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10 jul 2018

MINJUS: Procuraduría denuncia a funcionarios del CNM y Poder Judicial vinculados con presuntos actos de corrupción


Se solicita al Ministerio Público iniciar diligencias preliminares por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, entre otros.

La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción denunció ante el Ministerio Público a los funcionarios del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y del Poder Judicial comprometidos en los auidos difundidos públicamente y que advierten presuntod delitos de corrupción, que agravian seriamente los intereses del Estado.

En el marco de sus funciones y atribuciones establecidas en el Decreto Legislativo N° 1068 del “Sistema de Defensa Jurídica del Estado” y su Reglamento, el equipo de abogados de esta institución realizó un riguroso análisis de las conversaciones telefónicas entre los funcionarios del Estado difundidos en el portal web IDL-Reporteros, llegando a la conclusión que existen serios indicios de la presunta comisión de delitos graves de corrupción de funcionarios.

En consecuencia, esta Procuraduría ha formulado la denuncia correspondiente y ha solicitado que se inicien investigaciones preliminares a los consejeros del CNM Orlando Velásquez Benites, Iván Noguera Ramos, Julio Gutiérrez Pebe y Guido Aguila Grados. Asimismo, al juez supremo César Hinostroza Pariachi, al presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos Montalvo.

De acuerdo a las grabaciones propaladas, los funcionarios antes mencionados se habrían aprovechado de los cargos que ostentan para negociar designaciones de magistrados y puestos de trabajo en la administración del Poder Judicial, además de otros favores, a cambio de determinados beneficios o ventajas.

También se ha solicitado incluir en calidad de investigados a la jueza superior de la Sala Penal de Apelaciones Permanente del Callao, Emperatriz Pérez Castillo y  al señor  Jose Luis Cavassa Roncalla, y a los que resulten responsables en los hechos materia de investigación. 

Los hechos propalados evidenciarían un conjunto de presuntos delitos entre ellos el de organización criminal, tráfico de influencia, cohecho y negociación incompatible, sin embargo no se descarta otros ilícitos penales que pudieran surgir durante el curso de las investigaciones a cargo de la Fiscalía.


La Procuraduría Anticorrupción está solicitando información a diferentes autoridades e instituciones públicas, además de emplear todos los recursos legales necesarios para garantizar el imperio de la ley en defensa de los intereses del Estado, en ese sentido, exige al Ministerio Público llevar adelante una profunda y rigurosa investigación a fin de esclarecer estos graves hechos y determinar las responsabilidades penales del caso.
Fuente MINJUS

13 oct 2015

México. Versión pública del expediente sobre la desaparición de 43 estudiantes en la ciudad de Iguala

Desde el inicio de su encargo, la Maestra Arely Gómez González delineó como uno de sus cuatro ejes de acción prioritarios el de Transparencia y Rendición de Cuentas.


Con el objetivo de garantizar de mejor manera el derecho al acceso a información de la ciudadanía, la C. Procuradora General de la República instruyó poner a disposición en el Portal Institucional de la PGR, la versión pública de la Averiguación Previa del Caso Iguala.

La versión pública del expediente del Caso Iguala consiste en alrededor de 54,000 fojas divididas en 85 tomos y 13 anexos. Su elaboración tomó más de siete meses, participaron alrededor de 100 servidores públicos y el testado de la información clasificada fue verificado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para garantizar el derecho a la privacidad, a la presunción de inocencia y el debido proceso de víctimas, testigos, ofendidos y presuntos responsables.

La totalidad de la versión pública está disponible para descarga en formato PDF. En caso que requiera acceder al expediente de forma física, o solicitar copia simple o certificada del mismo, puede realizar una solicitud de acceso a la información a través del sistema INFOMEX.


21 jun 2015

Félix Moreno en dos actos por Ronald Gamarra

En teoría, el Órgano de Control Institucional (OCI) es la unidad especializada responsable de llevar a cabo el control en las entidades públicas  con la finalidad de promover la correcta y transparente gestión de sus recursos y bienes, cautelando la eficiencia de sus actos y operaciones , así como el logro de sus resultados, mediante la ejecución  de labores de supervisión. Suena bonito y así debería ser. Algún día. Hoy sólo es un discurso. Puro floro.



