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4 dic 2015

Colombia: Impunidad en casos de violencia sexual supera el 95%

En la Corte Penal Internacional (CPI) fue radicado un informe que alerta sobre el alto nivel de impunidad en las investigaciones por denuncias de violencia sexual en Colombia en medio del conflicto armado.

Once organizaciones que conforman la mesa de seguimiento a los autos de la Corte Constitucional sobre ese tema presentaron el miércoles el documento en la asamblea de países miembros de la CPI, que se cumple en La Haya. En el documento advierten que, en Colombia, el nivel de impunidad en ese tipo de procesos supera el 95 por ciento.

La abogada Viviana Rodríguez, de la Corporación Sisma Mujer, señaló que el Estado, en cabeza de la Fiscalía, “no está cumpliendo con diligencia su deber de investigar”. Explicó que, desde el 2012, la CPI está siguiendo a Colombia en el tema específico de violencia sexual en el conflicto y que en los cinco informes que han realizado anualmente las ONG nacionales sobre el particular se observan pobres avances en las investigaciones.

El informe hace referencia a los 634 hechos de violencia sexual que han llegado a la Corte Constitucional desde el 2008, de los cuales solo 8 han terminado en condena. El alto tribunal ordenó en los autos 092- 2008 y 009-2015 una serie de medidas para superar la impunidad y acabar con las barreras que impiden el derecho de las víctimas a la justicia; sin embargo, las ONG señalan en su informe que eso no se ha cumplido.

“Lo que estamos pidiendo es que se cumplan esas órdenes y que la Fiscalía tenga una estrategia adecuada para investigar ese tipo de casos”, señaló la abogada Rodríguez.

El estudio cita además que en los casos cuyos victimarios son presuntamente integrantes de la Fuerza Pública, se archivó el 47,8 por ciento. Y frente a abusos cometidos por paramilitares o integrantes de las bandas criminales, fue cerrado el 25 por ciento.

“No se han emprendido acciones para investigar estas conductas, para hacer justicia y para rescatar a las víctimas que seguramente siguen siendo prostituidas por actores armados o esclavizadas sexualmente”, es una de las conclusiones del informe.

En el último reporte de la CPI sobre el seguimiento al caso colombiano, el tribunal señaló que el Gobierno dio un paso positivo al aprobar una legislación para crímenes de violencia sexual en el conflicto, pero que hará un seguimiento al cumplimiento de los anuncios. 

Este año, 77 feminicidios: En lo que va corrido del año, 107 mujeres han sido asesinadas en Bogotá, informó ayer la Policía. La cifra hace parte del balance de la violencia contra las mujeres, en el que Medicina Legal indicó que cada mes realiza diez necropcias, las cuales corresponden a cuerpos sin vida de mujeres.

La Secretaría de la Mujer indicó que entre el 1.º de enero del 2014 y el 30 de junio del 2015 (en año y medio) identificó 77 episodios que podrían entrar en la categoría de feminicidios: 51 corresponden a asesinatos perpetrados por las parejas o exparejas de las víctimas y 26, a casos de acosadores sexuales conocidos o desconocidos.

La concejala Bastidas afirmó que esas cifras demuestran el poco éxito del Distrito en su política de garantizar una ciudad segura para las mujeres. Estrategia en la que, dice, la Alcaldía invirtió más de 20.000 millones de pesos en los últimos 4 años. Las cifras de Medicina Legal, entre el 1 de enero y el 31 de octubre del 2015, revelan que en 11 casos registrados, el asesino presuntamente fue la pareja o expareja, y en tres casos aparece involucrado un familiar.

11 jun 2015

El Tiempo: Víctimas del plan de esterilización forzada de Fujimori piden justicia

"Veinte años después del plan de "limpieza social", varias mujeres recuerdan el horror que vivieron".
 
Sabina Huilca Cóndor tenía 26 años, estaba en el último mes de su tercer embarazo y cuando llega el momento contaría con el auxilio de su madre y su hermana Nelly, como siempre. Era 1996 y en la pequeña comunidad de Huayllacocha, encajada en las montañas de los alrededores de Cuzco, la antigua capital del imperio inca, nadie dependía de médicos o enfermeras para algo tan natural y cotidiano como dar a luz.

