ONU: La violencia sexual contra los niños atrapados en conflictos aumentó un 20% en 2021

La violencia sexual, incluida la violación, y los secuestros de niños y niñas atrapados en zonas de conflicto aumentaron en un 20% en 2021, según el informe anual de la ONU sobre los Niños y los Conflictos Armados publicado este lunes.

En 2021 se produjo una “mezcla mortífera” de escalada de conflictos, golpes militares, estallidos de nuevas guerras, así como de violaciones del derecho internacional, que tuvieron “un impacto devastador” en niños de todo el mundo. 

Al menos 5242 niñas y 13.663 niños fueron víctimas de violaciones graves en 21 conflictos. Al menos 1600 de esos niños sufrieron varias formas de violencia. En total, la ONU ha logrado verificar 23.982 violaciones graves contra niños, una cifra similar a la registrada en 2020 y que representa una media de unas 65 diarias. En el 15% de esos actos no se pudo identificar a los autores, lo que dificulta enormemente la posterior rendición de cuentas.

El asesinato y la mutilación fue la forma de violencia más numerosa, seguida por el reclutamiento y la utilización en combate y la denegación de acceso humanitario.

Los ataques a escuelas y hospitales también aumentaron el año pasado, según el reporte, que asegura que más de 2800 niños fueron detenidos por su asociación real o supuesta con las partes en conflicto, lo que los hace especialmente vulnerables a la tortura, la violencia sexual y otros abusos.

Los lugares en los que más niños se vieron afectados por violaciones graves en 2021 fueron Afganistán, la República Democrática del Congo, Israel y el Territorio Palestino Ocupado, Somalia, Siria y Yemen.

Cicatrices de por vida
No hay ninguna palabra lo suficientemente fuerte para describir las horribles condiciones que han soportado los niños en los conflictos armados", dijo la representante especial del Secretario General para los Niños y los Conflictos Armados, Virginia Gamba.

"Los que han sobrevivido quedarán afectados de por vida con profundas cicatrices físicas y emocionales. Pero no debemos dejar que estas cifras desanimen nuestros esfuerzos. Deben servir de impulso para reforzar nuestra determinación de poner fin y prevenir las graves violaciones contra los niños. Este informe es una llamada a la acción para intensificar nuestro trabajo para proteger mejor a los niños en los conflictos armados y garantizar que se les da una oportunidad real de recuperarse y prosperar". 

Gamba explicó que los niños y las niñas a menudo se enfrentan a riesgos diferentes, un factor que es importante comprender a la hora de desarrollar estrategias de prevención y respuesta.

Etiopía, Mozambique y Ucrania se han añadido al Informe Anual del Secretario General como situaciones preocupantes, lo que refleja el dramático impacto de las hostilidades en los niños de estas zonas.

Además, el Secretario General pidió que se mejorara la vigilancia en la región del Sahel Central, de forma similar a su solicitud para la región de la cuenca del lago Chad en 2020.

En medio del catálogo de horrores, se lograron avances en algunas regiones. En general, 12.214 niños fueron liberados de las fuerzas y grupos armados en países como la República Centroafricana, Colombia, República Democrática del Congo, Myanmar y Siria.

La representante especial destacó la importancia de proporcionar a los niños el apoyo adecuado para que se reintegren en sus comunidades.

"Las partes que participan en los procesos y debates de paz deben considerar la integración de los derechos y las necesidades de los niños en sus negociaciones, así como en sus acuerdos finales, ya que sigue siendo la única manera de alcanzar una paz sostenible", continuó Gamba, poniendo como ejemplo la actual tregua en el conflicto de Yemen.

"Cuando la paz desaparece, los niños son los primeros en pagar el precio de esta trágica pérdida", declaró. "Es más importante que nunca actuar para proteger a nuestros niños y garantizarles un futuro mejor y más seguro".

Niños y conflictos armados

·    - El informe destaca 23.982 violaciones graves verificadas contra los niños. En el 15% de esas violaciones no se pudo identificar a los autores, lo que dificulta enormemente la posterior rendición de cuentas.

