La población mundial
está envejeciendo (Informe en español). El grupo formado por
personas de 60 años o más está creciendo a un ritmo de alrededor del 3% anual.
Se prevé que su proporción aumente del 12% en 2015 al 21 % para 2050.
Una vida más
prolongada se asocia con un aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas
y deficiencias físicas y cognitivas que, al interactuar con diversas barreras,
pueden dar lugar a discapacidades. Además, gracias a los avances tecnológicos y
médicos, así como a la evolución de la situación socioeconómica, muchas
personas con discapacidad viven más tiempo.
Como resultado, más
del 46 % de las personas de edad de todo el mundo, unos 250 millones, tienen
una deficiencia moderada o grave y las personas de edad constituyen la mayoría
de la población total de personas con discapacidad, según el informe que la relatora
especial* sobre los derechos de las personas con discapacidad ha presentado a
la Asamblea General.
Catalina Devandas
explica en el documento que “la intersección entre vejez y discapacidad genera
tanto formas agravadas de discriminación como violaciones específicas de los
derechos humanos” y denuncia que “las personas de edad con discapacidad están
sometidas en mayor medida a la pérdida de poder, la denegación de la autonomía,
la marginación y la devaluación cultural. Además, también son más propensas al
aislamiento social, la exclusión, la pobreza y los abusos”.
Pero ¿qué significa
exactamente la denegación de la autonomía?
“Cuando se trata de
personas con discapacidad se asume que son otras personas, los cuidadores, los
familiares, los que tienen la responsabilidad de tomar decisiones por ellas. De
decidir dónde viven, quién las van a cuidar, cómo las van a cuidar y se limita el
derecho de las personas de decidir cuáles son sus preferencias, dónde quieren
vivir y con quién quieren vivir. Y hay una percepción todavía muy fuerte de que
cuando envejecemos vamos perdiendo esa capacidad de definir nuestras
preferencias y qué es lo que queremos. Yo creo que, como sociedad, hay que
buscar las formas para apoyar a las personas mayores a que ejerzan su autonomía
al máximo posible. Todavía no tenemos suficientes medidas de apoyo para hacer
eso de forma natural”, explica Devandas en una entrevita con Noticias ONU.
En cuanto a la
marginación, la experta destaca que “es muy normal que cuando hablamos de la
‘abuelita’ o del ‘abuelito’, empiecen las discusiones sobre cómo los cuidamos,
de si se van para la casa, de si se van para el asilo o para hogares de
anciano”.
Familias bajo
presión
Catalina Devandas,
relatora especial sobre los derechos de las personas con discapacidad.Noticias
ONU/Antonio Lafuente
Catalina Devandas,
relatora especial sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Esa discusión revela
una visión en la que cuando una persona ya no forma parte de la vida productiva
se empieza a pensar en su segregación.
“Esto para mí es
inaceptable. Es inaceptable que en el siglo XXI digamos que una persona tiene
que ser segregada, separada de su familia e institucionalizada, porque no
podemos darle el apoyo que requiere en su comunidad, en su casa, con su
familia, con sus seres queridos”.
Devandas aclara que
esto no tiene que ver con el hecho de que muchas personas mayores hayan optado
por generar sus propias comunidades. Son cuestiones completamente diferentes.
Crear una comunidad no tiene que ver con asumir que cuando una persona se hace
mayor y adquiere discapacidad necesita tantos cuidados que no se le pueden
brindar dentro de la casa y tiene que ser llevada a una institución. Eso es lo
que es inaceptable.
Y también aclara que
no se puede demeritar ni descuidar que, efectivamente, a veces, el cuidado que
requieren las personas adultas mayores es muy grande y que los cuidadores, las
familias, están bajo mucha presión.
“Pero están bajo
presión porque precisamente los Estados no han desarrollado políticas adecuadas
para apoyar a la persona y al cuidador. Ahí es donde tenemos que decir no. El
Estado tiene la obligación de garantizarle a los adultos mayores todos sus
derechos y eso incluye darles apoyo para que tengan actividades durante el día,
para que puedan tomar sus decisiones y para que puedan seguir participando”.
Otro reto, dice la
experta, es “¿cómo creamos sociedades más abiertas a la participación de los
adultos mayores? Creo que hay países que tienen culturas que las acogen mejor y
tenemos que aprender de esas culturas”.
España como ejemplo
de inclusión
Devandas pone como
ejemplo a España, donde uno puede ver la vida activa de las personas mayores en
espacios normalizados que no se ven en otros lugares del mundo, como en los
bares, los cines, las plazas.
Eso es algo que, la
experta en derechos humanos resalta, tenemos que empezar a propiciar y a
fomentar en lugar de que una vez que una persona pasa una cierta edad, tenga
que relegarse a estar solo en su casa o en una institución. Para ello, en vez
de pensar en la condición de las personas hay que pensar cómo hacer las
ciudades más humanas, que no tengan escaleras, que sean accesible por si
necesitamos usar una silla de ruedas, un bastón, un andador, una lupa auditiva.
“Una de mis
preocupaciones es que se nos olvida que cuando hablamos de derechos humanos
estamos hablando de derechos que se tienen que disfrutar en igualdad de
condiciones con las demás personas. ¿Qué quiere decir esto? No se trata de
hacer una política especial para las personas mayores, y decir bueno están
protegidas, tienen una cobertura y una pensión. No; se trata de decir cómo las
demás personas disfrutan de sus derechos en este país, en este territorio, y
cómo las disfrutan las personas mayores con discapacidad. Y, después, examinar
cómo logramos que tengan una experiencia igual, porque si no hablamos de un
estándar inferior para las personas mayores y para las personas con
discapacidad”.