Sin embargo, las ‘promotoras de salud’ que en la segunda mitad de los años 90 empezaron a acudir a los pueblos más lejanos del Perú –para ayudar a las mujeres a alcanzar una mayor conciencia de sus cuerpos y de los métodos anticonceptivos– le recomendaron confiar en ellas porque su bebé venía con los pies por delante y un parto en casa podría poner en peligro tanto la vida de la madre como la del feto. Así que cuando a Sabina se le rompió la fuente, el 25 de agosto, ella y su esposo, Carlos, caminaron hasta el puesto de salud más cercano.

Cuando la pequeña Soledad nació, a Carlos le ofrecieron un caldo a cambio de firmar un documento que él no supo leer y lo invitaron a irse a casa tranquilo. Su mujer pasó la noche con su primera hija, la que tanto había deseado después de parir dos varones, hasta que a las 6 de la mañana la despertaron a gritos: “¡Lávate la boca! ¿Te has bañado? ¡Lávate el cuerpo! ¡Lávate el cabello!".

“Me agarraron a mi bebecita y sacaron una manguera para ducharme. Lloré. Nunca mi mamá me había bañado así, con agua fría. Me pusieron la ropa verde y una vía intravenosa. Me ataron las manos y las piernas a la camilla”, recuerda Sabina. “Usted no tiene plata para mantener tantos hijos. Dan a la luz como chanchos, como cuyes”, la insultaban.

Carlos fue a buscarla a la mañana siguiente, pero la mujer que encontró ya no era la misma: Sabina había sido esterilizada. Por la fuerza, mediante engaño y coacción, sin ninguna precaución higiénica, sin las herramientas apropiadas; sin preocuparse por posibles complicaciones, como infecciones o sangrados. Le habían abierto el vientre y se lo habían cosido a toda prisa, sin molestarse por sus gritos y sus súplicas por una explicación.Luego la tiraron a la calle, como si de verdad se tratara de un animal.

Su familia guardó el secreto durante meses, hasta que dejó de ser una tragedia íntima para convertirse en un crimen contra la humanidad que afectaba a miles de peruanas.

Hilaria Supa, la parlamentaria andina que causó un pequeño escándalo en el 2006 por haber jurado ante el Congreso de la República en quechua, su lengua nativa, viene de la misma comunidad de Sabina. Fue en Huayllacocha donde comenzó su carrera como dirigente campesina y valiente activista en defensa de los derechos de las indígenas.

Ella fue una de las primeras en darse cuenta de lo que estaba pasando: “Entrenaba a un equipo de fútbol femenino y de repente las jugadoras comenzaron a dejar de venir, decían que estaban enfermas. Así que fui a tocar a sus puertas y las hice contar la verdad”. Desde entonces, Supa nunca ha dejado de pedirle al Gobierno que haga justicia y repare a las víctimas. Hoy, es portavoz de una demanda colectiva que reúne a 2.074 mujeres.  

215.000 ligaduras

Victoria Vigo, de 51 años, fue esterilizada en 1996 en el hospital de Piura. Foto: Mirko Cecch.
Según la Defensoría del Pueblo, el Estado peruano esterilizó a 88.000 mujeres en 1996 y a más de 110.000 en 1997, cuando se registraron las primeras denuncias. En total, las cifras del Ministerio de Salud hablan de 215.227 ligaduras y 16.547 vasectomías en el periodo 1995-2000, durante el segundo gobierno de Alberto Fujimori, que purga una condena de 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad relacionados con las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992). 

En la gran mayoría de los casos se trató de campesinas, indígenas, madres de muchos hijos, a menudo analfabetas, pertenecientes a la esfera más pobre y marginada de la sociedad peruana, que en esos años estaba empezando a crecer en el plano económico y sentía el deseo de afirmarse como una potencia moderna e igualitaria, donde las mujeres finalmente eran “dueñas de su propio destino”.

Fueron esas las palabras que utilizó Fujimori durante la cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, que se celebró en Pekín en octubre de 1995. “Fue el único jefe de Estado hombre que intervino –recuerda la congresista Supa–, con el propósito de presentar su programa de salud reproductiva y planificación familiar, con el que pensaba exterminar la pobreza en Perú”.

