ACNUDH: Experto de la ONU detalla medidas urgentes para garantizar que los sistemas de justicia no se paralicen por el COVID-19

Declaración del Relator Especial de Naciones Unidas sobre independencia judicial, Diego García-Sayán

Emergencia del coronavirus: desafíos para la justicia

Los estados de emergencia establecidos en la mayoría de los países para proporcionar condiciones para proteger a las sociedades en la lucha contra el impacto y proliferación del coronavirus, responden a una situación extraordinaria y grave que pone en peligro la vida de millones de personas en todo el mundo. Esta crisis de salud pública no terminará de inmediato.

Esta situación extraordinaria plantea amenazas y desafíos especiales para los sistemas de justicia en su conjunto en todo el mundo –incluyendo jueces, fiscales y abogados- y para su eficacia e independencia.

El impacto económico de la pandemia y las regulaciones extendidas sobre inamovilidad y cuarentena son dramáticas y severas. Especialmente para los pobres, migrantes, mujeres, detenidos, niños y otros grupos en riesgo. Pero también para las instituciones mismas. Entre ellas, específicamente el impacto sobre jueces, funcionarios judiciales, fiscales y abogados.

La pandemia y la cuarentena ya afecta gravemente el funcionamiento de los sistemas judiciales y amenaza el derecho de las sociedades a contar con una justicia operativa e independiente. En este contexto, el riesgo de conductas abusivas desde el poder político es real y abre condiciones favorables a la impunidad por la falta de acceso a una justicia independiente.

La situación crítica actual exige acciones urgentes específicas para superar los actuales bloqueos en los sistemas de justicia y garantizar ahora el funcionamiento de una justicia independiente.

Como Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Jueces y Abogados, llamo la atención sobre siete aspectos cruciales.

1. Son necesarias acciones urgentes para fortalecer el apoyo y las garantías para el funcionamiento de una justicia independiente de la independencia de la justicia y su acercamiento a la gente alentando para ello pasos creativos. La crisis de salud mundial está erosionando la estabilidad económica y social, el riesgo de aumento de la violencia y la delincuencia y en general, la estabilidad institucional.

2. Una racionalización inmediata -a lo esencial- de los servicios que prestan los sistemas de justicia en torno a asuntos que pueden considerarse prioritarios son decisiones urgentes a adoptar por un sistema judicial independiente. La priorización resulta inevitable dada la crisis global y las limitaciones institucionales y presupestales; esta es una opción inevitable y urgente para prevenir la exclusión social y para garantizar la protección de los derechos humanos.

3. Podrían ponerse transitoriamente en segundo plano asuntos no prioritarios en esta situación crítica como el enjuiciamiento de delitos menores y casos civiles o económicos, por ejemplo. Podrían ser pospuestos en este esfuerzo de racionalización urgente.

4. 

Asuntos orientados a proteger derechos, cuando se trata de delitos graves (incluidos casos de corrupción conectada a la crisis) y casos de violencia doméstica deberían merecer atención prioritaria.

5. Las tecnologías informáticas y el uso del “teletrabajo” para enfrentar la crisis actual procesando casos de abusos debe ser urgentemente puesto en funcionamiento. La innovación y el teletrabajo es esencial, especialmente para tribunales y jueces que tienen que conocer casos de derechos humanos. Las cuarentenas y las “distancias sociales” no deben impedir que el sistema judicial funcione y que lo haga respetando el debido proceso. La situación actual plantea la exigencia de “ponerse al día” y de hacerlo ya con el teletrabajo. En particular, para que tribunales, jueces y fiscales puedan lidiar con asuntos que puedan referir a derechos fundamentales en riesgo o a la previsible situación de inseguridad ciudadana.

6. Las cárceles, bombas de tiempo sanitarias y de seguridad en la mayoría de países. Congestión penitenciaria y proporciones inmanejables de detenidos afecta los derechos humanos y aumenta el riesgo de contagio de detenidos y personal penitenciario. En muchos países es abrumador el número de procesados, no condenados.

Se deben tomar medidas efectivas –y de inmediato- para que las detenciones preventivas, previas al juicio, se apliquen solo de manera extraordinaria y específica para delitos muy graves y por determinadas consideraciones. Asimismo, que los organismos responsables pertinentes revisen la situación de las personas encarceladas por razones políticas, delitos menores o que hayan cumplido buena parte de sus condenas. Inmediatas acciones de coordinación deben adoptarse cuando las materias requieran acciones concertadas entre la justicia, los gobiernos y el legislativo.

7. En este contexto jueces, magistrados, fiscales y personal auxiliar deben estar en condiciones de desempeñar efectivamente sus funciones. Se merecen, por ello, atención especial de salud en la aplicación de los test de descarte, ya que necesariamente estarán en contacto con varias personas y grupos sociales.

