RFI: Capturan en Guatemala a 17 militares retirados: "Es una decisión valerosa"

Por Florencia Valdés

Unos 17 militares retirados fueron detenidos esta miércoles por crímenes de guerra durante la guerra civil de Guatemala (1960-1996). Una captura que llega a pocos días del inicio de un juicio especial por genocidio contra Efraín Ríos Montt. El exdictador enfrenta cargos por la matanza de 1,771 indígenas mayas ixiles del norte del país durante su régimen, entre 1982 y 1983.

Entre 1960 y 1996, la guerra interna guatemalteca dejó unos 200.000 muertos o desaparecidos. El informe de las Naciones Unidas, que arrojó esas cifras, determinó que 93% de los crímenes habían sido perpetrados por fuerzas del Estado.

Varias décadas después, se pone a penas en marcha la maquinaria judicial. Este miércoles, las fuerzas de seguridad capturaron a 17 militares retirados bajo cargos de desaparición forzada y delitos contra los deberes de la humanidad. A los detenidos se les atribuye la participación en"88 eventos relacionados con masacres".

“Esta captura es una decisión muy valerosa por parte de la fiscal Thelma Aldana”, estima Juan Francisco Soto, director ejecutivo del Centro para la acción legal en Derechos Humanos(CALDH).

Cobán, el epicentro del horror

Parte de la investigación se fundamenta en 558 osamentas de niños, adultos y ancianos localizados entre 2012 y 2015 en un campamento militar en Alta Verapaz. 97 han sido identificados con pruebas de ADN. El cuartel militar, ubicado en la ciudad de Cobán, fue el escenario de terribles crímenes.

Para Juan Francisco Soto, los actos imputados a estos militares deberían tipificarse de otra forma. Es decir que los cargos de desaparición forzada deberían transformarse en cargos aun más graves.

Entre los detenidos figura Benedicto Lucas, exjefe del Estado Mayor del ejército, durante la presidencia de su hermano Romeo Lucas (1978-82). “Durante esta época se implementó la época del 100%. Lo que implicó arrasar con aldeas completas, sobre todo de población maya”, explica Soto, quién opina que Guatemala está entrando en una época reluciente en materia de justicia ya sea en lo que toca al conflicto interno o en los escándalos de corrupción

Se acerca el juicio de Ríos Montt

El 11 de enero está previsto el inicio de un juicio especial por genocidio contra el exdictador, Efraín Ríos Montt. Enfrenta cargos por la matanza de 1.771 indígenas mayas ixiles del norte del país durante su régimen, entre 1982 y 1983. Será representado por abogados en la audiencia por sufrir demencia y problemas médicos. 

“Es un proceso de treinta años durante el cual las víctimas han conseguido llevar lejos su deseo de justicia. Nunca han perdido la esperanza. Y ahora las organizaciones pedimos que se proteja a los testigos de todos estos procesos”, agrega el activista.

Por el mismo caso de los 17 militares, la fiscalía presentó una solicitud a la justicia para que le retire la inmunidad al militar retirado y diputado electo Edgar Ovalle. Forma parte del partido derechista FCN-nación al que pertenece el presidente electo, Jimmy Morales, quién asumirá el cargo el próximo 14 de enero.

Fuente Radio Francia Internacional - RFI: http://www.espanol.rfi.fr/americas/20160107-capturan-en-guatemala-17-militares-retirados-es-una-decision-valerosa

Guatemala: El juicio sin fin

Por Sandra Sebastián y Alejandra Gutiérrez Valdizan.

Publicado en Plaza Pública.

El juicio por genocidio se parece cada vez menos a un juicio por genocidio y más a un largometraje de ciencia ficción apareado con la jugada de ajedrez más larga de la historia.

En una audiencia más, el martes 25 de agosto, se reunieron las partes para escuchar a la jueza María Eugenia Castellanos que definiría si se realiza un juicio para la aplicaciónexclusiva de medidas de seguridad y corrección. Fue aceptado como válido el diagnóstico en el que Efraín Ríos Montt, acusado por el delito de genocidio y deberes a la humanidad, padece de demencia vascular mixta y está incapacitado para enfrentar un juicio penal.

La primera parte de la audiencia, en una sala poco concurrida —con toda la atención mediática concentrada un nivel abajo, el 14 de tribunales, donde se decidía si se ligaba a proceso a la exvicepresidenta Roxana Baldetti— el tribunal resolvió que el acusado Ríos Montt se enfrentaría a un juicio para la aplicación exclusiva de seguridad que implica que el acusado no está obligado a asistir al debate, y que lo debe representar un tutor —en este caso se nombró a los abogados defensore—, que se realiza a puerta cerrada y donde no hay una sentencia penal. La resolución incluía el voto razonado de la jueza Sara Yoc Yoc. Pero a la vez indicaba que no se detenía la persecución penal, y se llevaría el proceso ordinario. Esto porque hay otro acusado: José Mauricio Rodríguez Sánchez quien fue declarado inocente en condena emitida por la jueza Yassmín Barrios el 10 de mayo de 2013, y que luego fue anulado por la Corte de Constitucionalidad. Entonces, el acusado Rodríguez Sánchez está habilitado para someterse a la repetición del juicio penal. Según la resolución se estarían promoviendo dos procesos para ambos acusados (aunque el de medidas de seguridad sea con representantes).

