Corea del Norte: Comisión de la ONU documenta múltiples y continuos crímenes contra la humanidad, y pide que se acuda a la Corte Penal Internacional CPI.
GINEBRA (17 de febrero de 2014) – Múltiples crímenes contra la humanidad surgidos de “las políticas establecidas al más elevado nivel del Estado” han sido cometidos y continúan ocurriendo en la República Popular Democrática de Corea, según indica un informe de las Naciones Unidas dado a conocer este lunes, en el que se exhorta a la comunidad internacional a que adopte medidas urgentes para enfrentar la situación de los derechos humanos en el país, incluso que se acuda a la Corte Penal Internacional.
En 400 páginas de informes vinculados y documentos de apoyo basados en testimonios directos de víctimas y testigos, la Comisión de Investigación de la situación de los derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea ha documentado en forma muy detallada las “innombrables atrocidades” cometidas en el país.
“La gravedad, escala y naturaleza de esas violaciones revelan un Estado sin paralelo en el mundo contemporáneo”, dice la Comisión establecida por el Consejo de Derechos Humanos en un informe de una amplitud sin precedentes.
“Estos crímenes contra la humanidad incluyen exterminación, asesinato, esclavitud, tortura, encarcelamiento, violación, aborto forzado y otros tipos de violencia sexual, así como persecución por razones políticas, religiosas, raciales y de género, trasferencia forzada de poblaciones, desaparición forzada de personas y el acto inhumano de causar intencionalmente hambre prolongada”, señala el informe y agrega que “los crímenes contra la humanidad continúan en la República Popular Democrática de Corea debido a que las políticas, las instituciones y los patrones de impunidad sobre los que la situación se basa aún se mantienen intactos”.
La segunda sección más detallada del informe incluye testimonios de víctimas y testigos individuales en los que se describe, entre otras cosas, el tratamiento cruel que reciben los presos políticos. Algunos de ellos mencionaron que tenían que atrapar culebras y ratones para alimentar a bebés desnutridos. Otros dijeron que habían presenciado cómo mataban a sus familiares en los campos de prisioneros y cómo utilizaban a detenidos indefensos para practicar artes marciales.
“El hecho de que la República Popular Democrática de Corea… haya aplicado durante décadas políticas que conllevan crímenes que chocan la conciencia humana genera preguntas sobre lo inadecuado de la respuesta de la comunidad internacional”, dice el informe. “La comunidad internacional debe aceptar su responsabilidad de proteger al pueblo de la República Popular Democrática de Corea de crímenes contra la humanidad, pues el Gobierno de la República Popular Democrática de Corea ha fracasado abiertamente en tal sentido”.
La Comisión señala que la República Popular Democrática de Corea “muestra muchos atributos de un Estado totalitario”.
“Existe una negación casi total del derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, así como de las libertades de opinión, expresión, información y asociación”, el informe señala y nota que el Estado utiliza la propaganda para asegurar la obediencia absoluta al Dirigente Supremo y para incitar el odio nacionalista a otros Estados y sus pueblos.
La vigilancia del Estado penetra hasta la vida privada y, virtualmente, ninguna expresión crítica contra el sistema político pasa inadvertida o sin castigo.
“La clave del sistema es el vasto aparato político y de seguridad que utiliza estratégicamente la vigilancia, la coerción, el miedo y el castigo para excluir toda expresión de disensión. Ejecuciones públicas y desapariciones forzadas en campos de presos políticos constituyen el método supremo para aterrorizar y someter a la población”, dice el informe.
“Las innombrables atrocidades que se comenten en los campos kwanliso de presos políticos se asemejan a los horrores de los campos que los Estados totalitarios establecieron durante el Siglo 20. Las instituciones y los funcionarios implicados no tienen que rendir cuentas. Impera la impunidad”.
Se calcula que entre 80.000 y 120.000 presos políticos se encuentran actualmente detenidos en cuatro grandes campos de detención, donde el hambre se utiliza deliberadamente como método de control y castigo. También se comenten graves violaciones en el sistema penitenciario común, revelan los hallazgos de la Comisión.
El informe indica que la República Popular Democrática de Corea consiste de una sociedad rígidamente estratificada con arraigados patrones de discriminación. La discriminación está enraizada en el sistema songbun, que clasifica a la población de acuerdo a la clase social y de nacimiento asignada por el Estado, que también considera las opiniones políticas y religiosas, y que determina dónde pueden vivir, trabajar, estudiar e, incluso, con quién se pueden casar.