Fuente OHCHR: https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25810&LangID=S

Corte Interamericana de Derechos Humanos sesiona en Brasilia

Se llevó a cabo la inauguración del 49º Período Extraordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Brasilia - Brasil.

Fuente CorteIDH: http://www.corteidh.or.cr

El Tribunal de las Américas retrocede en la libre expresión

De un plumazo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos presididaDe un plumazo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos presidida por Diego García-Sayán acaba de poner en jaque la libertad de expresión y el respeto de garantías penales básicas. En una región donde la debilidad institucional es la norma, este gravísimo retroceso no sólo vulnera derechos y libertades fundamentales, sino también dificulta la lucha contra la corrupción, una batalla que seguimos perdiendo. 

En una reciente sentencia - adopatada por una estrecha mayoría - la Corte revierte importantísimos precedentes que defendió durante años.Los valiosos votos salvados de tres de los siete jueces ponen de manifiesto las profundas discrepancias que felizmente subsisten en la Corte.

El lamentable fallo se dictó en el caso Mémoli v. Argentina, que trata sobre la condena penal contra un periodista tras denunciar evidentes manejos irregulares de bienes públicos. Pablo Mémoli, director de un periódico en una pequeña ciudad de la provincia de Buenos Aires, denunció que una sociedad privada había vendido bienes públicos pertenecientes a la municipalidad. Gracias a la denuncia, la justicia intervino, los afectados se enteraron que los contratos de compraventa eran inválidos y recuperaron su dinero. Sorprendentemente, el juez que invalidó los contratos decidió que los directivos de la sociedad habían actuado sin conocimiento de que no podían vender bienes públicos que no les pertenecían.

Curiosamente, los únicos condenados por estos hechos fueron quienes los denunciaron. Mémoli fue condenado por injurias a cinco meses de prisión. Su padre, quien era miembro de la sociedad y había denunciado los hechos ante las autoridades competentes, a un mes de prisión. Como si fuera poco, a raíz de la condena penal, los Mémoli están hace más de 16 años con sus bienes embargados y procesados civilmente.

En 2008, la Corte Interamericana decidió (caso Kimel v. Argentina) que el delito de injurias en ese país era incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Para la Corte, la definición del delito era ambigua y violaba el principio de legalidad, que obliga a tipificar conductas ilícitas en términos precisos. Producto de esta sentencia, en 2009 Argentina despenalizó las calumnias e injurias cuando las expresiones ofensivas se refieren a asuntos de interés público.

La Corte, al conocer este caso, debió exigir que los Mémoli -- condenados por un delito inexistente hoy día en Argentina -- se beneficiaran del principio que supone la aplicación de la ley más favorable al acusado de cometer un delito. Sin embargo, sin ninguna explicación razonable y contrariando su jurisprudencia, la Corte da marcha atrás y convalida la condena penal y todos sus efectos.

El derecho a la libertad de expresión --aspecto central del caso-- fue redefinido por la Corte en términos que palidecen frente a sus precedentes. Por ejemplo, para esta mayoría de jueces, los malos manejos de bienes públicos no constituyen una cuestión de interés público; o, quizás aún más grave, a partir de ahora el delito de opinión cuenta con la bendición del máximo tribunal de derechos humanos del continente. Los cuatro jueces ni siquiera se preguntaron si las denuncias de los Mémoli eran veraces, cuando según su jurisprudencia es una causal justificativa de expresiones que puedan ser "ofensivas". Para la Corte, no se violó la libertad de expresión y el periodista no merecía amparo.

Catalina Botero, Relatora para la Libertad de Expresión de la OEA,alegó en audiencia ante la Corte que la condena de los Mémoli "ha generado inhibición e inseguridad jurídica" y también sostuvo que esto afecta a "cientos de periodistas regionales que se encuentran en la mayor indefensión".

Afortunadamente - quizás porque no era objeto de este litigio - la jurisprudencia interamericana que protege las expresiones críticas sobre funcionarios públicos y aquella sobre la despenalización del desacato sigue en pie.

Es muy triste que la Corte García - Sayán haya tirado por la borda jurisprudencia construida con el sacrificio de muchos que se han arriesgado para limitar los abusos de las autoridades y de quienes manejan  asuntos de interés público. En este continente, donde es habitual que quienes pueden hacerlo intimiden a los jueces, la Corte ha privado a la región de una herramienta clave para luchar contra el abuso de poder y la corrupción.
José Miguel Vivanco

Fuente El País: http://internacional.elpais.com/internacional/2013/11/11/actualidad/1384198105_138110.html

García Sayán: “Cipriani se yergue como el gran moralizador, pero no es capaz de abrir un debate sobre la pedofilia”

Diego García Sayán, Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ex ministro de Relaciones Exteriores y de Justicia. Director de la Comisión Andina de Juristas. Abogado, con estudios en Ciencias Políticas en la Universidad de Austin - Texas.

