Colombia. Editorial de El Tiempo.
Cuando se habla del conflicto armado colombiano, de sus millones de víctimas y de sus miserias, no se ha hecho suficiente énfasis en la pesadilla que han vivido las mujeres. Solo en los últimos años ha comenzado a pensarse en la marca particular que ha dejado en las diferentes poblaciones. Cada vez es más claro, en ese sentido, que la violencia de género debe ser analizada y combatida con especial convicción.
Es una estupenda noticia, pues, que –gracias a la tenacidad del senador John Sudarsky y los representantes Iván Cepeda y Ángela María Robledo– haya sido aprobado el proyecto de ley que, de manera prioritaria, garantiza el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual en medio del conflicto armado. Se ordena a jueces e investigadores, por medio de la ley, declarar delito de lesa humanidad la violencia sexual. Y se exige al Estado proteger a las víctimas y seguir paso a paso sus casos para llegar a soluciones de fondo.
Ni los guerrilleros, ni los paramilitares, ni los militares que hayan cometido estos delitos brutales, de competencia de la justicia ordinaria, podrán pasar por alto lo que hicieron. Las víctimas tendrán de su lado a las autoridades. En palabras del ponente Sudarsky, será creada una nueva estructura judicial, más ágil y alerta, que recolectará las pruebas necesarias, y habrá atención médica y sicológica de manera gratuita.
Las cifras duelen profundamente. En la década pasada, unas 170 mujeres fueron violadas cada día, pero apenas 44 se atrevieron a denunciar. Se habla de solo 4.923 reportes de la Unidad de Víctimas entre los 489.687 casos de violencia sexual en estos años de guerra. Es claro que se ha estado cometiendo este crimen como si simplemente fuera parte de un oficio y que nuestra sociedad –sus jueces, sus gobernantes, sus medios de comunicación– no ha hecho lo suficiente para visibilizarlo.
Pero, por suerte, cada día hay más voces, más espacios para exponer la verdadera dimensión de este drama. Lo anterior quedó claro tras el ‘Encuentro por los derechos de las mujeres colombianas’, liderado por EL TIEMPO y la Gobernación de Bolívar, como parte de la campaña ‘No es Hora de Callar’, en el que participaron 40 mujeres víctimas del conflicto de todo el país.
Y es hora de proseguir, porque la violencia sexual, que sucede en privado con tanta frecuencia, ha sido usada contra todos los colombianos en estos largos años de guerra, pero en especial ha sido cometida por los actores del conflicto contra las mujeres.
En su prólogo al informe ‘Mujeres y guerra’, del Centro Nacional de Memoria Histórica, el investigador Gonzalo Sánchez anota lo siguiente: “El empleo de la palabra deshonrar para referirse a las violaciones sexuales contra las mujeres es sintomático, no obstante, de una mirada social sobre este crimen que, antes que repudiar al victimario, despoja a la víctima de su reputación y su prestigio”. Por eso, concluye, se denuncia tan poco.
El nuevo proyecto de ley, que aumenta y corrige la legislación pasada, busca derrotar del todo el silencio. Y es, por ahora, un documento de gran simbolismo, pues es el reconocimiento de que la violencia de género ha ocurrido de manera sistemática y con sevicia –y justificada por los victimarios– detrás de la cortina de humo y de sangre de la guerra.
En medio de sus discusiones furibundas y sus ideologías en pugna, Colombia ha estado haciendo un esfuerzo enorme por volver de su conflicto. Esta iniciativa prueba que va por el camino correcto.
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