"Tras una queja de la Procuraduría Anticorrupción, el fiscal superior ordenó se continúe con la investigación preparatoria".

Artículo de Ronald Gamarra Herrera publicado en Hildebrandt en sus trece el dia viernes 20 de junio de 2015.

25 mar 2015

Argentina. Lesa Humanidad. Las cifras de los juicios: 563 condenados, 50 absueltos y casi 900 procesados

Revelamiento de la Procuraduría de crímenes contra la humanidad.

En los últimos 9 años se dictaron 136 sentencias: 31 están firmes. Hay 16 juicios en curso y 120 causas que esperan debate. Más de la mitad de los imputados está detenido en cárceles y un 40 por ciento permanece en prisión domiciliaria. Los prófugos son 45

Entre 2006 y lo que va de 2015, 613 personas fueron sentenciadas en procesos por crímenes de lesa humanidad: 563 resultaron condenadas y 50 fueron absueltas. El estado de situación muestra que hay un total de 456 expedientes en trámite en todo el país. Entre éstos, hay 16 juicios en curso y 120 causas próximas a debate. Las víctimas judicializadas en todo el país son más de diez mil. Y existe un total de 889 procesados que aún no fueron condenados y otros 247 que ya fueron juzgados en otras causas.
Las cifras son el resultado del relevamiento actualizado de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, a cargo del fiscal general Jorge Auat y con la coordinación de Carolina Varsky, en base a los informes remitidos por los fiscales de todo el país que intervienen en estos procesos.

En las vísperas del 39° aniversario del Golpe de Estado, los números se enmarcan en un contexto de preocupación de los fiscales de todo el país por recientes sentencias adversas al avance del proceso de verdad y justicia, en especial respecto de sectores civiles -empresarios y judiciales- vinculados a los crímenes del terrorismo de Estado.

En efecto, llamaron la atención de los miembros del Ministerio Público las faltas de mérito que beneficiaron en las últimas dos semanas a los empresarios azucareros Carlos Blaquier y Alberto Lemos, al director de La Nueva Provincia, Vicente Massot; al ex jefe de Redacción de Editorial Atlántida, Agustín Botinelli; y a los directivos de Clarín, La Nación y La Razón en la causa Papel Prensa; y el sobreseimiento del ex secretario judicial de Bahía Blanca Hugo Sierra.
El estado de las causas con imputados en todo el país. -
En rigor, las faltas de mérito que se concatenaron en pocos días en diferentes puntos del país estiran los plazos de los procesos y al mismo tiempo anulan la posibilidad de seguir investigando a casi cuarenta años de los hechos, pues supondrán la obligación de buscar nuevo material probatorio -en procesos que a esta altura cuentan con sólidos elementos- en caso de que sean confirmadas por las cámaras federales. Los números del informe de la Procuraduría muestran las consecuencias del paso del tiempo: 39 de los condenados han fallecido y 28 imputados procesados fueron apartados de las 120 causas que esperan juicio. "No hay datos de las víctimas sobrevivientes y familiares que murieron sin que se hiciera justicia", remarcó Varsky.
Esta semana la Procuraduría encabezó una reunión de fiscales que resolvieron convocar al resto de los actores del proceso y a diferentes instituciones de la sociedad civil, para buscar respuesta a las demandas en distintos puntos del país.
Las cifras de hoy
El informe señala que la cantidad de imputados detenidos es 970 y que, de acuerdo a la modalidad de detención, esa cifra se desagrega de la siguiente forma: el 57 por ciento (557) está alojado en unidades penitenciarias; el 40 por ciento (384), en domicilios; el 1,5 por ciento (15) en dependencias de fuerzas de seguridad; el 0,5 por ciento (7) en hospitales; y en otro 0,5 por ciento (7) de los casos se carecen de datos.
En tanto, 98 personas tienen falta de mérito y otras 37 fueron indagadas pero aún no se resolvió su situación procesal. Los prófugos suman 45, dos de ellos evadidos después de condenados.
De los 16 juicios que se están llevando a cabo actualmente en todo el país, trece de ellos están a cargo de tribunales orales y otros tres en manos de jueces federales de primera instancia, con la aplicación del viejo Código de Procedimientos en Materia Penal (CPMP), que prevé juicios escritos.
La cifra de 456 causas en trámite en todo el país no incluye a las que fueron acumuladas a un mismo expediente, dando lugar a las llamadas “megacausas”, ni tampoco a aquellas en las que aún no existen imputados identificados. De todas ellas, la mayor parte, un 31 por ciento (144), tramita en juzgados federales de primera instancia en la etapa de instrucción, mientras que un 30 por ciento (136) tiene sentencia.
En este esquema, un 26 por ciento de las causas (120) están elevadas a juicio, en otro 9 por ciento (40) los fiscales formularon el requerimiento de elevación a juicio (40), es decir, que están a punto de ingresar al lote de las elevadas y finalmente hay un 4 por ciento (16) en juicio.
El 30 por ciento restante lo constituyen las 136 sentencias dictadas entre 2006 y lo que va de 2015 en todo el país. Los años con mayor cantidad de pronunciamientos fueron 2012 y 2013, que registraron 25 cada uno.

