Apenas a dos semanas de estrenarse como ministro del Interior, Daniel Urresti enfrenta las voces que en tromba piden su renuncia.
Estas ya traspasaron las fronteras del país y el martes 8 el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Oficina de Washington en Latinoamérica (WOLA) y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) emitieron un comunicado conjunto en el que "instamos a que el Poder Ejecutivo separe al General Urresti de su cargo de Ministro del Interior en tanto se dilucida su responsabilidad penal".
Pero, a juzgar por su frenética actividad mediática de los últimos días, el general EP (r) no tiene entre sus planes hacer maletas. El ministro asumió un sensible despacho –más si se considera el proverbial
recelo entre militares y policías– y cultivó desde el primer día un
estilo proactivo con el que debe simpatizar un sector de la población,
agobiada por la inseguridad y criminalidad rampante.
Pero el caso en el que se encuentra envuelto va mucho más alla de titulares y golpes de efecto.
El flamante Ministro del Interior se encuentra en un verdadero aprieto.
El
17 de junio del 2013, cuando llevaba tres meses como Alto Comisionado
de Asuntos de Formalización de la Minería Ilegal de la Presidencia de
Consejo de Ministros (PCM), el Segundo Juzgado Penal de Huamanga le
abrió investigación judicial por el asesinato del corresponsal de
CARETAS, Hugo Bustíos, ocurrido en Huanta, Ayacucho, el 24 de noviembre
de 1988. La Fiscalía solicitó que se le incluya como autor material del
crimen. El juez consideró que solo ameritaba ser considerado autor
mediato.
El
20 de agosto acudió a rendir su manifestación a Huamanga. Era la
tercera citación que se le hacía. El juez Rolando Crespo Gutiérrez le
advirtió que si no acudía lo convocaría de grado o fuerza.
Urresti
llegó acompañado de sus abogados Arturo Conga Soto y José Alberto
Montoya Pizarro. En su manifestación judicial, reconoció que fue jefe
Inteligencia y Contrainteligencia del cuartel de Castropampa en Huanta,
en 1988. Admitió que su seudónimo era “Capitán Arturo”. Tenía 32 años.
Perteneció
al arma de Comunicaciones, pero sostuvo que cuando llegó a Ayacucho, el
comandante EP Víctor La Vera Hernández, jefe político-militar de
Huanta, le pidió que se encargue “interinamente” de la oficina de
Inteligencia.
Negó
tener manejo de tropa ni agentes para realizar operativos de
inteligencia y rechazó los testimonios de los testigos que lo acusan de
haber participado en el crimen de Bustíos. Urresti permaneció en Huanta
hasta diciembre de 1988. En su siguiente destaque, en Tacna, entre 1990 y
1994, fue jefe del departamento de inteligencia del Ejército. El oficial de Comunicaciones, parece que algo había aprendido del oficio.
Urresti dijo ante la Corte que el mayor EP (r) Amador Vidal Sanbento, ‘Ojos de Gato’
y el adjunto de Logística Edgardo Montoya Contreras lo acusan en
venganza porque “a ambos los sancioné por actos de indisciplina, lo que
perjudicó sus carreras militares”, en 1988.
Por
cierto, los actos de indisciplina sancionados no fueron por el
asesinato de Bustíos, el 23 de noviembre de 1988 en los pagos de
Erapata, a 20 minutos en motocicleta de Huanta. Simplemente por el robo
de autopartes y abandono de destino.
El caso no se hizo público sino hasta el miércoles 2 pasado, cuando el programa de Glatzer Tuesta, en IDL Radio, detonó la bomba.
CASO EMBLEMÁTICO
En junio del 2007, la Sala Penal Nacional condenó al comandante EP Víctor La Vera Hernández, jefe del Cuartel de Castropampa en Huanta en 1988, a 17 años de prisión, como autor intelectual del asesinato de Hugo Bustíos, y al mayor EP Víctor Vidal Sambento a 15 años por ser el autor material del homicidio.
Un año después, en setiembre de 2008, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema presidida por Javier Villa Stein ratificó la sentencia de primera instancia contra La Vera y Vidal. También ordenó seguir con la investigación hasta hallar al resto de responsables.
Vidal Sanbento conocido como ´Ojos de Gato´ y el oficial Johnny Zapata llamado ´Centurión´ fueron identificados por varios pobladores de Erapata entre los militares que dispararon contra el corresponsal de CARETAS y Rojas.
