Mostrando entradas con la etiqueta Infojus. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Infojus. Mostrar todas las entradas

29 jun 2017

Argentina: Derecho a la igualdad

Derecho a la Igualdad: en materia de género
 
En este trabajo se analiza un fallo de la Corte Suprema de Australia que se pronunció a favor de reconocer el derecho de una persona trans - persona que se identifica en un género distinto al que se le dio al nacer-, a ser legalmente registrada como una persona de sexo no específico ampliando el horizonte de la lucha del reconocimiento legal de la identidad de género al poner en discusión la supuesta naturaleza binaria de la diferencia sexual registral.


24 ene 2016

Crímenes franquistas: la primera exhumación en una causa penal

Después de 76 años, Ascensión Mendieta logró que por disposición de la magistrada argentina María Romilda Servini de Cubría, la justicia española inicie la excavación en una fosa común del cementerio de Guadalajara, donde estarían los restos de su padre Timoteo Mendieta, fusilado por el franquismo cuando ella tenía 13 años de edad. Es la primera exhumación que se realiza en España bajo la tutela de la justicia universal, en la causa que el juzgado argentino lleva adelante por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil española (1936-1939) y la dictadura franquista (1939-1975).

En Argentina, la investigación comenzó en 2010 a partir de la denuncia de víctimas, familiares y asociaciones de derechos humanos españolas, que vieron interrumpido el proceso en su país. En 2012, la sala penal del Tribunal Supremo español clausuró definitivamente la causa que años antes los familiares impulsaron ante el juzgado de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional española, a cargo del entonces juez Baltasar Garzón. Un año después, Ascensión viajó a Buenos Aires.

La mujer, que ahora tiene 90 años, esperaba que la titular del juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 1 –Servini de Cubría– impulsara la investigación que ahora la acerca a encontrar los restos de su padre. Presidente de la Unión General de Trabajadores de Sacedón, Timoteo fue asesinado en los inicios de la dictadura franquista. El exhorto para que se iniciara esta excavación fue enviado por la jueza argentina a principios de 2014, pero recién este martes un juez de Guadalajara dio inicio a las tareas necesarias para concretarlo.

“Es el logro más concreto que conseguimos con la querella”, dijo a Infojus Noticias Adriana Fernández, una de las impulsoras de la investigación. Ella se sumó a la causa por el asesinato de su abuelo, el militante republicano Antonio “Cesterín” Fernández, asesinado por la Falange Española el 9 de octubre de 1936, cuando intentó salvarle la vida al alcalde de su pueblo, San Esteban. “En Argentina se lleva adelante la única querella en el mundo contra los crímenes del franquismo, todavía no nos hemos reunidos con la jueza pero esperamos que continúen los avances en este sentido”, completó.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) inició los trabajos en el cementerio de Guadalajara el martes pasado. Una periodista de la agencia de noticias Télam, que estuvo allí, contó que Ascensión, sentada frente a la fosa de la que espera recuperar los restos de su padre, sin apenas levantar la mirada de la tierra, pidió que “saquen a todos los que están en la fosa porque murieron por la misma causa, por ser de izquierda”.

Del total de 114.226 desaparecidos que dejó la Guerra Civil y la dictadura en España, de acuerdo con lo documentado entre otras organizaciones por la ARMH, hasta ahora sólo se exhumaron 6.300 cuerpos, de más de 300 fosas. Sin embargo, es la primera vez que estos trabajos son dispuestos en un “proceso judicial penal en el que se investigan crímenes franquistas”, explicó Garzón, actualmente presidente de la fundación FIGBAR, pro Derechos Humanos y jurisdicción universal. 

El exmagistrado aseguró que “localizar esos cuerpos e identificar esas víctimas para establecer el modo, la forma, el lugar y el tiempo de la desaparición y sobre todo reparar a quienes los sobrevivieron es fundamental, porque durante décadas se ha negado y se sigue negando en España”. La ARMH asegura que tienen 2.000 exhumaciones pendientes en territorio español, el país con más fosas comunes en su territorio después de Camboya, donde los Jemenes Rojos dejaron dos millones de desaparecidos.

En la fosa común, informaron desde la ARMH, no sólo esperan encontrar los restos de Timoteo Mendieta, sino también de otras 22 víctimas de las que tienen referencias a partir de las investigaciones que realizaron en los registros del cementerio. Desde la ARMH esperan que con los trabajos de exhumación en marcha, se puedan poner en contacto con la asociación los familiares de Sabas López Tomico, Antonio Sierra Olivo, Juan Martínez Vivar, Eusebio Viñas Ibarra, Tomás Escamilla Rebollo y Manuel Escamilla Rebollo, arrojados a la misma fosa que Timoteo.

Por sus indagaciones, estiman que en el mismo lugar pueden encontrar los restos de Pedro Parra Toledo, Castro Mercado Molada, Fidel Serrano Mayo, Isidoro Lozano Moreda, Isidro Expósito Delgado, Feliciano Fernández Manzano, Martina García Alcalde, Tomás Vicente Lorente, Valentín Alcantarill Mercado, Ángel Ardiz Gil, Ciriaco Ecija Buendía, Ricardo Martínez López, José Rodríguez García, Jesús Barriopedro Santamaría, Julio Berges García y Andrés Carrascosa García.

