Reporte Anual, "Out in Office. LGBT Legislators and LGBT rights around the world", publicación de la Universidad e Carolina del Norte y la Iniciativa de Investigación de representación y derechos de las personas LGTB.
Fuente: http://globalstudies.unc.edu/files/2013/11/Annual-Report_May20FinalVersion.pdf
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22 ago 2013
Estados Unidos. La justicia sentencia que la persecución generalizada y/o sistemática contra las personas LGTB es un crimen contra la humanidad
"La persecución generalizada y sistemática de los individuos en base a su identidad de género y orientación sexual incluye constituye un crimen de lesa humanidad".
"... la existencia actual e histórica de discriminación contra las personas LGBTI es precisamente lo que los califica como un grupo objetivo distinto, con derecho a protección en virtud del derecho internacional".
7 jul 2013
Derechos de Segunda Clase por Ronald Gamarra
La clase política peruana actual es una de las más corruptas, mezquinas e incompetentes de la región; esto lo sabemos de sobra. Es un lastre para el país, y de ello no se salvan tirios ni troyanos; pues en todos los matices del espectro político se constata esta triste realidad. Pero, eso no es todo. Es también una de las más prejuiciosas y santurronas de América Latina y pretende aparentar una moral que no tiene, marginando a sectores sociales sobre los cuales se descargan gratuitamente las culpas y los traumas sociales.
Es el caso de los derechos de las mujeres y también el caso de los derechos de la comunidad LGTBI, la comunidad que reivindica el derecho humano al homoerotismo y a la autoidentificación de género. Los moralistas, los que aparentan fácil decencia, tienen el recurso preferido de condenar y negar el derecho de estos sectores a vivir su sexualidad en paz y libertad. Hurgan bajo sábanas ajenas, se inmiscuyen en la esfera de la vida personal y legislan para limitarla, mutilarla, marginarla.
Esto está ocurriendo con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en especial con el protocolo del aborto terapéutico, bloqueado “sine die”, a pesar de que está vigente desde 1924. Se trata de aprobar un simple reglamento, un sencillo acto administrativo del Poder Ejecutivo, pero las autoridades de este pretendido estado laico encabezado por Ollanta Humala se inclinan, como bajo anteriores gobiernos, ante líderes religiosos que confunden de manera prepotente su comunidad religiosa particular con la comunidad política en que vivimos todos.
Hace un par de semanas, una comisión del Congreso dictaminó en términos tan fundamentalistas, tan medievales, con el objetivo de hacer imposible avanzar ni el más mínimo paso en el protocolo del aborto terapéutico y la despenalización del aborto. Con el criterio de la comisión, se llegaría al absurdo de incriminar a la mujer por cada óvulo no fecundado que elimina mensualmente. Y en efecto así es, pues son los mismos que se oponen al uso de los métodos anticonceptivos. Conciben a la mujer como una máquina reproductiva y punto.
Con razón, la artista Natalia Iguíñiz ha declarado con claridad llena de coraje: “Decir que siempre la vida del concebido está por encima de la vida de la madre me parece muy perverso. Si la vida de las mujeres no es tan importante, ¿por qué nos sorprende el feminicidio? (…) Se ha construido un discurso en el que la maternidad es una condición de las mujeres y no un acto libre y voluntario. (…) Se pretende eternizar una figura femenina como esclava de la especie, no decides, solo eres un vehículo”.
Lo propio viene sucediendo con respecto a los derechos de la comunidad LGTBI. Primero, la ministra de Justicia de este gobierno nacionalista eliminó el tema relacionado con los derechos de la comunidad LGTBI del proyecto de Plan Nacional de DDHH. Ahora, el Congreso vota en contra de los conceptos “orientación sexual” e “identidad de género” como categorías protegidas contra la discriminación y los crímenes de odio, mediante el voto de 56 congresistas, cuyo núcleo duro son el partido nacionalista y el fujimorismo. Solo 27 congresistas votaron a favor y 17 se abstuvieron.
En el caso de los nacionalistas, 26 de cuyos representantes votaron en contra y 3 se abstuvieron, cabe preguntarse qué fue de su plan de gobierno, particularmente de aquello de “Penalizar los casos de violencia que se ejerce impunemente contra las personas de los grupos LGTB".
¿Se puede comprender el absurdo de negarse a incluir entre las víctimas de crímenes de odio a quienes están precisamente más expuestos a ellos? ¿El Congreso no considera los actos de los “matacabros” como crímenes de odio? ¿Será porque consideran que son más bien un deporte de acción? ¿Qué clase de mamarracho están aprobando?
En el fondo, es la eterna consideración de que los derechos de la mujer o de la comunidad LGTBI son derechos de segunda clase, preocupaciones frívolas.
