IFEP: Informe de progreso sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible N° 16

Este informe, del Instituto de Economía y Paz es sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, que mide la paz, la justicia y las instituciones sólidas. La experiencia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio muestra que el desarrollo se ve obstaculizado por la falta de paz e instituciones débiles. En la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible de la ONU, el ODS 16 se considera fundamental para los logros de muchos de los otros ODS.

SDG16Progress Report 2019 Web by on Scribd

Fuente Institute for Economics and Peace: 

Diego Martínez: "No creamos un sistema jurídico para que se digan mentiras"

Colombia. Diego Martínez, uno de los seis abogados artífices de la noticia de la semana, explica algunos detalles del acuerdo de justicia.

Nadie sabe con certeza cuántos debates a puerta cerrada tuvieron que pasar para que esta semana se anunciara desde La Habana el acuerdo sobre justicia transicional entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc. Se trataba, ni más ni menos, de definir el futuro del proceso.

Diego Martínez fue uno de los seis abogados encargados de desenredar el nudo jurídico y, a la vez, de dejar contentas a las dos partes con el resultado. No niega lo complicado del proceso, en especial, porque no solo se trataba de vencer la presión de la opinión pública frente a los Diálogos de Paz sino de crear un mecanismo novedoso que estuviera a la altura del Derecho Internacional Humanitario, el derecho de las víctimas y el respeto al debido proceso de quienes participarán en él.

VerdadAbierta.com conversó con Diego pocas horas después de su regreso desde La Habana.

VerdadAbierta.com: En el momento que lo llaman a la mesa, ¿cuál era el punto de partida desde lo jurídico?

Diego Martínez: La información era que en dos años de discusión, no se había podido avanzar en nada.

V.A. ¿Y cuál era la meta? 

D.M.: Encontrar una puerta que abriera la posibilidad de finalizar el conflicto. Me refiero a una puerta jurídica porque la ley es sólo un medio y no un fin, que es como muchos la están viendo.

V.A.: Hay quienes tienen la idea de que cuando se habla de justicia transicional, se habla de una justicia de mentiras, ¿qué tan sólida es esta propuesta?

D.M.: Justicia de mentiras es la justicia ordinaria. El 99 por ciento de los casos en la ordinaria están en la impunidad y eso incluye los casos del conflicto armado. No creamos un sistema para que se digan mentiras. Todo lo contrario, nos da la posibilidad de convertirlo en un instrumento para encontrar la verdad.

V.A.: ¿Es decir que José Miguel Vivanco (director de la División de las Américas de Human Right Watch) está equivocado? Él dijo esta semana que el nuevo sistema iba a garantizar la impunidad.

D.M.: Lo primero que hay que decirle a Vivanco es que de los 27 acuerdos de paz que hay en el mundo con 86 grupos parecidos a las Farc, en ninguno se ha establecido un sistema de justicia. Miremos el último, el del gobierno filipino y el frente islámico: sólo hay cuatro o cinco párrafos sobre justicia. Lo que nosotros creamos es un sistema que tiene por objeto respetar el debido proceso de quienes participaron en el conflicto, respetar el derecho de las víctimas y respetar los límites del derecho internacional.

 V.A.: Durante mucho tiempo, las Farc dijeron que no se sometían a la justicia colombiana. Daba la impresión que querían más un componente internacional. Sin embargo, lo que aceptaron es netamente un sistema colombiano, ¿por qué?

 D.M.: Es colombiano pero con la participación de jueces internacionales. Además, prevé un mecanismo autónomo de elección de jueces y magistrados, y eso es clave para las Farc porque hay cuestionamientos sobre la forma cómo trabajan muchos jueces… desde lo ideológico. A veces pareciera que las personas de las Farc no tuvieran derechos.

V.A.: ¿Quién elige al tribunal?

