BBC: A 30 años de las "28 horas de terror": así fue la toma del Palacio de Justicia en Colombia

Por Natalio Cosoy para BBC.

En las imágenes de video de archivo se ve un tanque ligero penetrando un edificio imponente; es una escena algo irreal, como si un niño hubiera decidido hacer interactuar a dos juguetes en apariencia incompatibles para crear un mundo fantástico, distinto, imposible. Cosa de niños.

Un niño macabro en este caso, porque lo que ocurrió el 6 y 7 de noviembre de 1985 en Colombia parecía un imposible, pero un imposible dramático y mortal que sí ocurrió.

Fue una tragedia que quedó marcada a fuego en la conciencia colombiana, con una combinación de estupefacción, horror e incomprensión. Involucró a los máximos magistrados de la Justicia del país, a otros civiles, a un grupo guerrillero, al Ejército y la Policía, al gobierno y -se sospecha- al narcotráfico.

Las imágenes de archivo del tanque y el edificio se han visto miles y miles de veces en Colombia. En el resto del mundo, muchos las vieron por primera vez en la serie Narcos, de Netflix, donde un fragmento mínimo de un episodio se dedica a esos sucesos, para hacer referencia a la supuesta colaboración entre los guerrilleros y Pablo Escobar.

Pero este hecho histórico, del que este viernes y sábado se cumplen 30 años, podría ocupar una serie entera, decenas de series, porque los sucesos son muchos. Pero las versiones son más.

 

"Golpe Publicitario"

 

El miércoles 6 de noviembre de 1985, 35 guerrilleros del grupo M-19 tomaron el Palacio de Justicia, sede de la Corte Suprema y del Consejo de Estado colombianos, matando a dos guardias de seguridad al ingresar al edificio y reteniendo a quienes se encontraban dentro.

La guerrilla ideó la toma como reacción a los que consideró incumplimientos del gobierno del presidente Belisario Betancur a los acuerdos de paz que habían consensuado el año anterior. Ese fracaso del proceso llevó a que se desplomara la tregua firmada en agosto de 1984.

"La toma del Palacio de Justicia", dice la periodista colombo-irlandesa Ana Carrigan en su libro sobre ese episodio, "fue concebida como un 'golpe publicitario' diseñado para rectificar la historia, impugnar al presidente y su gobierno y proyectarse al poder en medio del clamor popular que necesariamente se levantaría enseguida".
No fue así.

¿Un presidente sin mando?

El edificio de cuatro plantas del Palacio de Justicia se encontraba -aún se encuentra, ahora reconstruido- en plena zona céntrica de Bogotá, a metros del Congreso y de la Casa de Gobierno (en Colombia el primer piso es el que da a la calle, el que en otros países se llama planta baja). En medio de reuniones con embajadores extranjeros, allí, en la sede del Ejecutivo, el presidente Betancur se enteró de la noticia; las Fuerzas Militares se aprestaron a retomar el lugar en el que había más de 300 personas entre magistrados, empleados, visitantes y guerrilleros.

El l historiador estadounidense David Bushnell escribió sobre la reacción de las fuerzas armadas: "Al parecer sin esperar órdenes del presidente, el Ejército lanzó un ataque contra el edificio".Los guerrilleros habían pensado que las fuerzas del Estado no comprometerían la vida de los hombres de ley, pero se equivocaron.

En el sangriento enfrentamiento murieron alrededor de 100 personas, 12 de ellas magistrados, incluyendo al Presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía. Desaparecieron además 11 personas, casi todos empleados de la cafetería del edificio y visitantes ocasionales. Los cuerpos de tres de ellas, tres mujeres, fueron identificados hace un par de semanas, 30 años después de que perdiera su rastro. Todavía faltan varios por aparecer.

Lea: 30 años después identifican los restos de tres desaparecidos de Palacio de Justicia.

Durante el enfrentamiento entre guerrilla y fuerzas de seguridad, el presidente Bentacur no quiso -o mo le permitieron- negociar con el M-19. "La operación dejó la impresión - justificada o injustificada- de que el presidente recibía órdenes de los militares, en vez de dárselas a ellos", sugiere Bushnell.
Versiones, versiones. Algunos creen, siguiendo la línea de Bushnell, que la reacción militar se convirtió en una suerte de golpe de estado de un par de días de duración.

