De obra local a proyecto nacional vía Utero.pe
En su momento, el mejoramiento de la avenida Néstor Gambetta, incluyendo el tramo de acceso al terminal marítimo del Callao por el muelle sur, fue considerado como una obra fundamental para el comercio exterior y, claro está, para la modernización y competitividad de la provincia constitucional. Lo era, por supuesto. Quién podría discutir, además, la conveniencia de contar con un tránsito eficiente en la zona, un bajo índice de congestionamiento y un nivel menor de accidentes, que el Proyecto ofrecía. Vamos, quién podría oponerse a la transformación de una vía –de 28 kilómetros- caótica y colapsada en otra moderna y rápida. Nadie.
Se inició como una idea del Gobierno Regional del Callao (GRC). Al poco tiempo se contrató un estudio de preinversión a nivel de factibilidad. Lo hizo la empresa JNR Consultores S.A. El monto: S/. 2 747,412,50.
El asunto, sin embargo, daba para más. Tanto que, el 25 de abril del 2009, gracias a la buena amistad entre el presidente regional, Alex Kouri, y el mandatario de la Nación, Alan García, se emitió el decreto de urgencia Nº 052‐2009 por el que se declaró de necesidad nacional la ejecución del Proyecto y se dictaron medidas económicas financieras extraordinarias para tal fin.
La estructura de financiamiento quedó así: el GRC otorgaría 85 millones de soles, la Autoridad Portuaria Nacional 150 millones, el gobierno nacional 219 millones y 57 millones provendrían de un fideicomiso regional. Un detalle. No obstante la diversidad de fuentes de aporte, la ejecución del Proyecto correría única y exclusivamente a cargo del GRC. El sábado siguiente, cerveza en mano, Alan brindó por la obra y anunció que a fines del 2010 todo estaría consumado. Sin inmutarse, y sin aclarar nada, el propio Alan concurriría en mayo del 2011… al inicio de las obras. Junto a él, Luis Giampietri, vicepresidente, Enrique Cornejo, ministro de Transportes y Comunicaciones, y Félix Moreno, ya para entonces nuevo presidente del GRC.
El 20 de agosto de 2010, el GRC y el Consorcio Nueva Gambetta, conformado por las empresas Constructora Andrade Gutiérrez S.A. Sucursal Perú y Constructora Queiroz Galvao S.A. Sucursal Perú, suscribieron el contrato N° 022-2010-GRC, para la elaboración del expediente técnico del estudio definitivo y la ejecución de obra por un monto de S/. 355 712,377,54. La elaboración del estudio se fijó en S/. 10 324,363,24 y para ello se otorgó a la contratista un plazo de 120 días (del 9 de noviembre del 2010 al 8 de marzo del 2011).Enrique Cornejo, por entonces, ministro de Transportes y Comunicaciones, estuvo presente en el acto.
En octubre de 2010, el GRC suscribió el contrato N° 028-2010-GRC con el Consorcio Supervisión Gambetta, conformado por JNR Consultores S.A. y la empresa R&Q Ingeniería S.A. Sucursal del Perú, para la supervisión de la elaboración del expediente técnico del estudio definitivo y supervisión y ejecución de la obra por S/. 18 031,811,06.
Tengo ya un presentimiento, barrunto en mi corazón
Cinco años después de la dación del decreto de urgencia y cuatro posteriores a la suscripción de los contratos, la Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción del Callao, que algún indicio de irregularidad en la ejecución de la obra tendría, que alguna sospecha de malos manejos habría alimentado, envió una comunicación a la Contraloría General de la República (CGR) y solicitó de forma expresa y directa la realización de una acción de control. Fue en setiembre de 2014. La CGR atendió a lo solicitado y dispuso la acción de control respecto del Proyecto. En enero del 2015, la Contraloría anunció públicamente que auditaría tres grandes proyectos de inversión adjudicados a empresas privadas: el Gasoducto Sur Peruano, la Línea 2 del Metro de Lima al Callao y, ajá, el mejoramiento de la avenida Néstor Gambetta.
La Contraloría despierta
Sus sospechas tenía el Ministerio Público chalaco. Y vaya que la chuntó. La CGR hizo su trabajo… y ¡oh sorpresa! Bueno, tampoco hay que exagerar. La verdad es que no hubo sorpresa, no hubo asombro. Ni pasmo ni perplejidad. Encontró un conjunto de irregularidades que se remontan al propio inicio del contrato y que han derivado en una continua y grave afectación económica a los fondos públicos. Un continuo sablazo. Un contumaz sangrado. Aún por cuantificar con exactitud. Millones de soles en beneficio del contratista. Según el diario Perú21, el supuesto perjuicio para el Estado es por “más de S/.55 millones”, lo cual “equivale al 15% de la suma inicial de la adjudicación”. Otra vez en el Callao, piratas.