21 ene 2016

Argentina: La cifra negra del delito asciende a un 70 por ciento

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dio a conocer una herramienta que permite transparentar la gestión y cruzar información sobre política criminal. En este caso, los datos revelan, entre otras cuestiones, que un alto porcentaje de los delitos no son denunciados y que al 42 por ciento de las mujeres encuestadas fue víctima de violencia física y o sexual.

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación dio a conocer hoy una herramienta que permite cruzar información sobre política criminal y obtener datos sobre el escenario del delito en la Argentina. Los estudios, que se encuentran disponibles en el sitio jus.gob.ar junto con las bases de datos, se sustentan en encuestas de victimización, estadísticas penitenciarias y judiciales, relevamientos sobre niños, niñas y adolescentes privados de la libertad y una encuesta nacional sobre violencia contra las mujeres.

Del cruce de datos, surgen estadísticas de impacto: el 42% de las mujeres fue víctima de violencia física y/o sexual; en 2014, había 1.142 jóvenes detenidos y el 98 por ciento eran varones argentinos. En 2010, por caso, el 34% de la población mayor de 15 años había sufrido algún delito.

Violencia contra las mujeres
La Encuesta Nacional sobre Violencia contra las Mujeres  aborda el nivel de victimización de mujeres desde los 16 años e informa el porcentaje de mujeres que denunciaron haber sufrido violencia física, sexual o psicológica. El trabajo está basado en la Encuesta Internacional de Violencias contra las Mujeres (International Violence Againist Women Survey) que impulsa la Organización de las Naciones Unidas. Sólo diez países en todo el mundo realizaron este estudio*.

En Argentina, el informe se llevó adelante entre el 27 de mayo y el 10 de julio de 2015 y escuchó las voces de 1.221 mujeres de entre 18 y 69 años. Entre sus resultados, llama la atención que cuatro de cada diez mujeres encuestadas (el 42%) contaron haber sido víctima de violencia física y/o sexual desde los 16 años. Si bien la mayoría de ellas sólo mencionaron agresiones físicas (37%), un número no menor sufrieron agresiones sexuales (16,3%)*. Además, la encuesta arrojó que prácticamente una de cada cuatro mujeres dijeron haber sufrido, por parte de su actual pareja varón, alguna forma de violencia psicológica (el 24%), tales como enojos cuando hablan con otro hombre (16,1%) o imposición de límites al contacto con familiares y amigos (9,1%). De este grupo, el 91,8% padecieron agresiones físicas y/o sexuales.

