En el día Internacional de la Niña, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reitera la obligación de los Estados de garantizar la protección especial y reforzarla de sus derechos fundamentales.
Washington, D.C.- En el Día Internacional de la Niña, celebrado el 11 de octubre, la CIDH reitera el papel de los Estados en garantizar la protección especial y reforzada de sus derechos fundamentales y reafirma que las niñas y adolescentes tienen el mismo derecho a crecer y a desarrollarse en condiciones de igualdad y libres de discriminación.
La
Comisión advierte que, en la región, las mujeres sufren violencia a lo largo de
todas las etapas de sus vidas y en particular, las niñas y adolescentes
enfrentan formas agravadas de violencia, que se reflejan en diversos ámbitos,
tales como en la violencia doméstica, el trabajo infantil, trata, explotación
laboral, y en los ámbitos educativos y tecnológico. Asimismo, la CIDH observa
con especial preocupación la prevalencia de la violencia sexual, el matrimonio
infantil y el embarazo en la adolescencia.
“La
situación particular de las niñas está ampliamente invisibilizada al no
reconocerse específicamente las problemáticas que enfrentan y las
vulnerabilidades que las caracterizan,” afirmó la Comisionada Margarette May
Macaulay, Relatora sobre los Derechos de las Mujeres de la CIDH. “Sus
necesidades pasan muchas veces desapercibidas bajo las categorías de ‘mujeres’
o de ‘niñez’, desconociendo la protección reforzada que requieren tanto por su
condición de personas en desarrollo como por su condición de género,” añadió.
Respecto
de la persistencia de violencia sexual contra niñas y adolescentes, la CIDH ha
observado que en muchas ocasiones esta es ejercida por personas cercanas a
ellas y en lugares cotidianos donde deberían sentirse seguras, como en sus hogares
y en centros educativos. Asimismo, la Comisión advierte la prevalencia de
elevados índices de embarazos adolescentes que representan un riesgo para la
salud de la madre y de los recién nacidos, en tanto aumentan los riesgos de
complicaciones durante la gestación, el parto y el puerperio debido a la falta
de madurez fisiológica y emocional de las madres. Adicionalmente, en diversos
países de la región, las adolescentes embarazadas ven su acceso a educación
limitado cuando se les niega el ingreso a establecimientos educativos,
exponiéndolas a diversas formas de hostigamiento, marginación y rechazo.
De
igual forma, la Comisión llama la atención sobre la prevalencia de matrimonio
infantil, una práctica común en la región a pesar de que resulta contraria a los
derechos de las niñas. Un total de 14 Estados de América Latina y el Caribe aún
permiten el matrimonio a personas menores de 16 años a través de excepciones
legislativas, y seis países conservan edades mínimas de matrimonio diferentes
para hombres y mujeres. Esta práctica nociva se basa en estereotipos de género
discriminatorios ligados a la maternidad y al rol de las mujeres como esposas y
compañeras, y tiene un impacto significativamente negativo en los planes de
vida de las niñas y adolescentes. El matrimonio infantil afecta sus
oportunidades de desarrollo personal, educativo, profesional y su capacidad de
tomar decisiones importantes sobre sus vidas, incluida su independencia
económica y su autonomía reproductiva. Además, los matrimonios infantiles conllevan
en muchas ocasiones violencia de género, sexual, doméstica y psicológica y
refuerzan ciclos de pobreza y precariedad.
La
Comisión reconoce también la importancia de garantizar efectivamente el derecho
a la participación de las niñas y de las adolescentes, como forma de
empoderarlas y protegerlas, garantizándoles una actuación protagónica. Al
respecto, la CIDH recuerda que es obligación de los Estados garantizar a todo
niño o niña que esté en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho a expresar
su opinión libremente en todos los asuntos que les conciernen, teniéndose
debidamente en cuenta sus opiniones, en función de su edad y madurez.
“En
la región, las niñas y adolescentes continúan enfrentando múltiples y diversas
formas de violencia, algunas desde edades extremadamente tempranas. La
violencia contra ellas no puede ser normalizada ni tolerada, y es
responsabilidad de los Estados actuar con debida diligencia para prevenir,
investigar, sancionar y repararla,” afirmó la Comisionada Esmeralda Arosemena
de Troitiño, Presidenta de la CIDH y Relatora sobre los Derechos de la Niñez.
“Es fundamental erradicar patrones misóginos y discriminatorios que desoyen las
denuncias, los testimonios y las voces de las niñas. Por ello, es también
necesario que los Estados refuercen las tareas de prevención, de educación y de
empoderamiento para que las niñas y adolescentes conozcan, ejerzan y reclamen
sus derechos,” concluyó.
