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19 sept 2018

El País: La Corte Penal Internacional abre la vía a una investigación de los crímenes contra los rohinyá


La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, ha decidido esta semana examinar las denuncias de crímenes cometidos contra la minoría musulmana de los rohinyás, en particular su deportación a Bangladés desde Myanmar, que los discrimina sistemáticamente y que lanzó en 2017 una ofensiva militar que ha llevado a la huida de centenares de miles de personas.

Myanmar no es un Estado miembro del Estatuto de Roma, texto fundacional de la CPI (sólo los Estados parte del Estatuto de Roma son parte de la CPI), pero Bangladés sí, por lo que los jueces han autorizado la primera fase de lo que puede convertirse en un caso judicial en toda regla. Naciones Unidas presentó a finales de agosto un informe donde calificaba de "intento de genocidio" la persecución de la minoría musulmana, e instó a que el crimen fuera investigado, y juzgado, por un tribunal internacional.

En un comunicado hecho público este miércoles, Fatou Bensouda, fiscal jefe de la Corte (CPI), señala que analizará también "otros posibles delitos, incluidos en el artículo 7 del Estatuto". Dicho texto legal está dedicado, entre otros, a la persecución y otros actos inhumanos. "El examen preliminar que me propongo hacer contempla la privación de derechos fundamentales, asesinato, violencia sexual, desaparición forzada, destrucción y saqueo", dice la jurista. Luego explica que el caso no se ha abierto aún: "Porque no estoy investigando, sino estudiando la información (recibida desde 2017) para saber si puedo seguir adelante". Sin embargo, sin este paso previo de la CPI, el caso de los rohinyás no podría avanzar en el marco de la justicia internacional. Cerca de 700.000 personas huyeron a Myanmar, país de mayoría budista, a partir del 2017, perseguidas por el régimen militar de la antigua Birmania, según Naciones Unidas.   





El pasado 9 de agosto, el gobierno de Myanmar rechazó la competencia de la Corte sobre las supuestas deportaciones de civiles. La oficina de Aung San Suu Kyi, que lidera la Consejería de Estado y los ministerios de Exteriores, Energía y Educación, indicó que el país no es miembro de la CPI, "Que parece dispuesta intentar de forma indirecta el ejercicio de una jurisdicción que no tiene". El 28 de agosto, las Naciones Unidas hizo público el informe donde señalaba "El intento genocida de la cúpula militar de Myanmar", al perseguir a los rohinyás en el Estado de Rajine (al oeste del país). La Corte Penal es la única instancia permanente para juzgar el genocidio, y los crímenes de guerra y contra la humanidad. De ahí que el informe inste al Consejo de Seguridad de la ONU a actuar en el marco de su competencia, o bien la de un tribunal especial. 



A_HRC_39_64 by Human Rights Council
Escribe Isabel Ferrer.

24 feb 2018

ONU: Alrededor de 720.000 niños rohinyás “atrapados en el limbo"

"Alrededor de 720.ooo niños rohinyás se encuentran atrapados - bien acorralados por la violencia y obligados a desplazarse dentro de Myanmar, o bien hacinados en los campos de Bangladesh porque no pueden volver a casa", indicó Manuel Fontaine, Director de Programas de Emergencia de el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.


El lanzamiento del informe de UNICEF coincide con el sexto mes desde el comienzo del último éxodo de refugiados rohinyás hacia el sur de Bangladesh.

La agencia señala que, probablemente, las inundaciones que se esperan por la llegada de la temporada de ciclones invadan los campos vulnerables  e insalubres, donde vive la mayoría de los refugiados. Esta situación aumenta la posibilidad de que haya brotes de enfermedades transmitidas por el agua y que haya que cerrar escuelas y centros sanitarios.

El documento estima que cerca de 185.000 niños rohinyás permanecerán en el estado de Rakhine, en Myanmar, asustados por la violencia y el horror que han llevado a sus familiares y vecinos a huir.

"Es una crisis sin una solución inmediata que podría tardar años en resolverse a menos que haya un esfuerzo pactado para abordar sus causas", declaró Fonntaine.

Asimismo, el informe indica que los rohinyás son personas si rumbo, perseguidas en sus casas y comunidades, atrapadas en el limbo y privadas de sus derechos básicos, mientras nuevos problemas amenazan su bienestar.

