Un ministro que carga sobre sus espaldas la condición de investigado por el asesinato de un periodista, Hugo Bustíos, y que en cualquier momento podría pasar a afrontar un juicio oral, se ha convertido en la prima donna del Gobierno.
Daniel Urresti, en cualquier país con mínimos criterios de decencia, habría sido puesto en la calle y a disposición de la justicia apenas se conoció públicamente su condición de involucrado en el asesinato de Bustíos.
Pero no. En primer lugar, el presidente de la República no tuvo mayor reparo en reconocer que ya sabía del juicio contra Urresti antes de nombrarlo ministro, es decir que lo nombró a sabiendas de su tremendo antecedente procesal, pero no le dio importancia porque, a su personal y soberano parecer, no hay pruebas contra el ministro. En momentos en que se cuestiona a cientos de candidatos a alcaldes por sus antecedentes penales, parece que esta clase de antecedentes no descalifican para el cargo de ministro.
Lo peor estaba por venir, pues en el reciente tira y afloja entre el Gobierno y la múltiple oposición congresal por la cuestión del voto de confianza al gabinete Jara, entre las varias exigencias de la oposición, figuraba la salida de dos ministros, incluido el intocable ministro de Economía, pero de ninguna manera se les ocurrió plantear la salida de Urresti por su escandalosa vinculación al asesinato de Bustíos. ¿Es que no se trata de un delito? ¿Consideran acaso que el crimen contra el periodista Bustíos fue un desliz perdonable?
La sola presencia del señor Daniel Urresti en el gabinete, con el respaldo de un presidente que reconoce haberlo nombrado a pesar de sus antecedentes, es de hecho un acto que supone un grado de presión sobre los magistrados que actualmente ven el caso Bustíos. Supone, en buena cuenta, por si alguien no se ha percatado, una expresión de respaldo político hacia un hombre que está llamado a rendir cuentas y explicar muchísimo en relación con un delito muy grave.
El Gobierno debería ser el facilitador de la justicia, pero en este caso el presidente le dice al fiscal y al juez que investigaron el caso en la fase de instrucción, que su opinión personal pesa más y que, como él considera inocente a Urresti, este se queda en el gabinete. El actual fiscal superior, que debe formular acusación en el caso, está de hecho bajo la presión que representa esta actitud política del presidente.
El hecho es que Urresti ha sobrevivido olímpicamente a la última crisis ministerial que hubiera sido una ocasión para alejarlo discretamente del gabinete. En vez de eso, el Gobierno especula sobre los puntos porcentuales que el exhibicionismo en los medios de comunicación de de su ministro del Interior le puede dar en las encuestas. Y el Congreso, al no cuestionarlo, contribuye decisivamente a dar un indebido respaldo político a un hombre que tiene cuentas gravísimas que arreglar con la justicia.
Nunca como hoy la clase política del país ha estado tan infiltrada por elementos incursos en delitos graves. El Gobierno parece sentirse llamado a dar el ejemplo teniendo a uno de ellos nada menos que en el puesto de ministro del Interior, una especie de sheriff de oscuro pasado en un pueblo sin orden ni ley.
Artículo de Ronald Gamarra Herrera publicado en Diario16, el domingo 31 de agosto de 2014.
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