Por otra parte, resalta los bajos niveles de denuncias hallados en las víctimas. De las mujeres que relataron haber sufrido violencia física por hombres que no son su pareja, sólo el 17% respondió haberlo denunciado; este valor desciende a 10% si se trató de violencia sexual. Asimismo, se percibe que en el grupo de mujeres que sufrieron daños físicos de sus parejas, el número de reportes asciende a un 36%; aunque si se trata de abusos sexuales, el 98% no lo presenta ante ningún organismo público. En otras palabras, lo más llamativo es que los índices de subdenuncias o “cifra negra” son altos en todos los universos estudiados, a pesar de los esfuerzos realizados para concientizar a las víctimas de estos hechos.
El IVAWS compara los niveles de violencia con otros países. De esa comparación, en cuanto a violencia física y/o sexual desde los 16 años, Argentina se encuentra por debajo de los valores medios publicados.
Mujeres en la Justicia 
En nuestro país, hay 1331 tribunales penales en los que se desempeñan 17.773 operadores judiciales, lo que representa una tasa de 41,65 cada 100.000 habitantes. Más de la mitad de esos cargos (el 52%) están ocupados por mujeres, fundamentalmente en los puestos de funcionarios y personal técnico y administrativo. Sin embargo, en el caso de los magistrados, la cifra es significativamente baja: sólo el 31% son mujeres.
Estos datos surgen del Sistema Nacional de Estadísticas Judiciales (SNEJ), la estadística oficial en materia de justicia penal del país que releva el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y que hoy se dio a conocer en el sitio oficial de la cartera. Los informes se basan en la recopilación anual de información proveniente de los poderes judiciales, ministerios públicos fiscales y defensorías generales.
Niños y jóvenes en conflicto con la ley penal
Otra de las investigaciones que se ponen a disposición del público es el Relevamiento niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal. El estudio se basa en la información que presentan anualmente los institutos de menores u hogares en donde se encuentran detenidos niños y adolescentes infractores de la ley penal. Contiene las características como género, edad y formación escolar y delitos imputados.
De los datos surge que, en 2014, en todo el país había 1.142 jóvenes detenidos, de los cuales el 98% eran varones de nacionalidad argentina y el 64% tenía el secundario incompleto. Más del 50% estaban acusados por robo y el 43 por ciento de los detenidos ya tenía registro previo de un delito.
Victimización
La Dirección Nacional de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación Penal de este Ministerio llevó a cabo estudios de victimización en diferentes centros urbanos del país entre los años 1996 y 2010. En el último año de este período se entrevistó a 2.228 mayores de 15 años en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, de Rosario, Córdoba y Gran Mendoza.
Algunos de los datos más relevantes, según esta encuesta, apuntan que el 34% de la población mayor de 15 años sufrió algún delito en 2010; y que el 69% de los hechos criminales sufridos no fueron denunciados, es decir, muestra una elevada “cifra negra” del delito ya que 7 de cada 10 delitos no son denunciados. En términos de los hechos ocurridos, la encuesta muestra que el 29,5% de los casos se trató de robos dentro de los cuales el 9,2% fue con violencia.
En el caso de Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, el organismo realizó estudios de victimización entre 1997 y 2010. En ambos casos se observa que, a partir del 2008, los índices de víctimas de delitos fueron creciendo del 25% al 31% en 2010. 
Personas privadas de su libertad en todo el país
El Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) representa la estadística oficial del país en materia penitenciaria. Funciona de manera ininterrumpida desde 2002 y se basa en la recopilación anual de información proveniente de todas las unidades de detención penal del país. En este caso, no sólo se presenta la base de datos completa –para que los usuarios puedan analizar la información de acuerdo con diferentes perspectivas– sino que, también, se acompaña de un aplicativo que permite aplicar filtros para las búsquedas específicas de los usuarios.
En 1997, había 29.690 personas alojadas en establecimientos  de los servicios penitenciarios provinciales y del Servicio Penitenciario Federal. En 2014, esta cifra aumentó un 132 por ciento, con 69.060 reclusos en todo el  país.
De acuerdo al Informe de 2014, la tasa de personas privadas de libertad fue de 161,85 cada 100 mil habitantes. En el 48% de los casos se trataba de detenidos con condena, mientras que un 51% estaban procesados con prisión preventiva y un 1% eran inimputables o contraventores. El principal delito imputado es el robo seguido de  homicidios dolosos y, luego, de los delitos vinculados a la infracción a la ley de estupefacientes.
Otro dato relevante que se desprende de este censo es el aumento de personas procesadas sin condena en juzgados federales: en 2002 era del 63% y en 2014 creció al 74%. Por su parte, en las provincias la relación se invirtió: en el 2002 era del 59% y en 2014 bajó a un 48%.
Transparencia
La cartera de Justicia y Derechos Humanos informó que el objetivo es transparentar la gestión y permitir que todas las estadísticas y sus bases de datos estén a disposición de la sociedad. En ese marco, resulta de interés que puedan ser analizadas desde diferentes perspectivas y dimensiones. Se trata de avanzar también en el uso de datos para el diseño e implementación de las políticas públicas.
De la información, surge como conclusión que la distancia entre los hechos sufridos y las denuncias realizadas, es decir, la “cifra negra” del delito asciende a un 70%; aunque, en caso de la violencia hacia las mujeres por parte de sus parejas, este valor es menor (60% no denuncian). Los datos son todavía más alarmantes cuando se tratan de agresiones sexuales hacia la pareja o cuando las agresiones físicas y/o sexuales las efectúan otra persona distinta a la pareja de la víctima.
En materia de ejecución penal, se observa un amplio crecimiento de la población carcelaria, ya sea de mayores como también en los institutos de niños, niñas y adolescentes. En el primer caso, prácticamente la mitad de los alojados en las unidades de detención del país son procesados, es decir, personas privadas de libertad sin una condena firme. Este valor crece cuando se observa a la Justicia Federal ya que un 74% de los detenidos provenientes de ella son procesados y sólo el 26% restante tienen una condena.
Estos datos marcan ciertas tendencias; por tal motivo, se apuntará a sistematizar la información, ampliar las investigaciones en estas y otras materias; y, por último, avanzar en la mejora de los procesos de recolección y de publicación de la información. Para mayor información, ingresar aquí.
* Encuesta de victimización – nota metodológica: se diseñó una muestra de tipo probabilístico multietápico, mediante el cual se realizaron 2.228 entrevistas personales a mayores de 15 años a nivel nacional. Unas 1726 entrevistas corresponden a  residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires. En los principales aglomerados del interior del país (Ciudad de Rosario, Córdoba y Gran Mendoza), se realizaron 502 entrevistas. Con un nivel de confianza del 95% y un error estadístico +- 2,1%.
* Violencia sexual contra las mujeres – nota metodológica: Muestra de 1.221 mujeres de entre 18 a 69 años (error estadístico max +-2,8%, confianza 95%). Se trata de una muestra probabilística y biétapica.

Fuente Infojus Noticias: http://infojusnoticias.gov.ar/nacionales/la-cifra-negra-del-delito-asciende-a-un-70-por-ciento-10969.html

16 ene 2016

Argentina: Crean en Santiago del Estero el primer juzgado de género del país

El proceso de aprobación del proyecto, que culminó el 29 de diciembre, convocó a referentes de la temática del Estado, el Poder Judicial y diputados. El nuevo juzgado, único en su tipo, tendra sede en la ciudad de Santiago del Estero y jurisdicción en varios departamentos del la provincia. El titular será un juez de control de género.

Al cuerpo de Pamela Moreno lo encontraron a la vera de la ruta 34 en Santiago del Estero en diciembre de 2014.  En su ropa tenía las marcas de un neumático: un auto había pasado por encima de ella dos veces. Tenía 24 años y hacía poco había cambiado su DNI con su identidad autopercibida. Su muerte representa una de las 149 mujeres asesinadas entre enero de 2002 y diciembre de 2014 en esa provincia que tiene la tasa más alta del país de femicidios. Ahora, Santiago del Estero tendrá el primer Juzgado de Género de Argentina.

En la última sesión de la legislatura local del año, los diputados provinciales aprobaron el proyecto enviado por la gobernadora Claudia Ledesma de Zamora. La propuesta de la funcionaria había sido presentada tras la multitudinaria movilización del 3 de junio de 2015, Ni una menos. Fue una respuesta institucional ante el reclamo de la sociedad civil.