Llamamiento de UNICEF al Gobierno

UNICEF hace un llamamiento al Gobierno de Myanmar para que termine con la violencia y la crisis de derechos humanos en el Estado de Rakhine, refiriéndose a las restricciones que sufren los rohinyás en cuanto a libertad de circulación, acceso limitado a sanidad, educación y medios de subsistencia, así como a la dependencia de ayuda humanitaria.

Según el documento, reconocer los derechos básicos de los rohinyás servirá para crear las condiciones necesarias para que los refugiados regresen a sus antiguos hogares en Myanmar.

"No volverán a casa a menos que se les garantice su seguridad, posean una nacionalidad, puedan enviar a sus hijos al colegio y tenga oportunidades de futuro", explicó Fontaine.

Desde agosto de 2017, la falta de acceso a diversas zonas del estado de Rakhine ha dificultado gravemente el trabajo de UNICEF y otras agencias humanitarias.

Resulta imprescindible acceder inmediatamente y sin impedimentos a los niños que residen en este estado, así como abordar las tensiones que existen entre las comunidades y promover la cohesión social, dijo UNICEF.

Las labores de asistencia que ha dirigido y suvervisado el Gobierno de Bangladesh han evitado el desastre, dado que las comunidades locales han acogido a 79.000 rohinyás.

UNICEF Rohingya Lives in Limbo Feb 2018

28 ene 2016

Matrimonio infantil en Bangladesh: Niñas que dan el “no quiero”

"En Bangladesh un 65% de las menores de 18 años están casadas, la educación es una herramienta fundamental para combatir esta tradición, muy asociada a la pobreza", escribe Alejandra Agudo, publicado en El País.

Su piel era más clara que la de su hermana mayor. Ese fue el motivo por el que un hombre mucho mayor que ella quería desposar a Jesmin cuando tenía 11 años. El matrimonio infantil es una práctica tan extendida en Bangladesh que la proposición no era descabellada. El país asiático es el primero del mundo en porcentaje de niñas con menores de 15 años casadas, con un 29%; el cuarto si se observa la ratio de menores de 18, con un 65%, solo por detrás de Níger (76%), Chad (68%) y República Centroafricana (68%), según datos de UNICEF. Jesmin no engrosó la estadística de víctimas. Se negó.

“No quería dejar la escuela. Soy buena estudiante, quiero ir a la universidad”, dice la joven que hoy tiene 15 años y cursa noveno de primaria. Su madre, Nooryehan Begam, de 39, la observa con orgullo mientras la escucha hablar resuelta e intentar expresarse en inglés cuando el vocabulario que domina se lo permite. “No se me da muy bien”, admite. Pero le gusta practicar. “Para ser maestra lo necesitaré”.

Obligada a ser adulta antes de tiempo, como la mayoría de críos del país, Jesmin trabajaba en una fábrica textil cuando el matrimonio estuvo a punto de truncar (más) su destino. “Cosía abalorios en la ropa”, explica. De familia paupérrima y residente en uno de los poblados de chabolas de la capital, Dacca, su vida cambió el día que ingresó en un colegio de la ONG española Educo. Dejó su empleo y hoy se costea su formación dando clases a siete niños por un sueldo de 15.000 takas al mes (unos 175,5 euros).

“El matrimonio infantil tiene mucho que ver con la educación: cuanto más tiempo pasan en la escuela, más tarde se casan. Así que hace falta más inversión pública en el sistema”, señala Edouard Beigbeder, representante de Unicef en el país. “Las niñas con formación primaria, secundaria y superior son un 24%, 72% y 94% menos propensas respectivamente a contraer matrimonio que las que no tienen estudios”, recoge el informe El matrimonio infantil en Bangladesh de Human Right Watch de junio de 2015. Y viceversa: la mayoría de las que se casan suelen abandonar la escuela.