Otros achacan la responsabilidad total a Betancur, quien penas terminada la toma, dijo que había tenido "el control absoluto de la situación". Uno de sus hermanos, Jaime Betancur Cuartas, magistrado del Consejo de Estado, fue uno de los rehenes que sobrevivió a la toma.

Existe la versión de que el ex presidente, ya muy mayor, tiene escrita su verdad de lo ocurrido, pero que sólo ha autorizado a que se difunda cuando haya fallecido.

En cualquier caso, la colombiana Comisión de la Verdad (un intento de unificar el relato en una versión única), que emitió en 2009 su reporte de lo sucedido, determinó que el gobierno nunca tuvo intención de salvar la vida de los rehenes.

En su informe la Comisión recuerda que el gobierno incluso trató de censurar la información acerca de lo que sucedía, ordenando desde el Ministerio de Comunicaciones "la transmisión de un partido de fútbol mientras el Palacio era consumido por las llamas”.
¿Censurar qué información?

Desproporcionada y excesiva

La relativa a lo que sucedía durante la retoma -algunos prefieren hablar de "destrucción", más que de "retoma"- encabezada por la Policía y el Ejército, que entablaron un enfrentamiento feroz con los guerrilleros.
Fue considerada por instancias judiciales colombianas como desproporcionada y excesiva.
Según registros audiovisuales, expedientes legales y testimonios de personas que sobrevivieron al ataque, las fuerzas de seguridad asaltaron el edificio con una violencia extrema.

Más de 1.000 soldados formaron parte del operativo para combatir los 35 guerrilleros.

Además de los tanques de guerra que ingresaron junto a hombres a pie, las Fuerzas Militares utilizaron armamento pesado, explosivos, francotiradores que dispararon constantemente contra el Palacio desde fuera, y helicópteros que ametrallaron la fachada desde el aire.

Hay versiones que señalan que también usaron lanzallamas o algún dispositivo similar, con el que pudieron haber causado los incendios que otros le endilgan a la guerrilla.

¿Narcos?

Muchos creen que el M-19 le hizo el "trabajo sucio" a los capos del narcotráfico, incinerando material vinculado con su posible extradición a Estados Unidos.
Es la hipótesis que sigue la serie de Netflix, pero no ha sido cabalmente demostrada, aunque sí hay registros de amenazas de los narcos a magistrados que trabajaban en el tratado de extradición entre Colombia y EE.UU. que se estaba elaborando entonces.
La Comisión de la Verdad sí cree que "hubo conexión del M-19 con el cartel de Medellín para el asalto al Palacio de Justicia.

Los narcotraficantes no eran el único grupo con el que los hombres de justicia estaban enemistados en la época. Los magistrados habían emitido algunas condenas y llevaban adelante investigaciones contra oficiales de las Fuerzas Militares.
"Más de 6.000 expedientes fueron destruidos en el incendio del Palacio de Justicia, incluyendo los procesos contra militares por violación de derechos humanos", cuenta la periodista colombiana Constanza Vieira en el epílogo del libro de Ana Carrigan.

El baño

Tras horas de combate, el día 6 por la noche los guerrilleros concentraron a los rehenes que quedaban en su poder, unos 70, en un baño de una esquina del edificio.
Allí pasaron horas y horas, con el miedo constante de morir o resultar heridos en el intercambio de fuego. Muchos perdieron la vida. Entre tanto cañonazo y balazo, las heridas fueron prácticamente inevitables.

Hay versiones que dicen que los guerrilleros ejecutaron rehenes, pero el más fuerte consenso hoy parece ser que las muertes fueron causadas por munición que entró desde fuera del baño.

Será difícil determinarlo con certeza, cree la fiscal Ángela María Buitrago, quien lideró la investigación de la Justicia Colombiana sobre los desaparecidos del Palacio.

"Muchas de las armas y de los proyectiles que se utilizaron fueron sacados (el día 7)", le dijo a BBC Mundo, "son elementos que nunca podrán ser recuperados".