Luego de la resolución de Castellanos, las partes impugnaron: Cada uno por motivos distintos: la defensa de Ríos considera inadmisible que se lleven dos procesos en paralelo, “no se pueden llevar dos juicios a la vez. Los juicios penales son personalísimos”, aducía Jaime Hernández, abogado defensor de Ríos Montt. Los querellantes adhesivos defendían que las víctimas, al llevarse otros procesos en los que deben volver a testificar, están siendo revictimizadas y hacían referencia a vicios en el proceso desde que la Corte anuló la primera sentencia. La defensa de Rodríguez Sánchez se despegó del pelotón y adujó una resolución de acusación procesal defectuosa.

Finalmente, tras casi una hora de discusión, el tribunal denegó todas las impugnaciones: el juicio continúa (el de medidas de seguridad, y “continúa la persecución penal”). Ahora a puerta cerrada, sin publicidad, y sin al menos uno de los acusados. La jueza fijó el 11 de enero de 2016 para empezar el debate y dio por cerrada una audiencia en la que estaban aproximadamente 30 víctimas ixiles, no se observaba ningún familiar de Ríos Montt, y en primera fila asistía con su hija, en solitario, Zulema Paz, la esposa de Rodríguez Sánchez. Se cerró la audiencia con una muesca en el calendario para dentro de cinco meses.

Nadie reaccionó. Todos los abogados –defensores y acusadores- aseguraron que prepararán recusaciones y amparos. La poca familia de los acusados se desvaneció. Las víctimas ixiles, otra vez, se fueron en silencio. Todos parecen agotados.
 

Fuente Plaza Pública: http://www.plazapublica.com.gt/content/el-juicio-sin-fin

Crónica de un casi casi: Ríos Montt todavía evita el juicio

La silla de Efraín Ríos Montt se quedó vacía. El ex dicatdor dio una excusa médica y no iba a asistir a los tribunales y los acusadores plantearían juzgarlo por videoconferencia en su casa. Pero hubo un giro inesperado. O dos. La jueza lo obligó a presentarse en la audiencia, aunque fuese en camilla. En un plazo máximo de una hora. Al final las cosas en este caso de justicia e impunidad volvieron a su lugar favorito: el limbo. Esta es la crónica en cinco escenas.

Por Elsa Cabria y Jody García

1. Una silla sin usar

El exdictador no pisó el suelo con sus lustrados zapatos negros. Pasó la tarde en horizontal. Tampoco abrió la boca. La enfermera, el médico y la hija del general trasladaron a Efraín Ríos Montt en una camilla en la sala de audiencias sin permitir que diera declaraciones. Tampoco miró al público. Cubierto por una gruesa manta blanca y por unos grandes lentes negros, sólo mostraba su abundante pelo canoso y un par de días sin afeitar.

Pero su silencio de cuerpo presente fue menos de lo que los sobrevivientes del genocidio contra los mayas ixiles esperaban ayer. Sí querían que llegara, sí querían platicar con él de las matanzas que perpetró el ejército durante su mandato, pero los tres recursos legales presentados por la defensa a última hora, dificultaban la sola idea de llegar a ver sus lustrados zapatos negros.

La silla de Ríos Montt estaba destinada a no ser ocupada por Ríos Montt. Su médico, Mario Bolaños, ex ministro de Salud durante el gobierno del partido-iglesia del general, el FRG, certificó que el exdictador tenía un problema infeccioso en la columna que le forzaba a tener un inmovilizador. El anciano de 88 años podía llegar a sufrir una parálisis en la parte inferior de su cuerpo, argumentaron sus abogados (son seis, pero solo llegaron tres).

Los abogados antes qe Ríos Montt llegaran.

Pero pasadas las doce del mediodía, la presidenta del tribunal dio un inesperado ultimátum: o Ríos Montt llegaba en una hora a la planta 15 de la torre de tribunales o perdería la medida sustitutiva que le permitía permanecer bajo arresto domiciliario y no ingresar en prisión preventiva. Es más, si no accedía a llegar, el director de la Policía Nacional Civil tendría que ir a buscarlo.

No hicieron falta 40 minutos para que la ambulancia trasladara a Ríos Montt en camilla hasta los tribunales. Su imprevista llegada alteró el ánimo del público del juicio. Si no pasaba nada más durante la audiencia, algo ya había pasado.