Menos de una cuarta parte de esas sentencias están firmes. En total, en ese estado hay 31: 27 de ellas, por resolución de la Corte Suprema, mientras que otras cuatro adquirieron firmeza en la Cámara Federal de Casación, por no haber sido recurridas.
En relación con las instancias de apelación de estos 136 pronunciamientos, un 46 por ciento tienen veredicto o sentencia del tribunal oral (63), un 33 por ciento tiene sentencia de la Cámara de Casación y de la Cámara Federal, en el caso de los pocos juicios que tramitan por escrito (45), y un 1 por ciento (1) tiene sentencia de un juzgado de primera instancia dictada en el marco de un proceso reglado con el CPMP.

Informe de la procuraduría de Crímenes contra la Humanidad:


Listado de Sentencias:


12 dic 2014

"Algún día debe institucionalizarse la Procuraduría Anticorrupción para actuar por igual contra los corruptos de afuera y los de adentro"

Señala Ronald Gamarra en su artículo "Pura Pose" publicado en Diario16, el domingo 07 de diciembre de 2014. 

En otras palabras: el brazo que encarna la voluntad de limpieza del gobierno nacional debería apuntar por igual tanto en contra de los corruptos de las administraciones gubernamentales del pasado como en contra de los del gobierno en ejercicio; contra los corruptos de las filas de la oposición, contra los del oficialismo y contra los neutrales que hacen negocios sucios bajo todo gobierno.

Debería emprenderse que la corrupción es enemiga mortal de nuestro país y de nuestro pueblo allí donde se presente y actúe. No hay corruptos "buenos" y "malos". ¿Quién podría establecer la diferencia? Sin embargo, hay quienes tienen la enorme y torcida capacidad de condenar los actos corruptos de los adversarios al mismo tiempo que justifican y toleran los propios. Este doble estándar que entraña una escandalosa doble moral es algo muy extendido en la política, que permite distinguir entre los corruptos ajenos y propios. No olvidemos aquella frase famosa de cierto político norteamericano, muy avezado, Cordel Hull, que fue secretario de Estado de los Estados Unidos, con respecto al corrupto y asesino dictador de Nicaragua, Anastasio Somoza: "Puede ser que sea un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta".

La verdad y la experiencia enseñan que los gobernantes suelen ser muy entusiastas para proclamar y animar políticas anticorrupción siempre y cuando el objetivo sean sus enemigos o los gobiernos que los antecedieron. La verdad es que no les importa mucho la lucha anticorrupción por sí misma, como instrumento de saneamiento de la vida nacional y garantía de uso debido de los recursos escasos del país. La lucha anticorrupción les interesa en tanto funcione como arma de demolición del adversario. Cumplido este objetivo en todo o en parte, dejarán luego que todo siga igual, cubriendo los actos de corrupción propios o de los allegados. En resumen: pura pose.

La  prueba de fuego de la vocación de un gobierno por la lucha anticorrupción, la piedra de toque de su compromiso es la voluntad de perseguir a todos los corruptos, caiga quien caiga, sin distinción alguna, y especialmente si son de las propias filas o medran entre ellas. El corrupto infiltrado o el partidario que se aprovecha para medrar culpablemente, debería ser considerado de inmediato como el traidor más despreciable porque desmoraliza las propias filas, las pudre y sabotea lo que un régimen pueda tener de buenas intenciones. Sin embargo, nuestros gobernantes no parecen pensar así y reaccionan más bien con reflejos protectores y hasta encubridores con respecto al truhán de las propias filas o de los círculos cercanos que ha sido pescado in fraganti, como si fuera un pobre chico que ha tropezado o, peor aun, que es víctima de un complot.

