El Juez español Baltasar Garzón da entrevista a Radio Francia Internacional.
Sobre su inhabilitación: "Fue una sentencia prefabricada"
Crímenes del Franquismo: "La transición española ha ocultado esa realidad".
Honduras: "Hubo fraude. Demasiadas irregularidades".
Colombia "Algunos quieren dinamitar ese proceso de negociación".
Assange: "Una vez que tenga el asilo, no pondremos inconvenientes a su juicio en Suecia".
Sobre su condición de juez estrella: "Soy más bien un juez estrellado"
Sobre las especulaciones de su entrada en política: "No me presentaré a las europeas. Sí daré mi apoyo a una opción progresista".
Sobre las amenazas: "Jamás he dejado de tomar una decisión por miedo".
Saltó a la fama internacional por perseguir a Pinochet, y desde entonces ha tenido en el punto de mira causas tan dispares como las torturas de la cárcel de Guantánamo, los crímenes del franquismo o la defensa del fundador de Wikileaks, Julian Assange. Para algunos, su sobreexposición mediática le llevó al precipicio. Inhabilitado en España en lo que muchos vieron una persecución política, el juez español Baltasar Garzón se ha refugiado en la defensa de los derechos humanos, especialmente en América Latina, que se ha convertido en los últimos tiempos en el epicentro de su actividad (tan frenética como siempre). De paso por París para presidir el coloquio internacional sobre la operación Cóndor organizado por el Colectivo argentino por la memoria, Garzón ha concedido una entrevista a RFI .
RFI: La «Operación Cóndor» , ese plan secreto que aplicaron las dictaduras de seis países sudamericanos para eliminar a sus opositores. Del Plan Cóndor conocemos los resultados en gran medida, pero décadas después, ¿Cuáles son las principales incógnitas aún por resolver?
Baltasar Garzón: Creo que todavía quedan bastantes cosas por resolver, sobre todo la profundización judicial en la documentación y en las responsabilidades sobre cuál fue el alcance real y los objetivos que perseguía el Plan Cóndor y también la implicación de las autoridades de la época de EE.UU. Y sobre todo las implicaciones económicas: quiénes financiaban, quiénes sostenían, y quiénes coadyuvaban desde el sector civil a ese plan sistemático de desaparición de líderes opositores.
RFI: 1 de mayo de 2021. Esa es la fecha en la que usted, si nada cambia, podrá volver a ejercer como juez. Es complicado explicar conjuntamente su prestigio como jurista y su inhabilitación al mismo tiempo. El Tribunal Supremo español le condenó a 11 años apartado de la judicatura por el caso de las escuchas ilegales en prisión a los abogados y clientes, cabecillas de la red corrupta “Gurtel”, escándalo que afecta al partido popular del Presidente Rajoy.
¿La suya fue una condena política?
BG: Fue una condena sin justificación jurídica suficiente. Que fuese por motivación política es difícil de decir, pero era una sentencia que ya estaba prefabricada. Había un prejuicio establecido. No era de interés mi permanencia en la judicatura y todo se adelantó en el Tribunal Supremo para propiciar mi condena. Es muy difícil entender cómo se puede condenar a un juez por interpretar la ley, por hacerlo conforme a derecho, cuando fue además solicitada y acompañada la medida por el Ministerio fiscal , cuando el juez siguiente ratificó y amplió esa medida, y cuando otros jueces posteriores también lo hicieron. La pregunta sería ¿Porqué a Garzón sí y a los demás no? Y en todo caso, se creó el delito en la propia sentencia. No existía antes ese delito. Si se unen todos estos elementos, tal vez se encuentren una explicación no jurídica a esa sentencia.
RFI: También fue enjuiciado por la causa de los crímenes del franquismo. Argentina ha escuchado testimonios de víctimas y Naciones Unidas ha pedido al Gobierno español un plan estatal sobre los fusilados y juzgar las más de 114.000 desapariciones que usted mencionaba en un auto de 2008. ¿Por qué tanta resistencia en España a cerrar este episodio traumático?
