such a comprenhensive examination of violence, abuse of power, or injustice.

The 10-year anniversary edition of Hatun Willakuy, presented in ICTJ, summarizes the results of Peru's two-year inquiry that mobilized over 400 experts and researchers across the country, investigating crimes and human rights violations committed during a 20-year internal armed conflict (1980-2000) - as well as the underlying causes and enduring consequences of that violence. Gathering nearly 17,000 testimonies from people who had suffered or witnessed human rights violations, the commission worked to recover that terrible history by listening to the victims who, during those years, had never had a chance to be heard or to demand their rights.



Fuente Justice, Truth, Dignity - ICTJ: http://ictj.org/peru-hatun-willakuy-en/

18 mar 2014

La CVR indígena del estado de Maine, EE.UU., cumple 1 año. Es la primera de su especie en EE.UU

Durane décadas, los servicios de Maine separaron a la fuerza y de forma sistemática a los niños de las naciones wabanaki de Maine: los penobscot, los passamaquoddy, los micmac y los maliseet.

En 2011, miembros de las naciones wabanaki acordaron con empleados no indígenas y con el gobernador Paul LePage la creación de una comisión de la verdad que investigara y documentara el trauma intergeneracional causado a las comunidades tribales. Este mes la Comisión de la Verdad y Reconciliación sobre el Bienestar Infantil en el Estado de Maine - Wabanaki (CVR), la primera de su especie en Estados Unidos, cumple un año de vida.

“Maine está liderando una importante iniciativa para superar un muro de desconfianza y marginación mediante un enfoque horizontal, de nación a nación”, dice Eduardo González, director del Programa de Verdad y Memoria del ICTJ. “De forma pausada y cuidadosa, la CVR está trabajando directamente con las personas y las comunidades afectadas por las acciones de los servicios sociales. Es a través de sus historias que se conseguirá dar un primer paso hacia la superación de esta división social”.

Liderazgo

El estado de Maine, situado en el extremo noreste de los Estados Unidos, es uno de los más rurales del país y también uno de los de menor diversidad racial. Durante generaciones, los grupos indígenas, que solo suponen el 1% de la población, han sufrido discriminación racial, políticas de marginación económica y erosión cultural.
La colaboración entre el Estado de Maine y las naciones wabanaki es valiosa como modelo y como fuente de inspiración para otras iniciativas similares en Estados Unidos y en otras naciones indígenas del mundo. En tanto que gran parte de las comisiones de la verdad se basan en la investigación y la transformación de una nación, esta comisión es un esfuerzo conjunto, propiciado por el Estado de Maine y las naciones soberanas indígenas wabanaki.
La divisa de Maine es Dirigo, “Dirijo”, y de hecho su comisión de la verdad es una demostración de esa actitud, que puede ofrecer importantes lecciones a los defensores de los indígenas americanos de otras zonas.   
“Maine está liderando una importante iniciativa para superar un muro de desconfianza y marginación mediante un enfoque horizontal, de nación a nación”
La comisión se centra en la experiencia de los niños en el sistema de protección social, algo que, después de varios conflictos recientes y casos complicados, está cobrando más relieve en todos los Estados Unidos. Es esencial y urgente ocuparse de la asistencia social que se presta a los niños indígenas, ya que su presencia en esos servicios es desproporcionada, con frecuencia por los prejuicios y el racismo que sufren sus familias.
La Comisión Maine-Wabanaki también es ejemplar porque es fruto de un acuerdo directo entre las naciones indígenas y el estado. No es una institución concebida y puesta en marcha “desde arriba”, sino que emana de la labor incansable de los activistas indígenas, todavía intensa, ya que varias de sus actividades las llevan a cabo asociaciones ciudadanas.

Cómo curar una “herida del alma”

Para entender el desarrollo de la comisión de la verdad lo mejor es situarla en el contexto histórico de la política de asimilación forzada del Gobierno de los EE.UU., orientada a privar a los indígenas de su cultura, patrimonio y lengua, para que se integraran en la cultura mayoritariamente blanca de EE.UU.
Con frecuencia se ha presentado la política de asimilación como una alternativa amable a medidas violentas como el traslado y las agresiones físicas, pero sus intenciones están claras: eliminar determinadas identidades y culturas indígenas, sumergiendo a las personas en el grupo dominante. En las comunidades indígenas se suele considerar que la destrucción de la propia cultura es una “herida del alma” que los pueblos indígenas aún no han podido curar.
En la década de 1950 el Gobierno federal creó el Programa de Adopción India, en virtud del cual miles de niños indígenas fueron apartados a la fuerza de sus hogares y entregados a familias blancas sin el consentimiento de sus propios familiares ni de funcionarios tribales. Maine se quedó especialmente atrás en el reconocimiento de los derechos de las naciones indígenas, y hasta 1967 no permitió votar a sus miembros en las elecciones estatales: fue el último Estado de los EE.UU. en permitirlo.
En las comunidades indígenas se suele considerar que la destrucción de la propia cultura es una “herida del alma”
   En 1978 el Congreso aprobó la Ley para el Bienestar de los Niños Indígenas (ICWA por sus siglas en inglés), después de que fuera aumentando la conciencia de las repercusiones que habían tenido las separaciones forzadas en la cultura indígena y de que hubiera cada vez más información sobre las múltiples negligencias y los malos tratos sufridos en las casas de adopción.
La ICWA reconoció el valor de la cultura indígena, creó salvaguardas legales que permitieran a los niños indígenas quedarse en sus comunidades y concedió a las tribus la condición de “tercer progenitor” en los casos en que fuera necesaria la protección social del menor.
Aunque la ICWA fue un importante paso, la ley no se aplicó inmediatamente. La relación entre las tribus wabanaki y el Estado de Maine siguió siendo endeble, ya que a ambas partes les costaba superar un legado de desconfianza, tensión racial y trauma intergeneracional.
Para superar esa situación, varios miembros del programa de asistencia social para los niños de las tribus wabanaki y de la Oficina Principal de Servicios a la Infancia y Familiares comenzaron a reunirse. En 2011, los jefes de las naciones micmac, maliseet, passamaquoddy y penobscot firmaron junto al Gobernador de Maine, Paul LePage, el documento de constitución de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación sobre el Bienestar Infantil en el Estado de Maine-Wabanaki. 
El poder de los testimonios 