Por su deseo de continuar sus estudios fue precisamente por lo que Sahanaj, de 14 años, no quiso casarse cuando un vecino la pidió en matrimonio. No bastó con que ella y su madre, Peroza Begum, se negaran para que el hombre dejara de hostigarla, así que se mudaron. El cambio de casa no fue suficiente. En su nueva residencia en la ciudad, otro hombre quiso desposar a la niña. Desesperadas, recurrieron a la mentira. “Le dijimos que hasta que no se casara mi hermana mayor, yo no podía”, relata la adolescente, que sonríe tímida al admitir que quizá el señor todavía la esté esperando. Ella tiene planes muy distintos. No descarta el matrimonio, pero después de los 18 años, y quiere ser doctora. “Porque hay muchas personas pobres que no se pueden permitir ir al médico y quiero ayudarles”, explica. 

Pese a que cada vez más niñas, muchas apoyadas por ONG, consiguen eludir el matrimonio, la elevada tasa de casamientos tempranos ha llevado organizaciones internacionales como Unicef o Human Right Watch a elevar la alarma y exigir al Gobierno bangladesí que tome medidas. “La primera ministra, Sheikh Hasina, fue a Londres y se comprometió a erradicar el matrimonio infantil, pero el plan nacional que ha presentado contempla una excepción para las chicas de entre 16 y 18 años”, se queja Beigbeder. Según la norma todavía en discusión, las adolescentes podrían contraer matrimonio legalmente si están embarazadas o se fugan con un hombre. “Estamos en contra de esta casuística, en países del entorno no existe”, asevera rotundo el representante de Unicef en una cafetería de Dacca, al resguardo de la incesante lluvia fuera. HRW reclama, además, una red de apoyo nacional. Las chicas que se niegan no tienen, según la organización, ayuda por parte de las autoridades para evitar y frenar los ataques y presiones. Y quedan a la suerte de toparse con una ONG o de su individual valentía.

La ley no es antídoto suficiente para frenar esta “epidemia”, en términos de HRW, cuando la tradición manda y la pobreza aprieta. Según el informe de esta entidad, los entrevistados para su estudio en el país asiático aducían como primer motivo para el casamiento de sus hijas la situación de necesidad. Los datos globales muestran que las jóvenes del 20% más pobre de la sociedad tienen el doble de probabilidades de casarse antes de los 18 que las que pertenecen al 20% más rico. Y Bangladesh es el ejemplo. “Las niñas son consideradas una carga para las familias y si algún varón se quiere casar con ellas, no esperan a que alcancen la edad legal [18 para ellas, 21 para los varones]”, detalla el documento. Las esposas viven en la residencia del marido, por lo que una hija casada deja de ser un gasto. Además, la práctica de la dote —pago en dinero, joyas o bienes que realiza la familia de la novia para que se produzca el enlace— está muy extendida, a pesar de estar prohibida. Y cuanto más joven es la muchacha, menor es la cantidad a saldar.

50.000 takas (unos 590 euros) era lo que tenían que pagar en concepto de dote los padres de Rubi Adam. Ella tenía 13 años y su marido 25. El día de la boda, dieron 20.000. “Y después entregaríamos lo demás”, explica la madre, Helena Begum. La idea era que, aunque se casara, la niña viviera con sus padres hasta cumplir los 18, pero el marido no cumplió su acuerdo y se la llevó. Durante los 22 días que Rubi convivió con su esposo y la familia de él, solo recibió golpes. “Él trabajaba en una fábrica de tintes y pensábamos que era una buena elección para ella”, justifica la progenitora. “Pero mi decisión fue equivocada”, reconoce sin rodeos mientras le lanza miradas cariñosas empañadas en culpa a su hija. La experiencia de Rubi no hace sino confirmar las denuncias de las organizaciones: las mujeres casadas antes de los 15 sufren más violencia de género en el matrimonio que las que se enlazan a partir de los 25.

“Mis suegros me decían que solo me permitían llamar a mi madre para que pagara los 30.000 takas que faltaban de la dote”, rememora la chica, que hoy tiene 17 años y cursa segundo de secundaria. Harta de aguantar los malos tratos y preocupada por haber abandonado la escuela, escapó de la casa. “Me puse un burka para que nadie me reconociera”, y tapa rápido con su mano una pícara sonrisa. “Ahora estoy bien, pude hacer mi examen y mis padres me ayudaron mucho a superar aquel momento”. A los seis meses, se divorció.