Decenas de ojos puestos en cuatro ascensores. Se abrió uno y todos se abalanzaron a grabar, mirar y fotografíar a Ríos Montt de nuevo en las cortes. Era una señora que repartía comida.

Ríos Montt apareció cinco minutos después. Algunos ixiles, como Pedro Brito, se estiraron para verlo. Momentos antes Brito decía: “Si no viene al juicio es porque se siente culpable”. Aunque la silla negra del militar permaneció vacía, el general llegó y no se movió de su camilla amarilla.

2. Una tesis vs. una carrera judicial

La información es poder y el tiempo es oro. En esta frase hay dos lugares comunes, frases que de tan usadas, ya no dicen gran cosa. Pero ayer fueron justo las bases de la estrategia de la defensa para impedir que se celebrara el juicio.

La jueza Valdez

En junio de 2013, los abogados de la defensa conocieron la tesis “Criterios para una mejor aplicación del delito por genocidio”, escrita hace once años por la juez Jeannette Valdés, presidenta del tribunal. Pero esperaron hasta el 30 de diciembre de 2014 para usarla como instrumento para apartarla del caso. Un año y medio después, seis días antes del juicio.

Lo intentó, Jeannette Valdés lo intentó. De fe evangélica, pidió a Jehová que le diera sabiduría para reconocer si no tenía la razón. También citó su trayectoria de 22 años en el Organismo Judicial. La juez que confirmó que en 2005 y 2006 se cometieron ejecuciones extrajudiciales en la cárcel Pavón y que condenó a cuatro expolicías; que sentenció a 87 pandilleros de la Mara Salvatrucha; que le dictó 48 años de cárcel a la joven madre que mató a su hija a golpes y que le dio justicia a las nueve víctimas del bombazo en un autobús de la ruta hacia Ciudad Quetzal, fue separada del proceso sobre genocidio por sus criterios en la tesis de postgrado para la Universidad de San Carlos de Guatemala.

3. Víctimas Ixiles sin lugar

En la historia y en una sala de audiencias, ¿dónde queda la consideración de tener un lugar? Periodistas y representantes de oenegés, de pie o sentados, asistieron al juicio por genocidio, pero decenas de sobrevivientes mayas ixiles no pudieron entrar ayer en la sala. Los querellantes contra Ríos Montt solicitaron que se trasladara la audiencia a una sala más grande. También pidieron que hubiese traducción simultánea al ixil (como en 2013). Nada de esto sucedió.

Numerosas personas que hicieron el viaje desde la zona ixil, donde fueron las masacres, a 300 kilómetros de Ciudad de Guatemala, se quedaron en el estrecho pasillo. Muchos, en la calle. Había 132 testigos, pero unos pocos accedieron al espacio en el que se juzgaba a dos personas como presuntos autores del crimen en su contra hace 30 años. No hubo lugar para ellos.

José Miguel Ceto, maya ixil, dijo que no es abogado ni entiende bien español. “Pero no me hace sentido que esto pase”. Ceto fue uno de los que sí pudo llegar a la capital; otros no pudieron costeárselo.

Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz y la primera que demandó a Ríos Montt por el genocidio, tuvo que esperar, pero logró un lugar en el segundo receso. Le preocupa que se retrase el juicio por la edad de los protagonistas. “Muchos están ya mal de salud, muchos testigos, y esto afecta a los testimonios como pruebas únicas”.

Para el querellante Edgar Pérez, de la oenegé CALDH, el objetivo de las víctimas era razonablemente sencillo: platicar con Ríos Montt, contarle cómo fueron las masacres. “Sólo querían dialogar”, dijo sobre un diálogo que no se dio.

4. La soledad de la presidenta 

Valdés dedicó más de 30 minutos a explicarse, pero sus colegas del tribunal validaron los criterios de la defensa y la dejaron sola. “Es inaudito que se dude de mi imparcialidad”, dijo al rechazar la recusación. Su alegato vino a recordar cuando el 3 de diciembre de 2014 el tribunal que preside le otorgó libertad bajo fianza a José Mauricio Rodríguez Sánchez, ex jefe de inteligencia militar, también acusado en el caso por genocidio.

En la página 64 de su tesis afirma que es importante enfatizar que la intención de destruir a un grupo determinado es evidente. Esto sirvió al abogado Luis Rosales para justificar la recusación, la petición para que no fuera la jueza del caso. Valdés insistió en su valía como juez independiente. “El objetivo primordial de la autora era destacar la eficiencia de la norma penal ante el hecho para determinar si se cumple o no con las finalidades sociales del delito de genocidio”, acotó la juez Valdés en tercera persona.

No logró que el resto de integrantes del tribunal, Sara YocYoc y María Eugenia Castellanos, confiara en su imparcialidad. Las dos juezas consideraron que esta vez, como también lo consideró una de las organizaciones acusadoras, la defensa de Ríos Montt sí tenía razón y la jueza Valdés había emitido una opinión previa sobre el delito.

