El Tiempo: Víctimas del plan de esterilización forzada de Fujimori piden justicia

"Veinte años después del plan de "limpieza social", varias mujeres recuerdan el horror que vivieron".

 

Sabina Huilca Cóndor tenía 26 años, estaba en el último mes de su tercer embarazo y cuando llega el momento contaría con el auxilio de su madre y su hermana Nelly, como siempre. Era 1996 y en la pequeña comunidad de Huayllacocha, encajada en las montañas de los alrededores de Cuzco, la antigua capital del imperio inca, nadie dependía de médicos o enfermeras para algo tan natural y cotidiano como dar a luz.

Sin embargo, las ‘promotoras de salud’ que en la segunda mitad de los años 90 empezaron a acudir a los pueblos más lejanos del Perú –para ayudar a las mujeres a alcanzar una mayor conciencia de sus cuerpos y de los métodos anticonceptivos– le recomendaron confiar en ellas porque su bebé venía con los pies por delante y un parto en casa podría poner en peligro tanto la vida de la madre como la del feto. Así que cuando a Sabina se le rompió la fuente, el 25 de agosto, ella y su esposo, Carlos, caminaron hasta el puesto de salud más cercano.

Cuando la pequeña Soledad nació, a Carlos le ofrecieron un caldo a cambio de firmar un documento que él no supo leer y lo invitaron a irse a casa tranquilo. Su mujer pasó la noche con su primera hija, la que tanto había deseado después de parir dos varones, hasta que a las 6 de la mañana la despertaron a gritos: “¡Lávate la boca! ¿Te has bañado? ¡Lávate el cuerpo! ¡Lávate el cabello!".

“Me agarraron a mi bebecita y sacaron una manguera para ducharme. Lloré. Nunca mi mamá me había bañado así, con agua fría. Me pusieron la ropa verde y una vía intravenosa. Me ataron las manos y las piernas a la camilla”, recuerda Sabina. “Usted no tiene plata para mantener tantos hijos. Dan a la luz como chanchos, como cuyes”, la insultaban.

Carlos fue a buscarla a la mañana siguiente, pero la mujer que encontró ya no era la misma: Sabina había sido esterilizada. Por la fuerza, mediante engaño y coacción, sin ninguna precaución higiénica, sin las herramientas apropiadas; sin preocuparse por posibles complicaciones, como infecciones o sangrados. Le habían abierto el vientre y se lo habían cosido a toda prisa, sin molestarse por sus gritos y sus súplicas por una explicación.Luego la tiraron a la calle, como si de verdad se tratara de un animal.

Su familia guardó el secreto durante meses, hasta que dejó de ser una tragedia íntima para convertirse en un crimen contra la humanidad que afectaba a miles de peruanas.

Hilaria Supa, la parlamentaria andina que causó un pequeño escándalo en el 2006 por haber jurado ante el Congreso de la República en quechua, su lengua nativa, viene de la misma comunidad de Sabina. Fue en Huayllacocha donde comenzó su carrera como dirigente campesina y valiente activista en defensa de los derechos de las indígenas.

Ella fue una de las primeras en darse cuenta de lo que estaba pasando: “Entrenaba a un equipo de fútbol femenino y de repente las jugadoras comenzaron a dejar de venir, decían que estaban enfermas. Así que fui a tocar a sus puertas y las hice contar la verdad”. Desde entonces, Supa nunca ha dejado de pedirle al Gobierno que haga justicia y repare a las víctimas. Hoy, es portavoz de una demanda colectiva que reúne a 2.074 mujeres.  

215.000 ligaduras

Victoria Vigo, de 51 años, fue esterilizada en 1996 en el hospital de Piura. Foto: Mirko Cecch.

Según la Defensoría del Pueblo, el Estado peruano esterilizó a 88.000 mujeres en 1996 y a más de 110.000 en 1997, cuando se registraron las primeras denuncias. En total, las cifras del Ministerio de Salud hablan de 215.227 ligaduras y 16.547 vasectomías en el periodo 1995-2000, durante el segundo gobierno de Alberto Fujimori, que purga una condena de 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad relacionados con las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992). 

En la gran mayoría de los casos se trató de campesinas, indígenas, madres de muchos hijos, a menudo analfabetas, pertenecientes a la esfera más pobre y marginada de la sociedad peruana, que en esos años estaba empezando a crecer en el plano económico y sentía el deseo de afirmarse como una potencia moderna e igualitaria, donde las mujeres finalmente eran “dueñas de su propio destino”.

Fueron esas las palabras que utilizó Fujimori durante la cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, que se celebró en Pekín en octubre de 1995. “Fue el único jefe de Estado hombre que intervino –recuerda la congresista Supa–, con el propósito de presentar su programa de salud reproductiva y planificación familiar, con el que pensaba exterminar la pobreza en Perú”.

Pero el suyo no era un proyecto para acabar con la pobreza, sino con los pobres, un programa de metas, incentivos y hasta sanciones para el personal que incumplía las cuotas de esterilización establecidas por el Ejecutivo.

“Las mismas operadoras de salud se sacrificaban cuando no encontraban a nadie dispuesto a someterse a cirugía, convencidas de que el plan estaba realmente dirigido al empoderamiento de las mujeres”, cuenta Josefa Ramírez, presidenta del Instituto de Apoyo al Movimiento Autónomo de Mujeres Campesinas (Iamamc).

