En Estados Unidos, en los asilos de ancianos, abusan del uso de drogas para controlar a los residentes, señala un informe de Human Rights Watch (HRW).
Los asilos de ancianos en Estados Unidos dan habitualmente antipsicóticos a los residentes con demencia para controlar su comportamiento, a pesar de los reglamentos sobre el uso indebido de medicamentos como “restricciones químicas”, dijo Human Rights Watch en un informe y video lanzados hoy. Esta práctica abusiva continúa siendo generalizada a pesar de que el uso de antipsicóticos en las personas mayores con demencia se asocia con un riesgo que casi duplica las posibilidades de muerte.
El informe de 157 páginas, “‘They Want Docile’: How Nursing Homes in the United States Overmedicate People with Dementia”
(“‘Los quieren dóciles’: Cómo los asilos de ancianos en Estados Unidos
sobremedican a las personas con demencia”), estima que todas las semanas
en asilos de EE.UU. más de 179.000 personas, en su mayoría ancianos y
pacientes con demencia, reciben medicamentos antipsicóticos sin un
diagnóstico apropiado. Los centros utilizan estas drogas a menudo sin
obtener o siquiera solicitar el consentimiento informado de los
residentes o sus familiares.
"Las personas con demencia a menudo son sedadas con el fin de
facilitar las labores del personal de enfermería que tiene exceso de
trabajo, y el gobierno hace poco para proteger a los residentes
vulnerables de tal abuso", dijo Hannah Flamm,
becaria de la Facultad de Derecho de NYU en Human Rights Watch. "Con
mucha frecuencia, el personal justifica el uso de medicamentos
antipsicóticos en personas con demencia porque interpretan expresiones
urgentes de dolor o angustia como un comportamiento perturbador que debe
ser suprimido".
El uso de medicamentos antipsicóticos como "restricción química", para comodidad
del personal o para disciplinar a los residentes, viola las regulaciones
federales y puede constituir un trato cruel, inhumano o degradante
según las leyes internacionales de derechos humanos. Sin embargo,
incluso cuando las casas de ancianos infringen estas reglas, rara vez se
les castiga.
El informe está basado en visitas de investigadores de Human Rights Watch a
más de 100 residencias de ancianos en seis estados y más de 300
entrevistas a personas que viven en estos centros, sus familias,
personal, expertos en atención a largo plazo y discapacidad,
funcionarios gubernamentales y activistas.
Alrededor de 1,1 millones de personas de 65 años y más vivían en 15.600 centros de
cuidados en EE.UU. en 2017. Medicaid, el principal programa de seguro
público de salud en el país para personas de bajos ingresos,
administrado conjuntamente por el gobierno federal y los estados, es el
principal contribuyente de los asilos para cuidados a largo plazo.
Los fármacos antipsicóticos se desarrollaron originalmente para tratar
problemas psiquiátricos como la esquizofrenia. La Administración de
Medicamentos y Alimentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés)
requiere que los fabricantes incluyan en las etiquetas de los
medicamentos antipsicóticos la advertencia más severa “en caja negra”
sobre los riesgos que representan para las personas con demencia. La FDA
nunca ha aprobado los medicamentos antipsicóticos como seguros y
efectivos para el tratamiento de los síntomas de la demencia.
Los reglamentos federales también prohíben el uso de medicamentos sin
indicaciones adecuadas de uso o monitoreo apropiado y la administración
de Obama planeó fortalecer las regulaciones en torno al mensaje "según
sea necesario" que da pie a un uso discrecional. Sin embargo, en
noviembre de 2017, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS,
por sus siglas en inglés) anunciaron una moratoria sobre esta y otras regulaciones para hacer más estrictos los requisitos reglamentarios.
El Congreso y varias agencias gubernamentales han reconocido desde hace
tiempo que la administración excesiva de estos medicamentos es un
problema importante. Si bien el porcentaje de residentes que reciben las
drogas ha disminuido, su uso sigue siendo desenfrenado. A nivel
nacional, alrededor del 16 por ciento de las personas en centros de
cuidados reciben estos tipos de medicamentos sin un diagnóstico
adecuado. En cientos de residencias, más del 30 por ciento de los
residentes reciben las drogas de esta manera. Como dijo el director de
enfermería de una residencia a Human Rights Watch, “los antipsicóticos
son una actividad recurrente”.
Los residentes de los centros de cuidados y sus familias describieron las
terribles consecuencias como el miedo, la sedación y la frustración. Una
mujer de 62 años que dijo que le estaban administrando Seroquel sin su
conocimiento o consentimiento en una residencia de ancianos en Texas,
aseguró: “[Te] noquea. Es una droga potente y poderosa. Duermo todo el
tiempo. Tengo que preguntar a la gente qué día es hoy”. La hija de una
mujer de 75 años relató que cuando una residencia de ancianos en Kansas
empezó a administrarle a su madre un medicamento antipsicótico, ella
“simplemente se quedaba allí sentada, sin personalidad, como un zombie”.