Con el voto de dos jueces se apartó a la presidenta del caso, y se envió el juicio a la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo, a cargo de Anabella Cardona, para que se decida si se acepta en definitiva la recusación y se nombre a un suplente para reiniciar el juicio.

5. Esta puerta debe permanecer cerrada

Una puerta es una tabla de madera enmarcada en una pared con una bisagra que puede estar de dos formas: cerrada o abierta. A veces puede estar en una cerca o en una ventana. Pero la puerta de esta historia debe permanecer cerrada.

La puerta cerrada.

El rótulo de la puerta por la que entran y salen los jueces de la sala de audiencias número 8 del piso 9 de Torre de Tribunales dice en mayúsculas: “FAVOR MANTENER CERRADA ESTA PUERTA”. Las tres juezas del tribunal, el secretario judicial, el acusado Mauricio Rodríguez, jefe de inteligencia durante el gobierno de Ríos Montt; los abogados, el médico, la enfermera, la hija y el exdictador. Ayer, todos estos cruzaron al menos una vez la puerta que debe permanecer cerrada.

Este es un caso que se abrió contra cinco personas: Ríos Montt, Rodríguez Sánchez, Óscar Humberto Mejía Víctores, exdictador entre 1983 y 1985 que fue declarado no apto mentalmente para ser juzgado; el exdirector politicial Héctor Mario López Fuentes, que tiene su causa paralizada por recursos pendientes de resolver por la Corte de Constitucionalidad, y el general de operaciones Luis García Mendoza, prófugo desde 2011, y en cuya búsqueda colabora la Interpol. De los cinco señalados, sólo dos llegaron al banquillo.

El 10 de mayo de 2013, un tribunal encabezado por la jueza Yasmín Barrios, condenó a Ríos Montt a 80 años de cárcel y absolvió a Rodríguez Sánchez. Diez días después, ante la presión de muchos poderosos, encabezados por el sector privado organizado, la Corte de Constitucionalidad anuló la condena y ordenó su repetición. Repetición programada para el 5 de enero de 2015 desde hace año y medio. Ayer los dos acusados cruzaron el umbral de la puerta que tiene que estar cerrada con dos semblantes contrarios: Rodríguez Sánchez pasó cómodo, caminando lentamente con su bastón (en el juicio de 2013, iba en silla de ruedas). Ríos Montt, con el gesto sedado, en su camilla y con una bolsa de suero, necesitó casi media hora para regresar del baño.

La recusación que el tribunal presidido por Jeannette Valdés aceptó ayer, volvió a dejar en suspenso el desenlace de esta parte de la historia de Guatemala.

Al término de la audiencia, las uñas escarlatas de Zury Ríos acariciaron reiteradamente el pelo de su padre. La hija había permanecido dos horas y media de espaldas, con un vestido negro y un ominipresente chal rojo, como si hiciera un homenaje al título del libro de Stendhal, ‘Rojo y negro’, en el que el rojo simboliza el color del uniforme del ejército francés.

Ríos Montt nunca abrió la boca, pero sí su hija Zury, al término de la audiencia: “Ha sido una decisión honorable de la mayoría del tribunal. Hoy, la salud del general Ríos Montt está muy delicada”.

Esta puerta debe permanecer cerrada.

Videos:

Fuente: https://nomada.gt/cronica-de-un-casi-casi-rios-montt-todavia-evita-el-juicio/

Guatemala. Hace un año, el juicio por genocidio contra Ríos Montt. "El preámbulo de los abogados"

El juicio ha iniciado. Los protagonistas del día no fueron otros que los abogados. Entre recursos de reposición, protestas, reclamos, estrategias legales, nuevos abogados, el primer día de debate fue un compendio de todo lo que ha podido interponer la defensa de los ex generales.

Como pocas veces durante el proceso, alrededor de los ex generales Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez, lo que abunda, esta mañana del primer día de debate, son los lugares vacíos. Lugares que siempre –durante 14 meses–  han ocupado sus abogados defensores. Más de seis en algunas ocasiones.

No está, en el estrado, al lado de Ríos Montt, el infaltable e inmenso abogado Alfonso Marroquín. Tampoco el estratega de su defensa: Francisco Palomo. Ni su técnico: Antonio Cornejo. Ni su estrella litigante: Danilo Rodríguez. Ni entre el público de la sala, ni en los corredores de los tribunales: no aparecen.

Da la seria impresión de que ha sucedido algo una vez que se inicia la audiencia y todos ellos continúan ausentes.

La defensa de Rodríguez Sánchez, es decir, los abogados Moisés Galindo y César Calderón, en contraste, han llegado puntuales a esta sala de vistas en el interior de la Corte Suprema de Justicia.