·     - Al menos 5242 niñas y 13.663 niños fueron víctimas de violaciones graves. Al menos 1600 de esos niños fueron víctimas de múltiples violaciones.

·    - 8070 niños murieron o quedaron mutilados, cada vez más por restos explosivos de guerra, artefactos explosivos improvisados y minas, que afectaron a unos 2257 niños.

·      - Los niños siguieron siendo reclutados y utilizados en combate, con 6310 afectados.

·     - Se verificaron 3945 incidentes de denegación de acceso humanitario.

- En algunos contextos, las limitaciones de acceso y seguridad obstaculizaron los esfuerzos de verificación de todas las violaciones graves.

UN Secretary General Annual Report on Children and Armed Conflict  on Scribd

Fuente Centro de Noticias ONU.

ONU: Más de 10.000 niños fueron asesinados o mutilados en los escenarios de conflicto en 2019

"La infancia de estos niños y niñas ha sido reemplazada con dolor, brutalidad y miedo".

En 2019, millones de niños continuaron viviendo situaciones de sufrimiento inimaginables en los escenarios de conflicto, reportó este lunes la representante especial de las Naciones Unidas para Niños y Conflictos Armados, quien agregó que durante ese año la Organización pudo documentar más de 10.000 casos de niños muertos o mutilados.

Virginia Gamba subrayó que si bien esa cifra es menor que la de 2018, cuando se registraron 12.014 víctimas menores de edad, sigue siendo un número demasiado alto.

Detalló que Afganistán es el país con más muertes de niños, seguido por Siria y Yemen.

El 25% de las muertes de menores se debieron a explosivos remanentes de guerra, explosivos improvisados y minas, lo que destaca la responsabilidad de todas las partes enfrentadas, incluyendo a los gobiernos, de limpiar el terreno de esas armas.

El informe anual sobre niños en conflictos armados también reveló que se verificaron 25.000 violaciones graves contra niños, es decir, unas 70 diarias, un número similar al de 2018.

“La infancia de estos niños y niñas ha sido reemplazada con dolor, brutalidad y miedo mientras el mundo lo atestigua. Las partes en conflicto no cumplen su obligación de proteger a los menores durante las hostilidades y les niegan la ayuda vital que necesitan desesperadamente”, afirmó Gamba.

La representante especial del Secretario General recordó que con la transgresión de las reglas de guerra, las partes ponen en riesgo a sus propios hijos.

Sin acceso a ayuda humanitaria, educación y salud

Uno de los datos más alarmantes del documento es el aumento de 400% en la obstaculización a la entrega de ayuda humanitaria. En el año estudiado se confirmaron 4400 incidente de negación de la entrada de ayuda a las zonas de conflicto.

Además, hubo un alto nivel de impedimentos y violencia contra los trabajadores humanitarios, se saquearon sus provisiones, se les restringió el movimiento y se les impuso todo tipo de dificultades en su tarea de brindar asistencia básica a los niños.

Los escenarios más preocupantes son Yemen, Mali, la República Centroafricana, Israel y el Estado de Palestina, así como Siria, asevera el informe.

El documento da cuenta también de la falta de respeto al carácter civil de las escuelas y hospitales, que en 2019 sufrieron 927 agresiones confirmadas principalmente en Afganistán, Israel y el Estado de Palestina y Siria. A esto se sumó el cierre y el uso con fines militares de esas infraestructuras, dando como resultado que millones de niños fueron privados de la educación y los servicios de salud.

Violencia sexual

La ONU verificó 735 denuncias de violencia sexual, pero resaltó que ese dato seguramente no refleja la realidad ya que muchísimas violaciones no se reportan sobre todo por la impunidad de la que gozan los agresores, la falta de acceso a la justicia y a servicios para las víctimas, y el temor al estigma.

Los países con más casos documentados fueron la República Democrática del Congo, Somalia y la República Centroafricana.

“Llamo a todas las partes en conflicto a dar prioridad inmediatamente al acceso de la ayuda humanitaria para los niños y las poblaciones vulnerables en los sitios de conflicto, así como a permitir el trabajo de los expertos en protección de menores y asistencia vital”, apuntó Virginia Gamba.