Según avanza el relato de la adolescente, a su madre se le enmudece el envejecido rostro. Se siente responsable del sufrimiento de su pequeña. “Intentaremos que tenga la mejor vida. Si Dios quiere, llegará a la universidad”, asegura. “Quiero estudiar en la facultad de Comercio y trabajar para el Gobierno”, anota la joven.

El caso de Rubi fue un ejemplo en su clase de la escuela de Educo. Sirvió para que los profesores tratasen el tema con todos los alumnos. “Ninguna niña más de ese curso se casó”, apostilla Hatsatun Naharz, quien fue su maestra. En este sentido, Beigbeder subraya que es importante que la sociedad hable de este problema, que exista un debate, y que las víctimas compartan su experiencia y sirvan de ejemplo contra el matrimonio infantil. Como lo fue Rubi para sus compañeras.

“No solo se cambia la mentalidad con la ley, sino que hace falta trabajar con la sociedad civil. Y cada vez hay más historias de gente que se dedica a frenar casamientos tempranos”, indica modestamente esperanzado Beigbeder. Md. Sahahaz Alaman Mridha, de 56 años, paró el matrimonio de su propia hija, en contra de las intenciones de su mujer y la familia de esta. “Había una conspiración para casarla”, dice. Citado en el colegio del que fue alumna la joven, el padre argumenta que él solo deseaba que su pequeña tuviera una buena vida, una postura que no es la habitual entre los progenitores. “Como veía a profesores de esta escuela, personas educadas que enseñaban a nuestros hijos, pensé que si mi niña estudiaba podría ayudar a otros también”, detalla este señor de ojos brillantes, barba cana y hablar sereno.

Rozina Akhter tenía 12 cuando su madre y hermana se la llevaron desde el fétido barrio de chabolas de Korail en el que vivía en la capital para celebrar la boda que la uniría a un señor del pueblo al que solo había visto una vez. “Estuve secuestrada tres meses en la casa sin poder salir”, recuerda ella sin dramas. “Pero tenía educación y sabía que no me tenía que casar”. Tanto es así que durante el cautiverio sólo pensaba en escapar. Y lo hizo un día antes de los fastos, para regresar a Dacca con su buen padre. El viaje fue una odisea para la niña que navegó durante 12 horas en una pequeña embarcación. Han pasado 11 años de aquel episodio y de nuevo convive con su madre. “A veces le digo: ‘Si hubieras conseguido casarme, no habría ido a la universidad”.

Niñas que dan el “no quiero”En efecto, su vida y planes de futuro son muy distintos de lo que había planeado su progenitora. Rozina ha terminado la diplomatura de Ingeniería Civil y continúa sus estudios rumbo a la licenciatura. “Me gustaría trabajar como ingeniera en una compañía o en una ONG”, sueña con los pies bien plantados en el barro delslum en el que ya no habita, pero donde ejerce de maestra. En el caso de Rozina Akhter, de 23 años, no sólo ella es un ejemplo a seguir para sus pupilos en el colegio, sino también su padre.

Otras no tuvieron la suerte de contar con el apoyo paterno, un ángel de la guarda que las protegiese de las zarpas de un desconocido. Mousumi Lataa, de 19 años, fue secuestrada por sus padres —así lo dice ella— cuando tenía 13 para casarla con un divorciado de 30. Sin más ayuda que su propio deseo de escapar para cumplir su sueño de convertirse en doctora, se subió a una barcaza que la llevaría a Dacca. 

De voz grave, ojos grandes y carácter espontáneo, Mousumi relata así su odisea: “El trasporte era gratis para los niños. Eran las cuatro de la tarde y durante la noche iba de pie porque no había sitio. A las ocho de la mañana llegué a un lugar cerca de Dacca. Por error, la barcaza no nos dejó en la ciudad. Entonces le conté mi problema a una mujer que me dio dinero para poder coger un autobús. Volví a Korail, donde los que habían sido mis vecinos, me acogieron. Pronto encontré empleo en una fábrica textil, es un trabajo fácil. Y terminé octavo en una escuela de Educo para niños trabajadores mientras ahorraba para pagarme la educación”. Esa fue la primera vez que la niña huyó de sus padres y sus oscuras intenciones. Habría una segunda, en la que sus progenitores recurrirían al chantaje para que aceptara. “Me dijeron que me pagarían el examen de acceso a la secundaria si me casaba”, recuerda seria sentada en una silla de plástico de la que fue su escuela en el laberíntico barrio.