Sin ellos, no se pueden completar los peritajes necesarios para entender qué ocurrió en todos los casos: quién los mató, si murieron dentro o si murieron fuera y luego los volvieron a meter en lo que ya eran ruinas.

Continúa el artículo aqui:  http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/11/151030_colombia_30_aniversario_toma_palacio_de_justicia_nc?ocid=socialflow_twitter

Lea también: "Sentencia de la Corte Intermaericana de Derechos Humanso sobre el caso Palacio de Justicia".
Video de las Audiencias en la Corte IDH: Caso Rodriguez Vera y Otros vs. Colombia.
Documental sobre Palacio de Justicia: http://kausajusta.blogspot.com/2013/11/video-palacio-de-justicia-en-colombia.html 
 

Fuente BBC Mundo: http://www.bbc.com/mundo/

Colombia. Ángela María Buitrago, la exfiscal del caso Plazas Vega por los desaparecidos del Palacio de Justicia

"Dicen que la justicia es política para neutralizarla". 

Ánglea María Buitrago, la exfiscal del caso Plazas Vega por los desaparecidos del Palacio de Justicia, contesta las sorpresivas acusaciones que la representante María Fernanda Cabral lanzó esta semana en su contra, cuando en plenaria de Cámara aseguró que ella era la responsable de la "persecución judicial a un periodista".

Esta semana, la representante Cabal afrimó, en plenaria de Cámara, que un periodista estaba sufriendo “persecución judicial por el delito de defender la democracia”. Y la mencionó a usted como responsable de esa supuesta persecución. La persona a la que se refirió la congresista es Ricardo Puentes, un hombre al que, según recuerdo, usted denunció penalmente, ¿por qué?

Esta semana, la representante Cabal afirmó, en plenaria de Cámara, que “un periodista”

Primero, debo decirle que la representante María Fernanda Cabal hizo parte de la Fiscalía como directora de la Oficina de Asuntos Internacionales, al mismo tiempo en que yo era fiscal delegada ante la Corte Suprema (años 2006-2007). Me acuerdo que ella me solicitó, en varias ocasiones, el expediente sobre los hechos de la retoma del Palacio de Justicia y sobre la actuación de coronel Plazas Vega, que yo investigaba. Como funcionaria que era de la Fiscalía, ella tenía que atender algunas reuniones con la Cancillería sobre el caso del Palacio, por el tema de derechos humanos que interesa a la comunidad internacional. Pero nada tenía que ver con la totalidad del expediente. Cuando ella quiso obtener copia de la investigación, le manifesté que era imposible acceder a la misma porque se trataba de información con reserva legal. Desde aquella época, y por este proceso, he sido objeto de acusaciones irresponsables de un grupo de defensores del coronel, entre otros, de ella y del señor Ricardo Puentes.

Continúo sin entender qué tiene que ver Puentes, quien habría sido “forzado a buscar el exilio”, según se afirma en un artículo, con la congresista que leyó una constancia en la Cámara a favor de él y en contra suya.

La representante Cabal utiliza, hoy, el escenario del Congreso para repetir, de manera temeraria, afirmaciones que hizo Puentes en mi contra por el proceso Plazas Vega. Las falsedades que Puentes publicó sin ningún sustento legal me llevaron a denunciarlo penalmente en 2010. Durante estos cinco años, tiempo en el cual él ha continuado difamándome, incluso poniendo en riesgo mi vida como se desprende de las amenazas que recibí, la fiscalía del caso y el juez han adelantado las diligencias correspondientes. Hace unos días se le imputaron al denunciado los delitos de injuria agravada y calumnia agravada. Debe ser por eso que ahora la congresista asegura que lo persiguen.

¿Sugiere que ella tiene interés personal en el caso Puentes y también en el de Plazas Vega?