Pero el suyo no era un proyecto para acabar con la pobreza, sino con los pobres, un programa de metas, incentivos y hasta sanciones para el personal que incumplía las cuotas de esterilización establecidas por el Ejecutivo.

“Las mismas operadoras de salud se sacrificaban cuando no encontraban a nadie dispuesto a someterse a cirugía, convencidas de que el plan estaba realmente dirigido al empoderamiento de las mujeres”, cuenta Josefa Ramírez, presidenta del Instituto de Apoyo al Movimiento Autónomo de Mujeres Campesinas (Iamamc).

Tristemente, 20 años después de que la administración Fujimori trazó este plan de ‘limpieza social’, la justicia ha avanzado muy poco. “Lo único que tenemos hasta ahora es un acuerdo entre el Estado y la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de Mamérita Mestanza, una campesina indígena de 33 años que falleció el 4 de abril de 1998, ocho días después de haber sido esterilizada, a consecuencia de una infección posoperatoria y de la falta de atención médica”, resume Mariel Távara, de la ONG Demus.

Las primeras quejas ante la Fiscalía fueron archivadas en el 2009 y reabiertas en el 2012. En enero del año pasado, el fiscal Marco Guzmán volvió a archivar el caso. “No entendemos por qué, si fue gracias a él que Fujimori y sus ministros de Salud aparecieron por primera vez entre los culpables. Volvimos otra vez a la Corte Interamericana para denunciar las irregularidades y esperamos. La lucha continúa”, afirma Távara.

Campesinas y olvidadas

Esperanza Aguirre vive en Huancabamba, en el norte de Perú, tiene 58 años y no alcanza el metro y medio de estatura. Su voz es aguda y alegre. Lleva unos pantalones anchos con un vestido azul encima, el pelo recogido en una larga trenza y una gorra blanca con pequeñas flores de colores. Parece una niña cuando salta para contestar el teléfono o saludar radiante al que se encuentra por la calle. Pero las arrugas de su rostro evidencian todo el sufrimiento y las luchas que esta mujer ha tenido que dar.

Cuando le pido que me cuente lo que le hicieron, las palabras salen de su boca como un mantra: “Que bajen, decían, que les van a dar medicinas, alimentos. Los doctores vinieron de Lima. Yo ya tenía mis hijitos, siete, ahí en el campo, que se trabaja muy fuerte. Entonces entramos y miraba a las otras señoras, que ya les estaban haciendo la ligación. Y cerraron la puerta, ya no podíamos salir. Cuando me cortaban escuché que dijeron: ‘Ay, la señora está en estado’ ”. Esperanza estaba embarazada y no lo sabía. Los médicos no retiraron el feto, pero su hijo nació muerto meses después.

Desde que fue operada, Esperanza tiene la barriga hinchada, la siente dura y le duele. Para sobrevivir, vende en el mercado las frutas y verduras que le pasan algunas amigas y se encarga de la sede del Instituto de Apoyo al Movimiento Autónomo de Mujeres Campesinas, que posee una pequeña granja con vegetales, cuyes y conejos que sirven para el sustento de las mujeres esterilizadas. Desde que dejó el pueblo comenzó a estudiar y ahora sabe leer y escribir. Esperanza no se da por vencida y sigue organizando reuniones y actividades para involucrar a las víctimas.

En Vilelapampa, un caserío a 40 minutos en carro de Huancabamba, más allá de una montaña que parece la cara de un diablo y que en las noches se asemeja a un toro, viven Marta Angélica y Clarisa Gertudis, también ‘ligadas’. “Todo el día recordando, pero ¿para qué?”, preguntan desconsoladas. El marido de Marta murió y el de Clarisa está enfermo. Sus campos están secos y este año no han dado para vivir. Cuando les pregunto cuántos hijos tienen, responden: “Siete, cuatro vivos y tres muertos” y “ocho, siete vivos y uno muerto; me faltan cuatro”, añade Clarisa después de calcular los que no pudo tener por culpa de la esterilización.

Todos se han ido lejos, en busca de suerte y trabajo. A Marta solo le queda Nancy, la más joven, que tiene 15 años. Su casa está hecha de barro, con techo de paja, y el agua llega apenas tres horas al mes, porque deben racionarla para que les alcance a todas las familias de la comunidad.