Tristemente, 20 años después de que la administración Fujimori trazó este plan de ‘limpieza social’, la justicia ha avanzado muy poco. “Lo único que tenemos hasta ahora es un acuerdo entre el Estado y la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de Mamérita Mestanza, una campesina indígena de 33 años que falleció el 4 de abril de 1998, ocho días después de haber sido esterilizada, a consecuencia de una infección posoperatoria y de la falta de atención médica”, resume Mariel Távara, de la ONG Demus.

Las primeras quejas ante la Fiscalía fueron archivadas en el 2009 y reabiertas en el 2012. En enero del año pasado, el fiscal Marco Guzmán volvió a archivar el caso. “No entendemos por qué, si fue gracias a él que Fujimori y sus ministros de Salud aparecieron por primera vez entre los culpables. Volvimos otra vez a la Corte Interamericana para denunciar las irregularidades y esperamos. La lucha continúa”, afirma Távara.

Campesinas y olvidadas

Esperanza Aguirre vive en Huancabamba, en el norte de Perú, tiene 58 años y no alcanza el metro y medio de estatura. Su voz es aguda y alegre. Lleva unos pantalones anchos con un vestido azul encima, el pelo recogido en una larga trenza y una gorra blanca con pequeñas flores de colores. Parece una niña cuando salta para contestar el teléfono o saludar radiante al que se encuentra por la calle. Pero las arrugas de su rostro evidencian todo el sufrimiento y las luchas que esta mujer ha tenido que dar.

Cuando le pido que me cuente lo que le hicieron, las palabras salen de su boca como un mantra: “Que bajen, decían, que les van a dar medicinas, alimentos. Los doctores vinieron de Lima. Yo ya tenía mis hijitos, siete, ahí en el campo, que se trabaja muy fuerte. Entonces entramos y miraba a las otras señoras, que ya les estaban haciendo la ligación. Y cerraron la puerta, ya no podíamos salir. Cuando me cortaban escuché que dijeron: ‘Ay, la señora está en estado’ ”. Esperanza estaba embarazada y no lo sabía. Los médicos no retiraron el feto, pero su hijo nació muerto meses después.

Desde que fue operada, Esperanza tiene la barriga hinchada, la siente dura y le duele. Para sobrevivir, vende en el mercado las frutas y verduras que le pasan algunas amigas y se encarga de la sede del Instituto de Apoyo al Movimiento Autónomo de Mujeres Campesinas, que posee una pequeña granja con vegetales, cuyes y conejos que sirven para el sustento de las mujeres esterilizadas. Desde que dejó el pueblo comenzó a estudiar y ahora sabe leer y escribir. Esperanza no se da por vencida y sigue organizando reuniones y actividades para involucrar a las víctimas.

En Vilelapampa, un caserío a 40 minutos en carro de Huancabamba, más allá de una montaña que parece la cara de un diablo y que en las noches se asemeja a un toro, viven Marta Angélica y Clarisa Gertudis, también ‘ligadas’. “Todo el día recordando, pero ¿para qué?”, preguntan desconsoladas. El marido de Marta murió y el de Clarisa está enfermo. Sus campos están secos y este año no han dado para vivir. Cuando les pregunto cuántos hijos tienen, responden: “Siete, cuatro vivos y tres muertos” y “ocho, siete vivos y uno muerto; me faltan cuatro”, añade Clarisa después de calcular los que no pudo tener por culpa de la esterilización.

Todos se han ido lejos, en busca de suerte y trabajo. A Marta solo le queda Nancy, la más joven, que tiene 15 años. Su casa está hecha de barro, con techo de paja, y el agua llega apenas tres horas al mes, porque deben racionarla para que les alcance a todas las familias de la comunidad.

Nancy observa callada a su madre, que se ilumina escuchando la última idea de Esperanza: un taller para fabricar mantas, bolsos y ponchos, y venderlos en las ferias. Nancy va a la escuela y de Marta ha aprendido a tejer, así que el proyecto de Esperanza también es para ella. Le pregunto cuántos hijos quiere tener y tímidamente, pero sin dudarlo, responde: “Ninguno”.

El testimonio de Victoria

“Yo fui un error”, dice Victoria Vigo, víctima y representante de Demus recordando el día en que la esterilizaron. “Estaba embarazada y fui al hospital de Piura para un control por un leve malestar. Ellos, impulsados por el deseo de alcanzar las cuotas, se limitaron a un rápido vistazo a mi historia clínica.

Vieron que había vivido en la provincia, donde fui profesora, y dieron por sentado que yo también era una campesina sin voz ni derechos. Me dijeron que mi bebé estaba muerto el día siguiente, me vendaron el pecho para no dejar salir la leche y me dejaron ir, pensando que iba a ser solo una loca más”. Pero Victoria, independiente mujer de clase media y dueña de una empresa de construcción, no se quedó callada. Una vez entendió con su médico de confianza lo que le habían hecho, se dirigió a un abogado y obtuvo una pequeña compensación de unos dos millones de pesos. “No es nada comparado con el dolor que sufrí –reconoce– y, de todas formas, lo que quiero es que se haga justicia para todas, no solo para la gente como yo, que ha tenido más oportunidades”. 

Por Claudia Bellante
Fuente El Tiempo de Colombia: http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/esterilizacion-en-gobierno-de-fujimori/15913019