El invierno pasado más de 200 personas se reunieron en el centro de Maine para celebrar, mediante representaciones y oraciones, la inauguración de la CVR. Entre los cinco comisionados hay personas de origen indígena y no indígena: el secretario de Estado Matthew Dunlap; el gkisedtanamoogk de la tribu wampanog; la educadora Carol Wishcamper; la Dra. Gail Werrbach, directora de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Maine, y Sandra White Hawk, de los sioux lakota.

Desde su nombramiento, los cinco comisionados se han reunido regularmente con comunidades wabanaki, con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Maine, y con miembros de comunidades no indígenas. Las representaciones y la narración de historias, al ser esenciales para la historia y la cultura de los wabanaki, lo son también para el funcionamiento de la CVR, orientada a las tribus: la incorporación del patrimonio indígena a ese organismo permite a los wabanaki utilizar su cultura para capacitar a su comunidad y facilitar su curación.

En noviembre, la CVR celebró su primera sesión de escucha comunitaria en Sipayik. Denise Altvater, miembro de los passamaquoddy y coordinadora de Divulgación y Formación Juvenil de Maine-Wabanaki REACH, fue separada de su familia a los 7 años junto a sus cinco hermanas y trasladada a un hogar no tribal en el que sufrió maltratos constantes. Altvater participó en el acto celebrado en Sipayik y cree que los testimonios pueden ayudar a desmontar el trauma histórico y sanar a las comunidades.

Así reflexionaba Altvater sobre su propia experiencia: 
“El tener un lugar en el que poder hacerme oír me ha cambiado profundamente la vida, ayudándome a curarme y proporcionándome fuerza para perdonar. Todavía sigo empeñada en encontrar un lugar en este mundo en el que me sienta a gusto. Creo que lo encontraré cuando permita a la gente verme tal como soy; no sólo la verdad de lo que me han hecho, sino lo que yo he hecho a los demás. Al reconocer y compartir mi verdad, asumiendo mi responsabilidad y buscando el perdón, puedo demostrar a mis hermosos hijos, a mi familia y a mi pueblo que todos podemos reconstruirnos emocional, mental y espiritualmente”.

El futuro de la CVR

 

La labor de la CVR es especialmente importante si tenemos en cuenta el contexto histórico de las naciones indígenas, que se encuentran entre los grupos más marginados del mundo, con experiencias vitales sobre las que incide una violencia estructural. Aunque la comisión se centra en investigar un solo aspecto de la experiencia de las naciones indígenas de Maine, su importante aportación puede ir más allá del sistema de asistencia social a la infancia, fomentando en el futuro iniciativas que se ocupen de errores estructurales e históricos.


“No solo estamos hablando de los recuerdos de determinados testigos delante de una comisión de la verdad”, explica González. “La memoria indígena es un amplio relato colectivo que conmemora sucesos que, a pesar de haber tenido lugar hace varias generaciones, siguen estando presentes por sus repercusiones”.

La comisión tiene ante sí importantes desafíos que no solo precisarán de su empeño sino de un mayor apoyo del Gobierno y de la sociedad civil de Maine. En el tiempo que le queda, debe llegar realmente a todas aquellas personas e instituciones que puedan ser de ayuda, además de dar a conocer a todos los ciudadanos de Maine la importancia de su labor. Durante ese proceso también tendrá que entablar un diálogo fructífero con habitantes indígenas y no indígenas del Estado, para saber adónde quieren llevar su relación en el futuro.

El tiempo también supone un desafío considerable, porque a la CVR solo le queda alrededor de un año para finalizar su mandato. Según su directora ejecutiva, Heather Martin, es indudable que la cercanía de esa fecha límite está presionando a la comisión, pero todavía se espera mucho de ella.

Lo mismo piensa el comisionado Matt Dunlap. “Es un grupo excelente”, ha declarado. “Queda mucho por hacer, pero contamos con la gente adecuada para hacerlo”.


El ICTJ tranaja con la CVR de Maine a través de su programa de Verdad y Memoria. Esta es una de las varias formas en las que el ICTJ asiste a los grupos indígenas que buscan la reivindicación de sus derechos a través de la justicia transicional.

FOTO: El miembro del pueblo penobscot Butch Willis se une a la tribu passamaquoddy y a los gobernadores de la nación penobscot durante una sesión del Congreso y el Senado en Augusta, Maine, en marzo de 2002. Por primera vez en la historia de Maine, los líderes de todas las tribus del estado se dirigieron al parlamento reivindicando respeto mutuo y la soberanía de los pueblos indígenas.