"Lamentablemente, como se ha demoestrado recientemente, los remanentes de la organización terrorista, en el VRAEM, no han dejado la práctica infame del secuestro. Lamentablemente también, desde el retorno a la democracia no se ha apreciado una política pública, y acciones en el tiempo, en favor de las víctimas".
Desde
los años ochenta del siglo pasado, el grupo terrorista Sendero Luminoso
(SL) -en una de sus facetas más bárbaras- perpetró crímenes diversos
contra niños, niñas y adolescentes (NNA): los asesinó como parte de
masacres contra comunidades, por considerarlos “carga” durante sus
desplazamientos, por someterlos a condiciones extremas de desnutrición,
por temor a que los delataran si eran rescatados por el ejército o a que
cuando crecieran tomaran venganza. Los jefes de la organización
terrorista son responsables del 50% de muertes de NNA durante el período
de la violencia. También, infligieron tortura, tratos crueles,
inhumanos y degradantes a NNA, especialmente en los departamentos de
Ayacucho, Cusco, Apurímac, Huancavelica y Huánuco, entre los años
1983-1984 y 1989-1992; en algunos casos, con la intención de causar
temor en las comunidades a las que incursionaba (mutilación de manos en
el distrito de Iguaín, corte de orejas en Satipo, etc.) o “como castigo
ejemplarizante” en los campamentos.
Pero el horror no acaba allí. La organización terrorista también secuestró, explotó y retuvo forzosamente a NNA de las zonas más pobres del país para utilizarlos en sus acciones armadas o en labores vinculadas a éstas; en el caso de las niñas y las adolescentes, además, perpetró actos de violación sexual en agravio de muchas de ellas. La Comisión de la Verdad y Reconciliación lo ha documentado ampliamente. Según su Informe Final, “La aprehensión y la utilización de niños y niñas en la hostilidades es una práctica generalizada y sistemática que Sendero Luminoso usó desde el inicio del conflicto armado haciéndose más aguda entre los años 1983 – 1985 y 1987 – 1990”. De acuerdo con la data disponible, más del 40% de los crímenes de Sendero Luminoso contra la infancia se concretan en actos de reclutamiento forzado, los que se produjeron mayoritariamente en Ayacucho, Huancavelica, Huánuco y Junín, siendo campesinos, de extracción rural y varones el 75% de las víctimas. Los niños, reclutados bajo coacción, violencia y engaños, “estaban obligados a cumplir con múltiples tareas. Así, los menores de 11 años no participaban directamente en los enfrentamientos, ni en las incursiones. Más bien, realizaban otro tipo de labores como: la vigilancia, mensajería, espionaje y la provisión de alimentos y víveres –limpiando y trabajando en la chacra-. Otros fueron utilizados como porteadores, es decir, trasladaban las banderas y las municiones. (…) La “fuerza principal” enseñaba a los niños pioneros, a partir de los 12 años, el uso y manipulación de armas, lanzas, hondas y la elaboración de bombas. Desde esta edad eran entrenados para participar en acciones armadas y en los enfrentamientos”.
En lo que concierne a las violaciones sexuales en agravio de niñas y adolescentes está comprobado que los dirigentes de la organización terrorista perpetraron múltiples abusos contra la indemnidad sexual de las menores de edad, los cuales nunca fueron sancionados; y que en los casos en que se negaban a ser parte de la organización, los senderistas recurrieron al abuso sexual y al asesinato como método de castigo.
Estos crímenes fueron denunciados en su oportunidad por los organismos de derechos humanos. Nacional e internacionalmente. Ellos dirigieron comunicaciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Comité de Derechos del Niño de la ONU y a la representante personal del Secretario General de la ONU sobre el tema de niños y conflictos armados, señalando la práctica criminal de SL; instaron al Estado peruano a recuperar a los NNA secuestrados; remitieron un Informe en Derecho “Amicus Curiae” al Juez ante el cual se encontraba pendiente de resolver un recurso de hábeas corpus a favor de los niños secuestrados por Sendero Luminoso; y también, enviaron un informe ante la Fiscalía Provincial Penal de Ayacucho que conocía de la denuncia interpuesta por la Procuraduría del Ministerio de Justicia contra los integrantes de la organización terrorista por los delitos de secuestro y exposición y abandono de personas al peligro.
En la denuncia presentada ante la Fiscalía de la Nación contra Víctor Quispe Palomino y los que resulten responsables por los hechos de Sinaycocha (Junín) se dijo expresamente: “los actos criminales de Sendero Luminoso, ejecutados a lo largo de casi una década, considerados en conjunto forman parte de un continuo ataque contra la población civil y miembros de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional; ataque especialmente agravado por el modus operando consistente en dar muerte a los efectivos castrenses heridos, y por elreclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes, en su accionar”.
Posteriormente, solicitaron, obtuvieron y participaron en la audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derecho Humanos en la que se denunció la “Utilización de niños en organizaciones armadas”. Y organizaciones como Iprodes y Save the Children, entre otras, recurrieron ante distintos comités de la ONU señalando su preocupación por la suerte de los NNA secuestrados por los terroristas. La misma inquietud ha sido trasmitida a las autoridades peruanas: diversas cartas a la PCM y al Ministerio de la Mujer así lo atestiguan. En ellas se instó a las autoridades a desarrollar una estrategia para el rescate pronto, la reinserción y atención de estos niños y niñas; y se invocó a las mismas a elaborar una ley de prevención que proteja a los niños y niñas que han sido y que continúan en condición de secuestrados por SL para su reintegración y reinserción a la sociedad sin estigmas y libres de violencia.
Lamentablemente, como se ha demostrado recientemente, los remanentes de la organización terrorista, en el VRAEM, no han dejado la práctica infame del secuestro. Lamentablemente también, desde el retorno a la democracia no se ha apreciado una política pública, y acciones consistentes en el tiempo, en favor de las víctimas. Ello no quita, por supuesto, el hecho cierto, y saludado, de que en los últimos cuatro años, el Estado ha rescatado de las manos de los terroristas a 51 niños (la mayoría de la etnia asháninka). Por cierto, 34 de ellos fueron liberados la semana pasada. Las dos terceras partes.
El último hecho -que insisto, aplaudimos- ha coincido con la cercanía de la fecha límite dada al Estado peruano por el Comité de Derechos del Niño de la ONU para hacer entrega de información adicional y actualizada sobre los menores de edad reclutados por Sendero Luminoso, las medidas adoptadas para prevenir tal secuestro y los resultados alcanzados. Octubre, pues, está a la vuelta de la esquina. ¿Mera coincidencia? ¿Acicate para la acción? ¿Necesidad de mostrar logros? ¿Estrategia que encontró la oportunidad esperada para ser desplegada? Francamente, no importa. La liberación de 34 niños vale el esfuerzo. Un éxito.
Claro que el señor Humala, y el presidente que venga después, deben tener muy en claro que el Estado tiene que pagar la deuda pendiente. Que, en verdad, el Estado debe adoptar las medidas necesarias para prevenir el secuestro de los NNA por los remanentes de SL y liberar a quienes están hoy en su poder, debiendo prestar a los menores toda la asistencia conveniente para su recuperación física y psicológica así como su reintegración social. Que el Estado debe proveer de un "entorno protector" a los NNA liberados, que incluya una inversión a largo plazo en su educación, formación profesional y apoyo a las familias y las comunidades.
Artículo de Ronald Gamarra Herrera publicado en Diario16, el domingo 02 de agosto de 2015.