D.M.: Habrá una subcomisión elegida por las partes y esta, a su vez, elegirá a un grupo de jueces nacionales, pero con la posibilidad de que haya un componente mínimo de jueces internacionales, que podrá llegar hasta el 25 por ciento del total. El sistema también está pensado para brindar garantías.

V.A.: ¿Cómo evitar que suceda lo de la Ley de Justicia y Paz que se la terminó tragando las lógicas del derecho penal?

D.M.: Ese mecanismo fue diseñado para los paramilitares. En cambio este es diseñado para terminar el conflicto armado. Además, tiene como base la justicia restaurativa, la idea de que a mayor verdad menos punibilidad, estimula una verdad judicial dirigida y personalizada hacia las víctimas. Y reconoce, desde el principio, la amnistía cuando se trata de delitos políticos.

V.A.: En términos generales, ¿cómo va a funcionar el nuevo sistema de justicia?

D.M.: Tiene dos vías: una de reconocimiento de la verdad y otra de no reconocimiento. Habrá una sala de calificación jurídica, un tribunal con secciones y subsecciones, y una sala de amnistías e indultos. Y habrá un órgano para todo el tema de investigación.

V.A.: ¿Se contemplan las apelaciones?

D.M.: Sí, hay mecanismos de revisión de casos cuando se trate de sentencias injustamente emitidas.

V.A.: ¿Desapareció el término de “máximos responsables”?

D.M.: Es un término utilizado por la Corte Penal Internacional porque tiene que seleccionar a los máximos responsables de muchos conflictos en el mundo, pero la principal crítica a ese sistema es que en Colombia, nuestro régimen penal, dice que la responsabilidad es individual. Lo que sí tenemos acá es una responsabilidad por cadena de mando.

V.A.: ¿Va a operar por un tiempo determinado?

D.M.: El sistema no tiene previsto una fecha de finalización.

V.A.: ¿La guerrilla del Eln está cobijada por el acuerdo?

D.M.: El sistema está hecho para aquellos que firmen un acuerdo de paz.

V.A.: ¿Y en el caso de la Fuerza Pública?

D.M.: Es claro que el sistema es para aquellos que firmen el acuerdo.

V.A.: ¿Qué quieren decir cuando hablan de sanción restaurativa?

D.M.: Por ejemplo, participar en los programas de desminado o en los programas de protección del medio ambiente.

V.A.: ¿Y qué quieren decir con restricción de la libertad?

D.M.: Lo que prevé este sistema es la sanción a través del trabajo y esto requerirá unos mecanismos propios de restricción de la libertad.

V.A.: ¿Pero habrá vigilancia en un lugar específico?

D.M.: Sí, pero lo fundamental es dónde se realiza el trabajo; no el domicilio de la persona sancionada.

V.A.: Cuando la persona esté cumpliendo esta sanción ¿podrá participar en política?

D.M.: Sí.

V.A.: ¿Qué va a pasar con las personas que reconozcan parcialmente los hechos?

D.M.: Si la persona no dice toda la verdad, será meritorio de sanciones como condenas de 5 a 8 años. Y los que no colaboren con nada se les dará una sanción máxima a 20 años de privación de la libertad.

V.A.: ¿A qué se refiere el acuerdo cuando habla de un sistema diferenciado para la Fuerza Pública?

D.M.: Los militares han dicho no quieren estar en el mismo paquete donde están las Farc, por eso se pensó en decisiones judiciales diferenciadas y equilibradas. Formará parte de los desarrollos posteriores del acuerdo cómo será ese mecanismo diferenciado.

V.A.: ¿Qué pasará con los civiles que puedan ser llamados por el nuevo sistema?

D.M.: El sistema prevé que personas que sin ser miembros de una organización rebelde y estén condenadas o investigadas por los delitos de rebelión o delitos políticos, puedan acceder a mecanismos como la amnistía o el indulto. Ahora, el sistema también abre una posibilidad muy importante para los casos que tienen que ver con la protesta social. Por ejemplo, Feliciano Valencia podría acceder y pedir que le revisen si su condena es en estricto derecho y fue emitida con las garantías fundamentales.

