Recién el 8 de agosto, dos semanas después de la brutal agresión, la comisión de ética tomó el acuerdo de abrir un procedimiento de investigación contra el parlamentario de Alianza Para el Progreso, que tomará quién sabe cuánto tiempo antes de llegar a conclusiones. La cosa está y estuvo muy clara desde el principio: las facciones parlamentarias más poderosas han decidido proteger al congresista denunciado como violador y lo que necesitan es ganar tiempo. La impunidad en el horizonte.
La víctima, por lo pronto, ha sido despedida de su trabajo por decisión libre y autónoma del propio agresor, sin que la mesa directiva del Congreso y algún vocero parlamentario se opongan. Nada. Nadie. El Congreso de hoy es el mundo ideal del machismo más insolente, donde se trata con agunates de seda al violador, con la finalidad de ayudarle a "salir del problema", y se maltrata y revictimiza una y otra vez a la mujer que sufrió el ultraje.
Días Monago debería haber sido detenido apenas fue denunciado en flagrancia la misma noche en que cometió el delito, debería haber sido desaforado de inmediato por el Congreso y debería estar ya en la cárcel esperando el juicio y la sentencia que le correspondería dictar a un juez común. Pero todo el sistema institucional del Estado falló en este caso y exhibió la tolerancia real que existe y se impone en la vida real frente a los abusos de ese machismo tan arraigado en nuestra sociedad a todo nivel.
La reacción del sistema institucional ha sido penosamente en pro del violador. El Congreso no solo no ha tomado contra él ninguna medida disciplinaria o sancionadora, sino que algunos parlamentarios expresaron "comprensión" por el victimario, como lo hicieron, por ejemplo, el congresista Héctor Acuña o el tercer vicepresidente del Congreso, Wilmer Elera, quien días después fue sentenciado por un delito de corrupción cuando era autoridad regional.
El Ministerio Público falló cuando no reacciónó como debía ante la denuncia realizada por la víctima del delito flagrante. La inmunidad parlamentaria es un tema del pasado, se acabó, y cuando existía estaba limitada a los delitos de función, no protegía frente a delitos comunes. El requerimiento de la detención preventiva inmediata del autor de un delito común tan grave no solo era procedente sino mandatoria para asegurar las pruebas del delito en flagrancia. Esta falla del Ministerio Público, cometida por un fiscal, ha sido crucial para abrir la puerta a la situación actual de impunidad.
El Poder Judicial tampoco ha reaccionado como deberíamos esperar. Como el Ministerio Público no actuó cuando debía, el caso pasó a la jurisdicción de la Corte Suprema. Pero el juez supremo que ha visto la denuncia formalizada por la fiscalía ya fuera de flagrancia, se ha limitado a dictar los solicitados nueves meses de impedimento de salida del país, descartando un pedido de detención preliminar.
Este es el tablero que les gusta a los ultraconservadores de derecha e izquierda que descalifican como "ideología de género", repitiendo hasta el hartazgo el mismo sonsonete contra lo que es únicamente la defensa de un enfoque de igualdad de derechos que remedie y revierta los abusos del machismo. Abusos en los que hoy se unen ideológicamente los extremos ultracon servadores del Congreso y del Gobierno para facilitar la impunidad de los violadores.
Artículo de opinión de Ronald Gamarra Herrera publicado en Hildebrandt en sus trece el día viernes 12 de agosto de 2022.
Fuente Hildebrant.
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