“Ahora entienden su error y les he perdonado. Tenían mucha presión de la comunidad”, explica la joven profesora de primaria y estudiante de empresariales, de 19 años. “En el futuro tendré una vida mejor. Creo que puedo ser un modelo para otras niñas. A mis alumnos les cuento mis historias y les intento inspirar para que vean que pueden tener otro destino”. Mousumi quiere que sepan que, en contra de lo que dicte la tradición y lo que elijan los adultos, pueden decir: “No quiero”. 

Nota: este reportaje ha sido posible gracias al apoyo logístico en Bangladesh de la ONG Educo.
Fuente El País: http://elpais.com/elpais/2016/01/19/planeta_futuro/1453226516_371959.html

23 abr 2015

Tailandia es uno de los países más permisivos del mundo con la industria del tráfico humano

"Cazadores de traficantes humanos". Una brigada de voluntarios, formados y animados por un funcionario Tailándes, dedican sus vidas a buscar a las víctimas de trata que, provenientes de Birmania y Bangladesh principalmente, son secuestradas en campos móviles de Tailandia. Su dedicación pretende compensar la incompetencia de unas autoridades que no consideran el tráfico humano una prioridad.

Foto: Uno de los voluntarios patrulla las marismas en busca de traficantes y de víctimas de trata.

Grandes gotas de sudor recorren el tenso rostro de Kompat Sompaorat mientras recorre la jungla, esgrimiendo un fusil de asalto. Desliza disciplinadamente sus enormes extremidades en movimientos pausados destinados a no hacer ruido. Sus grandes botas consiguen pisar callado pese a que su cuerpo está revestido por un pesado chaleco antibalas, además del uniforme que le hace parecer un miembro de Fuerzas Especiales. Unos metros más allá, su jefe Cherdchai Papattamayutanon emite un suave silbido que la docena de voluntarios interpreta como una invitación a mantenerse quietos. Los oídos tornan en el único arma capaz de detectar movimiento y lograr así encontrar a potenciales víctimas de trata humana, a las que los traficantes suelen esconder en estos frondosos parajes del sureste de Tailandia, la ruta predilecta de los contrabadistas de almas que engañan a refugiados o trabajadores con promesas de un futuro mejor antes de extorsionarlos, si no matarlos, en campos de esclavos.

Cherdchai y Kompat son parte de una fuerza que parece de elite. La realidad no podría estar más lejana. El primero es un antiguo agricultor, el segundo un funcionario municipal que, como el resto de voluntarios, paga los gastos de gasolina, agua potable y comida de su propio bolsillo para patrullar, casi a diario, los rincones más recónditos de la selva y las marismas con el objetivo de salvar vidas. Su búsqueda se concentra el pistas imperceptibles para el resto de los mortales: hojas de palmera exprimidas –con el objeto de buscar agua-, restos de ropa, botellas vacías o troncos de piña y cáscaras de cocos, signos de que pequeños grupos de desesperados han pernoctado. A veces llegan tarde, como cuando detectaron el campo móvil erigido cerca del poblado de Ban Bang Yai, donde las zapatillas desgastadas de un niño y algo de basura desvelan presencia humana. “Los traficantes les quitan todo lo que tienen: dinero, pasaporte, pertenencias… Después comienza la extorsión”, explica Cherdchai. Se refiere a la llamada que obligan a realizar a sus familiares: si no consiguen reunir una cantidad de dinero, que suele rondar los 2.000 dólares, serán asesinados.

Así termina el periplo para miles de refugiados rohingya y trabajadores de Bangladesh que se lanzan al mar en busca de una vida mejor en Malasia y que terminan engullidas por la industria del tráfico humano que carcome Tailandia. También para muchas personas secuestradas que pretenden ser vendidas como esclavos. En mitad de un trayecto por el que pagan grandes cantidades de dinero, un giro de las barcazas les empuja a la costa tailandesa, donde serán internados en campos móviles situados en medio de la jungla, robados y de nuevo extorsionados. Tras recibir la llamada los parientes, angustiados, suelen tardar poco en reunir la cantidad y entregarla a una persona designada ex profeso para la tarea. Una vez que eso ocurre, las víctimas de los tratantes de almas son liberadas y pueden proseguir su travesía: si no ocurre, pueden pasar meses en los campos, ser vendidas a barcos pesqueros o simplemente ser asesinadas. Los abusos sexuales son una práctica común entre los guardianes de los campos, amparados por la impunidad.

