La masacre cumple dos años con el Gobierno mexicano incapaz de desenredar el caso
Han pasado dos años y el caso Iguala ha dejado atrás la renuncia de dos máximos responsables de la seguridad nacional, ha descascarillado la imagen del presidente Enrique Peña Nieto, ha sido investigado por dos grupos extranjeros de expertos en crímenes contra los derechos humanos, ha ocupado portadas en medi0os de comunicación del mundo entero, ha provocado oraciones del Papa, reuniones de las Naciones Unidas y arrastrado, según el último informe público, 130 detenciones, 422 resoluciones judiciales, 850 declaraciones, 1651 actuaciones periciales y un expediente babilónico de 240 tomos y un cuarto de millón de folios. Pero todo eso equivale, ante la mirada exámine de los padres de las víctimas, a dos frases: "Seguimos en el punto de partida. El Gobierno nos quiere ocultar la verdad", afirma su portavoz Felipe Cruz.
El secuestro y el asesinato de 43 estudiantes de la escuela rural de magisterio de Ayotzinapa sigue sin resolverse, cayendo como dos gotas paralelas sobre la cabeza de los familiares, que áun no saben qué fue de ellos, y la del Estado, incapaz de culminar una averiguación terminante, enmohecido por la desconfianza de la sociedad y soltando lastre para tratar de coger aire: lo último, la renuncia de Tomás Zerón, el director de la Agencia de Investigación Criminal,número uno del caso, sometido a una investigación interna por una posible manipulación de pruebas pero no por ello apartado del parnaso de la burocracia, sino nombrado –“premiado”, opinan los padres– como secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad “en reconocimiento a sus acciones”.
Antes de Zerón cayó Jesús Murillo Karam,
titular de la Procuraduría General de la República hasta febrero de
2015. El fiscal que definió la primera hipótesis del crimen como “verdad
histórica” –interpretada como verdad novelada por los más suspicaces–
fue recolocado como jefe de Agricultura hasta que meses después
desapareció sin ruido del organigrama de mandos en una renovación
general del gabinete. “Su verdad se ha desmoronado”, dice Eduardo
Guerrero, analista en seguridad y consultor del Gobierno, que piensa que
Murillo fue “víctima de su novatez y del poco profesionalismo de la
PGR, donde manda desde hace años una nomenclatura inepta y colosalmente
corrupta”.
La teoría oficial era –y es, aunque sin tanta convicción– que los estudiantes fueron
asesinados por narcos de Iguala, una capital comarcal del purgatorio de
sol, cactus y akascuarenta y siete del México profundo, e incinerados en un basurero en medio del monte.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes,
cinco especialistas designados por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, analizó pruebas e hizo sus propias pesquisas. Concluyó
que esa versión no se sostenía con hechos y que dependía de confesiones
de detenidos que pudieron haber testificado bajo tortura
Tampoco coincidio en la causa de la masacre. En la noche del 26 al 27 de septiembre, la policía local de Iguala se
lanzó a una abrupta y feroz persecución de los autobuses de los
estudiantes. Tras la razia aparecieron seis cadáveres y desaparecieron
43 alumnos. La explicación del Gobierno fue que el alcalde, mafioso en
jefe del municipio, no quería por sus pagos a aquellos jóvenes incordios
marxistas y dio una orden de escarmiento que derivó en una escabechina:
la policía los detiene, los entrega a los narcos y estos,
confundiéndolos con narcos rivales, optan por el exterminio. Los matan.
Los queman en una pira de neumáticos y madera. Tiran sus cenizas a un
río.
El grupo de expertos negó que los cuerpos de los estudiantes hubieran
sido quemados en el basurero y resaltó que el batallón militar de la
zona vio la persecución y detención de los estudiantes. No creyó en la
teoría de la orden del alcalde corrupto que se fue de control y planteó
la sospecha de que uno de los buses (líneas de pasajeros tomadas a la
brava por los estudiantes para ir a una manifestación) llevara en sus
tripas un alijo de heroína sin que ellos lo supieran, que los señores de
la droga no quisieron perder y cuyo desvío castigaron con ira. Pidieron
entrevistar a los soldados del batallón y nunca se lo concedieron. La
comisión se fue de México acusando al Gobierno de obstruir el caso.
“Dentro del aparato del Estado hay fuerzas que no quieren que se
investigue la verdad. Son fuerzas estructurales”, afirma el español
Carlos Beristáin, integrante del grupo.
Otros especialistas que investigaron la masacre, los del Equipo
Argentino de Antropología Forense, encargados por los familiares,
tampoco encontraron pruebas de que los jóvenes fueran quemados en el
basurero. Sí acreditaron que un hueso encontrado en una bolsa en un río
era de uno de los 43 –el único identificado hasta hoy–, pero no que esa bolsa llena de minucias óseas proviniese de las cenizas de una pira humana en el basurero.
Muy discretos en su rol público durante el caso, los forenses
argentinos, curtidos en un sinfín de exhumaciones en países sembrados de
crímenes de lesa humanidad, se mostraban en privado sorprendidos del
nivel de opacidad de las instituciones mexicanas.
El enredo en torno al basurero dio un giro más en abril cuando se
publicó la conclusión de un estudio suplementario encargado por la
Procuraduría que estableció que allí habían sido quemados al menos 17
cuerpos, aunque no se certificó que esos fueran los cuerpos de los 43
desaparecidos y no se han hecho públicos los detalles del informe.
En definitiva, la verdad de lo ocurrido sigue en el aire y la convicción
general es que el caso ha desnudado al Estado. “Es un reflejo del
problema estructural de nuestro sistema de procuración y administración
de justicia”, juzga Mario Patrón, director del Centro Prodh de Derechos
Humanos, que ayuda a los padres de los estudiantes. Evalúa estos dos
años de pesadilla como “una oportunidad perdida” para la catarsis del
aparato, aunque rescata el hecho “inédito” de que el Estado se haya
prestado a la supervisión internacional.
La tragedia que más conmocionó al país en los últimos años, abundantes
en tragedias, ha perdido presencia. En un vahído gradual la indignación
civil del primer año se ha convertido en un eco que se aleja y, si bien
los organismos externos no han dejado de seguir el caso, en México
quedan frente a frente los dos protagonistas principales del drama: los
familiares frente a la burocracia.
Adondenosllevan Ayotzinapa (Comic de Augusto Mora sobre los desaparecidos de Ayotzinapa - México)
Fuente El País: http://internacional.elpais.com/internacional/2016/09/23/mexico/1474645962_821901.html
Lea también:
- "México: A un año de Ayotzinapa".
- "Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre Ayotzinapa".
- La Euro Caravana de Ayotzinapa en París.
- "CIDH oficializa el acuerdo de cooperación técnica sobre estudiantes de Ayotzinapa".
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