El Estado acepta responsabilidad con dos universitarios y reconoce omisión en otros dos casos.
Tras la recuperación del Palacio de Justicia, el 7 de noviembre de 1985, miembros de las Fuerzas Militares detuvieron ilegalmente y torturaron al menos a dos de los sobrevivientes de la sangrienta toma perpetrada por la guerrilla del M-19.
Tras la recuperación del Palacio de Justicia, el 7 de noviembre de 1985, miembros de las Fuerzas Militares detuvieron ilegalmente y torturaron al menos a dos de los sobrevivientes de la sangrienta toma perpetrada por la guerrilla del M-19.
Esos hechos son los que el Estado ya reconoció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el próximo lunes instalará en Brasilia (Brasil) la última audiencia de esa demanda internacional, la cual tiene al país ad portas de su condena número 15 en el Sistema Interamericano de Justicia.
El pasado 17 de octubre, la Agencia Nacional de la Defensa Jurídica del Estado notificó a la Corte de la decisión de Colombia de aceptar “responsabilidad internacional en la violación a los derechos a la libertad personal, la integridad personal y las garantías judiciales” contra Yolanda Santodomingo y Eduardo Matson.
Ellos eran dos estudiantes de derecho que el 6 de noviembre estaban en el Palacio de Justicia cuando fue asaltado por el comando guerrillero. Los dos jóvenes fueron torturados porque los militares creyeron que eran miembros del M-19.
En los expedientes judiciales y en el informe de la Comisión de la Verdad está probado que fueron detenidos en la Casa del Florero (a donde fueron los sobrevivientes) y luego conducidos al Batallón de Inteligencia Charry Solano.
El informe final de la Comisión de la Verdad recogió la versión de Yolanda Santodomingo sobre esos momentos: “Todos se sentían con derecho a patearme. Las botas negras pegaban durísimo, y se ensañaron con mi riñón derecho (...) Me decían ‘perra guerrillera’, me preguntaban en dónde me cambié y aseguraban que yo había estado en la toma de la Embajada dominicana, cuando en 1980 yo apenas hacía quinto de bachillerato”.
Los dos estudiantes fueron liberados luego de que los militares comprobaron que el tío de Matson era el gobernador de Bolívar. Un oficial les advirtió: “Recuerden que no ha pasado nada, estaban retenidos, no detenidos”. En su comunicación oficial a la Corte, el Estado dice que “lamenta profundamente los hechos ocurridos y expresa su absoluto respeto y consideración por las víctimas y sus familias”.
La Fiscalía investiga la responsabilidad de tres generales retirados –Carlos Alberto Fracica, Rafael Hernández y Jesús Armando Arias Cabrales– por las torturas a los sobrevivientes del Palacio. Ellos estaban al frente de unidades que tuvieron relación directa con quienes salieron de las ruinas de la sede de la justicia.
Colombia también reconoció responsabilidad internacional parcial (por omisión) en el trato que recibieron otros dos sobrevivientes: Orlando Quijano y José Vicente Rubiano Galvis. Quijano fue enviado de la Casa del Florero al Cantón Norte y liberado horas después. “Me metieron en una camioneta (...) Pensé que me sacaban para matarme”, contó a la Comisión de la Verdad. También les advirtieron que no debían hablar de lo que les pasó: “Usted no vio ni escuchó nada. Tenemos sus datos y los de su familia”.
Los 3 hechos que aceptan:
En círculos oficiales se da casi por hecho una nueva cindena contra la Nación. Lo que se está intentando hacer es minimizar el impacto de eda decisión, y por eso la estrategia que busca reconocer lo indefendible: que ubo torturas, responsabilidad por omisión en las desapariciones (porque no se ha podido aclarar que pasó con los 11 desaparecidos). Uno de esos casos es el de la guerrillera Irma Franco, desaparecida en manos de agentes del Estado.
Fuente El Tiempo, Colombia: http://www.eltiempo.com/justicia/colombia-ante-la-corteidh-por-el-caso-del-palacio-de-justicia_13161953-4
#PalaciodeJusticia
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