La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urge al Estado de Bolivia cumpir con su obligación de proteger a las niñas y a las adolescentes de la violencia sexual y garantizar sus derechos sexuales y reproductivos.Washington, D.C.- La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) urge al Estado de Bolivia a proteger a las niñas y a las
adolescentes de la violencia sexual y el embarazo forzado, así como garantizar
el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos tomando en cuenta la
situación particular de vulnerabilidad que enfrentan por razones de género y
edad, en aplicación del marco normativo nacional e internacional.
La violencia sexual contra niñas y adolescentes constituye
no solo un tipo particular de agresión basado en género, sino una forma de
discriminación que impide el goce de otros derechos humanos, que puede afectar
por completo su proyecto de vida. La Comisión observa que el embarazo de niñas
y adolescentes víctimas de abuso sexual pone en riesgo su vida, salud física y
mental, y afecta su autonomía integral.
En el el informe sobre Violencia y Discriminación contra Mujeres, Niñas y Adolescentes, la CIDH advirtió que el embarazo infantil y adolescente es un serio problema en el hemisferio con cerca de 10 millones de embarazos al año, respecto del cual los Estados tienen el deber de atender el interés superior y garantizar la protección especial de los derechos humanos de las niñas y las adolescentes por la condición de especial vulnerabilidad. En particular, quienes son víctimas de violencia sexual deben acceder pronta y oportunamente a los servicios de salud, y a toda la información científica para que tanto ellas como sus familias puedan tomar las decisiones y dar el consentimiento sobre cualquier procedimiento, sin que esto represente un riesgo para sus vidas, o afectación a otros derechos. El Estado debe además garantizar la confidencialidad y privacidad, blindándolas de cualquier tipo de opiniones y o información no científica por parte de personas que se desempeñan como funcionarias de instituciones públicas y/o de terceros que pueda interferir en sus decisiones.
Bolivia registra una de las tasas más altas de embarazo
adolescente en la región que, según el Fondo de Población de Naciones Unidad,
es de 88 por cada 100 habitantes entre 15 y 19 años, en tanto que el promedio
regional es de 70. Por su parte, de acuerdo con cifras del Ministerio de Salud,
entre enero y julio de 2021 se registraron 22.221 embarazos de adolescentes,
con una proyección de aumento para el segundo semestre del año.
Al respecto, se destaca que el Estado de Bolivia cuenta con
un marco normativo de protección a las niñas y las adolescentes que son
víctimas de violencia sexual y embarazo forzado, que debe implementarse
atendiendo de forma estricta el interés superior, entendiendo que la negación
de la interrupción voluntaria segura y oportuna del embarazo en determinadas
circunstancias puede constituir una vulneración a sus derechos fundamentales,
en especial, los derechos a la vida, integridad personal, salud y, en general,
el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia
y discriminación.
Lo anterior resulta especialmente relevante en el contexto
de Bolivia, donde según información recibida, una de cada tres niñas sufre
alguna forma de violencia sexual antes de los 18 años; y según los datos de la
Fiscalía especializada en delitos de género y juvenil se reportaron 561 casos de
violación contra niñas, niños y adolescentes, hasta abril de 2021.
Además, el Comité para la Eliminación de la Discriminación
Contra la Mujer (CEDAW) y el Comité Contra la Tortura señalan que la violencia
de género vulnera el derecho a la salud y los derechos sexuales y
reproductivos, y que la continuación forzada del embarazo puede constituir una
forma de trato cruel, inhumano o degradante, pudiendo evitar el riesgo de
mortalidad materna a la que mujeres, niñas y adolescentes son sometidas en este
contexto.
Ante el escenario del incremento de la violencia de género
contra niñas y adolescentes, la CIDH considera fundamental que los Estados
desarrollen políticas y programas que faciliten el acceso a una educación
sexual de calidad adaptada a la edad y a servicios de salud sexual y
reproductiva accesibles, garantizando su participación y el acceso a la
información. En particular, insta al Estado de Bolivia a desempeñar su mayor
esfuerzo para erradicar la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, fortaleciendo
las instancias de la ruta de atención oportuna y adecuada y garantizando el
acceso oportuno y adecuado a los servicios de salud e información, en
cumplimiento de su normativa interna y los tratados internacionales.
Fuente CIDH.
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