Por eso nuestros procuradores anticorrupción deben enfrentar un doble viento que sopla desde el propio gobierno en direcciones contrarias, según el objetivo de la investigación. Y así, recibirán apoyo tibio o decidido en ciertos casos, cuando el objetivo es un adversario, y serán presionados y despedidos, cuando chocan con alguna joyita “de la casa” que hace de las suyas, aprovechando sus relaciones y contactos en el gobierno.

La lógica es la misma tratándose de los partidarios del fujimorismo que pretenden erigirse en moralizadores de los demás, cuando su jefe encabezó el gobierno más corrupto de la historia del Perú. Pero es que no les interesa la lucha contra la corrupción en sí (ya que ellos están llenos de corruptos actuales y del pasado), sino sus posibilidades en contra del adversario. Solo que tratándose de los fujimoristas, esa pose “moralizadora” da risa.


1 jun 2014

La República: "Ahora todos se rasgan las vestiduras con Álvarez, pero hace seis meses él era muy bien recibido"

MEMORIAS. José Ugaz presentará en junio un nuevo libro al que ha titulado 'Caiga quien caiga', que cuenta hechos inéditos de su paso por la Procuraduría Anticorrupción. La República entrevistó a José Ugaz Sánchez Moreno. Abogado Penalista. Miembro del Directorio internacional de Transparencia Internacional, presidente de Proética, primer procurador anticorrupción. Prepara un libro de memorias para junio de este año.

Nunca imaginó José Ugaz cuánto cambiaría su vida después de aquella llamada que le hizo Alberto Bustamante los primeros días de noviembre del año 2000. Su exprofesor de Derecho Administrativo y entonces ministro de Justicia lo convocaba para pedirle que lo asesore en el encargo que le había dado Alberto Fujimori: encarcelar a Montesinos. Ugaz no dudó en aceptar el pedido. Confiaba en la honestidad de Bustamante (fallecido el 2008) pese a las discrepancias políticas que tenían. Y esa confianza no le fue mal pagada. Cuatro o cinco días después de su nombramiento, Fujimori lo quiso botar, entre otras cosas, por declarar a la prensa que se investigaría la corrupción "caiga quien caiga". Las afirmaciones de Ugaz hacían que el todavía Presidente se sintiera amenazado. Cargo de conciencia que le llaman. Pero Bustamante le dijo a Fujimori que si sacaba a Ugaz, él también se iría."Me quedé porque Bustamante salvó mi pellejo", recuerda y nos hace otras revelaciones. Santiago Fujimori le hizo dos propuestas: en 1992, ser contralor de la República y, posteriormente, que sea vocero de su hermano Alberto en el divorcio con Susana Higuchi. A la luz de los hechos, tomó las decisiones correctas. 

Fue el primer procurador anticorrupción que se nombró en el país. Catorce años después, hemos pasado de una corrupción generalizada a nivel de gobierno central a una corrupción descentralizada. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Hay lecciones que no aprendemos? ¿Somos un país “condenado” a ser corrupto? 

Yo diría en primer lugar que nada es comparable a la corrupción de Fujimori y Montesinos. A partir de lo que está pasando en Áncash dicen: “Sí, tal como Montesinos...”. No, no, no, es otra dimensión. La corrupción sistémica de la estructura del Estado que afectó al Perú en la década del fujimorato está muy lejos de parecerse a lo que vemos hoy día y no tiene precedente tampoco en la historia anterior... 

...Coincido en que la corrupción fujimorista es diferente a lo que estamos viendo… 

…¡Es otro animal! En segundo lugar, en el Perú es claro que la corrupción es un acompañante histórico. ¿Qué estamos viendo ahora? Las consecuencias de la descentralización del poder. Cuando el poder está concentrado, la corrupción gira en torno al poder concentrado. Cuando se desconcentra el poder, se desconcentra la corrupción. El abuso de la delegación de poderes es lo que estamos viendo hoy. 

Coincido en que hay distancias entre ambos momentos, pero seguimos hablando de corrupción en el Estado. ¿Por qué le sigue siendo fácil robar a quien llega al poder? 

