La
Corte Penal Internacional (CPI) condenó este 4 de febrero a Dominic Ongwen,
general del Ejército de Resistencia del Señor (LRA, por sus siglas en inglés),
por crímenes de guerra cometidos en Uganda, convirtiéndose en el primer miembro
del grupo en ser sentenciado por la Justicia internacional (RFI).
La Corte Penal Internacional (CPI) concluye que Dominic Ongwen, del Ejército de Resistencia del Señor de Joseph Kony, cometió secuestros, torturas, violaciones y asesinatos, incluidos bebés (El País).
El antiguo niño soldado ugandés y excomandante de la organización extremista cristiana Ejército de Resistencia del Señor, Dominic Ongwen, ha sido hallado culpable de 61 crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos entre 2002 y 2005 en campos de desplazados de Uganda. El fallo, difundido este jueves por la Corte Penal Internacional (CPI) tras cinco años de juicio, considera probado que capturó niños para que pelearan, saqueó, torturó y asesinó a civiles, incluidos bebés. Convirtió, además, a las niñas en esclavas sexuales y las forzó al matrimonio y posterior embarazo, cargos estos últimos calificados por primera vez por la Corte de crímenes de guerra y contra la humanidad.
La cuantía de la condena se dará a conocer en unas semanas, según ha indicado la Corte. Ongwen fue secuestrado de pequeño por milicianos de Joseph Kony, líder del Ejército de Resistencia del Señor (LRA, en sus siglas en inglés), que pretende imponer un régimen teocrático en el país, y llegó a lugarteniente. Los jueces no han considerado una eximente la biografía del condenado, un debate que ha sobrevolado el caso. Al contrario, subrayan que es responsable de unos delitos perpetrados en la mayoría de edad y en pleno uso de sus facultades mentales.
Según el fallo, Ongwen era apreciado por sus subordinados y sus jefes alababan su trabajo. “No era un pelele [de Joseph Kony], sino que tomaba la iniciativa e incluso discutía las órdenes recibidas. Tuvo la posibilidad de abandonar el LRA, como hicieron otros de sus camaradas. En su lugar, ascendió en la milicia y delinquió también en la intimidad. No hay eximente y es responsable de sus actos”, ha dicho Bertram Schmitt, presidente de la sala. La sentencia hace hincapié en los informes de los psicólogos que le han examinado, y que no observaron desorden alguno, así como en las declaraciones de testigos, en particular las mujeres que fueron esclavizadas.
Una vez consumado el rapto en serie de civiles en distintos campos de desplazados abiertos en Uganda, Ongwen “forzó a varias mujeres a convertirse en sus esposas y sirvientas y le dijo al resto que los menores serían entrenados como niños soldado”. Las niñas eran regaladas como esclavas sexuales a los milicianos, y si no cumplían con sus deberes eran apaleadas; a veces hasta la muerte, explica el fallo. Debido a ello, la Corte ha añadido el delito de matrimonio y embarazo a la fuerza como crímenes de guerra y contra la humanidad: “El matrimonio es un estado que se adquiere de forma voluntaria y que tiene efectos sociales, religiosos y personales que afectan a la intimidad de la persona. Si la víctima se ve atada de forma ilegítima, ello deriva en estigma social y en la pérdida de su dignidad”.
El terror de las niñas obligadas a tener relaciones sexuales con sus captores ha resonado en la sala. Las que se negaban o cometían errores al servir a sus dueños, podían morir a golpes o ser obligadas a matar a palos a otras. En su testimonio, una de esas víctimas dijo: “No quería yacer con un hombre mayor y de esta forma. Tenía miedo a negarme a ser su esposa a la fuerza, pero ante una muerte segura ¿qué elegiría usted?”. Ongwen tuvo varios hijos con siete de ellas en estas condiciones.
Es también la primera vez que la Corte juzga un caso relacionado con los crímenes perpetrados por el Ejército de Resistencia del Señor ugandés, y Ongwen ha sido condenado en su calidad de comandante de la brigada Sinia, una de las cuatro que componían la milicia. Perpetró o bien ordenó los crímenes, y el relato de los ataques contra campos de civiles desplazados de sus hogares por culpa de los choques entre el Ejército y los rebeldes de Joseph Kony, resumían en cierto modo su propio pasado.
Ongwen vio de pequeño los horrores que luego ordenó: secuestros de niños y la muerte a tiros y machetazos de los mayores; el terror de las marchas forzadas hasta los campamentos del LRA en las que los bebés eran arrancados de los brazos de sus madres y abandonados en el bosque porque molestaban con su llanto; los débiles golpeados hasta la muerte; el saqueo y la destrucción. Todo ello se ha oído en la sala de vistas, mientras Ongwen escuchaba con la mascarilla puesta, debido a las medidas de seguridad impuestas por la pandemia. La sentencia no solo ha descrito hechos atroces, sino que los nombres de las víctimas han sido leídos en voz alta porque, según ha dicho el juez Schmitt, “tienen derecho a que no se olvide su sufrimiento”.
La familia de Ongwen ha relatado que fue secuestrado en 1990 a los 10 años por los rebeldes de Kony cuando iba al colegio, según recoge Human Rights Watch. Los métodos de entrenamiento de los niños soldado incluyen infundirles terror y obligarles a matar a adultos, y a otros menores en su misma situación que hayan desobedecido e intenten huir. La CPI considera un crimen de guerra el reclutamiento forzoso de menores y él ha sido el único ex niño soldado juzgado hasta la fecha por sus jueces. Como en el resto de sus casos, la Corte ha permitido la participación de las víctimas para que expresen su opinión al margen de los testigos. Es una característica única en la justicia internacional, y esta vez se ha recogido y reconocido la intervención de 4.000 personas, que ante la incapacidad de desplazarse a la Corte, han sido representadas a través de siete testimonios.
Según ha explicado el propio Ongwen durante el juicio, desertó en 2015 del LRA cuando se encontraba en la República Centroafricana, y fue custodiado en la base militar estadounidense de Obbo, al sureste del país, hasta que las autoridades le entregaron a la Corte. Desde 2005, pesaba sobre él una orden internacional de arresto, y el Gobierno de Uganda, que es miembro de la Corte, pidió a su fiscalía que se ocupe del caso. En la misma situación estaban otros tres comandantes del LRA, a los que se le da por muertos, y el propio Joseph Kony, que ha huido. La Corte carece de policía y depende de la comunidad internacional para arrestar a los sospechosos, una cooperación no siempre adecuada.
El LRA es una de las milicias rebeldes más violentas de África, y Joseph Kony es una especie de jefe espiritual que pretende derribar al presidente Yoweri Museveni, en el poder desde 1986. Una vez en su puesto, sus planes consisten en regir el país de acuerdo con los 10 mandamientos. Entre 2010 y 2017, Estados Unidos llevó a cabo una operación destinada a erradicar al grupo o arrestar a sus miembros, que concluyó debido a su coste y porque el LRA perdió fuerza. Según Human Rights Watch, Kony se encuentra en Kafia Kingi, una zona en la frontera entre Sudán y Sudán del Sur.
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Escribe: Isabel FerrerFuente El País.