El informe da cuenta también de 2500 niños detenidos por acusaciones de asociación con las partes en conflicto, incluidas agrupaciones terroristas. En este sentido, la representante especial enfatizó que los menores de edad deben ser tratados como víctimas y la detención es un último recurso que debe ejercerse por periodos breves.

Gamba pidió a los Estados miembros que faciliten la repatriación voluntaria a sus países de los niños varados en campamentos en Iraq y Siria.

Reclutamiento

Más de 7000 niños fueron reclutados o utilizados para el combate en 2019. En la mayor parte de los casos, los reclutadores fueron actores no estatales en la República Democrática del Congo, Somalia y Siria.

Según el estudio 1683 niños fueron secuestrados recientemente, sobre todo para servir como soldados o esclavos sexuales. Somalia, la República Democrática del Congo y Nigeria registraron el mayor número de casos verificados.

El compromiso de la ONU y su trabajo con las partes en conflicto logró avanzar algunos planes de acción que abarcan medidas como leyes de protección a los niños, justicia para las víctimas y mayor acceso a los expertos en protección infantil para buscar la liberación de los menores reclutados.

“Para poner fin al ciclo de violencia contra los niños en los conflictos armados hacen falta programas amplios de reintegración que contemplen educación, apoyo psicosocial, servicios de salud y empleos”, dijo Gamba e instó a la comunidad internacional a mantener el respaldo a estos esfuerzos mediante la Coalición Global para la Reintegración de Niños Soldados.

“La paz sigue siendo el medio más poderoso para reducir las violaciones contra los niños. Hago eco una vez más a la exhortación del Secretario General a un alto el fuego mundial no sólo mientras combatimos la pandemia de COVID-19 sino más allá de ello ya que los niños y las familias que viven en escenarios de conflicto necesitan urgentemente la paz y la protección que la acompaña”, concluyó la representante especial.

15-June-2020 Secretary-General Report on CAAC Eng on Scribd

Fuente : https://news.un.org/es/story/2020/06/1476002

Informe: La vida de un niño -usado como- soldado después de ser liberado

Los menores reclutados a la fuerza en un conflicto sufren el rechazo de la sociedad, y en muchas ocasiones el de su familia, además de traumas físicos y psicológicos. En lo que va de año, 44 han sido rescatados en Nigeria

François —nombre ficticio— tenía 15 años cuando fue liberado, después de dos años como niño soldado en la República Centroafricana. A dos días de reencontrarse con su madre biológica, después de haber pasado por una familia de acogida y haber hecho un curso de FP de carpintería, le preguntaron qué quería hacer en el futuro. No lo dudó: "Quiero volver a la escuela". François es uno de los 300.000 menores víctimas de reclutamiento forzoso en todo el mundo, según datos de Unicef, que cambió su infancia y su educación por un fusil y que, años después, volvía a su vida después de escapar.

Desde 2015 se han liberado 10.000 niños y niñas de grupos armados en todo el mundo, según el informe El fin del uso de niños reclutados en conflictos armados, de Unicef. La última operación de rescate ha sido la de 23 niños y dos niñas en Nigeria que permanecían bajo custodia administrativa por su supuesta vinculación con grupos armados y la organización terrorista Boko Haram. Con estos últimos 25 casos, ya son 44 los menores liberados en el país africano en lo que va de 2019.

"Necesitan pasar de la vida militar a la vida civil de nuevo. Muchas veces al ser liberados llegan a los centros de tránsito sin saber quiénes son”, explica Lorena Cobas, responsable de emergencias de Unicef España. “Si ni siquiera los adultos están preparados para una guerra, las consecuencias psicológicas para un niño son terribles”, asegura María José Pinzón, experta y defensora de los derechos humanos y de la infancia. “Cuando su propia casa o su escuela pueden ser atacadas sin reparos; cuando los refugios tradicionales se convierten en objetivos, ¿cómo pueden los menores de edad escapar de la brutalidad de la guerra?”, explica Virginia Gamba, representante Especial del Secretario General para la Cuestión de los Niños y los Conflictos Armados de la ONU. “Este panorama demuestra el flagrante desprecio de las partes en conflicto por el derecho internacional, lo que hace que los civiles, especialmente los más pequeños, sean cada vez más vulnerables a la violencia y el abuso y a ser utilizados”.