Robert Klitgaard, una de las personas que mejor ha estudiado los temas de corrupción, decía que la corrupción es la consecuencia de la concentración del poder, la amplia discrecionalidad de los funcionarios públicos, y la falta de aplicación de la ley. Simplificando un poco esa fórmula, yo diría que la corrupción tiene que ver en términos gruesos con la impunidad, porque cuando hay un acto ilegal que no genera una consecuencia para quien lo comete, eso puede determinar una serie de actos de repetición. La impunidad es como el combustible que se echa en la fogata. 

Pero después de la década fujimorista, uno podría pensar que la lógica de las autoridades sería: si Fujimori, que fue Presidente, está preso y con él exministros, exmagistrados, exgenerales, ¡mejor no toco la plata del Estado! 

Bueno, es una buena pregunta, porque efectivamente, al poco tiempo de la caída de Fujimori viene el gobierno de Toledo y su asesor principal termina preso por un acto de corrupción. Luego viene el gobierno de García y un gabinete entero cae por actos de corrupción. Finalmente, llega este gobierno y el vicepresidente tiene que renunciar porque fue sorprendido en un acto de corrupción. Esta tendencia a la repetición tiene que ver por un lado con ciertas lagunas de impunidad, pero también con cómo está estructurado el Estado peruano, las faltas de control, y también de alguna manera con elementos culturales que han desplazado una cultura de la legalidad, que es la que debería orientar la conducta de los ciudadanos, por una cultura de sacarle la vuelta a las normas. 

Además, somos un país con mucha tolerancia a la corrupción. Y tenemos esa terrible frase de "no importa que robe, pero que haga…" 

Proética mide hace más de diez años las percepciones de corrupción en el Perú y persistentemente el 75% de la población es indiferente ante ella. Esa indiferencia, por cierto, se expresa en frases tan nefastas como esta de “roba pero hace”. Ese conformismo y ese asumir que así son las reglas es una consecuencia de la falta de confianza en quienes dirigen el destino del país y del efecto de espiral que produce ver que las personas que deberían dar un ejemplo de conducta, apuestan por su beneficio personal sin que haya consecuencias. 

¿Por qué nos cuesta tanto reaccionar como país ante temas como la corrupción? Sabemos todo lo que pasó hasta que cayó el régimen fujimorista y ahora hemos tenido que ver morir a Ezequiel Nolasco para darnos cuenta que algo andaba mal. 

Ahí tenemos que hacer un análisis seccionado. Por un lado, vería qué está pasando con la ciudadanía, y lo que está pasando es lo que mencionamos hace un momento: hay indiferencia, hay esta suerte de resignación de que somos así y esto no va a cambiar… 

¿…Estamos resignados a que siempre habrá corrupción en el país? 

Ah, pero sin duda y eso se expresa en ese 75%... Anoche veía un programa de televisión que hizo una encuesta sobre si Fujimori debía recibir una pensión, y una señora de condición muy humilde dijo que sí se le debería dar una pensión “porque sí, él robó pero afectó sólo a los ricos. A los pobres no nos afectó”. Esa señora no es consciente de que todo lo que se roba al Estado –en el caso del fujimorato una cifra de varios cientos de millones de dólares– tiene un impacto en su menor nivel de atención de salud, vivienda, educación para sus hijos, etc. Entonces, hay una suerte de anomia social porque las consecuencias de la corrupción a veces no son tan visibles o comprensibles para la ciudadanía. 

¿Qué pasa con los mecanismos de control y fiscalización de nuestro país que no pueden detectar situaciones como las que ocurrían en Áncash y otros gobiernos regionales no hace un mes ni medio año, sino mucho tiempo atrás? 

Ahí hay una combinación que puede ser muy peligrosa. Por un lado, hoy día no cabe duda de que las instituciones que estaban llamadas a poner coto a esto fueron infiltradas. Hemos visto a jueces, fiscales, y policías que formaban parte de esa organización. En la mañana escuchaba un programa de radio y pensaba que ahora todos se rasgan las vestiduras con Álvarez, pero hace seis meses él era muy bien recibido, por ejemplo, en ese programa. Los propios periodistas tenían una tolerancia y una convivencia con este señor que era invitado para hablar del Canon cuando debía responder sobre otros temas. 