BG: Porque nunca se ha reconocido como tal. La Transición española ha ocultado esa realidad. Es verdad que a nivel autonómico ha habido iniciativas muy importantes como la del Parlamento de Navarra que empoderar definitivamente a las víctimas, lo que no ha hecho el Estado español. No ha habido ningún reconocimiento de que esto ha sido así. No ha habido ningún intento de acción judicial. Se ha negado esa realidad. Y a día de hoy, se sigue negando. No hay ningún obstáculo jurídico ni siquiera la Ley de Amnistía sería un obstáculo para investigar esos hechos. Si no se ha hecho, y el Tribunal Supremo tomó esa decisión (El Tribunal Supremo decidió en marzo de 2012 que la competencia sobre las fosas del franquismo no era de la Audiencia Nacional y cerró la vía a investigar los crímenes del franquismo como “delitos contra la humanidad”) de dejar desamparadas a las víctimas es porque no se ha querido hacer. Los organismos de Naciones Unidas nos están diciendo "Ustedes no están cumpliendo. Ustedes tienen que propiciar la justicia. Ustedes tienen que apoyar la investigación argentina, si es que finalmente no lo hacen” . Esto no se hace porque en un momento histórico determinado se decidió mirar hacia delante sin darse cuenta de que no hacerlo hacia atrás tiene unas consecuencias basadas en la impunidad que hoy estamos sufriendo.
RFI: En Honduras, usted ha formado parte de la misión de la Federación Internacional de Derechos Humanos en las últimas elecciones del mes de noviembre. Las filas del expresidente derrocado Manuel Zelaya denuncian fraude electoral. Usted también lo ha hecho. ¿Hablamos de un fraude que pudo cambiar el resultado que dio la victoria al oficialista Juan Orlando Hernández en las últimas elecciones?
BG: No podremos saberlo a ciencia cierta, pero que hubo fraude electoral, desde luego sí. Fueron demasiadas las irregularidades. Fueron demasiado groseras algunas actuaciones en apoyo del partido ganador que dejan una duda muy profunda. También el alto índice de nulidad en las mesas electorales que llegó casi al 30% también demuestra que algo no iba bien. Yo no puedo decir si el signo de la elección hubiese sido otro, pero que no fue limpio sí lo dije entonces y lo digo ahora.
RFI: Usted conoce también de cerca la realidad de Colombia. ¿Confía en el proceso de diálogo entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC?
BG: Todos somos necesariamente optimistas, aunque algunos quieran dinamitar ese proceso de negociación. Pienso que debería ser una cuestión de Estado. Que el gobierno colombiano esté haciendo el esfuerzo de aproximación a las FARC nos debe llevar a la necesaria afirmación de que merece el apoyo siempre y cuando, ese apoyo no se traduzca en una impunidad: las víctimas tienen que ser parte del proceso y las FARC lo tienen que entender. No hay más remedio. Optimista, sí, porque nunca antes se han alcanzado cuotas de este nivel en procesos de paz anteriores.
RFI: Saltó a la fama internacional por la orden de detención al dictador Augusto Pinochet en Londres en 1998. ¿Cómo vivió usted el hecho de que finalmente Pinochet pudiese morir en libertad e incluso enterrado con honores militares?
BG: Que lo entierren con honores militares va en detrimento de aquellos que lo hicieron… A mí me produce pavor que esos honores se le otorguen a quién estaba acusado de crímenes de lesa humanidad, genocidio, terrorismo de Estado…Y que no haya la suficiente fuerza democrática para que eso se evitara. Y sobre todo fue una ofensa a las víctimas. Pero que al final yo creo que realzó su dignidad: ellas sólo pedían justicia con todas las garantías, precisamente las que no respetó ni Pinochet ni los que le apoyaron. No me pareció bien por tanto, pero eso degrada a quién lo propicia y no a quiénes lo padecieron.
RFI: Otro caso en el que usted también está implicado: la defensa de Julian Assange, el fundador de Wikileaks, recluído en la embajada de Ecuador en Londres desde hace año y medio. ¿Cómo espera que se resuelva este caso?
Primero cuanto antes, y segundo, de la única forma posible: dando cumplimiento al derecho de asilo. Es un derecho humano ya adquirido por Assange, ya conferido por Ecuador, y que no debería obstaculizarse. Una vez que esto se materialice, nosotros no hemos puesto ningún inconveniente después al juicio de Suecia (El 7 de diciembre del 2010, Assange fue arrestado por la policía británica por una orden judicial emitida por Suecia por 4 presuntos delitos sexuales) pero con unas garantías que vienen dadas por el cumplimiento del derecho de asilo. Esto es lo primero y Gran Bretaña debería cumplirlo.
RFI: A menudo se le ha calificado de “juez estrella”. ¿No cree que al final ha terminado por perjudicarle el hecho de una sobreexposición mediática.