Las violaciones a la libertad de movimiento y residencia también están fuertemente determinadas por la discriminación basada en el sistema songbun. A quienes se les considera políticamente leales a la dirigencia, pueden vivir y trabajar en lugares favorables, como Pyongyang. Otros son relegados a un nivel inferior. Por ejemplo, en la distribución de alimentos se da prioridad a aquéllos considerados de utilidad para la supervivencia del sistema político actual, a costa de otros que son “desechables”.
“La confiscación y la privación de alimentos a quienes los necesitan y el suministro de alimentos a otros grupos sigue esa lógica”, recalca el estudio. “El Estado ha fracasado consistentemente en el cumplimiento de su obligación de utilizar el máximo de sus recursos disponibles para alimentar a quienes sufren de hambre”.
El gasto militar, predominantemente en equipo y en el desarrollo de sistemas bélicos y del programa nuclear, siempre ha recibido prioridad, incluso durante períodos de hambruna generalizada, dice el informe. El Estado también mantiene un sistema de producción económica ineficiente y de distribución discriminatoria de recursos que inevitablemente genera más hambre en la población.
Las violaciones a los derechos a la alimentación y a la libertad de movimiento han hecho que las mujeres y las niñas sean vulnerables al tráfico y al trabajo sexual forzado fuera de la República Popular Democrática de Corea. Muchas se arriesgan a escapar, especialmente a China, a pesar del alto riesgo de ser detenidas y repatriadas a la fuerza, para ser después sometidas a persecución, tortura, detención arbitraria prolongada y, en algunos casos, violencia sexual. “Las repatriadas embarazadas son sometidas regularmente a abortos forzados y con frecuencia matan a los bebés de las mujeres repatriadas”, indica el informe.
La Comisión urge a los Estados a respetar el principio de non-refoulement (no regresar forzosamente a los refugiados a sus países de origen) y a adoptar un enfoque centrado en los derechos humanos de las víctimas de tráfico y concederles el derecho a permanecer en el país, así como acceso a protección legal y servicios básicos.
“Se han cometido y se están cometiendo crímenes contra la humanidad, contra una población hambrienta. Estos crímenes se originan en decisiones y políticas que violan el derecho universal a la alimentación, que han sido adoptadas para sostener el sistema político actual, a conciencia plena de que las mismas exacerban el hambre y producen muertes relacionadas”.
La Comisión también estableció que, desde 1950, “la violencia del Estado se ha manifestado a través de su respaldo a secuestros y desapariciones forzadas de personas de otros países. Estas desapariciones internacionales forzadas son únicas en su intensidad, su escala y su naturaleza”.
Si bien el Gobierno no respondió a las peticiones de la Comisión de información y acceso al país, la Comisión obtuvo testimonios directos de unos 80 testigos en una serie de audiencias públicas llevadas a cabo en Seúl, Tokio, Londres y Washington D.C., y en más de 240 entrevistas confidenciales con víctimas y otros testigos también en Bangkok. También recibieron 80 peticiones formales de diferentes entidades.
El informe incluye una carta enviada por los Comisionados al Dirigente Supremo, Kim Jong-um, que incluye un resumen de los hallazgos más graves, especialmente el hecho de que “en muchas instancias” las sistemáticas, amplias y graves violaciones de los derechos humanos “conllevan crímenes contra la humanidad”, y llamando la atención a los principios de comando y responsabilidad superior bajo la ley penal internacional, de acuerdo a los cuales los comandantes militares y autoridades civiles pueden incurrir en responsabilidades criminales individuales por no impedir y reprimir los crímenes contra la humanidad cometidos por personas bajo su control.
En la carta a Kim Jong-un, los Comisionados señalan que recomiendan que se refiera la situación a la Corte Penal Internacional para que “rindan cuentas todos aquéllos, incluido usted, que puedan ser responsables de crímenes contra la humanidad referidos en esta carta y en el informe de la Comisión”.
Entre las amplias recomendaciones a la República Popular Democrática de Corea, a China, otros Estados y la comunidad internacional, la Comisión exhorta al Consejo de Seguridad a adoptar sanciones específicas contra aquéllos que parezcan ser los más responsables de los crímenes contra la humanidad, recalcando que las sanciones no deben ser dirigidas contra la población o la economía en general.