V.A.: Y para los casos de protesta social, ¿habrá una sala aparte?

D.M.: De esos se encarga una sala de definición jurídica que podrá aplicar mecanismos de extinción a la responsabilidad penal siempre y cuando no se trate de hechos graves.

V.A.: ¿A qué se refiere el acuerdo cuando habla de una amnistía amplia?

D.M.: El DIH contempla la posibilidad de otorgar las amnistías más amplias posibles para la finalización de los conflictos. Colombia ha tenido más de 130 amnistías e indultos en toda su historia. Hoy en día las amnistías solo se dan para los delitos con ocasión a delitos políticos.

V.A.: ¿Cuáles son los delitos conexos al delito político?

D.M.: Todo lo que fue necesario hacer para el ejercicio de la organización rebelde. Claro, con unos límites.

V.A.: ¿Los muertos en combate?

D.M.: Ese es un delito conexo.

V.A.: ¿El reclutamiento forzado?

D.M.: No sería conexo en la medida en que es un crimen incluido por la Corte Penal Internacional.

V.A.: ¿Extorsión y narcotráfico?

D.M.: Son delitos conexos aunque frente al narcotráfico sólo si es para la financiación de la organización rebelde.

V.A.: ¿El secuestro?

D.M.: Sí es conexo salvo en los casos donde exista similitud con el crimen internacional de toma de rehenes.

V.A.: Según sus cálculos, ¿cuántos presos de las Farc saldrían de las cárceles por una amnistía?

D.M.: Hay 2 mil personas de las Farc en las cárceles pero son ellos los que proporcionarían un listado de posibles amnistiados tal como ocurre en todos los conflictos.

V.A.: ¿Qué garantías tienen las Farc de que no serán extraditados?

D.M.: Debe existir garantía plena de que nadie será extraditado a razón de la firma del acuerdo. Y garantía no sólo para los hombres de las Farc… recuerde que en este país la extradición también es un mecanismo para evadir la verdad.

V.A.: ¿Este sistema va a subsumir el de los paramilitares, es decir a la Ley de Justicia y Paz?

D.M.: Los temas de Justicia y Paz no serán objeto de conocimiento de este nuevo sistema. Ya hay unas condenas y unas decisiones que serán respetadas. Pero si hay un empresario que dice: “yo financié a los paras”, o una organizaciones de derechos humanos que determine que algunos empresarios nunca fueron a Justicia y Paz y están en la total impunidad, entonces ahí sí podrían entrar al nuevo sistema.

V.A.: En casos como el del general Uscátegui, condenado por la masacre de Mapiripán, ¿podrá pedirle a la sala de revisión del nuevo sistema que mire su caso?

D.M.: Claro, podrá hacerlo pero también van a operar las denuncias que reforzarán la acusación contra el General.

V.A.: ¿Qué interacción tendrá lo judicial con la Comisión de la Verdad?

D.M.: Las decisiones del tribunal podrán ser enviadas a la Comisión de la Verdad. Pero debe ser claro que esta Comisión no tiene ninguna función judicial dentro del sistema. 

V.A.:  Bueno y ¿qué se necesita para que todo esto entre en operación?

D.M.: Voluntad política y pocos casos de reformas constitucionales. 

V.A.: ¿Cuáles son los riesgos de que esto no funcione?

D.M.: La corrupción, la falta de recursos y la falta de garantías para los que participen. 

V.A.: Da la impresión de que todo el mundo quedó contento con el trabajo de ustedes…

D.M.: No sé si contento pero quedó el consenso de que es un sistema serio que respeta el derecho internacional, a las víctimas y a los procesados.

Fuente Verdad Abierta: http://www.verdadabierta.com/procesos-de-paz/farc/5989-no-creamos-un-sistema-juridico-para-que-se-digan-mentiras

SEMANA. Un acuerdo que hará historia en Colombia

Qué significa para Colombia el auerdo firmado entre el presidente y el jefe de las FARC.