Las niñas, doble víctimas de la guerra

Al igual que los niños, las niñas soldado tienen oficios y tareas que no necesariamente son la de empuñar un fusil: son porteadoras, cocineras y en la mayoría de los casos, se las aísla del resto y se las convierten en esclavas sexuales, o incluso se las casa forzosamente con los miembros del grupo armado o la milicia en la que han sido reclutadas. En Sierra Leona un 60% de las niñas soldado se convirtieron en bush wives —esposas de la selva—, fenómeno que también se ha documentado en Liberia o Angola, según explica la organización Save The Children. Las niñas que han sido esclavizadas sexualmente y han sido madres, también viven la estigmatización social de que sus hijos cuenten con un progenitor del ejército o del grupo armado enemigo, lo que las convierte en “las dobles víctimas del conflicto”, según la experta Cobas, al ser antiguas niñas soldados y madres de un hijo ya marcado desde su nacimiento.

Vuelta a la vida civil y el rechazo de la comunidad

El primer paso, una vez liberados del grupo armado o militar, es pasar por un centro de tránsito, donde se les suministra los elementos básicos de higiene y medicamentos, y se les somete a un estudio físico y psicológico. En el caso de las niñas, este suele ser más pormenorizado por haber estado en un mayor riesgo de sufrir violencia sexual durante su cautiverio. "El periodo que permanezcan aquí, cuanto más corto sea, mejor. Lo siguiente será volver con su familia", explica Cobas. El gran problema de los programas de reinserción de los reclutados es que no está claro el papel que debe adoptar la sociedad en su conjunto, poco preparada para acoger adecuadamente a estos niños en su comunidad, asegura Pinzón. “Los niños soldado son considerados asesinos, y socialmente van estar estigmatizados siempre. Nadie quiere que sus hijos vayan al colegio con un exguerrillero”, explica Pinzón. 

“Los niños soldado son considerados asesinos, y socialmente van estar estigmatizados siempre. Nadie quiere que sus hijos vayan al colegio con un exguerrillero”

María José Pinzón. Defensora de los derechos humanos y la infancia

Importante después para que el menor recupere su infancia es buscar y encontrar a su familia biológica. Pero la tarea resulta muchas veces difícil. A veces están lejos o han muerto a causa del mismo conflicto que llevó al menor a la guerrilla o el Ejercito. En casos muy extremos, el primer acto en un escenario de guerra es el de matar a los padres, lo que ayuda a manipular al hijo o hija y conseguir, así, que el repudio de su familia y su comunidad perdure. “El odio forma parte del conflicto”, dice Cobas.

En el caso de que la familia no desee su regreso, el plan B son las familias de acogida, dispuestas a dar cobijo a estos niños en el periodo de transición, que suele durar entre 2 y 3 años. "Luego toca volver a la escuela lo antes posible o a una formación profesional", explica Cobas. Los programas de reinserción de los niños y niñas reclutados forzosamente ofertan distintas opciones, desde carpintería, fontanería, electricidad  en función de la demanda de cada región. Una de las formaciones profesionales preferidas de muchos de estos niños y niñas en República Centroafricana es el curso de Mecánica. "Se les enseñan a conducir, y para muchos niños y niñas conducir es símbolo de poder y quieren sentir ese poder. Es importante verles cómo eligen su propio camino”. Su propio camino, como el que llevó a François a la escuela, de nuevo.

LAS FASES DE REINSERCIÓN

Desmovilización

Se trabaja con las fuerzas y grupos armados que liberan niños en sus filas. Una vez conseguida su liberación, se lleva a un centro de tránsito donde reciben asistencia médica, psicosocial y jurídica.