Todos hemos fallado en mayor o menor medida. 

Yo creo que aquí falló la sociedad peruana en su conjunto, más aún cuando había lecciones ya dadas del proceso anticorrupción de la década pasada que no han sido tomadas. Entonces, en primer lugar hubo un problema de infiltración de estas organizaciones corruptas en sectores importantes del Estado que son precisamente los llamados a investigar, procesar y sancionar y por otro lado, creo que está la indiferencia de la que hemos estado hablando antes, de decir “bueno, eso pasa en Áncash, a mí no me afecta”. Esta indiferencia a lo Bertolt Brecht hace que el problema no nos afecte hasta que llega a nuestra puerta. 

Años atrás se decía que la Procuraduría Anticorrupción tenía el peso de la Fiscalía o la Policía en la persecución del crimen, pero el ex procurador Arbizu dice que hace un año, junto al procurador del Santa, advirtió de toda esta situación.¿Ha perdido peso la Procuraduría que ya nadie hace caso al procurador? 

(Sonríe) A ver, la Procuraduría no es otra cosa que la institución que representa la defensa del Estado en el contexto de una investigación penal. Es verdad que la Procuraduría tuvo una relevancia desmedida en sus inicios porque el sistema de justicia estaba colapsado. Conforme se ha ido normalizando la situación, la Procuraduría ha ido volviendo al nivel que le corresponde, aunque hay que decir también que es verdad que hubo un desmontaje intencional –desde mi punto de vista– para bajarle el perfil. 

¿En qué momento? 

Yo diría que hacia el final del gobierno de Toledo y el inicio del gobierno de García era evidente que la intención era mantener una Procuraduría sin voz, sin recursos y probablemente sin los cuadros técnicos que se requerían. Creo que ahí hubo un desmontaje que termina, precisamente, cuando regresa este ímpetu que trae el nuevo gobierno y se designa al procurador Arbizu. Creo también que ahora el procurador Salas está cumpliendo un papel muy destacado en el rol que le corresponde cumplir, pero no le pidamos al procurador que sea el Fiscal de la Nación o el presidente de la Corte, ese no es su papel. Hay que ver dónde están esas responsabilidades. 

El Ministerio Público y el Poder Judicial no actuaron... 

...No solamente no actuaron, actuaron activamente para encubrir que es peor. Por otro lado, hay instituciones que uno no puede decir que han sido infiltradas, pero teniendo un mandato constitucional para hacer investigaciones que puedan determinar irregularidades en el sector público, no lo han hecho. Y me refiero a la Contraloría.¿Por qué la Contraloría estuvo ausente en auscultar lo que estaba ocurriendo con los recursos públicos en Áncash, Cajamarca, Tumbes …?   

El contralor Fuad Khoury dice que en los últimos 5 años denunció a casi 2 mil funcionarios públicos y que sólo once fueron condenados. 

Puede ser cierto eso, no puedo poner en duda la palabra del contralor. Pero yo he escuchado también de los operadores de justicia y me ha tocado verlo en más de una oportunidad, que no se producen condenas porque los reportes de Contraloría son bastante deficientes, porque confunden irregularidades administrativas con delitos, porque hacen acusaciones sin tener pruebas, porque no hay la calidad técnica que exige el rigor de una investigación penal… Pero aquí no se trata de señalar con el dedo a otro, se trata de que todos hagamos un acto de contrición y de conciencia y evaluemos dónde es que estamos fallando y por qué después de haberse descubierto lo que se descubrió del año 2000 en adelante, seguimos debatiéndonos en un ciclo de alta corrupción. 

Reincidimos. 

Yo participo en foros internacionales sobre corrupción y el caso peruano de la lucha anticorrupción contra Fujimori y Montesinos es un caso emblemático de un proceso exitoso. Claro, cuando uno tiene que contar qué pasó después, nos da mucha vergüenza decir que después de todo este esfuerzo hoy estamos en una situación, no voy a decir igual que la de antes, pero no tan buena como debería ser después de las lecciones que hemos aprendido. 

