Entrevista a Ariel Dulitsky, experto de la ONU en desapariciones forzadas está ultimando un informe oficial en el que recomienda la creación de un plan nacional de búsqueda
El grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas trabaja en un informe oficial con recomendaciones que entregará al estado español tras una visita realizada el pasado noviembre, cuando una comisión visitó las principales ciudades españolas, escuchó el testimonio de más de 300 víctimas y se reunió con representantes de los poderes judiciales y ejecutivos.
Uno de los experto de este grupo de trabajo de la ONU que llegó a España, Ariel Dulitzky, finalizó la visita con la entrega de un primer informe preliminar en el que se calificaban como insuficientes las políticas de búsqueda de desaparecidos e instó a crear un plan nacional de búsqueda en el que se unifiquen todos los esfuerzos de los familiares, las asociaciones y las comunidades autónomas.
A pocas semanas de entregar el informe final, Dulitzky analiza para La Vanguardia.com la
situación de los familiares que llevan más de seis décadas en la búsqueda desesperada de
los más de 180.000 desaparecidos que se reportaron durante la Guerra Civil y el
franquismo.
-Usted representó a la comisión de la ONU que se reunió con víctimas y
representantes del Gobierno en España. ¿Qué escenario se encontró?
-Lo que nos encontramos principalmente fue una demanda de verdad, justicia y memoria por parte de los familiares de las víctimas. Por otro lado, hay una transferencia de responsabilidades del Estado en esta materia hacia las asociaciones de víctimas.
También hay una sociedad que entiende que la desaparición forzada es un delito continuado que permanece hasta que se conozca la suerte o el paradero de la persona desaparecida. En el caso de España estamos hablando de que estas personas desaparecieron hace más de 60 años atrás, y sin embargo los familiares siguen reclamando, llevando consigo esa demanda de justicia.
-Familiares que ya tienen un promedio de 80 años. ¿Esto qué implica para ese proceso
de búsqueda?
-En esta visita descubrimos un fenómeno muy interesante y se trata de la llegada de personas muy jóvenes que se están uniendo a demandar por los desaparecidos. Y es que con el regreso de la democracia hace más de 30 años nació esa necesidad de que los nietos se incorporaran a esta reivindicación.
Y esto logró que alrededor de 1990 comenzaran a formarse los grupos por el rescate de la memoria histórica tras haber transcurrido 20 años de democracia. Este es un fenómeno muy interesante si lo comparas con otras partes del mundo.
-La aparición de esta nueva generación ¿Es un signo positivo para no agotar los
procesos judiciales?
-Aquí hay dos elementos importantes. Por un lado, esa primera generación que en su mayoría vieron por última vez a las personas secuestradas y desaparecidas hoy tienen una edad mayor a los 80 años, y esto tiene que ser una nota de urgencia para el estado español. Porque es la última generación viva que vio y conoció de cerca a las personas que luego desaparecieron.
En la visita que hicimos nos dimos cuenta que lo que está claro es que esta nueva generación es la que está entablando nuevos diálogos, caminando juntos en la lucha por la justicia, y queda ya lejos la época en la que había mucho temor al hablar o denunciar las desapariciones. Se rompió ese silencio histórico, ahora se cuenta lo que ocurrió en aquella época.
Naturalmente esto no sólo da continuidad a la búsqueda de justicia sino también a abrir nuevos espacios que no tuvieron las generaciones anteriores para contar sus propias historias.
-Tras la visita que realizaron, el grupo de trabajo de la ONU dio unas primeras recomendaciones en las que calificó como insuficientes las medidas tomadas por el
Gobierno. ¿Cómo reaccionaron los representantes del estado español?
-Cuando visitamos España nos encontramos con una actitud muy abierta por parte de los representantes del Gobierno y con mucha disposición al diálogo. Nosotros creemos que hay una obligación internacional por parte del estado español de cumplir con los compromisos voluntarios que asumió en los distintos tratados internacionales en los que se le da preponderancia a la celeridad de la justicia.
-Es decir, ¿por ahora no hay ninguna reacción oficial a las primeras recomendaciones?
-Hasta el momento hemos recibido declaraciones públicas por parte de algunos funcionarios españoles que han asegurado que leerán nuestras recomendaciones, y que además irían a considerar muy seriamente lo que entreguemos en el informe final, por lo que hasta ahora podemos decir que hay una buena disposición por la parte estatal.
-¿Para cuándo se tiene previsto entregar este informe final a las autoridades?
-Será en este primer trimestre del 2014. Estamos trabajando en ello. Luego el estado español tendrá que emitir ciertos informes, se le da seguimiento.
-España cifra en más de 180.000 los desaparecidos, pero hasta el momento no cuenta
con un plan nacional de búsqueda. ¿Qué detectó usted en este tema?
-Nosotros nos encontramos con que todos los sectores implicados hacen un esfuerzo muy importante, pero a unos niveles descoordinados. No hay un plan integrado que coordine todas las actividades que están haciendo y que además recupere toda la información que se produce a través de estos esfuerzos privados y públicos.
Nosotros creemos que el Estado tiene toda o mucha información para descubrir dónde están estos 180.000 desaparecidos, por eso es necesario un plan nacional integral porque los esfuerzos aislados no son suficientes. Está demostrado que lo que ocurrió durante la época de la Guerra Civil y del franquismo fue a nivel nacional y no en comunidades determinadas y eso hace que todo esto tenga una dimensión nacional muy amplia.