El proceso de aprobación del proyecto, que culminó el último 29 de diciembre, convocó a referentes de la temática del Estado, el Poder Judicial y los diputados que integran las comisiones de Legislación General, de Asuntos Constitucionales, de Derechos Humanos y Familia. La propuesta inicial tuvo varias modificaciones sin perder el rumbo del objetivo inicial: hacer más efectivo el tratamiento judicial y la protección de las víctimas. 

Durante la discusión sobre tablas la diputada Natalia Carreras dijo: “La creación de estos juzgados especiales permitirá empezar a trabajar de manera específica sobre un flagelo que viene castigando a la sociedad santiagueña. Su puesta en funcionamiento nos parece una herramienta fundamental para la mujer y nos compromete como sociedad a ser parte de este proceso”.

En Santiago del Estero los números de la violencia machista son alarmantes. El promedio de mujeres asesinadas por año entre 2012 y 2014 es de 12,4. La tasa promedio del país es de 1.23 crímenes de este tipo cada 100 mil mujeres, mientras que esa provincia tiene 2.95. La información se desprende de un informe –al que tuvo acceso Infojus Noticias- publicado por Cecilia Canevari y Rosa Isaac en la Revista Trabajo y Sociedad. Ambas investigadoras son integrantes del Grupo Género, Política y Derechos del Indes y de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. 

Cómo funcionará 
Se estableció que el titular del organismo judicial será juez de Control de Género, que contará con una Secretaría de la que dependerán las Oficinas de Delitos de Género y la de Violencia de Género. El Ministerio Público deberá crear Unidades Fiscales especializadas en la temática para trabajar en la investigación y asistir a las víctimas.

El nuevo juzgado, único en su tipo, tendrá sede en la ciudad de Santiago del Estero y jurisdicción en los departamentos Capital, Pellegrini, Alberdi, Figueroa, Moreno, Silípica, San Martín, Sarmiento, Loreto, Atamisqui, Salavina, Ojo de Agua y Quebrachos. En otras palabras: abarcará casi la mitad del territorio provincial.

En el resto de los departamentos continuarán interviniendo los Juzgados de Familia, las Unidades Fiscales y los Juzgados de Control en las ciudades de La Banda, Añatuya, Frías y Las Termas de Río Hondo.
Fuente INFOJUS: http://infojusnoticias.gov.ar/provinciales/crean-en-santiago-del-estero-el-primer-juzgado-de-genero-del-pais-3307.html

29 dic 2015

Argentina: 18 sentencias y 121 condenados por delitos de lesa humanidad en 2015

Es el saldo del juzgamiento durante este año de los delitos cometidos por el terrorismo de Estado, un proceso que es reconocido como un ejemplo en la región y en el mundo. También hubo tres nuevos niestos cuya identidad fue restituida. Y en Tucumán fue condenado por primera vez un juez de la dictadura, Mnlio Martínez.

Tres nuevos nietos aparecidos y 18 sentencia judiciales - tres de ellas en juicios por apropiación - que se traducen en 121 condenados fueron el saldo numérico del año que cierra respecto del juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad, un proceso que reconocidos juristas han reconocido como un ejemplo en la región y en el mundo. Comparados con los números del año pasado, hubo un leve crecimiento: no sólo porque hubo cuatro juicios más que los 14 que en 2014 llegaron a su fin, sino porque según los datos del último informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad— en septiembre ya eran 68 los imputados condenados por primera vez, superando a los 61 que la recibieron en todo el 2014.

En las sentencias de este año hay algunos datos para destacar: el 13 de junio, en Tucumán, fue condenado un ex juez de la dictadura por primera vez. Manlio Martínez recibió el castigo por los delitos de abuso de autoridad y encubrimiento en la investigación de la matanza de cinco militantes de Montoneros.

También hubo tres juicios por apropiación de menores durante la dictadura cívico militar. En abril, Ana María Grimaldos fue condenada a seis años de cárcel por la apropiación de Javier Penino Viñas, nacido en la ESMA cuando su madre Cecilia Viñas estaba secuestrada en 1977.  En junio fue el turno del matrimonio apropiador de Florencia Laura Reinhold Siver, integrado por Juan Carlos Lavia y Serafina Marchese. El médico obstetra que falsificó el certificado de nacimiento, Francisco De Luca, fue condenado a cinco años de prisión.

El 21 de diciembre terminó el tercer juicio por esos delitos por la apropiación de Pablo Athanasiu Laschan. El matrimonio formado por el ex policía federal Enrique López su esposa Carmen Saunier fueron sentenciados a ocho años y seis meses y 5 años respectivamente, y el ex comisario entregador del bebé, Juan Dib, a 7 años y seis meses de prisión.
La semana anterior, terminó el juicio que se sustanciaba por escrito (Código Penal viejo) en la causa Área Paraná por crímenes cometidos en esa ciudad contra 53 víctimas. La sentencia del juez de primera instancia Leandro Ríos, que se demoró mucho tiempo, dejó siete condenados pero seis de ellos con penas muchas más bajas que las pedidas por los fiscales Mario Silva y José Ignacio Candioti. Algunas penas fueron muy bajas y dos de los condenados fueron liberados tras la sentencia. La pena más alta fue a perpetua, al ayudante de la Policía Federal Cosme Ignacio Marino Demonte, y la más baja a tres años de ejecución condicional.
Lo que resta
Entre los juicios restantes, se destaca el juicio por la muerte de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, conocidos como los "Mártires de Chamical", en el que la justicia riojana condenó al ex alférez Ángel Ricardo Pezzetta a prisión perpetua.
El 19 de octubre, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata dictó otro fallo ejemplar: condenó a ocho marinos y agentes de Prefectura de la zona de La Plata por la persecución y tortura de trabajadores portuarios y obreros de empresas de La Plata, Berisso y Ensenada.
El 10 de abril pasado, la justicia de San Luis dictó la sentencia más contundente del año: 28 represores fueron condenados. Nueve de ellos a prisión perpetua, mientras que el resto recibieron penas de 3 a 20 años de cárcel. Se investigaron los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos, homicidio, asociación ilícita, violación y encubrimiento.