Fuente: Artículo publicado en Diario16, domingo 07 de julio del 2013: http://diario16.pe/columnista/42/ronald-gamarra/2646/derechos-segunda-clase
25 may 2013
Colombia Impunidad sin fin: Informe de DDHH de LGBT
Informe de Derechos Humanos de Lesbianas, Gay, Bisexuales y Personas Trans en Colombia 2010 - 2011.
Fuente: http://colombiadiversa.org/
Fuente: http://colombiadiversa.org/
24 may 2013
Informe Anual sobre Derechos Humanos de Personas Trans, Lesbianas, Gays y Bisexuales (TLGB) en el Perú 2012
El Informe Anual sobre Derechos Humanos de las Personas Trans, Lesbianas, Gays y Bisexuales (TLGB) en el Perú, año 2012, presenta un análisis de la situación de los derechos de la población TLGB en nuestro país. Este análisis toma como marco de referencia los Principios de Yogyakarta, en particular los referidos a los derechos a la igualdad y no discriminación, a la identidad de género y a la vida y seguridad persona.
25 may 2012
Un Derecho LGTB
¿Debe un Estado laico permitir el matrimonio homosexual?
Ronald Gamarra: "El Perú es un Estado pluricultural, plurilingüe, pluriconfesional, multiracial, con diversidad sexual y diversidad biológica, en el que se reconoce la identidad en la pluralidad y se predica que todos los seres humanos - únicos, singulares y diversos - tenemos derecho a la libertad y a la dignidad, en condiciones de igualdad. Por lo mismo, es un contrasentido afirmar la universalidad de tales derechos si al mismo tiempo se excluye de su goce a un grupo de personas, como la población LGTB".
Un
derecho LGTB
La separación entre Estado e Iglesia es fundamental en un país que se
pretenda democrático y respetuoso de las diferencias. Los gobernantes
deben administrar y conducir al país no en función de particulares
confesiones o doctrinas religiosas, sino en base a los derechos humanos
y al Estado de derecho. El Perú es un Estado pluricultural,
plurilingüe, pluriconfesional, multirracial, con diversidad sexual y
diversidad biológica, en el que se reconoce la identidad en la
pluralidad y se predica que todos los seres humanos –únicos, singulares
y diversos– tenemos derecho a la libertad y a la dignidad, en
condiciones de igualdad. Por lo mismo, es un contrasentido afirmar la
universalidad de tales derechos si al mismo tiempo se excluye de su
goce a un grupo de personas, como la población de lesbianas, gays,
transexuales y bisexuales (LGTB); exclusión que, por lo demás, promueve
la marginación, condenando a los y las integrantes de este valioso
colectivo a vivir en situaciones de injusticia, violencia, prejuicio y
discriminación. La población LGTB es parte de la sociedad y tiene
derecho a la plena igualdad, sin restricción alguna. El Estado, en
tanto garante de los derechos de todos, tiene la obligación de legislar
y promover los mecanismos que garanticen la igualdad ciudadana para
este sector de la población, y de remover todo obstáculo que le impida
el goce de los derechos en condiciones de igualdad.
Es
decir, debe abrir paso a la normalización del estatus de la población
homosexual, debe reconocerle acceso a los mismos derechos que a los
demás, entre ellos al matrimonio, como sucede cada vez más en los
países civilizados. Tal obligación emana de la Constitución, los
tratados sobre derechos humanos, las resoluciones de la OEA y las
sentencias de la Corte Interamericana. No hacerlo, o prohibir el
matrimonio civil de la pareja del mismo sexo, constituye una
discriminación estatal basada en la orientación sexual. Ningún
ciudadano debe sorprenderse por la extensión del matrimonio a parejas
de la población LGTB. Es su derecho.
Además, dicho matrimonio es una
institución sujeta a constante evolución (habiendo superado situaciones
discriminatorias como la prohibición del rito entre personas de
distintas razas, de exclusión de derechos a la mujer, de distinción
entre hijos), que se renueva con tal ampliación. Se dice que tal
matrimonio pone en riesgo a la familia. Perdón, pero hoy en día ésta no
se limita a la unión entre un hombre y una mujer. Ampliar el matrimonio
civil a la población LGTB sólo importaría reconocer una situación que
tenemos delante nuestro. En esta época no existe un solo concepto de
familia sino diversas manifestaciones de ella.
La unión civil es insuficiente y permite la continuación de las
condiciones de discriminación. Pero, claro está, es un estado
intermedio entre la nada y el acceso al conjunto de todos los derechos.
La plena igualdad de la población LGTB es una meta inevitable hacia la
cual marcha toda sociedad civilizada. No lo olvidemos, son seres
humanos orgullosos de ser lo que son, espontáneamente dignos y
rebeldes, vocacionalmente resistentes, que ejercen el derecho a ser
diferente, como parte de la comunidad y la condición humana. Seres que
enriquecen la fantástica pluralidad del género humano.
Fuente: El Comercio, viernes 25 de mayo del 2012.
Fuente El Comerci: http://elcomercio.pe/
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