Es un hecho histórico, el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín, en Argentina, inició la primera audiencia por la tortura de veinticuatro trabajadores en la planta de la empresa Ford. Dos directivos están imputados por proporcionar datos personales de los obreros sindicalizados y prestar sus instalaciones para perpetuar las masacres.
El ex gerente de manufactura Pedro Müller; el ex jefe de seguridad de la planta, Héctor Francisco
Sibilla; y el ex responsable del Cuerpo 4 de Seguridad del Ejército,
Santiago Omar Riveros deberán responder a los jueces por proporcionar
información de los miembros del sindicato de la empresa Ford y permitir
la tortura de estos dentro de la planta durante la dictadura en
Argentina.
Todo comenzó el 24 de marzo de 1976, el mismo día del golpe militar
encabezado por el general Jorge Rafael Videla. Como miles de argentinos,
Carlos Propato y veintitrés de sus compañeros fueron arrestados por los
militares.
Según las investigaciones de la causa, el sindicato de la época trataba de
renegociar un incremento de sueldos. Cuando estalló la crisis política,
la empresa filtró información de los miembros sindicalizados para amenazarlos. Carlos Propato fue arrestado en horas de trabajo, golpeado y lanzado por
unas escaleras. Luego fue trasladado hacia un penal de máxima seguridad
donde sufrió escarmientos extremos hasta dejarle parcialmente ciego y
fracturarle la columna.
"Me llevaron a un lugar llamado el pincho, era un centro de tortura, dentro de la planta Ford, dentro de la planta Ford. Luego nos derivaron a uno de los penales más tristes y de máxima seguridad, me llevaron a un penal en la sierra chica, y ahí me dejaron ciego de un ojo al 50% y me fracturaron la columna", dijo Carlos Propato.
Sin trabajo, sin posibilidades de exilio, sin justicia, Carlos Propato pasó varios
años en prisión. Con atisbo de dolor, vio envejecer a sus padres y
escuchó las primeras palabras de su hija al pie de su celda.
Todos los agraviados intentaron lograr justicia desde la década de los 80. Pero
las leyes y armisticios impidieron el progreso judicial de la causa.
Recién en el 2012 se iniciaron las primeras investigaciones dentro de la
planta.
Hoy, las posibilidades de una reparación judicial están cercas. Todo dependerá del enfoque judicial y la contundencia de las pruebas.
En este caso, los imputados son personas que bordean la ancianidad. Según la
coordinadora del equipo de memoria, verdad y justicia del Centro de
Estudios Legales y Sociales, Luz Palmás Zaldúa, si hay una sentencia se
deberá determinar el arresto domiciliario o la prisión.
Fuente Radio Francia Internacional: http://es.rfi.fr/americas/20171220-argentina-juzga-dos-ex-directivos-de-ford-por-torturas-en-la-dictadura
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