Washington D.C., El ejercicio de los derechos vinculados a
la protesta social en las Américas ha contribuido al avance de la democracia y
a la conquista de derechos por parte de diferentes grupos sociales, pero también
ha sido objeto de respuestas desproporcionadas por parte de los Estados, que
han derivado en graves violaciones a los derechos humanos. En buena medida, la
respuesta a la protesta forma parte de una concepción arraigada en la región
que considera a la movilización ciudadana como una forma de alteración del
orden público o como una amenaza a la estabilidad de las instituciones
democráticas.
En un contexto en el cual las protestas vuelven a ser parte
del paisaje cotidiano de la región, la CIDH y su Relatoría Especial presentan
el informe temático Protesta y Derechos Humanos, con el cual esperan contribuir al mejor
entendimiento de las obligaciones estatales dirigidas a garantizar, proteger y
facilitar las protestas pacíficas y las manifestaciones públicas. Para la CIDH
y su Relatoría Especial, el diálogo debería ser el camino a privilegiar por
parte de los actores estatales frente a las demandas ciudadanas, así como
adoptar estándares claros para guiar el uso de la fuerza como recurso último
para enfrentar situaciones de violencia en el marco de protestas.
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