Además hubo sentencias por crímenes en el circuito represivo de Junín, Campo de Mayo, Formosa, Córdoba –otra vez Luciano Benjamín Menéndez—, Salta, la zona norte bonaerense —en la causa “Saint Amant”—, Jujuy, San Martín, Catamarca y Bahía Blanca. Los números globales desde la reapertura de las causas hasta ahora, según la Procuraduría, son importantes: 679 imputados sentenciados (622 condenados y 57 absueltos), 883 personas con procesamiento, 57 prófugos y 227 imputados que fallecieron impunes.
HH
Fuente Infojus:  http://infojusnoticias.gov.ar/nacionales/hubo-18-sentencias-y-121-condenados-por-delitos-de-lesa-humanidad-en-2015-10885.html

26 dic 2015

Abuelas: las estrategias de una búsqueda incansable para encontrar nietos

En 38 años de lucha y con el objetivo de restituir la identidad de todos los bebés apropiados durante la dictadura, las Abuelas de Plaza de Mayo recolectaron información, viajaron al exterior, realizaron campañas de difusión, se extendieron a las redes sociales y llevaron su mensaje a canchas, escuelas, teatros y televisión.

Juan Pablo Moyano Altamirano era un niño, en abril de 1983, cuando atendió la puerta de su casa y se encontró con un vendedor ambulante que le ofrecía corbatas. El desconocido era su tío. A veinte metros, un grupo de abuelas espiaba para saber si ese pequeño era –o no– el hijo de Elba Altamirano y Edgardo Moyano, desaparecidos en 1976. Meses después, Juan Pablo recuperaba su identidad.

Así –cuerpo a cuerpo, arriesgadas y con ribetes detectivescos– fueron las primeras estrategias empleadas por Abuelas de Plaza de Mayo para localizar y restituir a los nietos desaparecidos, durante la dictadura cívico–militar. A medida que los niños crecían, la organización fue ensayando diferentes campañas. Incluso cada etapa estuvo vinculada a la edad de los nietos y al contexto. Esos dos factores confluyeron en 1997, con los 20 años de Abuelas, cuando decidieron, por fin, interpelarlos, hablarles a ellos: sus nietos.

Con diversos mecanismos y en 38 años,  resolvieron 118 casos. “Además de tratar de ubicar a los nietos, cada campaña buscó construir un sentido para que la sociedad se sume y aporte”, explica Clarisa Veiga, coordinadora de prensa de las Abuelas de Plaza de Mayo.

Del acercamiento a la duda

Abuelas se creó en 1977, en plena dictadura. En una primera etapa, cuando en el país muchos le daban la espalda, se apoyaron en los padrinazgos de distintas organizaciones en el exterior. “Los nietos eran menores de edad y estaban en manos de los apropiadores: era difícil contar con la voluntad de los niños”, dijo Veiga. A través de solicitadas en algunos diarios y un documento en el que denunciaban los casos de los niños y mujeres embarazadas que estaban desaparecidas, apelaban a los datos que podían brindar las personas del entorno de los apropiadores: vecinos, familiares. Fue la etapa del acercamiento. Receptaban denuncias y datos sobre el paradero de los chicos. Una vez que los ubicaban, las Abuelas los abordaban. Podía ser en el jardín de infantes, la escuela, el club, o a la casa donde vivían, como sucedió con Juan Pablo Moyano Altamirano. Así se dieron las primeras restituciones.

Los períodos no fueron taxativos, más bien dependieron del contexto. En términos de importancia, el paso siguiente fue pasar del contacto personal a la intermediación judicial. Seguían recibiendo denuncias y buscando información pero el contacto con los niños quedó a cargo del  Poder Judicial.

En 1997, cuando Abuelas cumplió 20 años, se dio un quiebre. Pensaron que los nietos –ya no más bebés, ni niños, ni adolescentes, sino hombres y mujeres– podían querer encontrarlas. Una persona clave en ese proceso fue Abel Madariaga que, al frente del área de Difusión, imaginó la posibilidad de “apelar a la duda de los chicos sobre su identidad para continuar la búsqueda”. Desde esa lógica, se diseñaron campañas de comunicación y estrategias para acercar a los jóvenes a la organización.

Los mensajes interpelaban directamente a los nietos: “¿Y vos, sabés quién sos?”. El acto fundacional del camino inaugurado tuvo lugar con la realización de dos recitales de rock y el estreno de la obra A propósito de la duda. La metodología de búsqueda continuó con más actividades, producción de afiches, concursos, seminarios, instalaciones y ciclos como Teatro por la Identidad, Rock por la Identidad, Cine, Fotografía y Danza por la Identidad. En cualquier lugar o ámbito, los nietos y nietas podían estar presentes. Hasta entonces, sólo 59 habían recuperado su identidad.  