Y claro, nadie se había dado cuenta de ello en largos 60 meses. En dos administraciones regionales. Ni los entonces presidentes regionales, ni el gerente regional de infraestructura. Tampoco el coordinador del Proyecto, menos el coordinador de la obra. ¿Y la empresa de supervisión?, pues pintada en la pared. La propia CGR, nada de nada.
Cuánta generosidad. En vez de cobrarles, les pagaron
Los hallazgos de la CGR son claros, evidentes y múltiples. El 20 de mayo de 2011 el GRC aprobó el expediente técnico para la ejecución de la obra, elaborado por el Consorcio Nueva Gambetta, para luego proceder a cancelarle la totalidad del servicio por S/. 10 324,363,24. Lo hizo pese a que el tal expediente estaba incompleto, inconcluso, mocho. Y no solo eso. También presentaba significativas y heterogéneas deficiencias técnicas que francamente hacían imposible el inicio de la ejecución de la obra. ¿Qué pasó? ¿Cómo así ocurrió tal aprobación sin que se corrijan o subsanen las observaciones sobre casi todos los campos del Proyecto: señalización y seguridad vial, trazo y diseño vial, redes eléctricas, estudios de suelo y fuentes de agua? ¿Cómo sin análisis de costos unitarios? En fin, ¿cómo sin la presentación del Plan de Compensación y Reasentamiento involuntario (PACRI), sin el estudio de los títulos de los predios que resultarían afectados con la ejecución de la obra, sin valuaciones de tales predios y sin presupuesto del PACRI?
Por supuesto, dadas las condiciones, no debió aprobarse nada ni pagarse nada. Por el contrario, lo que correspondía era el cobro de penalidades por el incumplimiento. Eso estaba en el contrato. El Consorcio Nueva Gambetta, o sea los brasileños, tenían que haber pagado S/. 1 032,436,32.
Intentando justificar el pago y el no cobro
La Resolución Gerencial General Regional N° 590-2011, expedida por José García Santillán, que aprobó el expediente técnico de ejecución de obra se apoyó en una carta de 19 de mayo del 2011 del Consorcio Supervisión Gambetta, suscrito por Néstor Palacios Lanfranco, Carlos Núñez Barriga y Carlos de Queiroz Lobato, que indicó que el contratista había levantado todas las observaciones. Claro que tal carta no acompañó la evaluación técnica de las observaciones supuestamente corregidas. Pero eso no importó. Hay más, tal carta nunca ingresó al GRC. Como lo lee: la carta no aparece en los registros de entrada documentaria del GRC. Pero eso fue un detalle. Casi una anécdota. No significó ni importó nada.
La Resolución Gerencial General Regional N° 590-2011 también se apoyó en el Informe N° 021-2011-GRC/GRI-GAMBETTA-LJCV, de 19 de mayo, suscrito por Luis José Calderón Vargas, asesor legal de la Coordinación del Proyecto Gambetta, que señala que, al haberse levantado las observaciones, resulta procedente la aprobación del expediente técnico; y, en los informes N° 030-2011/GRC/GRI/GAMBETTA/CC y N° 045-2011/GRC/GRI/GAMBETTA/PCG, de 20 de mayo 2011, suscritos por Carlos Cuentas Chira, coordinador de obra, y Pedro Cano Guerrero, coordinador general del Proyecto Gambetta, respectivamente, que concluye que habiéndose levantado las observaciones se debe expedir la resolución gerencial general, a través de la cual se apruebe el expediente técnico.
Informe fantasmas y truchos
Como entre nosotros todo es posible, ahora resulta que no aparecen los originales de los referidos informes citados en la Resolución Gerencial General Regional N° 590-2011. No están. Nadie los halla. La CGR los solicitó y el GRC solo envió copias simples. Rarazo ¿no?.
No solo eso. Como nada es imposible en nuestra administración pública, los supuestos autores de los informes técnicos que dieron conformidad al expediente técnico, no los reconocen. Sí, ellos juran y perjuran que no los elaboraron ni los firmaron. Así,Carlos Cuentas Chira afirma no haber emitido ni suscrito el Informe N° 030-2011, y añade que a la fecha de su retiro, junio del 2011, la situación no hacía recomendable el inicio de la obra ni era posible la aprobación del expediente dadas las observaciones existentes.
Por su lado, Pedro Cano Guerrero recuerda que a la fecha de la aprobación del expediente técnico estaba pendiente que el Gerente Regional de Infraestructura, Andrés Villareyes Dávila, tramitara ante el MTC y luego este ante el MEF el registro en el SNIP de algunos cambios realizados y la declaración de viabilidad del proyecto. Asimismo, que los coordinadores no habían aprobado la calidad del expediente. Para finalmente, añadir que el Informe N°045-2011 es falso en su contenido y firma, y que con posterioridad se trataron de regularizar los informes sustentatorios faltantes.