Nancy observa callada a su madre, que se ilumina escuchando la última idea de Esperanza: un taller para fabricar mantas, bolsos y ponchos, y venderlos en las ferias. Nancy va a la escuela y de Marta ha aprendido a tejer, así que el proyecto de Esperanza también es para ella. Le pregunto cuántos hijos quiere tener y tímidamente, pero sin dudarlo, responde: “Ninguno”.

El testimonio de Victoria

“Yo fui un error”, dice Victoria Vigo, víctima y representante de Demus recordando el día en que la esterilizaron. “Estaba embarazada y fui al hospital de Piura para un control por un leve malestar. Ellos, impulsados por el deseo de alcanzar las cuotas, se limitaron a un rápido vistazo a mi historia clínica.

Vieron que había vivido en la provincia, donde fui profesora, y dieron por sentado que yo también era una campesina sin voz ni derechos. Me dijeron que mi bebé estaba muerto el día siguiente, me vendaron el pecho para no dejar salir la leche y me dejaron ir, pensando que iba a ser solo una loca más”. Pero Victoria, independiente mujer de clase media y dueña de una empresa de construcción, no se quedó callada. Una vez entendió con su médico de confianza lo que le habían hecho, se dirigió a un abogado y obtuvo una pequeña compensación de unos dos millones de pesos. “No es nada comparado con el dolor que sufrí –reconoce– y, de todas formas, lo que quiero es que se haga justicia para todas, no solo para la gente como yo, que ha tenido más oportunidades”. 

13 jun 2014

Colombia. "Lesa Humanidad"

Colombia. Editorial de El Tiempo.
Cuando se habla del conflicto armado colombiano, de sus millones de víctimas y de sus miserias, no se ha hecho suficiente énfasis en la pesadilla que han vivido las mujeres. Solo en los últimos años ha comenzado a pensarse en la marca particular que ha dejado en las diferentes poblaciones. Cada vez es más claro, en ese sentido, que la violencia de género debe ser analizada y combatida con especial convicción.

Es una estupenda noticia, pues, que –gracias a la tenacidad del senador John Sudarsky y los representantes Iván Cepeda y Ángela María Robledo– haya sido aprobado el proyecto de ley que, de manera prioritaria, garantiza el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual en medio del conflicto armado. Se ordena a jueces e investigadores, por medio de la ley, declarar delito de lesa humanidad la violencia sexual. Y se exige al Estado proteger a las víctimas y seguir paso a paso sus casos para llegar a soluciones de fondo.

Ni los guerrilleros, ni los paramilitares, ni los militares que hayan cometido estos delitos brutales, de competencia de la justicia ordinaria, podrán pasar por alto lo que hicieron. Las víctimas tendrán de su lado a las autoridades. En palabras del ponente Sudarsky, será creada una nueva estructura judicial, más ágil y alerta, que recolectará las pruebas necesarias, y habrá atención médica y sicológica de manera gratuita.

Las cifras duelen profundamente. En la década pasada, unas 170 mujeres fueron violadas cada día, pero apenas 44 se atrevieron a denunciar. Se habla de solo 4.923 reportes de la Unidad de Víctimas entre los 489.687 casos de violencia sexual en estos años de guerra. Es claro que se ha estado cometiendo este crimen como si simplemente fuera parte de un oficio y que nuestra sociedad –sus jueces, sus gobernantes, sus medios de comunicación– no ha hecho lo suficiente para visibilizarlo.

Pero, por suerte, cada día hay más voces, más espacios para exponer la verdadera dimensión de este drama. Lo anterior quedó claro tras el ‘Encuentro por los derechos de las mujeres colombianas’, liderado por EL TIEMPO y la Gobernación de Bolívar, como parte de la campaña ‘No es Hora de Callar’, en el que participaron 40 mujeres víctimas del conflicto de todo el país.

Y es hora de proseguir, porque la violencia sexual, que sucede en privado con tanta frecuencia, ha sido usada contra todos los colombianos en estos largos años de guerra, pero en especial ha sido cometida por los actores del conflicto contra las mujeres.