El año 1998 no sólo fue agitado en materia de difusión, sino también en el ámbito judicial. El 15 de junio fue detenido el ex dictador Jorge Rafael Videla, acusado de ser el “autor mediato” de cinco apropiaciones de menores. También se editó el libroNiños desaparecidos, jóvenes localizados en la Argentina desde 1976 a 1999, que recogía las denuncias de todos los casos de Abuelas hasta esa fecha.

DE LAS NOVELAS A LAS BISABUELAS

Abuelas comenzó siendo un grupo de mujeres que buscaba a sus hijos y a sus nietos y, en casi cuatro décadas, hicieron madurar a la sociedad, generaron conciencia y memoria. Su lucha es ahora de toda la sociedad”, dice Clarisa. Gracias a los organismos, los temas de derechos humanos se fueron instalando en la agenda social y mediática. Y con la gestión del presidente Néstor Kirchner se convirtieron en una indiscutida política de Estado. En 2005, por ejemplo, el Congreso de la Nación instituyó el 22 de octubre como Día Nacional por el Derecho a la Identidad.

La etapa de mayor cantidad de presentaciones espontáneas llegó cuando la temática desembarcó en la televisión. En abril de 2006, se estrenó la telenovela Montecristo, cuya adaptación se focalizaba en la apropiación de una de las protagonistas y, un año después, la serie Televisión por la identidad. “De pronto, sucedió algo inusitado: el público de este género, que generalmente uno cree que está en otra dimensión, se empezó a interesar seriamente por esta cuestión, y a hacer preguntas”, destacaron

Marcelo Camaño y Adriana Lorenzón –guionistas de la tira–, en el libro Historias Buscadas, a 15 años de la Conadi. La eficacia de la televisión como medio masivo pulverizó todos los cercos culturales posibles. Fue como si, por salir en la novela, de repente la temática se legitimara. Hubo 659 legajos abiertos en la Conadi de chicos que tenían la posibilidad de ser hijos de desaparecidos.

Las Abuelas siempre trabajaron y construyeron de manera colectiva. “Todas la áreas se complementan”, explica Clarisa. Las campañas de difusión llegaron, incluso, a las canchas de fútbol.Y se anexaron a otras herramientas legales, como la ley aprobada en 2009, que permite tomar muestras de ADN de cepillos de dientes, en caso de que los jóvenes no acepten hacerse un análisis genético.

En la organización, nunca se pierde de vista que el tiempo pasa y los chicos crecen. Desde hace algunos años, ya no buscan a una generación, sino a dos: saben que sus nietos fueron padres. Por eso, también trabajaron en escuelas y facultades; y se expanden a través de las redes sociales. Recientemente, dieron a conocer a los ganadores del concurso TwitteRelatos por la Identidad 4, con gran variedad y distintos registros literarios que pasarán a conformar una nueva muestra itinerante de la entidad, con ilustraciones de talentosos artistas. Y ahora, además, incorporaron contenido en jardines de infantes, con producciones y material fílmico sobre el derecho a la identidad. Buscan nietos y bisnietos. El detonante, la chispa que haga encender la duda, puede ser un niño que dibuja su familia y empieza a preguntar a sus padres.

Por Waldo Cebrero.

30 nov 2015

El Estado de las causas por Delitos de Lesa Humanidad en Argentina

La cifra de condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar asciende a 622, según se desprende del último informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. En las 147 sentencua dictadas desde la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, 57 acusados resultaron absueltos. Actualmente se están desarrollando 18 juicios a los largo del territorio nacional.

De las 514 causas analizadas, 233 (el 45 por ciento) se encuentran todavía en etapa de instrucción; 147 tuvieron sentencia y 116 ya fueron elevadas a juicio oral. De los 18 debates orales que se desarrollan actualmente, dos se llevan a cabo en los Tribunales Federales de Retiro, en la Ciudad de Buenos Aires: un tramo de la megacausa ESMA,  en la que 59 represores –entre ellos aviadores navales y de Prefectura que participaron en los “vuelos de la muerte- están acusados por 789 secuestros, torturas y homicidios; y la causa por los delitos cometidos en el marco del Plan Cóndor, el acuerdo de las dictaduras sudamericanas para perseguir a opositores políticos fuera de sus propios países, que se encuentra en etapa de alegatos.

En Córdoba continúa el debate oral de la megacausa La Perla, que tiene sentado en el banquillo al represor Luciano Benjamín Menéndez y a otros 51 represores. En Mendoza se lleva adelante el "juicio a los jueces", que tiene unos 41 imputados, entre ellos los ex jueces Otilio Romano y Luis Miret. En Bahía Blanca, se encuentra en etapa de alegatos el tercer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos por la Armada, en el que son juzgadas 25 personas en perjuicio de 66 víctimas.

El informe de 19 páginas publicado en Fiscales.gob.ar, el sitio de la Procuración General de la Nación, analiza el período que va desde 2006, cuando la Justicia argentina dictó la primera condena tras la derogación de las leyes de impunidad, hasta el 30 de septiembre de este año. En ese lapso de tiempo, 2166 personas, entre civiles y militares, fueron imputadas o investigadas por crímenes de lesa humanidad: 1065 están detenidas, 753 en libertad, 59 están prófugas y 280 murieron impunes antes de ser juzgados. En nueve casos no hay datos.