Desarme

Se recoge, controla y elimina las armas que están en posesión de los distintos grupos que combaten en el conflicto y de la población civil.

Reintegración

Apoyo integral al niño, que incluye atención médica por posibles lesiones, asesoría legal, atención psicológica y educación. Si son adolescentes, reciben formación profesional y ayuda para iniciar pequeños negocios.

Reunificación familiar

Se busca a las familias de los niños. Si no se encuentra o no aceptan hacerse cargo de ellos, se busca una familia de acogida para que puedan tratarles con cariño y el apoyo que necesitan.

Movilización social con las comunidades

Trabajo con las comunidades a las que van a volver los niños y niñas para que los acepten como miembros y les den una nueva oportunidad.

UnicefChildSoldiersbriefing_UKweb 

Fuente Belén Hernández en El País: https://elpais.com/elpais/2019/10/07/planeta_futuro/1570463862_316980.html

Colombia: “El Ejército mató a nuestros hijos y nosotras cargamos con deudas millonarias”

Las madres de jóvenes víctimas de ejecuciones extrajudiciales de Soacha acumulan gastos en los cementerios. Piden que el Estado se encargue de los pagos.

El primero de octubre de 2008, Rubiela Giraldo, una humilde trabajadora de confección, recibió una llamada que le detuvo la vida. Desde el otro lado de la línea le informaban que su hijo, Diego Armando Marín, había sido asesinado por tropas del Ejército de Colombia y estaba sepultado muy lejos de Soacha, el lugar donde había desaparecido nueve meses atrás. Otras diez mujeres de esa misma localidad, cercana a Bogotá, recibieron llamadas similares. Ninguna se conocía, pero todas buscaban a sus hijos —muchachos de bajos recursos económicos— que habían recibido ofertas de trabajo por los mismos días.

Todas escucharon las mismas palabras que resultaban inverosímiles a sus oídos: que sus hijos habían muerto en combates con las fuerzas militares porque eran guerrilleros o miembros de bandas delincuenciales, una mentira que pronto se disipó y se convirtió en una de las mayores vergüenzas del Estado colombiano. Los muchachos habían sido reclutados con engaños y promesas falsas de trabajo, desaparecidos y posteriormente ejecutados por miembros del Ejército que, a cambio, recibían vacaciones y felicitaciones. El caso de estos jóvenes se llamó falsos positivos y fue solo el más conocido de los 2.248 casos que ocurrieron en todo el país durante los mandatos del expresidente Álvaro Uribe.

Once años después, Rubiela y varias de estas mujeres están preocupadas por otra llamada: las de los cementerios donde están los restos de sus hijos. “Ay mamita, ya me llamaron del cementerio y me dicen que debo 2,4 millones de pesos (cerca de 700 dólares). Eso me tiene pensativa, ¡cómo vamos a hacer para pagar toda esa plata!”, le dice Rubiela a Jaqueline Castillo, que también perdió a su hermano en las mismas circunstancias. Están en una encrucijada: mientras los casos se encuentren en investigación judicial los cuerpos de sus hijos son material de prueba y no pueden moverse ni incinerarse; pero el arrendamiento de ese espacio sigue generando cobros y ellas continúan sin saber qué institución del Estado debe pagar.

“El Ejército nos coge a nuestros hijos, nos destruye la vida y de sobremesa nos toca pagar deudas de millones”, explica Rubiela Giraldo a EL PAÍS. La norma en Colombia indica que un cadáver puede estar sepultado o en una bóveda durante cuatro años. Después de ese tiempo, si los familiares del muerto no son propietarios del lote deben decidir si los incineran o si los huesos se trasladan a un osario. Pero cuando se trata de muerte violenta, como el caso de los jóvenes de Soacha, la Fiscalía no permite que se haga la exhumación. Y ante ese entuerto, los cementerios les siguen cobrando alquiler a los deudos. “Como el lote no es mío y ya pasaron más de cuatro años he tenido que seguir pagando. Y como en algunos casos no se han hecho audiencias judiciales, entonces no podemos disponer de los resticos de nuestros hijos”, dice la señora.