El uso de fármacos antipsicóticos sin el consentimiento de la persona o su
representante autodesignado es común, descubrió Human Rights Watch. Las
regulaciones federales requieren que los centros de cuidados informen a
los residentes sobre las opciones de tratamiento y otorguen a los
residentes el derecho a rechazar el tratamiento. Algunas leyes estatales
requieren el consentimiento informado para estos medicamentos. Sin
embargo, el personal de muchos centros admitió abiertamente que ni
siquiera intentan cumplir con estos requisitos.
Un ex administrador de una casa de convalecencia en Kansas dijo: “El centro generalmente
obtiene un consentimiento informado de la siguiente manera: te llaman
[al representante en materia de cuidados de salud]. Dicen: ‘a tu madre
le pasa X, Y o Z. Esto le va a ayudar’. ¿La advertencia en el recuadro
negro? ‘Mejor no lea eso’”.
El gobierno de los EE. UU. no está haciendo que los asilos de
ancianos respondan por el maltrato a los residentes a través del uso
inapropiado de medicamentos antipsicóticos, señaló Human Rights Watch, a
pesar de las fuertes regulaciones que existen en papel.
La Ley de Reforma de Residencias de Ancianos de 1987 estableció sólidas protecciones legales de los derechos de las personas en hogares de ancianos, Human Rights Watch descubrió que las reglamentaciones relativas a los fármacos antipsicóticos se implementan con poca fuerza. Los datos de CMS muestran que los inspectores del gobierno habían emitido 7.039 citaciones a centros de cuidados para ancianos por infracciones relacionadas con medicamentos antipsicóticos entre 2014 y mediados de 2017. Dado que el 97 por ciento de estas citaciones fueron consideradas como no causantes de “daños reales”, no ameritaron sanciones financieras obligatorias, el principal medio coercitivo para hacer cumplir las reglas. Como era de esperar, Human Rights Watch también encontró que tales citaciones no cambiaban el uso de medicamentos antipsicóticos en esos hogares.
Algunos centros de cuidados para ancianos han reducido significativamente el uso de medicamentos antipsicóticos, según descubrió Human Rights Watch, al revisar cuidadosamente las necesidades de los residentes. En retrospectiva, el personal de estas residencias concluyó que los medicamentos se habían usado demasiado. Un director de enfermería en Kansas dijo: “Esto solía ser como un pabellón de la muerte (…) La mitad de nuestros residentes tomaban antipsicóticos”.
CMS y sus contrapartes estatales deben reforzar su aplicación de las regulaciones federales con respecto a los medicamentos antipsicóticos. Se debe informar a los residentes y sus familias que tienen derecho a que se les informe sobre sus alternativas de tratamiento y su derecho a rechazarlas. El gobierno debería asegurarse de que los hogares de ancianos empleen a suficiente personal para proporcionar la atención adecuada.
“El gobierno de EE.UU. paga a los hogares de ancianos decenas de miles de millones de dólares por año para brindar cuidados y apoyo adecuados a las personas que viven en sus instalaciones”, dijo Flamm. “Los funcionarios tienen el deber de garantizar que estas personas, a menudo vulnerables, sean protegidas y no abusadas”.
Video: La Ley de Reforma de Residencias de Ancianos de 1987 estableció sólidas protecciones legales de los derechos de las personas en hogares de ancianos, Human Rights Watch descubrió que las reglamentaciones relativas a los fármacos antipsicóticos se implementan con poca fuerza. Los datos de CMS muestran que los inspectores del gobierno habían emitido 7.039 citaciones a centros de cuidados para ancianos por infracciones relacionadas con medicamentos antipsicóticos entre 2014 y mediados de 2017. Dado que el 97 por ciento de estas citaciones fueron consideradas como no causantes de “daños reales”, no ameritaron sanciones financieras obligatorias, el principal medio coercitivo para hacer cumplir las reglas. Como era de esperar, Human Rights Watch también encontró que tales citaciones no cambiaban el uso de medicamentos antipsicóticos en esos hogares.
Algunos centros de cuidados para ancianos han reducido significativamente el uso de medicamentos antipsicóticos, según descubrió Human Rights Watch, al revisar cuidadosamente las necesidades de los residentes. En retrospectiva, el personal de estas residencias concluyó que los medicamentos se habían usado demasiado. Un director de enfermería en Kansas dijo: “Esto solía ser como un pabellón de la muerte (…) La mitad de nuestros residentes tomaban antipsicóticos”.
CMS y sus contrapartes estatales deben reforzar su aplicación de las regulaciones federales con respecto a los medicamentos antipsicóticos. Se debe informar a los residentes y sus familias que tienen derecho a que se les informe sobre sus alternativas de tratamiento y su derecho a rechazarlas. El gobierno debería asegurarse de que los hogares de ancianos empleen a suficiente personal para proporcionar la atención adecuada.
“El gobierno de EE.UU. paga a los hogares de ancianos decenas de miles de millones de dólares por año para brindar cuidados y apoyo adecuados a las personas que viven en sus instalaciones”, dijo Flamm. “Los funcionarios tienen el deber de garantizar que estas personas, a menudo vulnerables, sean protegidas y no abusadas”.
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