Entre los detenidos, 587 se encuentran alojados en dependencias penitenciarias, 7 en hospitales y 13 en recintos de fuerzas de seguridad, 441 tienen el beneficio del arresto domiciliario y sobre 17 no hay datos.

12 nov 2015

Argentina: Sentencia sobre el interés superior del niño

Interés superior del menor. Rechaza la apelación interpuesta por la abuela del menor, contra la sentencia que ordenó cautelarmente la restitución a su madre biológica. Refiere que, de los informes agregados al expediente, no surge en modo alguno que la progenitora del niño sea inepta para ejercer los derechos que le asisten y cumplir con los correlativos deberes que la responsabilidad parental le impone. Manifiesta que sí se advierte una mala relación entre la actora y la demandada –madre e hija-, y no así en torno a un real y probado mal desempeño de esta última en su rol de madre. En tal sentido sugiere la realización de una terapia a fin de reparar en la medida que fuera posible el vínculo entre ambas. 

Fuente INFOJUS: http://www.infojus.gob.ar/confirman-restitucion-cautelar-menor-su-madre-biologica-nv13188-2015-10-15/123456789-0abc-881-31ti-lpssedadevon?utm_content=bufferf2c9d&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer

2 nov 2015

Argentina: A 30 años del Juicio a las Juntas

La Fototeca ArGra realiza una muestra en simultáneo en Argentina y México. Las imágenes conforman la memoria histórica sobre un proceso emblemático para la región y el mundo: por primera vez un gobierno democrático juzgó a la dictadura que lo precedió. Aquí ofrecemos algunas de las 56 imágenes tomadas por 15 fotoperiodistas en 1985.



La última dictadura militar duró siete años. Dejó 30.000 desaparecidos, miles de exiliados, multiplicó por cinco la pobreza, quintuplicó la deuda externa y comenzó la extranjerización de la economía. Las bases del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 fueron la destrucción del aparato productivo argentino y la especulación financiera. Ese plan, que cambió el rumbo del país, sólo podía ejecutarse a sangre y fuego.
 

Desde el mismo día del asalto al gobierno democrático existieron focos de resistencia. Algunos en las fábricas, de donde se llevaron a la mayoría de los desaparecidos; otros en las escuelas y universidades, en las zonas rurales y entre los profesionales. Pero la resistencia más conmovedora la llevaron adelante las mujeres que reclamaron la aparición con vida de sus hijos secuestrados y desaparecidos. Tras cada ronda, fueron perdiendo sus nombres individuales y se llamaron Madres de Plaza de Mayo. Con ellas nació otro grupo, las Abuelas de Plaza de Mayo, que abrazaron la búsqueda de sus nietos y nietas, víctimas del Plan Sistemático de Apropiación de Niños, otra de las caras del terrorismo de Estado.

Todas esas luchas fueron empujando a la dictadura y acercaron la posibilidad de elecciones democráticas. Esa salida del horror incubó el Juicio a las Juntas Militares, un proceso judicial emblemático en la región y el mundo. Argentina juzgó a la cara visible de ese genocidio en 1985, apenas dos años después de elegir gobierno en las urnas. La acusación se basó en las pruebas recolectadas por la Comisión Nacional Sobre la Desaparición  de Personas (Conadep), que recopiló casi 9.000 testimonios y eligió 709 casos emblemáticos.

Las víctimas más directas de los secuestros, las torturas y la rapiña hablaron ante un tribunal. Con una mezcla de temor, dolor y valentía revivieron el terrorismo de Estado pese al poder que, en las sombras, detentaban los represores, quienes encarnaron la mano de obra de los grupos económicos y financieros más concentrados.
En ese entramado de testigos y expedientes judiciales nació el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Su tarea combinó técnicas antropológicas, arqueológicas y de medicina forense, todas ellas puestas al servicio de la identificación de los desaparecidos. Con los años, su labor ganó reconocimiento internacional y ayudó a reconocer cuerpos en casi treinta países. Uno de sus últimos trabajos fue con las víctimas de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, México.

El juicio a las Juntas Militares terminó con condenas para todos sus integrantes. Los testimonios de los sobrevivientes y familiares de las víctimas sembraron la base de los procesos judiciales que vendrían luego. Los mandos medios de la Fuerzas Armadas se rebelaron y lograron leyes de impunidad que cerraron, por un tiempo, el avance de los juicios. Pero la movilización popular -sumada a un nuevo escenario político- reabrió las puertas de los procesos y hoy suman 592 los represores condenado.
A veces avanzaron más, a veces menos. Pero nada pudo detener el consecuente reclamo de Justicia de las Madres, los organismos de derechos humanos y algunas organizaciones sindicales y políticas. Tampoco la búsqueda de las Abuelas, que ya recuperaron la verdadera identidad de 117 hombres y mujeres.

Aquellos pañuelos abrieron un camino de Memoria, Verdad y Justicia que viejos y nuevos pies  aún recorren a paso firme.

30 oct 2015

Argentina: Convirtieron en ley la imprescriptibilidad de los delitos sexuales cuando la víctima sea menor de edad

La Cámara de Senadores de la Nación convirtió en Ley el proyecto sobre la imprescriptibilidad de la acción penal en los delitos contra la integridad sexual, cuando la víctima sea menor de edad. La iniciativa fue modificada por Diputados y el Senado aceptó esos cambios sin debate y por unanimidad. Entre otras cosas, se incluyó también el delito de trata de personas.

