Empezó mal el gobierno del presidente Pedro Castillo, nombrando un gabinete que no concita ni convoca la confianza de nadie que no sea del estrecho círculo de los partidarios de Vladimir Cerrón. El nombramiento de Guido Bellido como presidente del consejo de ministros, una persona investigada por apología del terrorismo y que ha derramado misoginia y homofobia a raudales con la mayor grosería, es un golpe inaceptable para la democracia, que no existe sin paz pública, sin plena igualdad y sin discriminación.
La designación de ministros y altos funcionarios que, con muy contadas excepciones, son improvisados carentes de la mínima preparación, completa un panorama muy desalentador, que no se condice con la promesa del presidente de gobernar para el pueblo y no para los sectarios del partido de un megalómano como Cerrón. A lo que se suma los problemas de transparencia en sus primeros actos como gobernante.
Tiene usted, señor presidente Castillo, un ejemplo de limpieza, apertura y principios en el gran Pepe Mujica, que le pidió leer siempre el corazón de su pueblo y ser fiel y veraz con él. En su primera semana de gobierno ha ido usted en otra dirección, como si quisiera sabotearse a sí mismo. Torpemente, se ha disparado a los pies. Tenga la seguridad de que si usted termina machucado, molido o cayendo como resultado de estos errores garrafales, Cerrón no lo lamentará. Él tiene su propio juego, en el cual usted solo cuenta como un instrumento.
Todo lo anterior ha sido desarrollado en detalle en estos días y en esta revista. Por eso, yo quisiera enfocarme en esta columna en dos asuntos que no han sido recogidos ni comprendidos, empezando tal vez por usted mismo, señor presidente Castillo, en su real dimensión, potencialmente peligrosa y autoritaria, finalmente antidemocrática. Se trata de su llamado, en su discurso del 28 de julio, al restablecimiento del servicio militar obligatorio y su conminación "a los delincuentes extranjeros" a dejar el país en 72 horas.
Un gobierno que afirma representar al pueblo no puede recurrir a la alternativa de la obligatoriedad del servicio militar, que no es otra cosa que una forma de la mita, del trabajo gratuito, aplicada discriminatoriamente a los jóvenes, sobre todo a los más pobres entre ellos, que son los que menos oportunidades tienen de poder estudiar o hallar un trabajo. Es muy fácil decir "si no estudias ni trabajas, al cuartel"; eso no cuesta nada, eso lo puede hacer cualquier mandón.
En vez de ello, un gobierno que quiere representar al pueblo se esforzaría intensamente, con imaginación, por hacer que ese servicio militar, en la medida en que sea necesario para mantener una fuerza militar suficientemente disuasiva para asegurar la defensa nacional, sea atractivo a esos mismos jóvenes con los incentivos necesarios, morales y materiales, que debe tener toda labor, todo trabajo, todo servicio que se presta voluntariamente al Estado y a la sociedad.
Por lo demás, no sólo los jóvenes, sino todos los ciudadanos, todos los hombres y mujeres del país, tenemos el derecho y el deber de contribuir a la defensa nacional. Ello no se limita al aspecto castrense, y al menos al servicio militar; por el contrario abarca una gama de posibilidades; la del desarrollo, la protección civil, el resguardo de las libertades, la conservación del medio ambiente y otras actividades. Basta de pensar en los jóvenes como una masa que se puede meter con sogas y a patadas en el cuartel.
Porque esa es la realidad. En nuestro país, históricamente, el servicio militar obligatorio significó una afrenta y una agresión brutal a los derechos de los jóvenes pobres, especialmente indígenas y afrodescendientes casi exclusivamente ellos, forzados a prestar el servicio militar mediante procedimientos ilegales como las infames levas, que se mantuvieron hasta los años 90, junto con el maltrato físico y moral a los reclutas que podía costarles incluso la vida.
En resumen, el servicio militar obligatorio tiene en nuestro país una historia aciaga. Representa una experiencia negativa, atentatoria a los derechos humanos. Su recuerdo es un vejamen especialmente para la población indígena y afrodescendiente de nuestro país. No al servicio militar obligatorio. Por lo demás, hoy en día no se concibe otra fórmula de ejército eficiente que aquella que se basa en el uso de avanzada tecnología y el empleo de personal voluntario y profesional, debidamente capacitado.
El segundo asunto que quiero mencionar en esta columna se refiere al "ultimátum" por el cual se daba a los "delincuentes extranjeros" 72 horas de plazo, a partir del 28 de julio, "para salir del país". ¿Qué pasó? ¿Se fueron? ¿El INPE les abrió las rejas y chaparon su avión, su bus o su combi de regreso? ¿Los que estaban en libertad ganaron la frontera? ¿El gobierno los expulsó sin trámite alguno? ¿No pasó nada? En verdad, si solo hubiera sido una frase demagógica, no tendría mayor importancia.
El problema es que nadie que no quiera hacerse el tonto puede ignorar qué fibra pretendía tocar la notificación de marras: la xenofobia. El mensaje iba dirigido a los migrantes y refugiados venezolanos que residen en nuestro país por causa de la dictadura chavista y el desastre socioeconómico que ha causado en Venezuela. Alentar la xenofobia enciende de inmediato una luz de alarma sobre el respeto a los derechos humanos. La xenofobia es un terreno vedado a todo gobernante democrático.
Hubiera sido muy positivo incluir siquiera un párrafo, una frase, dirigida al millón de refugiados venezolanos que viven ya entre nosotros y dedicarles un mensaje de aliento y seguridad, en vez de invisibilizarlos. A fin de cuentas, los venezolanos que hoy viven aquí son tan migrantes como la gran mayoría de peruanos que habitan las grandes ciudades de nuestro país, solo que vinieron de un poquito más lejos. Un gobierno que pretende representar al pueblo también debería incluir a esos hermanos desposeídos.
Artículo de opinión de Ronald Gamarra Herrera publicado en Hildebrandt en sus trece el día viernes 6 de agosto de 2021.
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