La foto es bastante impresionante. El presidente Santos de camisa blanca y Timochenko de guayabera, estrechándose la mano, abrazados los dos por el presidente de Cuba, Raúl Castro. El momento sin duda era histórico. Se anunciaba un acuerdo crucial para el fin del conflicto más largo del continente en un país donde más de dos generaciones no han sabido lo que es vivir en paz. El proceso tomó mucho más de lo esperado. Se pensaba que fuera un año y ya van cuatro. El camino ha estado lleno de obstáculos, pero el resultado ha sido satisfactorio.

No todo el país lo ve así. La polarización es tan intensa que un sector de la Nación mantiene las reservas que ha tenido desde el inicio de los diálogos. Básicamente, los cuestionamientos son dos: el de la supuesta entrega al Castro-chavismo y el de ni un día de cárcel para los guerrilleros. De Castro-chavismo, no hay una sola coma. De impunidad hay algo, pero menos de lo previsible dadas las circunstancias.

Ningún proceso de paz en la historia ha terminado con cárcel para una de las partes. Los más recientes, los de Sudáfrica e Irlanda, concluyeron con indulto y amnistía, y los del M-19, el EPL y el Quintín Lame en Colombia, también. En esta ocasión no habrá eso. Si bien tendrá un perdón para los delitos políticos, como rebelión y sedición, todo el que haya cometido un crimen de lesa humanidad tendrá un castigo. Este no será en cárcel con barrotes, como han pedido el expresidente Álvaro Uribe y el procurador Alejandro Ordóñez. Pero sí habrá restricción de la libertad en colonias penales con duración de cinco a ocho años para quienes digan la verdad, y de 20 con cárcel normal para quienes no lo hagan.

El balance entre impunidad y paz nunca es fácil de lograr en un proceso de esta naturaleza. Pero en Colombia se llegó hasta donde era posible. A diferencia de la época del proceso de paz con el M-19, la Corte Penal Internacional (CPI) impone criterios obligatorios en materia de sanciones sin los cuales se consideraría que la justicia nacional no operó y entraría a regir la justicia internacional. La fórmula a la que se llegó en La Habana logró el difícil equilibrio de satisfacer los requisitos de la Corte Penal Internacional y quedar cobijados bajo los postulados de la Corte Constitucional de Colombia. Incluso los de Estados Unidos, que están dispuestos a ser flexibles en materia de extradición para que el proceso llegue a buen término.

Esto fue posible gracias a una combinación de justicia restaurativa con sanciones alternativas. A los elementos tradicionales de la justicia restaurativa que son la verdad, la reparación, la restitución y la no repetición, se le agregó la privación de la libertad en colonias penales agrícolas designadas por el gobierno con obligaciones de trabajo restaurativo para la comunidad. Eso definitivamente no es una celda en  Alcatraz pero tampoco es una curul el Congreso.

El único umbral al que no se pudo llegar era el que exigían el expresidente Uribe y el procurador Ordóñez. La credibilidad de estos dos personajes tiene como consecuencia que una noticia que normalmente sería acogida con beneplácito general, como fue en el caso del M-19, ha sido recibida en algunos sectores con escepticismo en un país dividido. Paradójicamente, fue el mismo Álvaro Uribe quien, siendo senador en 1990, lideró la petición de amnistía total para todos los miembros del M-19.

Las reservas que él y el procurador expresan son populares, algunas legítimas y otras inviables. Por ejemplo, sería iluso pensar que los jefes de las Farc, que para financiar a su ejército rebelde acudían al tráfico de drogas, iban a aceptar ser encarcelados como narcos. Ante esta alternativa, no estarían negociando en La Habana sino combatiendo en el monte. Por eso, el concepto de que en un conflicto armado las fuentes de financiación constituyen un delito conexo no es absurdo.