A ver: la funcionaria de la Fiscalía María Fernanda Cabal se preocupaba, ayer, por el tema Plazas y el Palacio de Justicia. La congresista María Fernanda Cabal utiliza, ahora, el recinto de la plenaria de la Cámara para dejar una constancia sobre el mismo caso, que estaba por fuera del orden del día y que no tenía ninguna relación con lo que allí se iba a discutir ¿Qué debe entenderse, entonces: que actuaba como legisladora o que tenía un interés particular? Hay otros antecedentes. Por ejemplo, recuerdo que ella firmó, en 2011, una solicitud de libertad de uno de los procesados por la retoma del Palacio de Justicia, en un comunicado de prensa que se publicó en varios periódicos de amplia circulación, junto con José Obdulio Gaviria y José Félix Lafourie, entre otros.

No sólo esta congresista sino otros defensores de Plazas Vega y hasta su apoderado dentro del proceso, que justamente está siendo revisado en la Corte Suprema, afirman que usted se “inventó” la declaración del testigo principal contra el coronel, un cabo que se llama Édgar Villamizar, quien aparece en el proceso atestiguando, frente a usted, contra Plazas, y años después dijo que nunca la había visto.

De él también se dijo que su firma había sido falsificada y que el apellido estaba mal escrito. Pues bien, existe plena prueba sobre la autenticidad de la firma que el señor Villamizar escribió durante la diligencia en que estuvo presente y que rindió ante mí, como fiscal del caso que era, el 1° de agosto de 2007. Es cierto que él se retractó cinco años después, o sea en 2012. ¿Adivine quién gestionó la diligencia de retractación que no quiso hacer sino ante el procurador Ordóñez? El señor Ricardo Puentes que hoy huye, según el artículo que usted menciona, justo cuando le imputan los delitos de injuria y calumnia por los que lo denuncié. Pero, sorpréndase: Puentes también fue quien llevó, personalmente, al testigo del proceso Plazas Vega al Juzgado 55 Penal del Circuito en donde estuvo sentado, durante toda la audiencia y a la vista de los presentes, hasta cuando el testigo negó lo que había afirmado años atrás.

Pues la veracidad de ese testimonio ha sido puesta en duda incluso por un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá.

Múltiples pruebas periciales corroboran que el cabo Villamizar sí estampó su firma en la declaración de 2007. La contradicción entre su testimonio de entonces y su retractación, cinco años después, no demuestra una falsedad mía sino, más bien, una presión externa para desconocer hechos confrontados con otras pruebas. Alguien podría preguntarse cómo es posible que varios años después de que se conoce el nombre del cabo a través de la prensa, se dice que él declaró, se exponen fotos de su hoja de vida militar, jamás él hubiera aparecido a desmentir lo que se decía. Y cómo es posible que, repentinamente, aparezca de la mano del señor Ricardo Puentes, el mismo defensor de Plazas Vega y quien venía intentando desprestigiarme, en la Procuraduría y el Juzgado 55 Penal, a negar lo que había dicho y firmado. ¿No le parece más contradictoria la segunda versión que la primera?

No sólo hay dudas. Usted ha sido investigada por este testimonio y por otras pruebas que recaudó en el caso Plazas. ¿Concluyeron las causas en su contra y cómo?

He padecido multiplicidad de investigaciones disciplinarias y penales que se formularon contra mí por haber cumplido con la labor de examinar, seriamente, los hechos del Palacio de Justicia. Para mi satisfacción, las instancias competentes concluyeron que no existieron hechos irregulares o indebidos de mi parte. Valga decir que, por segunda vez, y en esta ocasión ante la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General radicó solicitud de preclusión a mi favor, en la indagación que ya había sido archivada por inexistencia de delitos.

¿Quiénes la denunciaron a usted por su investigación a Plazas Vega?

Además de la señora Cabal, siempre me han atacado, desde cuando fui la fiscal del caso Plazas, varias personas que todavía denigran de mi nombre, de mi ejercicio profesional de abogada y de mi condición de fiscal, y que tienen vínculos ideológicos con ella: Plinio Apuleyo Mendoza, Eduardo Mackenzie, Fernando Londoño y otros. Este es un tema que ha repercutido no sólo sobre mí, que finalmente opté por retirarme de la carrera judicial, sino sobre todos los funcionarios que, de una u otra forma, cumplieron con su deber de investigación y juzgamiento de los responsables del Palacio de Justicia.