“Hay peces muy gordos detrás de esta industria, así que podemos hacer muy poco”, admite Kompat con gesto desolado mientras regresa a su coche, con las manos vacías. Pese a lo imposible de su tarea, la brigada de civiles que lucha contra el tráfico humano está cosechando éxitos. El joven Raikham, de 20 años, y los ocho amigos que le rodean en un centro de acogida de inmigrantes son el vivo ejemplo de ello. Los voluntarios encontraron al grupo junto a otras 52 personas en medio de la jungla a mediados de octubre, en un lamentable estado de salud y al borde de la deshidratación: la mayoría, como el propio chaval bangladeshí, habían sido secuestrados y sus captores les custodiaban en un campo móvil a la espera de venderles a barcos pesqueros como modernos esclavos.
Raikham, en el centro y con camiseta naranja, rodeado de otros secuestrados por las mafias. (Mónica G. Prieto)
A Raikham se lo llevaron de su Chittagong natal siendo un estudiante: un día se le aproximó un supuesto empresario ofreciéndole un trabajo como vendedor de helados. El joven, deseoso de ayudar a su familia, aceptó. Por la noche el presunto empresario acudió a su casa junto a dos hombres: armados con cuchillos y una pistola, maniataron al joven y le pusieron una bolsa en la cabeza que sólo retirarían tras zarpar en una pequeña embarcación hacia un barco de mayor tamaño en el que pasó un mes antes de adentrarse en el mar en condiciones infrahumanas. “A quien se quejaba, le golpeaban”. Demasiados relatos hablan de cadáveres arrojados por la borda para servir de ejemplo al resto.
Zapatillas de refugiados delatan la presencia de un grupo de víctimas en un campamento móvil. (Mónica G. Prieto)
“Pretendían venderme como esclavo a un pesquero”, explica hoy en un inglés roto en el refugio de Phang Nga, ua provincia de sobrecogedora belleza al norte de la turística Phuket. “Al día siguiente, me di cuenta de la situación: estaba junto a otros 300 hombres, la mayoría también secuestrados, entre 15 y 50 años. La mayoría eran de Bangladesh pero había también rohingya”, relata en referencia a la minoría musulmana considerada la más perseguida del mundo, una comunidad cuya identidad es negada por las autoridades y repudiada dentro de sus fronteras, sometida a una creciente represión. “Nos daban una comida al día y un vaso de agua que no sabía bien, estaba envenenada”. Eso, afirma el joven, explicaría la somnolencia que les hacía dormitar parte del tiempo y sentirse sin fuerzas para resistirse. Las víctimas terminarían siendo conducidas a las costas tailandesas a la espera de encontrar ‘compradores’, y mientras aguardaban fueron sorprendidas por la brigada de cazadores de traficantes. Los siete captores huyeron antes de poder ser arrestados: su mercancía terminaría marcando un hito en la negra Historia del tráfico humano en Tailandia: sería la primera vez que las autoridades les consideraban víctimas del tráfico humano, en lugar de inmigrantes ilegales.
Uno de los voluntarios inspecciona un camión en el checkpoint, en busca de personas víctimas de trata. (Mónica G. Prieto)
Es el error –más que probablemente, consciente- en el que han incurrido siempre las autoridades tailandesas. Niegan la magnitud del problema del tráfico humano y denuncian llegadas masivas de inmigrantes ilegales que, en cualquier caso, no quieren permanecer en Tailandia. En su Informe de Tráfico de Personas del pasado año, el Departamento de Estado norteamericano rebajaba a Tailandia a la categoría de Tier 3, reservado para países que no cumplen con las exigencias mínimas para luchar contra la trata de humanos. Según dicho informe, se denunciaba que, en Tailandia, niños y mujeres son traficados desde Birmania, Camboya, Laos, China, Vietnam, Rusia y Uzbekistán con fines de explotación sexual, ya sea como ruta de paso a Malasia o como destino final. Dicho tráfico se produce apenas a unos kilómetros de distancia de los resorts de cinco estrellas donde turistas occidentales consumen su vacaciones, y alimentan de formas variadas la industria del ocio local. O la gastronómica: los barcos pesqueros donde se esclaviza a seres humanos son los que pescan el marisco que degustamos, a bajo precio, en Occidente.