-¿Los convenios internacionales firmados por España la obligan a elaborar un plan
nacional de desaparecidos?
-Esto es un deber estatal, no depende de la iniciativa privada. No se puede privatizar el deber del Estado de buscar a las personas desaparecidas bajo la responsabilidad o tolerancia del propio Gobierno. Por lo tanto, el crear un plan nacional de búsqueda implica al mismo tiempo un repudio del estado español hacia esa practica cometida hace décadas atrás.
-Las recomendaciones preliminares de su grupo de trabajo incluyen la necesidad de
suprimir la Ley de Amnistía. ¿Por qué?
-Nosotros creemos que la Ley de Amnistía tal como se está utilizando hoy en día introduce dos grandes defectos: por un lado cierra toda posibilidad de realizar investigaciones penales para determinar potenciales responsabilidades penales de los autores materiales de las desapariciones forzadas.
Las formas en que se ejecutaron las ejecuciones forzadas en España fueron producto de un procedimiento sistematizado para atacar criminalmente a la sociedad civil. Por lo que este tipo de delitos internacionales no pueden ser objetos de amnistía y por el contrario tienen que ser investigados y sancionados. Como mínimo se tiene que investigar para decir quiénes son los potenciales responsables y sólo en ese caso la causa debe ser desactivada, por el contrario el Estado tiene que investigar quiénes fueron los responsables y eso precisamente no lo está haciendo la justicia española.
Por otro lado, la Ley de Amnistía está siendo utilizada también para que el poder judicial no participe en los procesos de exhumación y para cerrar las investigaciones sobre las responsabilidades penales como la búsqueda de los desaparecidos.
-Hasta el momento no hay ni una persona detenida por los más de 180.000
desaparecidos pese a que han transcurrido más de 60 años. ¿Qué mensaje da el
Estado a la sociedad civil y a las víctimas con esta falta de actuación?
-Nosotros creemos que el mensaje es que no hay un espacio para la justicia y para las
víctimas.
Y este es un mensaje- por lo que las mismas víctimas nos trasmitieron- de frustración, es un mensaje sobre la desigualdad que existe con víctimas de otro tipo de violencia y es un mensaje que ratifica que sus derechos todavía no han sido cabalmente respetados.
-¿Cree que hay la posibilidad de que España forme una comisión de la verdad para investigar estas desapariciones?
-Algunas asociaciones lo han planteado. Lo primero es unir todos los esfuerzos entre víctimas y Estado para encontrar a los desaparecidos. Y si en algún momento ambos sectores deciden que la mejor herramienta para establecer responsabilidades es a través de la creación de una comisión de la verdad entonces tendrá todo el apoyo del grupo de trabajo de la ONU.
-¿Qué otras vías legales o incluso internacionales le quedan a las víctimas para seguir exigiendo justicia?
-Las vías son varias. La principal es a través de los tribunales españoles porque aún hay jueces y fiscales que mantienen algún tipo de investigación– aunque sea mínima– abierta y en curso. Por otro lado hay instancias internacionales como es el caso de Argentina, que está realizando investigaciones serias sobre las desapariciones.
-¿Cree que el juicio del franquismo abierto en Argentina por la jueza María Servini puede crear un precedente?
-Lo que sucede en Argentina lo vemos con cierta luz por dos razones principales: España es el país que más contribuyó a la jurisdicción universal. La detención de Pinochet fue por una causa abierta en España, además de su seguimiento sobre las desapariciones en Argentina. Y al mismo tiempo porque cuando se han comenzado a cerrar espacios en la justicia española, las propias víctimas han buscado nuevos escenarios en otros países con la misma actitud con la que otras víctimas buscaron ayuda en España.
Nosotros esperamos que se vuelva al origen, que el estado español coopere en la
investigación y establezca responsabilidades.
-Y en relación a las reparaciones morales y económicas ¿Qué plantearon las víctimas
al grupo de trabajo?
-En términos de reparaciones económicas podemos decir que la Ley de Memoria Histórica
aprobada en el 2007 es un avance muy importante, es un reconocimiento al carácter de
víctima, y eso lo valoramos.
-¿Hay conformidad con respecto a las cantidades establecidas, y a las condiciones?
-Las cantidades que se han otorgado no corresponden a las aprobadas en otros países con
menor nivel de desarrollo económico. Nosotros no consideramos que la repartición
gubernamental a cargo de la Ley de Memoria Histórica tenga una explicación específica
del estado de crisis económica que vive el estado español.
-Si no es económica, ¿a qué lo atribuye?
-Hemos dicho que la reducción de presupuesto no es proporcional a la reducción en otras
áreas del Gobierno, por ello pensamos que hubo una opción política por parte del
Parlamento y del Gobierno de no tratar el tema con la urgencia debida
Después de 76 años, Ascensión Mendieta logró que por disposición de la magistrada argentina
María Romilda Servini de Cubría, la justicia española inicie la
excavación en una fosa común del cementerio de Guadalajara, donde
estarían los restos de su padre Timoteo Mendieta, fusilado por el
franquismo cuando ella tenía 13 años de edad. Es la primera exhumación
que se realiza en España bajo la tutela de la justicia universal, en la
causa que el juzgado argentino lleva adelante por los crímenes de lesa
humanidad cometidos durante la guerra civil española (1936-1939) y la
dictadura franquista (1939-1975).