Para la relatora el
gran reto que plantea el envejecimiento de la población es cómo atender las
necesidades de una comunidad tan grande, y considera que es imperativo que este
grupo participe y contribuya a la sociedad.
“Eso no quiere decir
que tengamos que pensar utilitariamente cómo les hacemos trabajar, sino cómo
podemos traer contribuciones valiosas de quienes todavía pueden y quieren
trabajar, insertarse, buscar espacios de participación”.
Participación,
participación, participación
Esto significa dejar
que las personas mayores con discapacidad participen en la toma de decisiones,
en la vida política y de su comunidad, lo que exige a su vez adoptar medidas
concretas que garanticen esa participación.
“La única respuesta
es una respuesta que se base en el respeto a la humanidad, en los derechos
humanos. Cómo hacemos para pensar en la dignidad de esa persona, centrarnos en
esa persona y en cómo alrededor de ella construimos una sociedad que le permita
vivir en dignidad y gozando de todos sus derechos.”
El informe también
se ocupa de la separación que se hace entre discapacidad y envejecimiento.
“Hay todavía una
gran separación”, explica en la entrevista y añade: “Tenemos esta tendencia de
separar a las personas por identidades y eso no funciona para nada porque
ninguno de nosotros es pulcramente una sola cosa”.
Catalina Devandas
pone su propio ejemplo: “Yo soy una mujer, soy costarricense, soy una mama,
tengo discapacidad, tengo mediana edad y mi identidad se va modificando según
van pasando las experiencias de mi vida”.
El problema de esa
separación reside en que se han diseñado respuestas que son solo para personas
con discapacidad y respuestas para personas que son adultas mayores, lo que
está generando un fenómeno por el que beneficios y apoyos que las personas con
discapacidad tienen antes de cumplir 65 años, los pierden al llegar a esa edad;
o al contrario que para una persona que a partir de cierta edad adquiere una
discapacidad ya no se consideran las respuestas que hubieran existido para esa
persona si hubiera tenido esa discapacidad 20 o 30 años antes.
Cómo las
percepciones influyen
a relatora comenta que en muchos países se están discutiendo
los procesos de fin de vida y declara que efectivamente es un derecho de una
persona escoger una muerte digna y poder decidir no pasar por un sufrimiento,
pero advierte que eso es solo una parte de la historia, ya que el reto es cómo
lograr que esas decisiones no se vean afectadas por una valoración de que una
vida en la vejez o una vida con discapacidad no vale la pena ser vivida.
“Estamos en un mundo que rechaza la vejez como algo que no
es deseable. Y esas percepciones sociales influyen también mucho en cómo se
brindan servicios… Cómo los Estados deciden, por ejemplo, si va a ver cuidados
paliativos o si merece la pena mantener persona mayor con vida. Y esto son
discusiones que cada vez son más difíciles y más latentes”.
En ese sentido, señala que la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad hace un llamado a replantear cómo valorar las
experiencias de vida y entender que las experiencias de vida de las personas
con discapacidad y de las personas mayores también son experiencias que pueden
ser riquísimas y felices, que no tienen por qué ser experiencias que están
llenas de trabajo, de carga, de sufrimiento.
Ese panorama negro no está necesariamente vinculado con la
experiencia individual de la persona, sino con la falta de apoyos y con las
percepciones negativas que existen.
“Todavía se piensa socialmente que la vida de esa persona
tiene menos valor y ahí es donde debemos trazar una frontera radical y decir
no. Y creo que eso es lo maravilloso de los derechos humanos. Es decir, aquí
somos todas las personas y tenemos que lograr se nos reconozcan los derechos
por igual y una vida no valen menos que otra”.
Pese a todo, hay importantes avances
La experta señala que, no obstante, se han producido grandes
transformaciones gracias al envejecimiento de la población. Por ejemplo,
recuerda que, hace 30 años hablar de conseguir pañales para una persona adulta
o conseguir una silla de baño o un bastón era no solo carísimo, sino muy
difícil.
“Ahora todo eso está normalizado, ya no existe tanto
estigma. Ya no es un tema hablar de incontinencia, es una cosa que está
bastante normalizada y eso es un avance. Evidentemente hay una gran parte de la
población que está reclamando ya no ser excluida si no ser parte de la
conversación, incluso rompiendo tabúes con respecto a la sexualidad, la vida
activa de las personas mayores o con discapacidad”, comenta.
Todo eso es positivo y la relatora cree que las sociedades y
el mercado se han dado cuenta de que tenemos que reaccionar. Además, el
beneficio de los unos puede ser el beneficio de toda la sociedad. Por ejemplo,
las ciudades han mejorado la accesibilidad gracias a estas personas.
“Una rampa, un bus accesible lo celebra todo el mundo. Yo no
he visto nadie que prefiera subir doce pisos antes que usar un ascensor. Es
parte de cómo ese diseño que es más amigable resulta bien para todas las
personas”, destaca.
Huir de soluciones exclusivamente médicas
Además de incluir de
la participación en la toma de decisiones y de crear conciencia sobre los
estereotipos, Catalina Devandas tiene una tercera recomendación para los
Estados: alejarse de respuestas que son absolutamente médicas.
“Si solo estamos
pensando en un diagnóstico, que una persona tiene demencia, o que una persona
perdió capacidad auditiva, no estamos realmente pensando en respuestas
importantes para esas personas. Lo importante es que la discusión se mueva a
cómo las ayudamos, cómo eliminamos barreras para que puedan participar, cómo
logramos que en la comunidad encuentren los apoyos para que puedan seguir
disfrutando de sus vidas”.