En el fondo del juzgado, bajo un inmenso escudo de la República de Guatemala, la juez Jazmín Barrios, presidenta del tribunal de sentencia de Mayor Riesgo A –integrado también por Patricia Bustamante y Pablo Xitumul–, ha empezado a nombrar el delito de genocidio y el de deberes contra la humanidad en el área ixil, en Quiché, como las imputaciones contra los dos ex generales acusados, como el por qué principal de esta audiencia. Y el punto de inicio del debate.

Es cuando se anuncia ante el tribunal que la defensa de Ríos Montt ha cambiado. Cambiado radicalmente. Que todos sus abogados –Rodríguez, Palomo, Marroquín, Cermeño–, ninguno de ellos presente, serán sustituidos por una sola persona: Francisco García Gudiel, un abogado penalista, que ha actuado como defensor del nieto de Ríos Montt en el primer juicio por racismo en Guatemala, que también ha defendido al grupo de los Zetas, y ha representado al ex alcalde de Villa Nueva, Salvador Gándara, una vez que fue acusado de lavar Q1.7 millones de fondos municipales.

La primera acción de García Gudiel, como defensa de Ríos Montt, consiste en pedir la suspensión del debate por cinco días. ¿Sus argumentos? “Recién acabo de hacerme cargo del caso. Desconozco todo lo procesado", expresa. Su petición, en tanto el tribunal declara el abandono de la anterior defensa, es rechazada unánimemente por los tres jueces.

“Sin lugar”, pronuncia la juez Barrios. 

El abandono de los abogados 

El técnico, el litigante, el infaltable, Cornejo, Rodríguez y Marroquín, los abogados del ex general Ríos Montt, no estaban tan lejos de las sala de audiencias. Esperaban una llamada, un mensaje, algo para poder regresar. “Aún no sabemos si vamos a regresar al debate”, admitía, un tanto molesto, Danilo Rodríguez. “En la mañana recibimos una llamada del general Ríos Montt, nos indicó que iba a realizar un cambio en su defensa. Al principio fue molesto, para empezar teníamos preparados 13 recursos para plantear antes del inicio de debate”.

–¿Qué tipo de recursos eran estos?

–Refutar la  prueba de la defensa, por ejemplo, la revista militar y algunos peritajes.

–¿Qué significó para ustedes la presencia del abogado Francisco García Gudiel desde la mañana?

–Creo que la inclusión del abogado García Gudiel fue parte de una estrategia que buscaba suspender el debate. Él ya tenía un problema con el tribunal, y podía pedir que se excusara.

–¿Es posible una recontratación de la defensa?

–De momento –explica Rodríguez a las 11 a.m. –estamos a la espera de lo que pase en el tribunal. No podríamos asegurar nada. 

Un problema con la defensa 

Casi a esa misma hora, la sala de vistas era un silencio unánime en torno a la voz del fiscal del Ministerio Público, Orlando López, con la lectura de la acusación formal en contra de los ex generales: “Con base en pruebas contundentes”, dice el fiscal, “se va a probar que el grupo ixil era visto como enemigo interno. Que el objetivo del ejército fue la destrucción de la etnia ixil. Que los altos mandos tenían conocimiento de todo lo que ocurría. Que los acusados dieron las órdenes e implementaron los planes para el ejército cumpliera con esta misión”.



Lo mismo ocurrió con la lectura de la acusación por parte de los abogados querellantes adhesivos: Édgar Pérez Archila, de la Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR), que dice: “según Marta Casaús, ‘el racismo en Guatemala se ha vivido por siglos pero en 1982 y 1983 tuvo su cúspide’. Esta es la base para entender el sometimiento y aniquilación del pueblo ixil". Y Héctor Reyes, del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos, que describe los peritajes militares, sociales, forenses, antropológicos e históricos que respaldarán los testimonios para probar el genocidio y los delitos contra deberes de la humanidad.

También en el caso del discurso de la defensa, a cargo de César Calderón, la atención es unánime: “El espanto del genocidio es una idea que se ha ido vendiendo durante años. Tras este juicio, ante la falta de responsabilidad de los acusados, no habrá otra alternativa que quitar ese espanto del genocidio en Guatemala”.

Todo normal. Es el solitario abogado de Ríos Montt quien hace que el debate tome, en cierto momento, un giro impredecible un día antes. No es, desde luego, por cómo inicia fundamentando su defensa, aunque para García Gudiel lo esencial es cuestionar a las organizaciones de derechos humanos, debatir sobre la violencia actual y los años de la guerra, para concluir que “el único pecado de mi defendido fue infundir moral”. Lo que le parece más importante, y para lo que está aquí, en este momento, lo que le parece digno de especial atención, es que los jueces, el tribunal completo tienen una anterior enemistad con su persona (así habla), y los recusa a ellos y a cualquier sentencia que provenga de ellos: “Este tribunal”, dice Gudiel, “debe abstenerse de conocer el caso;”. Su petición, finalmente, como había anticipado Danilo Rodríguez, consistió en pedir que los jueces queden fuera del proceso.