En su prólogo al informe ‘Mujeres y guerra’, del Centro Nacional de Memoria Histórica, el investigador Gonzalo Sánchez anota lo siguiente: “El empleo de la palabra deshonrar para referirse a las violaciones sexuales contra las mujeres es sintomático, no obstante, de una mirada social sobre este crimen que, antes que repudiar al victimario, despoja a la víctima de su reputación y su prestigio”. Por eso, concluye, se denuncia tan poco.

El nuevo proyecto de ley, que aumenta y corrige la legislación pasada, busca derrotar del todo el silencio. Y es, por ahora, un documento de gran simbolismo, pues es el reconocimiento de que la violencia de género ha ocurrido de manera sistemática y con sevicia –y justificada por los victimarios– detrás de la cortina de humo y de sangre de la guerra.

En medio de sus discusiones furibundas y sus ideologías en pugna, Colombia ha estado haciendo un esfuerzo enorme por volver de su conflicto. Esta iniciativa prueba que va por el camino correcto.

28 dic 2013

Colombia. Periodista Jineth Bedoya Lima da voz a las mujeres violentadas

Jineth Bedoya LimaColombian reporter Jineth Bedoya Lima gives voice to abused women

Journalist tortured and raped by paramilitary fighter is now working to raise awareness on sexual violence in warfare

On the first day that Jineth Bedoya Lima arrived for work at the offices of Colombia National Radio in Bogotá, she was assigned to cover a story that would become her life. That day, in December 1996, her task was to report on a riot at what is probably the most dangerous prison in the world, La Modelo, infamous as a focal point for trafficking in drugs and arms between the forces of state, cartels and rival militias.

Less than four years later, on 25 May 2000, Bedoya returned to the jail after the massacre of 42 prisoners by inmates belonging to rightwing paramilitary groups, who were terrifying the country. This time, she was seized at the prison gates, kidnapped, tortured and raped by the paramilitaries' men on the outside.

Three years later she was kidnapped and held again, this time by the leftist militia that the fascists claimed to be fighting – the Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, or Farc.

Then, in 2009, Bedoya emerged from this wind tunnel of violence and violation and – with resilience that defies imagination – became the voice of the many thousands of survivors and victims of Colombia's greatest hidden crime: described by a report published this month as the "habitual, extensive and systematic" kidnap and rape of women in the country's internal wars.

Earlier this month, Bedoya toured Britain and Ireland to lobby politicians and rally supporters as a new movement calling itself Now Is Not the Time to Stay Silent bursts defiantly into the open – and to promote the report, compiled by the London-based ABColombia.

She is slight of frame in a way that belies her gale-force energy. Asked why she did not, as most would, crawl away into a cave after these experiences, she says: "How did I overcome my fear, when it looked like my life was over? How did I continue as a woman and a journalist when faced with this black wall? I needed to know what happened. When I leave this world, I need to have known what happened to Jineth Bedoya, to my colleagues and so many other women."

Bedoya was born in 1974 to parents who were – like millions of other Colombians – displaced to Bogotá from the countryside by the long civil war the country calls La Violencia. She grew up in the fallout of that war, as the narco lord Pablo Escobar waged his cartel's battle against state and society. And she began her work as a reporter on the slipstream of that war, after Escobar was killed and his empire fragmented into a labyrinth of paramilitary units and new cartels, while the state armed forces, Marxist guerrillas and gangs calling themselves combos mobilised further murderous forces.

"After that first day, when I had been the only reporter granted access to the jail, I began to work on what I found out there: complicity by the army in many of the massacres carried out by the paramilitaries, and ways in which the military were arming the paramilitaries – some members of the military were even selling weapons to Farc," " Bedoya said last week.

She was not, she says, "working then on the violation of women. But I can see now that as well as being furious at what I was writing, they were offended by the fact I was a woman – young, pretty, petite, but sticking my nose into their affairs."

Honing in on the corrupt and vicious duplicities of Colombia's wars, Bedoya moved to the newspaper El Espectador, and secured, in May 2000, an interview with a paramilitary leader, jailed in La Modelo, who went by the name of El Panadero – "the Baker".

"I knew about arms trafficking to the paramilitary prisoners with state complicity," she says, "and he wanted to tell the story of why the massacre in the prison happened. What I did not know then, but do know now, was that gun-running into the jail was happening on the authority of people high up in the military and police command.