Pero nos apartamos del tema: el supuesto “periodista” Puentes, o sus amigos, afirman que él nunca fue notificado de la denuncia en su contra sino ahora, cuando le imputaron los dos delitos de difamación…

No es cierto que no hubiera sido informado de la investigación en su contra. Se cursaron comunicaciones a las direcciones registradas a su nombre y nunca apareció hasta la última diligencia que se celebró hace unos días.

¿En qué fecha puso la denuncia contra Puentes y por qué ahora argumenta que lo persiguen y sale del país?

Lo denuncié por una columna que rebasó mi paciencia y que él tituló la “Caída del muro de Berlín en la Fiscalía” y que publicó en la página web de su autoría, en septiembre de 2010. Lo hice ante el fiscal general (e) de la época (Guillermo Mendoza Diago). Éste decidió enviar mi denuncia a la Unidad de Terrorismo. Posteriormente, se trató de ubicar a Puentes para formularle la imputación, pero como le dije antes, nunca compareció. Sólo decidió asistir a la diligencia del 5 de junio pasado, en donde, de manera extraña, manifestó que no tenía conocimiento de la investigación a pesar de que yo misma la comenté en público y de que sus propios amigos escribieron sobre el tema hace por lo menos cuatro años.

Con independencia de la responsabilidad que pudiera caberle a su denunciado y de su supuesta renuencia a atender la investigación, parece excesiva la medida de embargo que el juez habría decretado contra la vivienda del imputado

Mal habrían podido decretar un embargo cuando no se ha solicitado. No es cierto que se hubiera tomado esa medida. No obstante, creo que acabar con la honra, reputación y nombre de una persona, como él lo hizo contra los míos, bien amerita medidas de esta naturaleza para restablecer los derechos que me violó y siguen violando otras personas, como las afirmaciones irrespetuosas de esta semana en la plenaria de la Cámara.

Para usted, entonces, ¿el señor Puentes no está exilado sino fugado?

Yo no puedo decir si salió del país o no. Sí puedo afirmar que ha faltado a la verdad, que ha escrito inventos y mentiras sin ningún rigor ético, y que a él solo lo asiste la intención de defender políticamente y con cualquier arma a su alcance a sus aliados y amigos de causa.

Esta polémica tiene interés, más allá de su caso, porque el proceso del coronel Plazas está por terminar definitivamente: la Corte Suprema ratificará, en breve, la condena en su contra o la tumbará. Si el fallo condenatorio se cae, como parece, ¿usted aceptaría que se equivocó junto con la jueza y el tribunal que le impusieron el castigo penal?

Creo y sigo creyendo en la justicia y en el derecho. Es claro que, en el sistema jurídico, hay diversas instancias y por eso se justifican los recursos extraordinarios: para que haya diferentes miradas del mismo problema jurídico. Por ahora, lo importante es la coincidencia entre varios funcionarios sobre la evaluación de lo sucedido en el Palacio de Justicia, durante la retoma. Además, no olvide que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio por probado un modus operandi de desaparición. En mi opinión, no se trata de equivocaciones sino de que los hechos son tozudos.

Usted es ahora profesora universitaria y le pido que conteste como académica: nadie duda de que el caso Plazas es mucho más que un proceso de orden personal porque ha llegado a ser emblemático entre los militares. Si se cae esa condena, ¿las repercusiones serían generales o netamente individuales?

Pienso que el caso del Palacio de Justicia no sólo es emblemático, sino que se ha utilizado como fortín político, como un elemento de puja de poderes, como una forma de polarizar concepciones radicales contra otras, primordialmente humanistas. El Estado debe asumir el dolor de las víctimas que en nuestra historia son millares. Por eso, es claro que este caso no debe analizarse de manera aislada, sino en el contexto de los genocidios, de las masacres, de los homicidios agravados, de otras dinámicas perversas que se enquistan en la sociedad. Si la justicia no asume el rol que le corresponde con autonomía e independencia, no habrá esperanza posible para Colombia.