“En efecto”, respondió la juez Barrios, “este tribunal ha tenido anteriormente un problema con usted, abogado; pero este tribunal también ha aceptado sus disculpas. No somos un tribunal rencoroso, básicamente, nuestra tarea ha sido la de contribuir a la transparencia y objetividad de la justicia, pero en este caso el abogado defensor ha creado una situación con ánimo de impedir el desarrollo del debate, como una estrategia dilatoria, en la cual el abogado García Gudiel ya conocía de antemano el nombre de los jueces que integraban este tribunal y, por lo tanto, no es posible aceptar la recusación planteada. En consecuencia se ordena que el abogado salga de esta sala de audiencias. Además, para garantizar el derecho de defensa del acusado (Ríos Montt), este tribunal designa a los abogados César Calderón y Moisés Galindo, en base a su conocimiento del caso, que sean ellos quienes lo representen temporalmente, hasta mañana cuando el procesado pueda contratar a un abogado de su entera confianza”.

–A mí –protestó César Calderón –no se me ha preguntado si quiero defender al general Ríos Montt. Y si en dado caso así fuera, mi respuesta seria que no: que no lo quiero defender. Es la primera vez en todo el territorio nacional que un tribunal obliga a un abogado particular a defender a quién no lo ha contratado.

–Usted, señor abogado, no puede decir si quiere o no quiere defender al acusado. Es una decisión de este tribunal para garantizar el derecho de defensa –resaltó Barrios.

Ni Galindo, ni Montt, tampoco Calderón, lograron, a pesar de su negativa, refutar la decisión del tribunal. 

Una decisión del tribunal 

Para la abogada constitucionalista, Anabella Morfín, la decisión de obligar la defensa de los abogados a otros acusados, durante un mismo proceso, en principio, busca garantizar el derecho de defensa. “Un tribunal puede identificar cuando existe una estrategia dilatoria por parte de un abogado defensor, como sucede en muchos otros casos, y fundamentar la decisión de designar nuevos litigantes para garantizar el derecho de defensa”, explica. No obstante, en el caso de Ríos Montt, en el momento en que la defensa se niega a defender al acusado, y el acusado no desea ser defendido, para la abogada Morfín, todo esto incurriría “en un problema que podría dar con lugar a un amparo ante la Corte de Constitucionalidad, con la posible consecuencia de anular todo lo actuado durante el proceso de debate hasta antes de la actividad defectuosa”.

“Grosso modo”, dice el licenciado Mario Ramírez, otro constitucionalista, “este panorama del caso podría dar cabida a la existencia de un indebido proceso. Es posible que se haya vulnerado el principio de defensa”.

“Más de 17 mil abogados en el país”, reclamó Moisés Galindo, “fueron testigos de la impunidad con que se maneja el tribunal presidido por la juez Jazmín Barrios. Prácticamente el general Ríos Montt durante gran parte de la tarde no tuvo defensa. En lo particular, me dedicaré a defender a mi representado (Rodríguez Sánchez). Pero de seguir así, estamos ante un juicio político, ante un tribunal político”.

El profesor de derecho penal y observador internacional para la Federación Internacional de los derechos humanos (FIDH), Manuel Ollé, ha dicho, no obstante, que “el juicio se ha desarrollado por parte de las defensas de acuerdo a un guión previsto. Ha sido una voluntad y un bombardeo continuo para boicotear el procedimiento, para suspenderlo, para que además el procedimiento no avance y que todo retroceda a otras fases procesales anteriores. Han sido, sin embargo, todos argumentos legítimos dentro del derecho de defensa”. 

Primeros testimonios 

Tras la decisión definitiva del tribunal, los acusados rindieron una primera declaración. Ríos Montt, el primero en pasar, se abstuvo de declarar. El tribunal lo trató como a alguien sin poder, con regaños, llamadas de atención, cortando cualquier intento de explicar o preguntar más allá de una respuesta de “sí” o “no”. Un trato al que nadie en la sala estaba acostumbrado a ver sobre él.

Rodríguez Sánchez también se abstuvo de declarar. “Lo haré en otro momento, no ahora”, puntualizó.

Los primeros testigos, luego, se enfocaron en retratar una de las masacres cometidas apenas dos días después del golpe de Estado que llevó al poder a Efraín Ríos Montt, y a su ex jefe de inteligencia, José Rodríguez Sánchez. Trentaicinco personas murieron el 25 de marzo de 1982, en la aldea Canaquil. “El ejército llegó, sacó el corazón de las personas y las amontonaron en una casita para prenderle fuego”, declaró Nicolás Brito. La hermana de su esposa, su papá y uno de sus hermanos murieron en ese lugar.

