La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, ha decidido esta semana examinar las denuncias de crímenes cometidos contra la minoría musulmana de los rohinyás, en particular su deportación a Bangladés desde Myanmar, que los discrimina sistemáticamente y que lanzó en 2017 una ofensiva militar que ha llevado a la huida de centenares de miles de personas.
Myanmar no es un Estado miembro del Estatuto de Roma, texto fundacional de la CPI (sólo los Estados parte del Estatuto de Roma son parte de la CPI), pero Bangladés sí, por lo que los jueces han autorizado la primera fase de lo que puede convertirse en un caso judicial en toda regla. Naciones Unidas presentó a finales de agosto un informe donde calificaba de "intento de genocidio" la persecución de la minoría musulmana, e instó a que el crimen fuera investigado, y juzgado, por un tribunal internacional.
En un comunicado hecho público este miércoles, Fatou Bensouda, fiscal jefe de la Corte (CPI), señala que analizará también "otros posibles delitos, incluidos en el artículo 7 del Estatuto". Dicho texto legal está dedicado, entre otros, a la persecución y otros actos inhumanos. "El examen preliminar que me propongo hacer contempla la privación de derechos fundamentales, asesinato, violencia sexual, desaparición forzada, destrucción y saqueo", dice la jurista. Luego explica que el caso no se ha abierto aún: "Porque no estoy investigando, sino estudiando la información (recibida desde 2017) para saber si puedo seguir adelante". Sin embargo, sin este paso previo de la CPI, el caso de los rohinyás no podría avanzar en el marco de la justicia internacional. Cerca de 700.000 personas huyeron a Myanmar, país de mayoría budista, a partir del 2017, perseguidas por el régimen militar de la antigua Birmania, según Naciones Unidas.
El pasado 9 de agosto, el gobierno de Myanmar rechazó la competencia de la Corte sobre las supuestas deportaciones de civiles. La oficina de Aung San Suu Kyi, que lidera la Consejería de Estado y los ministerios de Exteriores, Energía y Educación, indicó que el país no es miembro de la CPI, "Que parece dispuesta intentar de forma indirecta el ejercicio de una jurisdicción que no tiene". El 28 de agosto, las Naciones Unidas hizo público el informe donde señalaba "El intento genocida de la cúpula militar de Myanmar", al perseguir a los rohinyás en el Estado de Rajine (al oeste del país). La Corte Penal es la única instancia permanente para juzgar el genocidio, y los crímenes de guerra y contra la humanidad. De ahí que el informe inste al Consejo de Seguridad de la ONU a actuar en el marco de su competencia, o bien la de un tribunal especial.
