ONU cree que la ley que penaliza el aborto en El Salvador afecta desproporcionadamente a las mujeres sin recursos y pide que se levante la prohibición.
Teodora Vasquez estaba embarazada de nueve meses cuando comenzó a sufrir un dolor muy
intenso. Llamó a emergencias, pero se desmalló. Cuando se despertó, su
bebé había nacido muerto. Esta tragedia a Teodora, que es de El
Salvador, le valió en 2008 una condena de 30 años de cárcel.
El miércoles, un tribunal de apelaciones mantuvo la condena a Teodora
por homicidio agravado, un cargo que se usa para penalizar a las mujeres
sospechosas de haber interrumpido su embarazo.
El Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU,
Zeid Ra'ad Al Hussein, se reunió con Teodora y otras mujeres que han
pasado por situaciones similares en el centro de rehabilitación de
Ilopango cuando visitó recientemente El Salvador.
"El Alto Comisionado quedó muy afectado y por eso ha hablado mucho del
caso de Teodora, como un ejemplo de una mujer que fue acusada porque es
mujer y porque es pobre", explica la portavoz de la oficina del Alto
Comisionado en Ginebra, Liz Throsell en una entrevista con Noticias ONU.
Para el responsable de Derechos Humanos de la ONU, "El Salvador tiene
una de las leyes sobre abortos más draconianas del mundo", prohibiendo
totalmente a las mujeres acceder a un aborto independientemente de las
circunstancias, incluso si está en riesgo su vida o ha sufrido una
violación.
El Artículo 133 del Código Penal del
país estipula penas de prisión de entre dos y ocho años para aquellas
mujeres que decidan abortar o para quién practique el aborto. Al menos
41 mujeres más han sido condenadas por intento o homicidio agravado
después de sufrir abortos espontáneos u otras complicaciones bajo el
código penal de 1988.
"Es importante resaltar que el Código Penal de El Salvador afecta
desproporcionadamente a las mujeres pobres, como Teodora. No hemos visto
que mujeres de orígenes más pudientes sean encarceladas en
circunstancias similares en El Salvador", añadió Throsell.
Zeid ha pedido que se ponga una moratoria a la aplicación de ese artículo y
que se revisen todos los casos de mujeres que han sido detenidas por
abortar. "Si se descubre que esos casos no siguieron los estándares
internacionales, las mujeres deberían ser liberadas inmediatamente",
dijo la portavoz.
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