Un Derecho LGTB

¿Debe un Estado laico permitir el matrimonio homosexual?

Ronald Gamarra: "El Perú es un Estado pluricultural, plurilingüe, pluriconfesional, multiracial, con diversidad sexual y diversidad biológica, en el que se reconoce la identidad en la pluralidad y se predica que todos los seres humanos - únicos, singulares y diversos - tenemos derecho a la libertad y a la dignidad, en condiciones de igualdad. Por lo mismo, es un contrasentido afirmar la universalidad de tales derechos si al mismo tiempo se excluye de su goce a un grupo de personas, como la población LGTB".

Un derecho LGTB La separación entre Estado e Iglesia es fundamental en un país que se pretenda democrático y respetuoso de las diferencias. Los gobernantes deben administrar y conducir al país no en función de particulares confesiones o doctrinas religiosas, sino en base a los derechos humanos y al Estado de derecho. El Perú es un Estado pluricultural, plurilingüe, pluriconfesional, multirracial, con diversidad sexual y diversidad biológica, en el que se reconoce la identidad en la pluralidad y se predica que todos los seres humanos –únicos, singulares y diversos– tenemos derecho a la libertad y a la dignidad, en condiciones de igualdad. Por lo mismo, es un contrasentido afirmar la universalidad de tales derechos si al mismo tiempo se excluye de su goce a un grupo de personas, como la población de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (LGTB); exclusión que, por lo demás, promueve la marginación, condenando a los y las integrantes de este valioso colectivo a vivir en situaciones de injusticia, violencia, prejuicio y discriminación. La población LGTB es parte de la sociedad y tiene derecho a la plena igualdad, sin restricción alguna. El Estado, en tanto garante de los derechos de todos, tiene la obligación de legislar y promover los mecanismos que garanticen la igualdad ciudadana para este sector de la población, y de remover todo obstáculo que le impida el goce de los derechos en condiciones de igualdad. 

Es decir, debe abrir paso a la normalización del estatus de la población homosexual, debe reconocerle acceso a los mismos derechos que a los demás, entre ellos al matrimonio, como sucede cada vez más en los países civilizados. Tal obligación emana de la Constitución, los tratados sobre derechos humanos, las resoluciones de la OEA y las sentencias de la Corte Interamericana. No hacerlo, o prohibir el matrimonio civil de la pareja del mismo sexo, constituye una discriminación estatal basada en la orientación sexual. Ningún ciudadano debe sorprenderse por la extensión del matrimonio a parejas de la población LGTB. Es su derecho. 

Además, dicho matrimonio es una institución sujeta a constante evolución (habiendo superado situaciones discriminatorias como la prohibición del rito entre personas de distintas razas, de exclusión de derechos a la mujer, de distinción entre hijos), que se renueva con tal ampliación. Se dice que tal matrimonio pone en riesgo a la familia. Perdón, pero hoy en día ésta no se limita a la unión entre un hombre y una mujer. Ampliar el matrimonio civil a la población LGTB sólo importaría reconocer una situación que tenemos delante nuestro. En esta época no existe un solo concepto de familia sino diversas manifestaciones de ella. La unión civil es insuficiente y permite la continuación de las condiciones de discriminación. Pero, claro está, es un estado intermedio entre la nada y el acceso al conjunto de todos los derechos. 

La plena igualdad de la población LGTB es una meta inevitable hacia la cual marcha toda sociedad civilizada. No lo olvidemos, son seres humanos orgullosos de ser lo que son, espontáneamente dignos y rebeldes, vocacionalmente resistentes, que ejercen el derecho a ser diferente, como parte de la comunidad y la condición humana. Seres que enriquecen la fantástica pluralidad del género humano.

Fuente: El Comercio, viernes  25 de mayo del 2012.

Fuente El Comerci: http://elcomercio.pe/