Los defensores de Plazas argumentan lo mismo que usted: que la justicia se ha “politizado”, pero aseguran que fue infiltrada por agentes de izquierda y de la guerrilla…

Es una forma de neutralizar la justicia. E, incluso, de intimidar, deslegitimar y poner en riesgo a los investigadores que cumplen con su deber. Lanzan ese discurso para convencer a quienes están fuera, que hay una guerra desde la Fiscalía o los juzgados y tribunales contra sectores del Estado como los militares, para enardecer los ánimos. Si hay funcionarios que han llegado a la rama con finalidades antijurídicas, quienes así lo afirman deberían entregar las pruebas para depurar la justicia, pero, además, para demostrar que lo que dicen es cierto. Lo que no se puede permitir es que se siga poniendo en la picota pública a todos los que pertenecen a la rama, entre quienes hay muchas personas que han dado la vida por el país, han sacrificado a sus familias y han contribuido al restablecimiento del tejido social.

Visión Cabal del periodismo

 

El pasado martes, cuando la Cámara estaba reunida para votar la reforma al equilibrio de poderes, la representante María Fernanda Cabal leyó una constancia que no tenía nada que ver con el objeto de la citación. Dijo que quería referirse a “un caso de persecución judicial que se sale de todas las proporciones imaginables” y cuya víctima sería “un periodista cuyo único delito es defender la democracia y el Estado de derecho”. (Lea las declaraciones de la representante)

A continuación mencionó a un individuo llamado Ricardo Puentes, que no es periodista profesional y quien solo publica en una página web que él mismo creó, sus opiniones de proselitismo político bastante agresivo, a favor de los uribistas y militares procesados por la justicia y en contra de quien no comparta sus tendencias. Puentes fue denunciado penalmente por la exfiscal “de hierro” Ángela María Buitrago, investigadora del coronel Plazas Vega en la retoma del Palacio de Justicia por las afirmaciones que hizo contra ella. Hace poco  él fue acusado por injuria y calumnia. Según sus amigos, hoy está en el “exilio”. Cabal, en su constancia, también se quejó de Noticias Uno por haber revelado que ella aconsejaba contratar a “un periodista” para neutralizar las denuncias contra el magistrado Jorge Pretelt.

“Me pidieron la renuncia por investigar”

¿Por qué terminó fuera de la carrera muy exitosa que tenía en la Fiscalía?

Por investigar, por trabajar y decidir en derecho lo que políticamente no era conveniente. O lo que, para alguien en particular, no era su prioridad. Los compromisos personales, sociales o políticos del momento (en que investigué el caso Palacio de Justicia) no afectaban mi criterio jurídico, y no entiendo ni entenderé las actuaciones políticas en la justicia que, irónicamente, mis contradictores me endilgan cuando son ellos y sus aliados quienes usan la justicia según sus propósitos partidistas y de ideología.

 

Se refiere a los grupos militaristas, pero, ¿también al fiscal general de su época, Guillermo Mendoza Diago?
Sí. Él fue quien me pidió la renuncia cuando dicté la apertura de instrucción y ordené la vinculación, mediante indagatoria, de tres generales en retiro por el caso de la desaparición y muerte del magistrado Carlos Horacio Urán, ocurridos en la  retoma del Palacio de Justicia.

¿Volvería a la carrera judicial?

Mi vocación siempre ha sido servir. Volvería si considero que puedo aportar algo con sacrificio, pasión y pulcritud, y no para alcanzar intereses personales. Pero también soy feliz en la academia, a la que siempre he pertenecido.

Por Cecilia Orozco.

Fuente: http://www.elespectador.com/entrevista-de-cecilia-orozco/dicen-justicia-politica-neutralizarla-articulo-566211

Peter Newell: "Perú va quedar aislado de América Latina sino avanza en la prohibición del castigo físico y humillante"

El lunes 18 de mayo, organizaciones de la sociedad civil que conforman el "Colectivo Vota por la Niñez" conversaron con Peter Newell, coordinador de la Iniciativa Global para poner fin al Castigo Físico y Humillante contra niños, niñas y adolescentes. El conversatorio se realizó en la Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza bajo la coordinación de Save the Children en Perú.

Para Newell, la obligación de los Estados para prohibir el castigo físico y humillante debe venir desde la perspectiva de los derechos humanos. Si hoy, todos reconocemos que tenemos los mismos derechos humanos sin distinción, no es discutible la violencia contra la mujer, entonces porqué si aceptamos la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes. Cuando deberíamos protegerlos por encontrarse en una situación de vulnerabilidad, señaló.