Aunque los llamados falsos positivos son conocidos en todo el país, y hay soldados y oficiales que han confesado su participación en estos crímenes, la justicia avanza lenta y la muerte sigue facturando. Jaqueline Castillo cumple once años esperando justicia por el caso de su hermano, Jaime Castillo Peña, que desapareció el 11 de agosto de 2008 y apareció muerto dos días después en Ocaña, a 600 kilómetros de Bogotá. La fotografía de esta mujer desgarrada junto al cadáver de su hermano se convirtió en una de las imágenes más fuertes de las ejecuciones extrajudiciales. Hoy es una de las líderes de la Fundación Madres de Falsos Positivos de Soacha y Bogotá (MAFAPO), que se organizaron para exigir justicia.

“En el caso de mi hermano todavía no hay ni un acusado, por eso quién sabe cuánto más tiempo tendrá que estar en esa bóveda”, dice Jaqueline, cuya cuenta hace tres años ya rondaba los 3 millones de pesos. Junto a otras madres han expuesto la situación ante distintas entidades, incluso se reunieron con el vicepresidente del gobierno de Juan Manuel Santos, pero no obtuvieron ninguna solución. “No entiendo cómo el gobierno actual ofrece dinero de recompensa para capturar a un personaje como Jesús Santrich (excomandante de las Farc prófugo) y no tiene para ayudarnos a nosotras que hemos sido víctimas del Estado”, se queja.

Una herida abierta 

Mientras van dando puntadas a un tejido colectivo que hacen en la oficina de la fundación, las madres cuentan sus historias como si los asesinatos ocurrieran en el instante en que hablan. Beatriz Méndez tiene claro el momento en que supo de la muerte de Weimar Armando Castro Méndez y aunque no olvida detalle se acaba de tatuar el rostro de su hijo en un brazo. Ella también perdió a su sobrino, Edward Rincón Méndez y hoy tiene el mismo drama con las deudas que, en su caso llegan a los 12 millones de pesos, unos 4 mil dólares. “Ha pasado mucho tiempo y seguimos esperando para saber quién nos va a ayudar con esto”, dice Méndez que espera su turno para escuchar a los militares que darán su versión voluntaria ante la Jurisdicción Especial para la Paz, tribunal creado tras los acuerdos de paz con las Farc.

Varios expertos consultados por EL PAÍS sostienen que esta situación revictimiza a estas mujeres, que los cementerios actúan bajo la Ley y que de fondo el problema es cómo el Estado acompaña a las víctimas en el proceso posterior al homicidio de estos jóvenes. “No es culpa de la familia que la Fiscalía, por la naturaleza de la investigación, impida tocar el cuerpo. Recomiendo que hagan una solicitud formal a la Unidad de Víctimas y una adicional a la JEP, si es que sus casos se van a investigar ahí. No puede ser que, además de que son que son víctimas del Estado ahora les toque pagar, además, para preservar los cuerpos de sus hijos”, dijo Ginna Camacho, de Equitas, una organización forense que trabaja sobre desaparición forzada y protocolos de cementerios.

La Unidad para las Víctimas admitió que este gobierno no conocía el caso de forma oficial y que la Ley de Víctimas solo contempla ayuda para los servicios funerarios una vez ocurren los hechos. La subdirectora, Lorena Mesa, le dijo a EL PAÍS, que hay un principio de corresponsabilidad que obliga a la alcaldía de Bogotá y a la gobernación de Cundinamarca donde están sepultados, a ayudar a las víctimas. Pero las Madres de Soacha ya exploraron esa opción hace años y tampoco ocurrió nada. ¿Qué les queda entonces? “Nosotros podríamos intentar una articulación reuniendo a las entidades que podrían ser responsables con el tema, a ver si podemos buscar una solución. Podemos liderar una reunión con alcaldía”, dijo la funcionaria.

A la espera de esa reunión, las madres no solo confían en que una década después haya avances en la justicia, sino que dejen de recibir llamadas que las devuelvan a aquel momento en que perdieron a sus hijos.