La imputación penal empezaría a correr desde que la víctima realiza la denuncia, modificando la denominada “Ley Piazza”, en la cual el plazo se computaba a partir de que la víctima cumpliera la mayoría de edad.  “El proyecto pasó por la Cámara de Diputados donde  se incorporó el delito de Trata. La propuesta es una modificación del Código Penal para que aquellos delitos contra la integridad sexual, cuando las víctimas sean menores de edad, no prescriban”, dijo a Infojus Noticias la senadora entrerriana del Frente para la Victoria Sigrid Kunath, autora del proyecto. “Creemos que frente a delitos en los cuales está en juego la integridad sexual de las personas justamente cuando están creciendo, cuando se están formando, merecen un tratamiento especialísimo”, apuntó la legisladora.

"Se incorporó el delito de trata. Y, en este tipo de delitos, la prescripción estaría suspendida mientras la víctima sea menor de edad y hasta que se haga la denuncia", aclaró. Kunath remarcó que los cambios "cumplen con los objetivos y los planteos que presentamos en los fundamentos del proyecto".

“La imprescriptibilidad, de acuerdo a las últimas modificaciones, estaba reservada para los delitos de lesa humanidad. Este proyecto está pensado para las víctimas que son niños y dependen de los mayores para tomar determinadas decisiones. Consideramos que a veces los adultos recuerdan hechos de abuso que marcaron su vida y esta iniciativa ayuda a que no queden  impunes. También es interesante incorporar la trata de personas, porque es un delito de los más aberrantes que hay y porque viola absolutamente todos los derechos humanos en una sola situación”, dijo la senadora sanjuanina Marina Raquel Riofrío, durante el tratamiento del tema en comisiones.

Además, propone la inhabilitación especial perpetua cuando el autor de estos ilícitos se hubiera valido de su cargo, profesión o derecho para la comisión.

La ley 26705 (ley Piazza) establecía que la prescripción comienza a correr cuando la víctima cumple 18 años. Pero la jurisprudencia demuestra que no siempre al cumplirse los 18 ya se está en condiciones de poder hablar.

Fuente INFOJUS Noticias: http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/convirtieron-en-ley-la-imprescriptibilidad-de-los-delitos-sexuales-10362.html

23 sept 2015

Argentina: El Estado rescató a más de 1000 víctimas de trata durante este año

El Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata rescató un total de 9025 víctimas en distintos puntos del país, desde la sanción de la ley 26.364, en 2008. El 73% de las personas rescatadas son mujeres. En el 51% de los casos prevalece la explotación sexual. Otro dato del informe señala que la mayoría de las víctimas son extranjeras (61%).
Estadísticas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

En el taller textil de Villa Soldati había siete personas que confeccionaban prendas para la marca Yagmour. Lo hacían en turnos de 10 y 12 horas. Creían que estaban regularizados pero ninguno sabía lo que significaba “estar empleados en blanco”. Las profesionales del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos detectaron que se trataba de una situación de explotación laboral. Desde la sanción de la ley 26.364 para la Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas en abril de 2008, las personas rescatadas y asistidas en distintos puntos del país, suman 9025. Además, según las estadísticas que elabora el propio equipo de trabajo, la mayoría de las personas rescatadas son mayores de edad (90%).

De acuerdo con el último informe elaborado por el organismo que coordina Zaida Gati, en lo que va del año se rescataron 1148 personas. El 73% son mujeres y en el 51%  de los casos  prevalece la explotación sexual. Otro dato que se desprende del reporte es que la mayoría de las víctimas son extranjeras (61%) predominando las nacionalidades boliviana (57%), paraguaya (23%) y dominicana (9%).

Los profesionales del Programa Nacional de Rescate acompañan y brindan asistencia psicológica, social, médica y jurídica a las víctimas, desde el momento mismo del rescate en los lugares de explotación hasta la instancia de declaración testimonial. Está integrado por psicólogas, trabajadoras sociales, politólogas, médicos, abogados y personal policial especializado.

Las intervenciones del Programa se realizan en el marco de causas judiciales que involucran   allanamientos por casos de explotación sexual o  laboral, entrevistas en sede judicial o cámara Gesell, acompañamiento y asistencia durante el proceso de declaración testimonial, y asistencia en reconocimiento fotográfico o en domicilio.
Además, el organismo también activa campañas de prevención, concientización y sensibilización y dicta capacitaciones para diversos actores en todo el territorio nacional. 

Línea 145 

Todos los días, las 24 horas, la línea 145 recibe denuncias vinculadas a casos de trata. Cualquier persona puede contactarse a este número de manera gratuita desde cualquier punto del país. Los llamados son atendidos por profesionales especializados en la temática y pueden realizarse de  manera anónima.

En lo que va de 2015, ya se recibieron 1764 llamados. Desde el  1 de enero hasta al 31 de agosto, 731 denuncias estuvieron relacionadas a casos de explotación sexual; 441 a explotación laboral; 207 a personas desaparecidas y 71 vinculadas a publicidad de oferta sexual. Las 314 denuncias restantes corresponden a otros delitos como ofertas laborales engañosas, secuestros y venta de niños, niñas y adolescentes.

De acuerdo con el relevamiento de estas comunicaciones, el 50 % de los llamados proviene de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. En segundo lugar figura la región Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa (17%), y en tercer lugar Mendoza, San Juan y San Luis (14%).