Otro punto sensible es el del dinero de las Farc. Exigir la entrega de algo que no es cuantificable ni verificable es muy difícil en la práctica. Si no se sabe cuánto es, ¿cómo se sabe cuánto hay que entregar? Más realista es la fórmula que se está discutiendo en La Habana, que ha sido aceptada por las Farc. Esta consiste en que en el concepto de reparación de las victimas está incluido un elemento económico que tendrá peso en el momento de la reducción de la pena.

Y en cuanto a la dejación de armas, que para muchos significa solamente guardarlas, en realidad no va a ser así. Los guerrilleros no están dispuestos a entregárselas al gobierno pero eso no significa que tendrán acceso a ellas. Se buscará alguna fórmula de acuerdo con la experiencia internacional, que podría ir desde su destrucción hasta la entrega a un organismo internacional.

Pero sin duda alguna, el mayor sapo para la opinión pública es el hecho de que tanto los guerrilleros como los militares serán juzgados con el mismo rasero. El anunciado Tribunal Especial de Justicia que será creado, juzgará en forma igual a todos los que hayan cometido delitos de lesa humanidad, sean estos miembros de la guerrilla, de las Fuerzas Armadas o de cualquier otro actor del conflicto. La presentación de simetría entre las dos partes es polémica pero un crimen atroz debe ser sancionado independientemente de quién lo haya cometido. Un falso positivo no es menos grave que un secuestro.

Obviamente, todo lo anterior va a ser objeto de una gran controversia pues, como se ha dicho siempre, para llegar a la paz hay que tragar sapos. Pero como dice el adagio popular, es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Al fin y al cabo, se trató de una negociación entre dos partes y no de una victoria militar o de un sometimiento a la justicia. Era necesario debilitarlas para poder negociar y eso fue precisamente lo que pasó. Lo que es un hecho es que sin la mano dura de Álvaro Uribe, nunca se hubiera podido llegar al punto de inflexión que dio pie al proceso de paz. Es una lástima que los autores del capítulo de la seguridad democrática, el binomio Uribe-Santos, se hubieran convertido en enemigos a muerte en el capítulo final, el de la paz.

El fin de la guerra con las Farc no será una panacea ni representará el fin de los problemas que tiene el país. No acaba con el narcotráfico ni con la delincuencia común ni necesariamente cobijará a todos los integrantes de la Farc. Pero sí acaba con el concepto de conflicto interno que existía entre esa organización y el Estado colombiano desde hace 51 años. Las bacrim que puedan derivarse de esa desmovilización serán combatidas por la Policía como criminales comunes y corrientes y no por el Ejército como insurgentes contra las instituciones.

Aun así, al acuerdo de la semana pasada no significa la paz total. Queda pendiente el ELN. Pero esta organización es consciente que iría en contravía de la historia mantenerse en las armas cuando ya no existe ninguna justificación para hacerlo. El espinoso camino que tuvieron que recorrer los negociadores de las Farc y del gobierno representa para ellos una oportunidad que no pueden dejar pasar. Se han creado mecanismos para desmovilización, desarme y justicia, que deberían ser aplicables a cualquier grupo. Se sabe que las negociaciones con las cabezas de esa organización van avanzando. Sus aspiraciones no son idénticas a las de las Farc y ellos seguramente querrán imprimir su sello. Pero el grueso de la solución es lo acordado con esta guerrilla.

El presidente Santos anticipó que el arreglo con las Farc iba a dejar a muchos insatisfechos. Pero el transcurso del tiempo seguramente le dará la razón. Haber tenido el valor de iniciar este proceso cuando el país no creía sino en la guerra, haberlo conducido con equilibrio y firmeza en medio de todas las tormentas y haber podido llegar a un anuncio como el de la semana pasada representan un gran logro. El hecho de que la paz con las Farc sea objeto de una legítima controversia, no debería subestimar su dimensión histórica.