Alejandro Ortiz atestiguó ante la Policía que fue ´Ojos de Gato quien tras las ráfagas de metralla, se acercó al cuerpo tendido de Bustíos y le arrojó una granada.
Ójos de Gato´ era jefe de rondas campesinas del Cuartel de Castropampa y reconocible por los comuneros con quienes coordinaba las labores antisubversivas en 1988.
Fueron casi 20 años de vía crucis judicial, con un archivamiento en el fuero militar y amedrentamientos a magistrados y testigos en el camino antes de que se dictara justicia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos debió intervenir para requerir que el crimen no quedara impune.
En 1989, Ortiz sería asesinado presuntamente por senderistas. Hilda Aguilar, entonces de 18 años, se reafirmó sobre lo que vio en el juicio de la década del 2000.
Hasta entonces el nombre de Urresti no había sido mencionado.
Recién en abril del 2008, Vidal Sanbento y Montoya Pizarro lo involucraron sorprendentemente ante la Segunda Fiscalía Supraprovincial de Ayacucho. Lo que Vidal le dijo al periodista Abilio Arroyo (ver recuadro) fue ratificado ante el Ministerio Público.
En ese momento, Urresti era general en actividad del Ejército.
LA VERA EN PALACIO
Los condenados permanecieron dos años en el penal San Jorge, pero en el 2009 fueron recluidos en el penal militar Virgen de Fátima de Chorrillos. En 2011, a La Vera se le concedió la semilibertad por “buena conducta”, según el INPE.
Idéeleradio reveló que el condenado La Vera Hernández se presentó a una convocatoria de la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional (Sedena), cuerpo de asesores del Presidente de la República adscrita a la Presidencia de Consejo de Ministros, en Palacio de Gobierno, el viernes 4.
La Vera postuló al cargo de especialista en doctrina de Seguridad y Defensa. Pese a sus antecedentes penales, calificó segundo en la evaluación curricular y quedó expedito para rendir elexamen de conocimientos programado para el pasado lunes 7 de julio.
Tras el escándalo, su postulación fue dejada sin efecto. El jefe del Sedena es Walter Astudillo Chávez, un general de brigada en retiro del Ejército.
Ésta semana en su domicilio, en la calle Buganvillas 285, en la urbanización Valle Hermoso, en Surco, no dieron razón de su paradero.
Si el Ministro del Interior capturase a La Vera para que cumpla lo que le queda de sentencia, acaso podría salvarse políticamente.
MEA CULPA
Apenas estalló el escándalo, Urresti reveló que informó de su situación judicial al presidente Ollanta HUmala antes de ser nombrado como Ministro, el 23 de junio. Comprometería la figura presidencial, un acto cercano a la deslealtad.
Por el momento, el Presidente ha cerrado filas con su Ministro. “Cuando se le propuso la cartera me puso en conocimiento de este tema; se le pidió unos papeles que eran pertinentes verlos, lo vieron los abogados (...) No vemos su culpabilidad y creemos en la presunción de inocencia”, confirmó Humala el jueves 3.
Cierto, Urresti no ha sido juzgado ni condenado. No necesariamente es culpable. Quienes lo acusaron fueron inequívocamente sentenciados como los homicidas de Bustíos y no mencionaron su nombre durante años.
Pero aquí hay un proceso abierto que se deben resolver ante la Justicia, no por intuiciones de quien encabeza el Ejecutivo.
“Que un ministro llamado a defender los derechos humanos tenga un esclarecimiento pendiente por un delito de extrema gravedad en esta materia es, además, groseramente ofensivo a los valores de un Estado democrático”, señaló en un comunicado el Instituto Prensa y Sociedad (Ipys), el lunes último. La institución consideró que “la condición judicial de Urresti es incompatible con el cargo que ostenta”.
A similares consideraciones arribó el Consejo de la Prensa Peruana (CPP).
El titular de la Tercera Fiscalía Nacional, Luis Landa decidirá si el expediente de Ayacucho amerita la apertura de un proceso penal contra el Ministro del Interior. La crisis Urresti amenaza con convertirse en un escándalo de resonancias internacionales. Que baje al llano. Como cualquier ciudadano.
El indulto es uno de los últimos arcaísmos "regios" de un presidente republicano: Un poder condena bajo el imperio de una Ley creada por otro. Y un tercer poder -un solo hombre- perdona la condena para siempre.