Bernardo Bernal fue el otro testigo. Tenía nueve años cuando el ejército, según su testimonio, llegó a Canaquil, el 25 de marzo de 1982. Logró escapar, dijo, pero atrás dejó a su hermano de un año, a otro de tres, y a sus padres. “Desde lejos vi cuando amontonaron a la gente. Otros soldados, dispersos, le disparaban a los animales”.

Ambos testigos, después de aquella fecha, fueron trasladados por el ejército a la aldea Chel. Fueron obligados a formar parte de la patrulla de autodefensa civil.

Faltan, de momento, alrededor de otros 130 testigos, 68 peritos, y más de 900 medios de prueba para examinar, ante el tribunal, que determinará si es posible emitir sentencia sobre genocidio y delitos contra deberes de la humanidad en contra de los dos ex generales.

Fuente Plaza Pública: http://www.plazapublica.com.gt/content/el-preambulo-de-los-abogados-0

Guatemala. Amnistiar a un genocida, la papa caliente en el sistema de justicia guatemalteco

La petición de amnistía del exdictador guatemalteco Efraín Ríos Montt, quien busca evadir un proceso por genocidio, es una papa caliente que quema en el sistema judicial de Guatemala, donde casi un centenar de jueces se han excusado de conocer el caso por diversos motivos.

Ciudad de Guatemala, GUATEMALA. “Nadie quiere verse envuelto, ya sea condenando y ser señalado de oprobio o absolviendo y ser el juez de la vergüenza”, dice el analista político y excanciller Édgar Gutiérrez.

El atolladero jurídico surgió en octubre de 2013, cuando la Corte de Constitucionalidad, máxima entidad judicial del país, aceptó un recurso a favor del dictador Efraín Ríos Montt, quien gobernó con mano de hierro entre 1982 y 1983 en el marco de una guerra civil que duró 36 años (1960-1996). La Corte de Constitucionalidad pidió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) exponer los argumentos del porqué un juzgado le denegó en marzo de 2012 al exdictador una amnistía concedida a militares e insurgentes en 1986, aplicable a los delitos cometidos durante la guerra a partir de 1982.

Para cumplir el requerimiento, la CSJ ha enviado el expediente a tres salas judiciales, dos ordinarias y una especial, pero cerca de 100 jueces se han excusado de conocer el caso. Han argumentado no poder resolver por tener impugnaciones, porque no les corresponde a su tribunal, por asuntos personales o por considerar que podrían ser recusados tras haber emitido opinión durante el proceso.

Ríos Montt, de 87 años, perdió la inmunidad de que gozaba como parlamentario en enero 2012, y ahí empezó el proceso que derivó en mayo de 2013 en una histórica condena de 80 años de prisión por genocidio, responsabilizado de la matanza de 1,771 indígenas mayas ixiles, durante su régimen.

Pero la Corte de Constitucionalidad anuló diez días después la sentencia alegando errores procesales y ordenó un nuevo juicio para el 5 de enero de 2015, paralelamente al proceso de amnistía.

“Malicia” o “cobardía” 

Para Gutiérrez, los jueces “no encuentran la forma” de resolver el asunto ante lo complicado del proceso por genocidio, sin precedentes en la justicia guatemalteca.

En una sociedad dividida, como secuela de la guerra, sectores de derecha y afines a los militares criticaron fuertemente a la juez Yasmín Barrios, presidenta del tribunal que condenó a Ríos Montt.

Francisco Palomo, abogado del exdictador, dijo a la agencia AFP no comprender “muy bien” los motivos de los jueces para evadir el mandato de la Corte de Constitucionalidad. “Hay gente que es más cobarde que otra. No es cómodo para ninguno resolver un caso difícil, pero lo van a tener que hacer, para eso son jueces”, sentenció Palomo, al referirse a un temor de los jueces por ser “tachados” por los organismos de derechos humanos.

El coordinador del Centro Internacional de Investigaciones de Derechos Humanos (CIIDH), Jorge Santos, opinó que recursos interpuestos por la defensa del exdictador parte de un “litigio malicioso” para retrasar el proceso. “Uno podría pensar que lo que existe es la intencionalidad de las redes de impunidad de decretarle una especie de amnistía de facto” a Ríos Montt, expresó a la AFP.

Santos dijo que posiblemente también se busca obstaculizar el proceso para darle largas, tomando en consideración la avanzada edad del exdictador.

Ríos Montt pasa sus días en arresto domiciliar, en su exclusiva residencia en el este de Ciudad de Guatemala, bajo tratamiento médico por problemas de la espalda, explicaron a la AFP fuentes allegadas al militar retirado. El exgobernante de facto fue operado en septiembre pasado de una afección urinaria y dos meses después se sometió a una cirugía ocular por cataratas. 