El elástico presupuesto de la obra
El 24 de mayo del 2011, vía Resolución Gerencial General Regional N° 605-2011 se incrementó el presupuesto de obra a S/. 383 145,243,48. ¿Normal? No, parece que en el manejo del Proyecto nada lo es. Sucede que la CGR ha descubierto que, en verdad, dicho monto ya aparecía en el expediente técnico aprobado el 20 de mayo. ¿Cómo así? Un misterio.
Por cierto, al final del Proyecto, el costo final de la construcción ascendió a S/.500 122,347.
Lluvia de apliaciones de plazo y adicionales de obra
El expediente así inacabado y falto, por responsabilidad del contratista -y la subsiguiente aprobación en esas condiciones-, determinó que en la ejecución de la obra tuviera que recurrirse a diversas ampliaciones de plazo y adicionales de obra, y por supuesto a la suscripción de otros contratos. Con reconocimiento de mayores gasto generales, por supuesto. En ese contexto, por ejemplo, no habiendo realizado el GRC las expropiaciones de terrenos que correspondía, porque el contratista no elaboró ni entregó oportunamente el PACRI, se aprobó la ampliación del plazo N° 2 por 127 días y se aceptó mayores gastos por la suma de S/. 16 361,570.31. Lindo ¿no?. Qué largueza con los recursos públicos. Cuánto desprendimiento con el dinero de todos.
La historia es la siguiente. El GRC (Gobierno Regional del Callao) suscribió un acta de acuerdo con el Consorcio Nueva Gambetta para permitir la ejecución de las obras… por partes, según entregas parciales de terreno y con nuevo cronograma. Sustento técnico no había. ¿Para qué? El GRC no cumplió con los plazos… porque la contratista entregó deficientes expedientes individuales, los que fueron observados por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Entonces, Ripley intervino. Ante el incumplimiento, los brasileños demandaron al GRC ante un tribunal arbitral y obtuvieron un Laudo Arbitral que ordenó se le reconozca un plazo adicional de 127 días y el pago de los S/. 16 361,570,31.
Luego se suscribió un Acta de Acuerdo y se aprobó un tercer cronograma de obra con nuevas fechas para entrega parcial de los terrenos. Una vez más, el GRC no cumplió. Una vez más, el responsable directo de ello fue el contratista: la liberación de los terrenos estaba atada al PACRI, y los brasileños lo entregaron tardíamente. Carajo, la misma jugada. Entonces, se generó la ampliación de plazo N° 3 por 95 días y se admitió S/. 8 706,694,89 de gastos generales y costos directos.
El sangrado de recursos públicos tuvo también otra arista. El GRC aprobó y canceló presupuestos adicionales de obra que no correspondían, pues solo eran consecuencias de los defectos del expediente técnico. La aprobación del adicional de obra N° 1 (enero 2013) llevó al pago con reajustes de precios ascendente a S/. 516 476,00; la de la obra N° 2 (enero del 2013) y del plazo N° 4, al pago de hasta S/. 7 689,870,41; y, por último, la prestación adicional de obra N° 5 (julio del 2013) significó el pago con reajuste de precios de S/. 11 644,917,97.
Otros Hallazgos
Esquilmaron los fondos públicos por todos lados. La CGR también ha hallado que los presupuestos adicionales de obra N° 4 (mayo del 2013) y N° 6 (diciembre del 2013) fueron aprobados con cantidades y precios unitarios sobreestimados, que al ser ejecutados y cancelados ocasionaron mayores pagos de S/. 4 142, 580,64.
Y ahora ¿la impunidad?
¿Pasará algo tras los hallazgos y evidencias de la CGR? ¿Alguien responderá? Corresponde. Funcionarios y empresarios deberán comparecer ante la fiscalía anticorrupción. Mínimo, no. Lo justo, varón.
Hace unos días, el GRC sacó un comunicado anunciando que ha invitado a arbitraje al contratista y al supervisor de la obra, “a fin deresolver las controversias identificadas gracias a la comunicación de desviaciones detectadas” por la CGR. Perdón. Juat. ¿Qué cosa? ¿Arbitraje? Ni de vainas. Disculpen el francés… no somos cojudos. La acción de control arroja, en principio, hechos con apariencia delictiva que deberán ser investigados en la vía penal y en sede fiscal.
La procuraduría anticorrupción tiene que actuar ya, presentando la denuncia que corresponde. De oficio, ahora, la fiscalía debe abrir una investigación preliminar. Ese es el escenario en dónde debe ventilarse toda esta canallada. Todo este faenón. Qué la procuraduría y la fiscalía eviten la gambetta a la justicia que se pretende.