Que no aprendimos, más bien… 

Ahí hay un tema de liderazgo, porque creo que si los presidentes que sucedieron a Fujimori hubieran tenido una actitud distinta… Yo trabajé con el presidente Toledo los primeros seis meses de su gobierno, pero usted recordará que tenía congresistas que atacaban permanentemente a la Procuraduría, que estaban involucrados en actos de contrabando y defraudación de rentas por importación de autos; había un congresista que trató de contarnos el cuento de que tenía una biblioteca de un millón de dólares cuando tenía diez libros y otro que juró "por Dios y por la plata", y él lo permitió y toleró estando en el poder. Falló el liderazgo ético. Lo mismo ocurrió en el siguiente gobierno y el actual. 

¿Ni Toledo ni García ni Humala han tenido un verdadero liderazgo ético ante la corrupción? 

¡Ni estos tres ni los anteriores tampoco! Perdón, en los gobiernos democráticos precedentes tuvimos escándalos y del gobierno militar ni le hablo. En los años de conciencia que yo tengo, el único gobierno del que puedo decir claramente que fue transparente y  no tolerante con los actos de corrupción fue el gobierno de Paniagua. Fue un gobierno de transición, fue muy breve, y no sabemos qué hubiera pasado luego. Pero, digamos, para mí (Paniagua) era un personaje extraordinario. Entonces, es un problema histórico y creo que tiene que ver con la clase dirigente de este país que no toma decisiones y no reflexiona.. 

En el caso del presidente Humala,  actualmente tenemos denuncias contra algunos ministros por conflicto de intereses y está el caso Onagi. Usted ha dicho sobre él, que le preocupa que tenga "una actitud ambivalente". 

Fíjese, yo tengo la percepción de que el presidente Humala es una persona honesta. Si uno mira la composición de su gabinete, creo que en esencia es un gabinete de gente honesta. Es verdad que han aparecido estos cuestionamientos por conflictos de intereses. Por lo que he podido leer, en el caso del ministro de Energía y Minas, creo que es una denuncia fabricada por intereses económicos de otra naturaleza, y el caso de esta señora en el ministerio del Interior habrá que mirarlo con cuidado. Entonces, yo no creo que este gobierno sea esencialmente corrupto, a diferencia de otros donde uno miraba a sus altos funcionarios y tenía varios años de prontuariado. Pero eso no basta pues. En un país como el Perú, eso no basta. 

¿Qué más se necesita? ¿Qué le falta al presidente Humala? 

Necesitamos un líder que más allá del discurso tome decisiones, ponga los mecanismos a funcionar. Por ejemplo, existe la Comisión Nacional Anticorrupción que tiene proyectos interesantísimos, pero nadie habla de ella y hay cosas ahí que no funcionan porque no hay voluntad política. Corresponde al presidente de la República poner la voluntad política para que este país se conduzca en términos adecuados, reduciendo los nichos de corrupción, promoviendo niveles de integridad en la política, los negocios, la función pública. Eso sin voluntad pública no funciona. 

Estos llamados que está haciendo el Presidente en sus últimas apariciones para que ayudemos a los gobiernos regionales a "sacudirse" la corrupción no bastan. 

Me da la impresión de que el Presidente está más a la defensiva que pensando en proponer alternativas al país. Además, anda de muy mal humor últimamente y cada vez que le preguntan, contesta molesto porque siente que lo están atacando. Pero ese no debería ser el tono de su discurso. Él debería tener propuestas vanguardistas en esta materia, sobre todo, si él no es un corrupto, porque no tiene rabo de paja… 

Hasta donde sabemos. 

Obviamente. Yo al señor Humala no lo conozco, pero la percepción que tengo y lo que ha pasado estos años me dan la impresión de que no es una persona comprometida con la corrupción. Pero insisto en que el elemento central es la voluntad política. Si hubiera voluntad política, habría que ordenar el Estado en función de una política nacional anticorrupción y ahí tendrían que estar sentados en una misma mesa, planificando, la Contraloría, la Fiscalía, la Unidad de Inteligencia financiera, la Policía… porque la grosería con que se delinque en este país y la poca consecuencia que eso trae es un combustible para seguir alimentando esta hoguera de corrupción en la que nos debatimos en estos tiempos. 

Hay quienes creen que las comisiones parlamentarias que se abren para investigar a los presidentes salientes son persecutorias y desacreditan la figura presidencial. He leído algunos comentarios suyos al respecto. ¿Las cree necesarias? 