"El Comité ha señalado repetidas veces en sus observaciones finales que el castigo corporal es incompatible con el respeto a la dignidad intrínseca del niño y con los límites estrictos de la disciplina escolar" (Comité de Derchos del Niño - ONU, Observación General Nº 1, 2001).

* Contexto Global

46 países cuentan con una ley que prohíbe el castigo físico y humillante.

47 países se han compromentido en aprobar una ley que prohíba el castigo físico y humillante.

Newell mencionó que fué Suecia el primer país del mundo que prohibió el castigo físico y humillante explícitamente mediante una ley, en 1979. Además, sensibilizó a la población y capacitó a los educadores sobre el tema. 

* Contexto Regional

8 países de América Latina tienen una ley que prohíbe el castigo físico y humillante (Venezuela, Uruguay, Costa Rica, Honduras, Argentina, Bolivia, Brasil y Nicaragua).

Perú no cuenta con una ley que lo prohíba.

9 países de América Latina, incluido el Perú, se han comprometido en tener una ley que lo prohíba.
Sólo Colombia y Guatemala no se han comprometido siquiera a una ley contra el castigo físico y humillante.

* Perú
Para el año 2015, el Perú no se encuentra en el mapa de los Estados que prohiben el castigo físico y humillante a niños, niñas y adolescentes en América Latina.

 

Las obligaciones internacionales del Estado peruano:

- Recomendaciones del Comité sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas al Estado peruano:

i) En el año 2000: "Que la ley prohíba explícitamente la aplicación de castigos corporales en el hogar, en las escuelas y en otras instituciones".

ii) En el año 2006: "Redoblar esfuerzos a fin de prevenir y combatir el maltrato de los niños en el hogar. Introducir en el Código Penal disposiciones que se refieran específicamente a esas formas de violencia y maltrato.

- Recomendaciones durante el último Examen Periódico Universal (UPR / EPU) de la ONU, los estados recomendaron al Estado peruano:

i) Crear una ley que prohíba el castigo físico y humillante;

ii) Que el proyecto de ley sobre el Código de los NNA prohíba explícitamente toda forma de castigo corporal en todos los ámbitos; y aprobarlo como una cuestión de prioridad;

iii) Establecer los mecanismos para tratar los casos de castigo corporal de los niños con miras a la aplicación efectiva de la ley.

   

Las Obligaciones nacionales del Estado peruano:
- Plan Nacional de Derechos Humanos 2014 - 2016. Objetivo Nº 17, Consolidar el marco institucional de protección  integral del NNA, priorizando aquellos que se encuentran en estado de vulnerabilidad ("promover la normativa que lo prohíba explícitamente").

- Plan Nacional de Acción por la Infancia - PNAIA (2012 - 2021): Resultado Esperado Nº 20, Se reduce el número de niños, niñas y adolescentes que son víctimas de violencia  familiar y escolar, mediante la eliminación del uso del castigo físico y humillante como mecanismo de corrección y dsciplina".

- Acta de Compromiso: "Declaración por la Infancia y por la Eliminación de la Violencia física, psicológica, maltrato, abuso sexual, trato cruel, humillante y abandono familiar"(04/02/2015).

* Falta:

- Existen 6 iniciativas de Proyecto de Ley para prohibir el Castigo Físico y Humillante a NNA, 4 han sido acumuladas en el proyecto del Código del NNA, que aún no se aprueba en el Congreso.
 

Documento "Evaluación de la Iniciativa Global para acabar con todas las formas de castigo físico y humillante" (abril 2015):

GI-Evaluation PDF for Distribution April 2015 by sofiabloem

 

Fuente End All Corporal Punishment of Children: http://www.endcorporalpunishment.org/
Fuente de la foto MCLCLP: http://www2.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/detalle/121  

* Lea: "Todo lo que nuestros congresistas deben saber sobre el Castigo Físico y Humillante a Niños, Niñas y Adolescentes" 

Fuente: Documento elaborado por el Equipo de Incidencia en Derecho.