Manit Pleantong, en su despacho. (Mónica G. Prieto)
Raikham y sus amigos se preparan para ser repatriados a Bangladesh una vez que sus autoridades terminen los trámites legales; la mayoría sueña con viajar a Malasia, país musulmán donde muchos bangladeshíes y rohingya tienen familia o conocidos. “Durante años pensé que todo el problema era inmigración ilegal”, recuerda el jefe de distrito de Takua Pa y funcionario del Ministerio del Interior, en su despacho. De los 20 años que lleva destinado en esta región, sólo desde 2009 comenzó a escuchar “historias sobre tráfico humano. En 2010, fueron arrestados 800 rohingya y participé en los interrogatorios. Entonces descubrí que eran víctimas de trata humana”.
Manit comenzó a investigar el fenómeno en profundidad para encontrar una absoluta desidia por parte de sus superiories en el Ministerio del Interior, los mismos que le han enviado la misiva que esgrime antes de comenzar la entrevista: un documento oficial donde se le insta a dejar de hablar con la prensa. En 2014, ante el desinterés de Bangkok, Pleantong comenzó a entrenar a la brigada de voluntarios que hoy patrulla -con mucho interés pero sin medios materiales- la jungla y las marismas de Takua Pa. De los ocho distritos que conforman la provincia de Phang Nga, éste tiene una peculiaridad: la miriada de pequeñas islas y caprichos geográficos que, al norte, favorece las actividades clandestinas. De ahí que el número de vigilantes –150 divididos en cuatro grupos, que realizan turnos de seis horas- sea a todas luces insuficiente.
Checkpoint en la carretera que une Takua Pa y Khura Buri. (Mónica G. Prieto)
“La policía ya tiene un trabajo, pero el tráfico humano es una realidad que les excede”, continúa Manit. El pasado noviembre, inauguró un checkpoint entre en busca de víctimas del tráfico de personas, además de drogas. Las patrullas por la jungla y las marismas –disponen de dos embarcaciones- han dado frutos: unas 300 víctimas han sido localizadas y han arrestado a nueve traficantes en este tiempo.
Parte de los vigilantes reciben una remuneración de entre 8.000 y 10.000 bath (entre 300 y 370 euros) mientras que el resto, según Manit, no reciben remuneración alguna. “Son gente consciente del problema que sólo quiere ayudar”, asegura el oficial de Interior. En su mayoría son pescadores o agricultores que muestran devoción por su nueva misión como Jessada Thattan, un antiguo agricultor que hoy lidera a una decena de hombres por los manglares a bordo de una precaria embarcación. Ni siquiera las amenazas recibidas por parte de los traficantes de seres humanos –innumerables llamadas instándole a abandonar, amenazandole a él y a sus hijos- le han persuadido de abandonar, especialmente tras hallar en los manglares a los dos grupos de 83 y 52 personas –entre ellas Raikham y sus amigos- que recuperaron la libertad y conservaron la vida gracias a sus colaboradores.
Uno de los campamentos localizados, vacío, por los vigilantes. (Mónica G. Prieto)
“Ahora han cambiado de estrategia. Ya no mueven grupos grandes sino que los dividen en decenas de personas, para facilitar el tránsito”, dice mientras circula con sus chanclas en medio de la jungla hasta conducirnos a un claro donde se observan claras huellas de un campamento de grandes dimensiones: en un extremo, un precario tendido que arroja una rala sombra sobre restos de ropa desaliñada. El suelo está rociado de sobres de medicación vacíos: aquellos que aún son legibles desvelan que se trata de suero oral, una solución contra la deshidratación severa. En otro extremo, un palo clavado en el suelo señala la existencia de una tumba, según los vigilantes: especular con que muriese de inanición, deshidratación o “apaleado hasta la muerte” por los traficantes.
Sobre vacío de suero oral en un campamento abandonado. (Mónica G. Prieto)