BG: Supongo que sí, pero no es algo que dependiera de mí. Los casos que llevábamos en la Audiencia Nacional y que yo tramitaba llevaban una “publicidad” que es requerida por los propios medios y por la sociedad de la comunicación en la que vivimos: Pinochet, terrorismo, franquismo… Durante años y años yo jamás concedí una entrevista. Rehuía como un sarpullido el contacto con la prensa. La gente no se acuerda pero yo salía de la Audiencia Nacional con los labios apretados y no decía ni “sí” ni “no” porque no quería ni que interpretaran mis gestos. Luego sí, cuando me dicen “juez estrella”,y yo muchas veces respondo: “soy más bien un juez estrellado”. He recibido grandes golpes de los medios de comunicación. Las campañas mediáticas que he soportado de acoso y derribo no han sido menores, y también las he aguantado.
RFI: Crimen organizado, terrorismo, corrupción… Usted ha pisado terrenos muy pantanosos. ¿Cuándo fue la última vez que recibió una amenaza?
BG: Quizá no sea tanto personal sino tratando de hacer un desprestigio personal de mi función judicial que con el paso del tiempo, y como no estás en el puesto judicial correspondiente, hay gente muy “valiente” que se atreve a cuestionarlo.
RFI: En cualquier caso su familia tuvo 20 años de protección ante las amenazas y usted 25. ¿Alguna vez dejó de tomar una decisión por motivos de seguridad?
BG: Jamás. Las decisiones que tomé, las hubiese tomado igual con o sin protección. Sigo teniendo seguridad personal en algunos de los países en los que trabajo como Colombia, pero los jueces tenemos la obligación de actuar en conciencia de acuerdo con la ley. Y el que deje de hacerlo porque no se sienta seguro debe dejar de ser juez porque produce daño a la sociedad.
RFI: Los responsables de la crisis económica que ha tenido consecuencias desastrosas en lo social para países como España, ¿pueden o deben tener responsabilidades penales? ¿Qué instrumentos existen?
BG: Desgraciadamente no hay muchos instrumentos pero la respuesta es sí. Los crímenes económicos y financieros en la forma que hemos conocido y que han provocado esos desastres humanitarios en millones de personas tienen verdadera categoría de lesa humanidad. Ya sé que en el concepto de “lesa humanidad” no se incluyen este tipo de crímenes, pero desde luego la ejecución es masiva, sistemática y producen miles de víctimas y el poder judicial debe buscar la fórmula para que eso no salga gratis.
RFI: Caso Noos en España. La hija del Rey Don Juan Carlos, la Infanta Cristina. (Desvío de fondos públicos por una sociedad que manejaba el marido de la Infanta, Iñaki Urdangarín) Por lo que vamos conociendo, ¿hay motivos suficientes para su imputación? ¿Está recibiendo trato de favor?
BG: La ley es igual para todos los ciudadanos. Por tanto sería un ejemplo democrático para todos los ciudadanos que aquellas personas que están señaladas, que concurran a declarar ante la autoridad judicial. Eso sí, exigiendo a los medios y ciudadanía que se respete el principio de presunción de inocencia. Lo que no podemos es dar es ejemplo de que hay privilegios. Yo fui llamado por el Tribunal Supremo, no estuve de acuerdo con lo que hicieron conmigo y lo critico, pero comparecí siempre que se me pidió. Es una medida de educación democrática de la que estamos muy faltos en España.
RFI: ¿A usted pronto le veremos en un cartel electoral en España?
BG: No creo. No. Ya he dicho que no me voy a presentar a las elecciones europeas. No es mi intención hacerlo, sí opinar políticamente y apoyaré cualquier opción desde el progresismo en un marco de protección al ciudadano y no en el de las políticas que hay ahora de agresión al ciudadano.
RFI: ¿Guarda rencor a aquellos que le inhabilitaron?
BG: Para nada. No me merece la pena perder tiempo. Me da mucha pena lo que ocurrió. Creo que querían dar una lección en mi persona. Es pasado pero lo voy a seguir combatiendo en el Tribunal europeo de derechos humanos.
RFI: ¿En 2021 volverá a tomar posesión como juez?
BG: Cuando concluya el periodo, tomaré posesión. Después lo que haga, no sé… Creo que se pueden defender los mismos principios desde mi posición actual: desde mi despacho de abogados y de la fundación que presido peleando en todos los frentes humanitarios. En esos frentes que han sido mi lucha desde hace años.
Por Carlos Herranz.