"When I got to the prison entrance, a woman asked if I was the journalist. I was about to answer when a man came, put his arm round my waist, a gun to my side, and said he would kill me if I did not start walking." Bedoya was "taken to a warehouse where there were other men. They tied my hands and feet, blindfolded me and put me in a truck. We drove for a long time to a place where they raped me, tortured me and held me kidnapped, prisoner."

After some time, Bedoya was driven to another location when "a phone call came. I understand that it was a warning about the scale of the rescue operation." And she was suddenly dumped, naked, on a roadside – "freed".

Two weeks later, she was back at work – "though I cannot believe it, and cannot think why" – writing now for the prestigious newspaper El Tiempo. Her work reporting on crime did not change, but "I began to contact other women to whom the same had happened, for my own reasons, not for work."

In 2003, Bedoya "was travelling to meet the Farc with a photographer. But we didn't have permission to enter what they regarded as their territory. We were kidnapped, held – this time not raped, but humiliated and beaten. After eight days, they released us."

For six more years, Bedoya continued to work only as a journalist, "and said not a word about what had happened to me". But in 2009 she broke her silence. She did so, she says, because "I had met so many women who had experiences similar to mine, yet the state would not recognise these crimes. No one wanted to look into it, or even talk about it. When I wanted to pursue my own case, and contacted the police hospital for the evidence, it had all been destroyed."

Bedoya's discourse goes beyond Colombia – it addresses the crisis of the misogynisation of warfare. "It happens in all wars now, the abuse of women's bodies as a weapon of war," she says. "But in Colombia, after decades, women had come to regard their bodies as weapons of war as almost normal. It was only when we began to document the abuse of women's bodies as a weapon of war that we understood the scale."

Speaking in London at the Frontline Club, which focuses on conflict reporting, Bedoya said: "There are dramatic cases in rural areas in Colombia where women have been beaten, where their breasts have been cut off, where they've been amputated, where – and this is especially a practice of the paramilitaries – they've been abused and beaten to serve as a warning."

But the crisis transcends war. "Violation against women is not just a result of the conflict," she says. "This is also a business, a commercial opportunity" that accompanies modern Colombia's efforts to secure investment by multinational corporations. "I can tell you that, today," says Bedoya, "a bus will arrive in Medellín, and girls aged 12 to 16 will be taken to camps for miners and their bodies will be sold and they will be abused for four days and then returned to Medellín." Such girls are known as "the pre-paid", she says, "like a phone card".

Reporting from Colombia this year, on the much-trumpeted resurrection of Medellín, I stumbled into a drama workshop run for displaced and violated women, who are encouraged to act out their stories. I spoke to Rosney and Blanca, who had been serially raped and who told me such violation was ubiquitous.

Bedoya said: "In Colombia, the levels of impunity for crimes of sexual violence have reached 98%. Of the 150,000 rapes of women that had been recognised by the paramilitary groups, only 2% have resulted in guilty verdicts."

Apart from being endemic in all societies, this happens partly because "in Colombia today, those in charge of drug trafficking and the exploitation and trafficking of women are like a holding company. Most of them were paramilitaries, who agreed to disarm so they could consolidate their drug and business interests, and now they offer their services to a corporation; they may be the heads of security for a new multinational investment.

"Nothing is allowed to get in the way of the arrival of the multinationals," says Bedoya, "but what happens in reality is that the multinationals fund the crime and exploitation. So that any action we demand goes against the investment, which will not happen – so we're back to square one. It's a vicious circle, catch-22."

Or, to be fair, it was catch-22 until Bedoya recently published a report on mining interests. Until then, she says, "of the majority of the mining companies, all of which are foreign, none had any kind of plan to prevent sexual exploitation even though they knew it was happening. It was only after the report that they began to implement social investment plans."

On her visits to parliament and the Foreign Office, Bedoya sought to connect recent British government initiatives on sexual violence in warfare to corporate responsibility. Back home, Colombia's World Cup stars Camilo Vargas, Alexander Mejía and Omar Pérez have signed up for the campaign against sequestration and the abuse of women, as have all the leading domestic teams.

