La clase política peruana actual es una de las más corruptas, mezquinas e incompetentes de la región; esto lo sabemos de sobra. Es un lastre para el país, y de ello no se salvan tirios ni troyanos; pues en todos los matices del espectro político se constata esta triste realidad. Pero, eso no es todo. Es también una de las más prejuiciosas y santurronas de América Latina y pretende aparentar una moral que no tiene, marginando a sectores sociales sobre los cuales se descargan gratuitamente las culpas y los traumas sociales.
Es el caso de los derechos de las mujeres y también el caso de los derechos de la comunidad LGTBI, la comunidad que reivindica el derecho humano al homoerotismo y a la autoidentificación de género. Los moralistas, los que aparentan fácil decencia, tienen el recurso preferido de condenar y negar el derecho de estos sectores a vivir su sexualidad en paz y libertad. Hurgan bajo sábanas ajenas, se inmiscuyen en la esfera de la vida personal y legislan para limitarla, mutilarla, marginarla.
Esto está ocurriendo con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en especial con el protocolo del aborto terapéutico, bloqueado “sine die”, a pesar de que está vigente desde 1924. Se trata de aprobar un simple reglamento, un sencillo acto administrativo del Poder Ejecutivo, pero las autoridades de este pretendido estado laico encabezado por Ollanta Humala se inclinan, como bajo anteriores gobiernos, ante líderes religiosos que confunden de manera prepotente su comunidad religiosa particular con la comunidad política en que vivimos todos.
Hace un par de semanas, una comisión del Congreso dictaminó en términos tan fundamentalistas, tan medievales, con el objetivo de hacer imposible avanzar ni el más mínimo paso en el protocolo del aborto terapéutico y la despenalización del aborto. Con el criterio de la comisión, se llegaría al absurdo de incriminar a la mujer por cada óvulo no fecundado que elimina mensualmente. Y en efecto así es, pues son los mismos que se oponen al uso de los métodos anticonceptivos. Conciben a la mujer como una máquina reproductiva y punto.
Con razón, la artista Natalia Iguíñiz ha declarado con claridad llena de coraje: “Decir que siempre la vida del concebido está por encima de la vida de la madre me parece muy perverso. Si la vida de las mujeres no es tan importante, ¿por qué nos sorprende el feminicidio? (…) Se ha construido un discurso en el que la maternidad es una condición de las mujeres y no un acto libre y voluntario. (…) Se pretende eternizar una figura femenina como esclava de la especie, no decides, solo eres un vehículo”.
Lo propio viene sucediendo con respecto a los derechos de la comunidad LGTBI. Primero, la ministra de Justicia de este gobierno nacionalista eliminó el tema relacionado con los derechos de la comunidad LGTBI del proyecto de Plan Nacional de DDHH. Ahora, el Congreso vota en contra de los conceptos “orientación sexual” e “identidad de género” como categorías protegidas contra la discriminación y los crímenes de odio, mediante el voto de 56 congresistas, cuyo núcleo duro son el partido nacionalista y el fujimorismo. Solo 27 congresistas votaron a favor y 17 se abstuvieron.
En el caso de los nacionalistas, 26 de cuyos representantes votaron en contra y 3 se abstuvieron, cabe preguntarse qué fue de su plan de gobierno, particularmente de aquello de “Penalizar los casos de violencia que se ejerce impunemente contra las personas de los grupos LGTB".
¿Se puede comprender el absurdo de negarse a incluir entre las víctimas de crímenes de odio a quienes están precisamente más expuestos a ellos? ¿El Congreso no considera los actos de los “matacabros” como crímenes de odio? ¿Será porque consideran que son más bien un deporte de acción? ¿Qué clase de mamarracho están aprobando?
En el fondo, es la eterna consideración de que los derechos de la mujer o de la comunidad LGTBI son derechos de segunda clase, preocupaciones frívolas.
Fuente: Artículo publicado en Diario16, domingo 07 de julio del 2013: http://diario16.pe/columnista/42/ronald-gamarra/2646/derechos-segunda-clase
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