Estudió en el colegio Santa María Marianistas. 

Correcto. 

¿Es católico entonces?

Fui formado en un colegio católico, pero tomé distancia frente a la Iglesia Católica de manera bastante prematura. Y con estos curas marianistas quizá no aprendí mucha matemática, mucha química o mucha física, pero sí aprendí algo que en mi vida ha sido más importante que eso: la virtud de la tolerancia, aceptar que alguien piense de una manera distinta y reconocer que esa persona tiene derecho a ejercer ese pensamiento. De manera que cuando yo le dije al hermano que dirigía el colegio que me eximiera de la obligación de ir a misa los días viernes, me escucharon con paciencia y no tuvieron ningún problema. Debo decirle además, que durante toda mi vida he trabajado con sectores de la sociedad civil, he sido abogado de comunidades campesinas, he conocido sacerdotes y monjas, en el Cusco, en Ocongate, en Sicuani, que tenían una entrega a la causa de la justicia admirable. Mi relación con la Iglesia es extraordinariamente constructiva, pero por allí aparecen algunas ovejas negras que ensombrecen el panorama.

Hablemos de eso. Ha escrito recientemente sobre la Iglesia Católica, ¿cuál es su objeto de interés sobre el catolicismo en este momento? ¿Los nuevos vientos en el Vaticano o la actitud del cardenal Cipriani, al que usted llama el “purpurado limeño” y evita nombrar?

No hay nada personal ni ninguna bilis en lo que he escrito, solo la afirmación de lo que significa el respeto a los demás. Nada me hace hervir más la sangre que alguien intolerante, que hace afirmaciones arbitrarias, que descalifica a la comunidad gay como él (Cipriani), con los términos más inaceptables. Esa es la hipocresía de alguien que se yergue como el gran moralizador de la sociedad, pero no es capaz de abrir un debate sobre otros temas, que nacen de la propia realidad, como la pedofilia. Ya le digo, a mí no me inspira ninguna animadversión a la Iglesia.

A la Iglesia no, está claro, ¿a alguna persona entonces?

No, en absoluto, lo que hay es una genuina indignación frente a gestos de intolerancia o la falta de coherencia de una persona que es muy locuaz los sábados, que pontifica contra todos, y que no ha sido capaz de preguntarse qué pasaba con las víctimas de violaciones a los derechos humanos en los años 90.

¿Conoce personalmente al cardenal Cipriani?

Sí, hemos cruzado palabra, tenemos una relación de parentesco. Él me antecedió en el mismo colegio. Lo que pasa es que así como en la sociedad, en los colegios también hay ovejas negras (sonríe).

¿Qué vienen a ser ustedes?

Su madre era prima hermana de mi madre. Pero jamás ha habido una relación de familia...

Se nota, no necesita precisarlo.

Es que para que los primos segundos se conozcan y se frecuenten se necesita de las abuelas, y ellas fallecieron tempranamente.
Entremos al caso del ex obispo Gabino Miranda, ¿qué es lo más preocupante aquí? ¿Que la jerarquía de la Iglesia no informara sobre el tema o que la justicia no pueda actuar en este momento porque no se conoce a la persona que denunció a Miranda (por presunta pedofilia)?

Yo creo que la justicia sí puede actuar, porque la justicia puede promover y buscar la verdad. No se trata de que el fiscal espere sentado a la víctima denunciante porque eso probablemente no ocurrirá jamás. La idea es que se abran los canales para que quien tenga la información pueda alcanzarla, quizá un número 0-800, que nunca será suficiente para acusar a nadie, pero sí para dar pistas. La Fiscalía está en la obligación de tocar todas las puertas. La gravedad está en dos niveles. Primero, que haya un caso que aparentemente la justicia no ha podido investigar y, segundo, que la jerarquía de la Iglesia se haya puesto de perfil frente a ello. La primera declaración que hizo el arzobispo de Lima fue que él no sabía nada, porque estaba en Roma, como si no existiera internet o teléfono. Eso es imposible. Hay una palabra del papa Benedicto XVI sobre la necesidad de enfrentar el drama de la pedofilia, pero la reacción en el Perú es inaceptable y yo creo que le hace un daño tremendo a la Iglesia, abre un proceso de deslegitimación. 

Entrevista realizada por el periodista Emilio Camacho. 

Fuente La República, domingo 06 de octubre: http://www.larepublica.pe/06-10-2013/cipriani-se-yergue-como-el-gran-moralizador-pero-no-es-capaz-de-abrir-un-debate-sobre-la-pedofilia