Bedoya lives now with an armed escort. "Here, I've been free to walk the streets," she says. "When I get back, there's the bulletproof car, all the bodyguards. But that's my life, that is what I have chosen."

However, she adds: "The worst that can happen to me has already happened. There are threats against me, and every morning I leave the house knowing that I may not return in the afternoon. But the worst they can do is kill me, and I'd rather die of a bullet in Colombia than of sorrow in exile." 

Colombia: Women, Conflict-Related Sexual Violence and the Peace Process, www.abcolombia.org.uk 

8 nov 2013

Colombia reconoce ante Corte IDH torturas tras retoma del Palacio


El Estado acepta responsabilidad con dos universitarios y reconoce omisión en otros dos casos.
Tras la recuperación del Palacio de Justicia, el 7 de noviembre de 1985, miembros de las Fuerzas Militares detuvieron ilegalmente y torturaron al menos a dos de los sobrevivientes de la sangrienta toma perpetrada por la guerrilla del M-19.

Esos hechos son los que el Estado ya reconoció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el próximo lunes instalará en Brasilia (Brasil) la última audiencia de esa demanda internacional, la cual tiene al país ad portas de su condena número 15 en el Sistema Interamericano de Justicia.

El pasado 17 de octubre, la Agencia Nacional de la Defensa Jurídica del Estado notificó a la Corte de la decisión de Colombia de aceptar “responsabilidad internacional en la violación a los derechos a la libertad personal, la integridad personal y las garantías judiciales” contra Yolanda Santodomingo y Eduardo Matson. 

Ellos eran dos estudiantes de derecho que el 6 de noviembre estaban en el Palacio de Justicia cuando fue asaltado por el comando guerrillero. Los dos jóvenes fueron torturados porque los militares creyeron que eran miembros del M-19. 

En los expedientes judiciales y en el informe de la Comisión de la Verdad está probado que fueron detenidos en la Casa del Florero (a donde fueron los sobrevivientes) y luego conducidos al Batallón de Inteligencia Charry Solano.

El informe final de la Comisión de la Verdad recogió la versión de Yolanda Santodomingo sobre esos momentos: “Todos se sentían con derecho a patearme. Las botas negras pegaban durísimo, y se ensañaron con mi riñón derecho (...) Me decían ‘perra guerrillera’, me preguntaban en dónde me cambié y aseguraban que yo había estado en la toma de la Embajada dominicana, cuando en 1980 yo apenas hacía quinto de bachillerato”.

Los dos estudiantes fueron liberados luego de que los militares comprobaron que el tío de Matson era el gobernador de Bolívar. Un oficial les advirtió: “Recuerden que no ha pasado nada, estaban retenidos, no detenidos”. En su comunicación oficial a la Corte, el Estado dice que “lamenta profundamente los hechos ocurridos y expresa su absoluto respeto y consideración por las víctimas y sus familias”.

La Fiscalía investiga la responsabilidad de tres generales retirados –Carlos Alberto Fracica, Rafael Hernández y Jesús Armando Arias Cabrales– por las torturas a los sobrevivientes del Palacio. Ellos estaban al frente de unidades que tuvieron relación directa con quienes salieron de las ruinas de la sede de la justicia.

Colombia también reconoció responsabilidad internacional parcial (por omisión) en el trato que recibieron otros dos sobrevivientes: Orlando Quijano y José Vicente Rubiano Galvis. Quijano fue enviado de la Casa del Florero al Cantón Norte y liberado horas después. “Me metieron en una camioneta (...) Pensé que me sacaban para matarme”, contó a la Comisión de la Verdad. También les advirtieron que no debían hablar de lo que les pasó: “Usted no vio ni escuchó nada. Tenemos sus datos y los de su familia”.

Los 3 hechos que aceptan:

En círculos oficiales se da casi por hecho una nueva cindena contra la Nación. Lo que se está intentando hacer es minimizar el impacto de eda decisión, y por eso la estrategia que busca reconocer lo indefendible:  que ubo torturas, responsabilidad por omisión en las desapariciones (porque no se ha podido aclarar que pasó con los 11 desaparecidos). Uno de esos casos es el de la guerrillera Irma Franco, desaparecida en manos de agentes del Estado.

#PalaciodeJusticia