El informe identifica que en el norte de Centroamérica el crimen organizado toma una de sus formas más violentas en las maras o pandillas criminales. Las cuales surgen debido a una serie de causas estructurales como la pobreza y exclusión social; la corrupción y la debilidad institucional; la infiltración de las estructuras del crimen en las instituciones formales de los Estados; y la impunidad. En este contexto de violencia organizada, las niñas, niños, adolescentes y jóvenes se encuentran en una situación especial de riesgo a violaciones de derechos, incorporando y naturalizando la violencia, y viendo limitadas sus oportunidades de desarrollo.
Una de las principales formas de violencia hacia esta población, es el reclutamiento forzado por parte de las organizaciones criminales, maras o pandillas. De acuerdo con información recabada por la Comisión, la edad de reclutamiento suele ser de los 13 a los 15 años. En algunos casos, las niñas, niños y adolescentes son reclutados para aprovecharse de la inimputabilidad de menores de 13 años en Guatemala y 12 años en Honduras y El Salvador. En este contexto, esta población es utilizada para labores cada vez más violentas.
El Informe se estructura en cinco capítulos. En el primero, la CIDH analiza la situación de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el contexto de inseguridad y violencia en los países del norte de Centroamérica. En el segundo capítulo se procede a un estudio sobre las diversas formas de violencia y discriminación vinculadas con el crimen organizado a las que se esta población se encuentra expuesta. El tercer capítulo aborda las respuestas y obligaciones de los Estados ante la criminalidad organizada desde una perspectiva de derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Finalmente, el cuarto capítulo presenta observaciones y recomendaciones para garantizar a esta población su derecho a vivir una vida libre de violencia en estos contextos.
Entre las recomendaciones del informe destacan: preparar y adecuar los sistemas de protección urgente y cautelar del Estado para responder diligentemente a los riesgos reales e inmediatos que puedan generar que niñas, niños, adolescentes y jóvenes sean objeto de vulneraciones a sus derechos por la acción del crimen organizado, maras o pandillas; establecer programas efectivos que busquen neutralizar el reclutamiento forzado de esta población; elevar la edad mínima para la consideración de la responsabilidad penal entre los 14 y 16 años; incluir en los programas de reinserción social el acompañamiento y tratamientos relativos a la salud mental de niñas, niños, adolescentes y jóvenes desvinculados del crimen organizado; y garantizar la participación de esta población, familias y sectores comunitarios en el diseño de las políticas públicas para combatir el crimen organizado.
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Fuente Comisión Interamericana de Derechos Humanos - CIDH.
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