Revelamiento de la Procuraduría de crímenes contra la humanidad.
En los últimos 9 años se dictaron 136 sentencias: 31 están firmes.
Hay 16 juicios en curso y 120 causas que esperan debate. Más de la mitad
de los imputados está detenido en cárceles y un 40 por ciento permanece
en prisión domiciliaria. Los prófugos son 45
Entre 2006 y lo que va de 2015, 613 personas fueron sentenciadas en procesos por crímenes de lesa humanidad: 563 resultaron condenadas
y 50 fueron absueltas. El estado de situación muestra que hay un total
de 456 expedientes en trámite en todo el país. Entre éstos, hay 16 juicios en curso
y 120 causas próximas a debate. Las víctimas judicializadas en todo el
país son más de diez mil. Y existe un total de 889 procesados que aún no
fueron condenados y otros 247 que ya fueron juzgados en otras causas.
Las cifras son el resultado del relevamiento actualizado de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad,
a cargo del fiscal general Jorge Auat y con la coordinación de Carolina
Varsky, en base a los informes remitidos por los fiscales de todo el
país que intervienen en estos procesos.
En las vísperas del 39° aniversario del Golpe de Estado, los números se enmarcan en un contexto de preocupación de los fiscales de todo el país por recientes sentencias adversas al avance del proceso de verdad y justicia, en especial respecto de sectores civiles -empresarios y judiciales- vinculados a los crímenes del terrorismo de Estado.
En efecto, llamaron la atención de los miembros del Ministerio Público las faltas de mérito que beneficiaron en las últimas dos semanas a los empresarios azucareros Carlos Blaquier y Alberto Lemos, al director de La Nueva Provincia, Vicente Massot; al ex jefe de Redacción de Editorial Atlántida, Agustín Botinelli; y a los directivos de Clarín, La Nación y La Razón en la causa Papel Prensa; y el sobreseimiento del ex secretario judicial de Bahía Blanca Hugo Sierra.
En rigor, las faltas de mérito que se concatenaron en pocos días en
diferentes puntos del país estiran los plazos de los procesos y al mismo
tiempo anulan la posibilidad de seguir investigando a casi cuarenta
años de los hechos, pues supondrán la obligación de buscar nuevo
material probatorio -en procesos que a esta altura cuentan con sólidos
elementos- en caso de que sean confirmadas por las cámaras
federales. Los números del informe de la Procuraduría muestran las
consecuencias del paso del tiempo: 39 de los condenados han fallecido y
28 imputados procesados fueron apartados de las 120 causas que esperan
juicio. "No hay datos de las víctimas sobrevivientes y familiares que
murieron sin que se hiciera justicia", remarcó Varsky.
Esta semana la Procuraduría encabezó una reunión de fiscales que
resolvieron convocar al resto de los actores del proceso y a diferentes
instituciones de la sociedad civil, para buscar respuesta a las demandas
en distintos puntos del país.
Las cifras de hoy
El informe señala que la cantidad de imputados detenidos es 970 y
que, de acuerdo a la modalidad de detención, esa cifra se desagrega de
la siguiente forma: el 57 por ciento (557) está alojado en unidades
penitenciarias; el 40 por ciento (384), en domicilios; el 1,5 por ciento
(15) en dependencias de fuerzas de seguridad; el 0,5 por ciento (7) en
hospitales; y en otro 0,5 por ciento (7) de los casos se carecen de
datos.
En tanto, 98 personas tienen falta de mérito y otras 37 fueron indagadas pero aún no se resolvió su situación procesal. Los prófugos suman 45, dos de ellos evadidos después de condenados.
De los 16 juicios que se están llevando a cabo actualmente en todo el
país, trece de ellos están a cargo de tribunales orales y otros tres en
manos de jueces federales de primera instancia, con la aplicación del
viejo Código de Procedimientos en Materia Penal (CPMP), que prevé
juicios escritos.
La cifra de 456 causas en trámite en todo el país no incluye a
las que fueron acumuladas a un mismo expediente, dando lugar a las
llamadas “megacausas”, ni tampoco a aquellas en las que aún no existen
imputados identificados. De todas ellas, la mayor parte, un 31 por
ciento (144), tramita en juzgados federales de primera instancia en la
etapa de instrucción, mientras que un 30 por ciento (136) tiene sentencia.
En este esquema, un 26 por ciento de las causas (120) están elevadas a
juicio, en otro 9 por ciento (40) los fiscales formularon el
requerimiento de elevación a juicio (40), es decir, que están a punto de
ingresar al lote de las elevadas y finalmente hay un 4 por ciento (16)
en juicio.
El 30 por ciento restante lo constituyen las 136 sentencias dictadas
entre 2006 y lo que va de 2015 en todo el país. Los años con mayor
cantidad de pronunciamientos fueron 2012 y 2013, que registraron 25 cada
uno.
Menos de una cuarta parte de esas sentencias están firmes. En total,
en ese estado hay 31: 27 de ellas, por resolución de la Corte Suprema,
mientras que otras cuatro adquirieron firmeza en la Cámara Federal de
Casación, por no haber sido recurridas.
En relación con las instancias de apelación de estos 136
pronunciamientos, un 46 por ciento tienen veredicto o sentencia del
tribunal oral (63), un 33 por ciento tiene sentencia de la Cámara de
Casación y de la Cámara Federal, en el caso de los pocos juicios que
tramitan por escrito (45), y un 1 por ciento (1) tiene sentencia de un
juzgado de primera instancia dictada en el marco de un proceso reglado
con el CPMP.
Informe de la procuraduría de Crímenes contra la Humanidad:
Listado de Sentencias:
Fuente Procuración General de Argentina: http://www.fiscales.gob.ar/procuracion-general
Fuente: http://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/las-cifras-de-los-juicios-563-condenados-50-absueltos-y-casi-900-procesados/
Fuente: http://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/las-cifras-de-los-juicios-563-condenados-50-absueltos-y-casi-900-procesados/
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