Fuente EL PAIS - Catalina Oquendo: https://elpais.com/internacional/2019/09/09/colombia/1568046072_636782.html

SRSG: Protegiendo a los niños afectados por la violencia armada en la comunidad

Marta Santos Pais, Representante Especial del Secretario General de la ONU sobre la Violencia contra los Niños, presentó el informe "Protegiendo a los niños afectados por la violencia armada en la comunidad".

La violencia armada en la comunidad afecta los derechos de los niños asociados al riesgo para su desarrollo y seguridad, causando daños, orfandad, traumas, explosiones, prisión e incluso hasta la muerte.

La violencia armada interrumpe la armonía social, la vida familiar y la asistencia a la escuela, compromete el cuidado de la salud, minando el desarrollo económico y generando miedo, limitando la movilidad libre de los niños, su participación en la vida de su comunidad. Proteger a los niños del impacto de la violencia armada en la comunidad es una prioridad para Marta Santos Pais.

SRSG Armed Violence Publication Web

 

Fuente SRSG: http://srsg.violenceagainstchildren.org/

Comité de los Derechos del Niño: Observaciones finales relativo a la participación de niños en los conflictos armados en el Perú

El Comité de los Derechos del Niño de la ONU emitió las Observaciones Finales en relación al Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU relativo a la participación de los niños en los conflictos armados y su implementación por el Estado peruano

Recordar que el 14 y 15 de enero de 2016, se llevó a cabo el diálogo del Comité de los Derechos del Niño de la ONU con el Estado peruano, en el Palacio de las Naciones, sede en Ginebra. Luego del diálogo, los 18 miembros del Comité redactaron las observaciones finales recomendando al Estado peruano implemente la Convención sobre los Derechos del Niño y sus dos Protocolos Facultativos.

El Comité recomendó al Estado peruano:
i) Establecer un mecanismo de coordinación entre las entidades a todos los niveles, asegurar que tal mecanismo tiene la autoridad y capacidad para coordinar la implementación. 
ii) Asignación de recursos: asegurar la asignación de recursos suficentes (recursos humanos, técnicos y financieros) para la implementación de dicho protocolo.
iii) Difusión, concientización y capacitación: Difundir ampliamente los principios y las disposiciones del Protocolo al público general, en particular a los niños e incluso a los medios de comunicación.
Desarrollar actividades de capacitación para todos los profesionales, los responsables de la aplicación del Protocolo, los jueces, los funcionarios en inmigración, trabajadores sociales y el personal médico.
iv) Recopilación de Datos:  Establecer un sistema de recopilación de datos como base para el diseño de políticas públicas y programas .
v) Procedimientos de verificación de edad:  Garantizar la edad de los reclutados y garantizar la universalización del registro de nacimientos y acceso a documentos de identidad para todos los niños.
vi) Escuelas Militares: Reducir el número de escuelas operadas por las fuerzas armadas.

vii) Legislación: Acelerar el proceso de revisión del Código Penal con el fin de prohibir y criminalizar el reclutamiento y el uso de niños de menores de 18 años en las hostilidades por parte de las fuerzas armadas, grupos armados no estatales, compañías privadas de seguridad, otros, sin excepción.

Determinar el reclutamiento de niños como crimen de guerra.

viii) Impunidad: Garantizar investigaciones céleres e imparciales. 

Intensificar los esfuerzos para investigar y perseguir a los perpetradores de delitos previstos en el Protocolo Facultativo durante el último conflicto armado.

Garantizar que los niños víctimas del conflicto armado interno, entre 1980 y 2000, reciban reparación.

ix) Asistencia para la recuperación física y psicológica, reintegración social.

Documento en español e inglés:

G1604465 CRC to PERU NNA en Conflicto Armado PER

G1604462 Concluding CRC to PERU Involvement of Children in Armed Conflict 2016

Lea también: "Comité de los Derechos del Niño emite observaciones finales sobre el Protocolo Facultativo relativo a la venta de niños al Estado peruano".

Fuente ACNUDH: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=PER&Lang=EN