Fuente Semana: http://www.semana.com/nacion/articulo/farc-gobierno-un-historico-acuerdo/443869-3#

Colombia: Justicia imperfecta, paz posible

Rodrigo Uprimny Yepes

Pero conviene recordar que la justicia transicional es siempre, parafraseando alguna expresión de Pablo de Greiff, el relator de Naciones Unidas sobre el tema, una justicia imperfecta para tiempos radicalmente imperfectos, y por ello no puede evaluarse con los estándares de la justicia ordinaria en tiempos de normalidad.

La justicia transicional busca enfrentar un legado de violaciones masivas a los derechos humanos derivadas de guerras o dictaduras. En esos contextos no es posible sancionar con las penas ordinarias a todos los responsables de atrocidades, ni esclarecer judicialmente todos los casos, ni reparar integralmente a todas las víctimas. No es posible entonces salir de esa situación de atrocidades masivas, reconstruir un Estado de derecho y honrar a las víctimas, con los instrumentos ordinarios de justicia. Son necesarios mecanismos especiales, como las comisiones de la verdad, formas especiales de justicia, programas masivos de reparación y la adopción de medidas que eviten la repetición de las atrocidades.

Si además se busca, como se está haciendo en Colombia, una salida negociada de la guerra con una guerrilla que no ha sido derrotada, entonces es necesario además que la fórmula de justicia adoptada permita la paz negociada. En esos contextos, cualquier solución que se adopte implica una armonización difícil, casi imposible, entre los imperativos de la justicia y las necesidades de la paz. Cualquier fórmula que se adopte podrá entonces ser criticada y dejará a algunos insatisfechos.

La justicia transicional es entonces imperfecta y no puede ser valorada con los estándares que gobiernan a la justicia en tiempos ordinarios. Debe ser evaluada conforme a los estándares, aún en construcción, que son apropiados para estas circunstancias extraordinarias y muy difíciles, y que pueden resumirse en lo siguiente: que las víctimas sean reconocidas y reparadas hasta donde sea posible, que la verdad sea esclarecida, que haya garantías de no repetición, y que los responsables de las atrocidades rindan cuentas de sus actos y reciban sanciones apropiadas.

Todo indica que la “jurisdicción especial de la paz”, según lo anunciado, se ajusta a esos estándares, pues excluye la amnistía para crímenes de guerra o lesa humanidad, con lo cual los responsables rendirán cuentas y recibirán sanciones, que son apropiadas: si no cumplen inmediatamente con sus deberes de verdad, desmovilización y reparación, tendrán cárcel. Y si cumplen con todo, tendrán una restricción efectiva de la libertad, acompañada de labores personales de reparación, como desminados. No es un sistema perfecto y aún faltan temas por definir; pero es realmente justicia; y con esta justicia imperfecta, acordada ya por las Farc y el Gobierno, la paz es posible.

Lea el Comunicado Conjunto # 60 sobre el Acuerdo de creación de una Jurisdicción Especial para la Paz: http://kausajusta.blogspot.pe/2015/09/colombia-comunicado-conjunto-60-sobre.html

Fuente DeJusticia: http://www.dejusticia.org/#!/actividad/2776

Objetivo de Desarrollo Sostenible Nº 16: Paz y Justicia

El ODS Nº 16, señala que se debe "Promover sociedades pacíficas e inclusivas para lograr un desarrollo sostenible, proporcionar a todas las personas acceso a la justicia y desarrollar instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles".

- Reducir considerablemente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad conexas en todo el mundo.

- Poner fin al maltrato, la explotación, la trata, la tortura y todas las formas de violencia contra los niños.

 

- Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.

- Para 2030, reducir de manera significativa las corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de bienes robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada.

- Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas.

- Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.

- Garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades a todos los niveles.

- Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las instituciones de gobernanza mundial.

- Para 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante el registro de nacimientos

-  Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales

- Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, con miras a crear capacidad a todos los niveles, en particular en los países en desarrollo, para prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia.

- Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible.

Fuente The Global Goals: http://www.globalgoals.org/es/global-goals/peace-and-justice/