Yo me he opuesto por principio y he dicho que el Parlamento debería dedicarse a lo que es su cometido principal, producir leyes y fiscalizar al Poder Ejecutivo. Los órganos de investigación son los órganos técnicos, para eso están la Fiscalía, el Poder Judicial, y la Policía. Cuando un órgano político se aboca a investigar, los intereses políticos priman. Debo reconocer que a veces los niveles de corrupción que han infiltrado la Fiscalía, el Poder Judicial o la Policía hacen que las investigaciones no caminen y en algunos casos, muy contados, el Congreso hace que avancen. Yo reduciría a su mínima expresión la labor investigativa del Congreso, que no es lo mismo que eliminar su labor fiscalizadora.


Entrevista de Ada Nuñez.

13 ene 2014

ARBIZU, MISIÓN CUMPLIDA

La Procuraduría Anticorrupción surgió como una necesidad de autodefensa y rescate del Estado democrático ante el copamiento de sus más altas instancias por parte de una cúpula civil y militar demostradamente mafiosa, liderada por Fujimori y Montesinos, los cuales habían tejido una red enorme y enmarañada de contactos a través de todo el aparato estatal. La revelación de innumerables videos grabados por el mismo Montesinos y el descubrimiento de multimillonarias cuentas secretas en paraísos fiscales del extranjero probaron, más allá de toda duda, de qué clase de gobierno y qué estofa de gobernantes regían el país.

Era un momento crítico que amenazaba la existencia del Estado y la posibilidad de la democracia en el Perú, y obligaba a tomar decisiones audaces y proactivas. Porque Fujimori y Montesinos eran los capos de la mafia, pero las redes de la mafia seguían allí, activas y pertinaces, infiltradas en todas las instancias, dando guerra y persistiendo en el saqueo a los recursos que pertenecen a todos los peruanos, y con renovadas ansias de retomar el poder.

El Estado se encontraba muy débil para combatir la corrupción arraigada en su interior. La corrupción ha sido siempre un mal congénito del Estado, desde la época de los virreyes, pero nunca había alcanzado el nivel de organización y poder que adquirió bajo la dupla de Fujimori y Montesinos, nunca se había robado al país en la escala que ellos lograron y nunca se había llegado al grado de desmoralización de instituciones enteras, vitales para el país, del modo que consiguió aquella dupla dorada.

Por ello, el gobierno de Paniagua dio pasos decididos para combatir la corrupción y atacarla desde sus raíces. Y una de aquellas medidas fue precisamente constituir la Procuraduría Anticorrupción, como brazo activo del Estado para impedir que los corruptos eludieran ser identificados y sancionados al refugiarse en la maraña de las actuaciones judiciales. Se trataba de que el Estado tuviera una abogacía despierta, proactiva, con objetivos claros, que dentro de la ley y del debido proceso venciera a los corruptos y obtuviera la sanción que les corresponde y la reparación debida al Estado y la sociedad.

La Procuraduría Anticorrupción cumplió durante varios años una labor meritoria. Lamentablemente, en los años del gobierno de García, la Procuraduría fue perdiendo presencia y peso, hasta quedar convertida en una sombra de lo que fue. Esto fue uno de los resultados evidentes del entendimiento político entre el APRA y el fujimorismo.

Felizmente, vino a rescatarla en octubre de 2011 la gestión de Julio Arbizu, abogado combativo y capaz, de palabras y razones claras, quien ha sabido levantar con coraje la bandera de la lucha inconciliable contra la corrupción en numerosos casos, ya no solo del fujimontesinismo sino venga de donde venga. Han sido dos años muy intensos que además han permitido al Estado recuperar importantes caudales que aún estaban en manos de los mafiosos. Gracias por ello, señor procurador. En esta hora del alejamiento de la institución, como en todo otro momento, Julio, Juliter, mis respetos. Ahora, poeta, celeste, apapacha y deja que Soledad y Gabriela te apapachen.

Artículo de Ronald Gamarra en el Diario16, publicado el domingo 12 de enero de 2013.
Fuente Diario16:

20 sept 2011

Los Beneficiados con la Prescripción de los Delitos de Corrupción (I parte)

Equipo de Incidencia en Derechos de IPRODES presenta Primera Parte de la Lista de beneficiados con la prescripción de los delitos de corrupción del período 2010 - 2011; de la Procuradoría Ad-Hoc.

Prescripción 2010 by RG Sept2011