“Hasta ahora hemos localizado unos cinco campos, pero todos vacíos”, explicaba Manit desde su despacho. El es la otra cara de la moneda en un país donde la corrupción de los oficiales tailandeses es sobrecogedora. Una periodista local, especializada en tráfico humano y conocida por sus investigaciones de denuncia, relata cómo uno de los traficantes le confesó que pagan 10.000 dólares por cada inmigrante a los oficiales de inmigración para poder sacarlos de los refugios y esclavizarlos en los barcos. Un oscuro negocio que explica la continua desaparición de personas de los centros oficiales que deberían protegerles: el pasado 30 de enero, se anunciaba que una decena de funcionarios y un oficial de Marina son investigados por traficar seres humanos. “Es un índice de nuestra determinación en el cumplimiento de la ley”, decía el viceministro de Exteriores Don Pramudwinai.
Aspecto de las marismas, inexpugnables. (Mónica G. Prieto)
“En nuestro distrito no existe ese tipo de corrupción pero no puedo responder por el resto”. Manit prefiere no pronunciarse acerca de la cantidad ingente de acusaciones de connivencia entre los agentes y los traficantes. Las autoridades rechazan las denuncias al tiempo que piden a Manit que no hable con la prensa. Repudian las brigadas de voluntarios al tiempo que presumen de ellas. El portavoz de Exteriores, Sek Wannamethee, se ha jactado de estar animando a los lugareños del sur de Tailandia a ser los “ojos y oídos” de las autoridades para prevenir el tráfico humano. La dictadura militar ha anunciado un plan para luchar contra el tráfico humano pero, al mismo tiempo, las cifras son alarmantes y hacen temer un retroceso en la voluntad de las autoridades: si en 2013 se identificaron 595 víctimas y se persiguió criminalmente a 115 personas, en 2013 habían sido más de 1.000 las víctimas localizadas y casi 400 los incriminados.
Para algunas organizaciones como Fortify Rights, resulta llamativo y preocupante que sean civiles quienes tengan que asumir una labor que corresponde a las fuerzas de Seguridad. “Claramente es una indicación de que las autoridades no pueden cumplir su deber de combatir el tráfico humano”, denuncia Matthew Smith, director ejecutivo de la ONG, en conversación con Periodismo Humano celebrada en Bangkok. ”Hay hasta 12 grandes redes de traficantes en Tailandia. Es un negocio que mueve 50 millones de dólares al año“, comenta Smith.
“Creo que estamos en un periodo muy inicial. Es cierto que se está reduciendo el número de contrabandistas pero queda mucho por hacer”, valora Manit. Un juicio bastante optimista a juzgar por la opinión de sus hombres. “Los contrabandistas tienen mejores medios, son más rápidos que nosotros”, explica Jessada, quien admite que los traficantes tienen informantes prácticamente en todos sitios, si bien los vigilantes han logrado crear conciencia entre la comunidad del distrito de la importancia que luchar contra el tráfico humano, no sólo para salvar vidas sino también para alejar a la criminalidad de las nuevas generaciones. Ahora, asegura, muchos pescadores les informan de la llegada de madrugada de barcos con víctimas de trata o de entregas sospechosas de cargamentos de víveres, aunque la enorme cantidad de escondrijos de la jungla y la falta de medio dificulta la localización una vez que desembarcan y son obligados a esparcirse.

Los voluntarios están dejando sus vidas en la empresa. Apenas duermen dado que los desembarcos se producen en la noche o a altas horas de la madrugada, han puesto a disposición de la empresa sus propios vehículos y los magros sueldos no les dan para pagar todos los gastos que genera su actividad -aseguran haber perdido más de 200.000 bath (más de 5.000 euros) desde que iniciaron las patrullas, el pasado noviembre-, para la que sólo les han preparado durante 45 días de entrenamiento. La práctica les enseña más que sus maestros, como por ejemplo a la hora de ganarse confidentes entre la población. Sólo tienen que explicarles los métodos de los traficantes de seres humanos. “La gente tiene voluntad de acabar con el problema. La pregunta es ¿tiene nuestro Gobierno la misma voluntad?”, se interroga Jessada.

Fuente Periodismo Humano: http://periodismohumano.com/en-conflicto/cazadores-de-traficantes-humanos.html