Piedras en el camino 

Más allá de las excusas de los últimos meses en torno al asunto de la amnistía, el juicio por genocidio ha encontrado muchas piedras en el camino.

En el primer día del juicio, el 19 de marzo de 2013, Francisco García, uno de los abogados de Ríos Montt, fue expulsado por el tribunal señalado de retrasar el inicio del debate, tras lo que presentó varios recursos contra los jueces y el proceso.

Transcurrido un mes del juicio, una juez declaró que habían recursos pendientes y ordenó regresar todo el proceso a noviembre de 2011, cuando apenas estaba en fase de investigación y el exdictador no había sido acusado formalmente.

Sin embargo, la juez Barrios continuó el juicio que concluyó con la sentencia, posteriormente anulada. El tribunal a cargo de Barrios se inhibió para el nuevo juicio de 2015 –por ya haber emitido criterio– y está a cargo de otra instancia.

El régimen de facto de Ríos Montt fue uno de los más sangrientos de la guerra que dejó 200,000 muertos y desaparecidos, según un informe de la ONU.

Fuente El Faro: http://www.elfaro.net/es/201402/internacionales/14901/

FIDH solicita a la Corte de Constitucionalidad de Guatemala reformar su decisión en caso Ríos Montt

informe_guatemala613esp2013 by sofiabloem

RÍOS MONTT ANTE EL TRIBUNAL. ¿LA HORA DE LA JUSTICIA?

Este artículo apareció en la Revista Velaverde, Año I, número 8, del lunes 22 de abril de 2013, páginas 33 a 35, en una versión editada. Puede verla en: http://revistavelaverde.pe/2013/04/22/rios-montt-ante-el-tribunal-la-hora-de-la-justicia/revistavelaverde

Aqui la versión sin editar:

Ríos Montt ante el tribunal. La hora de la justicia RGH abril2013 by sofiabloem

Este artículo ha sido elaborado por Ronald Gamarra, Director del Equipo de Incidencia en Derecho de IPRODES.

Guatemala. El juicio a Ríos Montt por delito de genocidio

El preámbulo de los abogados

El juicio ha iniciado. Los protagonistas del día no fueron otros que los abogados. Entre recursos de reposición, protestas, reclamos, estrategias legales, nuevos abogados, al primer día de debate fue un compendio de todo lo que ha podido interponer la defensa de los ex generales (Vía Plaza Pública).

Kausa Justa. Guatemala, Juicio Por Genocidio by sofiabloem

(A través de Plaza Pública: http://www.plazapublica.com.gt/content/el-preambulo-de-los-abogados-0)

Navi Pillay, Alta Comisionada para los derechos humanos de la ONU, Celebra el inicio del juicio por genocidio en Guatemala

GENEVA (18 March 2013) -- The UN High Commissioner for Human Rights Navi Pillay on Monday welcomed the ground-breaking trial of Guatemala’s former head of state and former head of intelligence, due to begin on 19 March, and urged the authorities “to take all necessary measures to ensure that judges, prosecutors, lawyers and others involved are protected from intimidation and reprisals.” 

The trial of Guatemala’s former head of state Efraín Ríos Montt, and former head of intelligence José Mauricio Rodríguez Sánchez, for genocide and crimes against humanity is set to start on Tuesday, after the Constitutional Court rejected a writ of protection (‘amparo’) filed by Ríos Montt’s defence lawyers that cited a 1986 amnesty law. 

"I welcome the beginning of this historic trial, and I hope that it will signal arrival of long-awaited justice for thousands of victims of gross human rights violations and crimes against humanity committed during the murderous 36-year conflict in Guatemala," Ms. Pillay said. “I also commend the decision of the Constitutional Court – genocide and crimes against humanity should never be covered by amnesties. Along with war crimes, these are among the gravest crimes known to mankind.”

“This is the first time, anywhere in the world, that a former head of State is being put on trial for genocide by a national tribunal,” Ms. Pillay said. “Until quite recently, no one believed a trial like this could possibly take place in Guatemala, and the fact that it is happening there, 30 years after the alleged crimes were committed, should give encouragement to victims of human rights violations all over the world.”

The High Commissioner called on the authorities to uphold their responsibility to guarantee a fair and independent trial. 

"The principles of independence of the judiciary imply that judges must be protected from undue influence, inducements, threats or interference, in order to ensure the proper enforcement of justice, with full impartiality and transparency, and due process," Ms. Pillay said.

Noting a recent wave of intimidation and attacks against journalists, judicial personnel and human rights defenders, including the killing in February of a lawyer working on corruption cases, the High Commissioner urged the authorities “to take all necessary measures to ensure that judges, prosecutors, lawyers and others involved may carry out their functions without fear for their life, integrity and security, or those of their families. The protection of all those involved in this crucial case is essential, if the rule of law is to be seen to be respected, and truth and justice are to prevail in Guatemala.”