Ronald Gamarra: ¿Colaboradores? ¡No, trabajadores con derechos!

Hace algunos años, se ha impuesto la “moda”, huachafísima e hipócrita, de llamar “colaboradores” a los trabajadores de las empresas. Esta “moda”, nada inocente, derechamente pendeja, acompaña discursivamente al vertiginoso proceso de flexibilización de los derechos laborales y desmantelamiento de la organización sindical. Su objetivo principal es, entonces, opacar la dimensión conflictiva de la relación capital – trabajo y desincentivar el auto reconocimiento de los trabajadores como la parte más débil de la relación laboral.

Llámenlos colaboradores o como quieran, el hecho concreto es que la explotación sigue siendo la regla general. El cholo barato es el recurso más apreciado y recurrido de las empresas formales e informales, y no se invierte, lo que mínimamente se debe, en las condiciones de salud y seguridad en el trabajo.

Esta semana fuimos sacudidos por la muerte trágica de dos trabajadores muy jóvenes, Alexandra Porras, de 18 años, y Gabriel Campos, de 19 años, que perdieron la vida electrocutados al efectuar sus labores de limpieza en la sucursal de la cadena transnacional McDonald’s en Pueblo Libre. Increíblemente, en agosto pasado, esta empresa pasó sin problema u observación alguna por la supervisión de la Sunafil. Sin embargo, hoy sabemos, el establecimiento tenía instalaciones eléctricas precarias, sacrificando la seguridad de los trabajadores y clientes; y no brindaba a sus trabajadores la indumentaria básica: botas y guantes. Y es que, ¿qué importa la seguridad, salud y vida de un trabajador frente a la rentabilidad de las empresas?

La muerte de estos dos chicos laboriosos, estudiantes al mismo tiempo que trabajadores, no es un simple accidente, como pretenden presentarlo sus empleadores y también las autoridades, quienes llegaron al extremo de omitir el nombre de Mc Donald’s en el primer comunicado que emitieron. A esta comparsa del silencio se sumó la mayoría de medios de comunicación, quienes prefirieron resaltar la relación amorosa que existió entre los dos trabajadores fallecidos que la injusticia de morir por no contar con las condiciones de seguridad mínimas en el trabajo. Ya sabemos, pues, para quién trabajan las autoridades y la mayoría de los medios, cuál es la lealtad a la que sirven sumisamente.

Pero este caso tampoco no es un hecho aislado. Todo lo contrario. La inseguridad laboral, los accidentes de trabajo y las muertes en el trabajo son una práctica tan extendida que tiene visos de pandemia. En el Perú, las normas de seguridad laboral no valen un carajo. En la ciudad y en el agro, en las minas y las industrias, los trabajadores tienen que laborar expuestos a condiciones peligrosas. A esta situación, que empeoró enormemente desde el gobierno de Fujimori, contribuye radicalmente la caída del sindicalismo, perseguido y estigmatizado por el modelo económico.

Recordemos a los dos trabajadores muertos por asfixia al no poder escapar del incendio que devoró la enorme galería comercial Nicolini, en junio de 2017, pues trabajaban encerrados bajo llave y candado, dentro de contenedores metálicos “acondicionados” como talleres en el techo del inmueble. Ni siquiera tenían derecho a salir a los servicios higiénicos y se veían obligados a orinar en botellas de plástico dentro del contenedor. Esta forma de explotación propia de la esclavitud se practica en muchos otros centros comerciales donde se usan los contenedores sin ningún escrúpulo.

Hagamos memoria. Hace algún tiempo, en el complejo agroindustrial Beta ubicado en Ica, 136 trabajadores, de un total de 400, se intoxicaron gravemente como resultado de una fumigación efectuada con total negligencia. La mayoría de las víctimas eran mujeres -entre ellas, una mujer embarazada-, que trabajaban en los campos de uva. El hecho obligó a una desesperada movilización de los servicios de salud para atender la avalancha de víctimas, que presentaban vómitos y fuertes dolores abdominales y en las articulaciones, entre otros síntomas.

El 10 de abril de 2019, Elmer Santos Tocto falleció en su centro de trabajo, Corporación Industrial Wash SAC, aquí en La Victoria, al sufrir una descarga eléctrica, al manipular máquinas oxidadas y no contar  con los implementos de seguridad que el empleador debió brindarle para efectuar la labor de lavandería de manera adecuada y sin riesgos. Hoy su caso sigue en investigación, pero estuvo a punto de ser enviado al archivo a propósito de un informe policial que parecía haber sido redactado por el abogado de la empresa y no por una autoridad neutral y objetiva.

El 21 de abril de este mismo año, un trabajador al que se le ordenó viajar en la parte superior externa de un camión cisterna, murió en la volcadura del vehículo, aplastado por éste. El obrero iba en el techo del vehículo, sujetado por un arnés, pues su labor consistía en regar los jardines públicos y, de acuerdo a lo establecido por sus jefes, debía hacerlo desde el techo del camión cisterna, que prestaba servicios a la municipalidad de San Juan de Lurigancho. Esta municipalidad, por supuesto, nunca supervisó ni se dio por enterada de la forma peligrosa en que se cumplía el servicio.

El 16 de octubre pasado, tres trabajadores de construcción civil perecieron en Cusco, aplastados por un derrumbe, cuando trabajaban en las obras de cimentación de un inmueble en condiciones peligrosas. Las muertes de obreros de construcción civil es moneda frecuente por la improvisación y la tacañería de las inmobiliarias y las contratistas, y también por la negligencia de los constructores individuales, que prescinden de ingenieros y hasta de maestros de obra debidamente formados para ahorrarse unos soles.

Según cifras oficiales, que no recogen todo el horror, en el 2016 se registraron 20,876 “accidentes laborales” y en lo que va del año se han reportado más de 29,000. Más del 40% de estos casos resultan en incapacidad del trabajador y casi el 1% producen la muerte. En este sufrido país, dice Sunafil, cada hora se producen dos accidentes de trabajo y cada tres días muere una persona por esta razón: en el 2018 fallecieron 151 trabajadores y, hasta octubre último, han muerto 194. A nivel de América Latina, Perú tiene un índice de fatalidad laboral muy por encima de Colombia, y recontra lejos del promedio de la OCDE. El índice peruano es considerado de nivel “crítico” según el estándar internacional.

Y a todo esto, ¿qué dice la Ministra? Pues que los venezolanos son los responsables del desempleo juvenil y, por ende, de que cada vez más jóvenes estén dispuestos a trabajar en condiciones precarias. No se puede esperar más de una funcionaria pública que, después de ser la principal responsable política de la muerte de dos jóvenes en un contenedor, fue nombrada Ministra. En un país civilizado se iría a su casa, pero en el Perú aún se premia la indolencia. Y, ¿dónde diablos y para qué demonios está la Sunafil? La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral es el organismo del Estado que debería cautelar el respeto a los derechos de los trabajadores, empezando por su seguridad y su salud. Pero no parece servir para nada. O no recibe ni cuenta con los recursos mínimos para cumplir con su labor o se trata de una agencia completamente desmotivada. En todo caso, la responsabilidad es del Gobierno y especialmente del Ministerio de Trabajo, que anda por ahí, pintado en la pared.

Artículo de opinión de Ronald Gamarra Herrera publicado en Hildebrandt en sus trece el día viernes 20 de diciembre de 2019.

Fuente: http://www.hildebrandtensustrece.com/