La Procuraduría Anticorrupción surgió como una necesidad de autodefensa y rescate del Estado democrático ante el copamiento de sus más altas instancias por parte de una cúpula civil y militar demostradamente mafiosa, liderada por Fujimori y Montesinos, los cuales habían tejido una red enorme y enmarañada de contactos a través de todo el aparato estatal. La revelación de innumerables videos grabados por el mismo Montesinos y el descubrimiento de multimillonarias cuentas secretas en paraísos fiscales del extranjero probaron, más allá de toda duda, de qué clase de gobierno y qué estofa de gobernantes regían el país.
Era un momento crítico que amenazaba la existencia del Estado y la posibilidad de la democracia en el Perú, y obligaba a tomar decisiones audaces y proactivas. Porque Fujimori y Montesinos eran los capos de la mafia, pero las redes de la mafia seguían allí, activas y pertinaces, infiltradas en todas las instancias, dando guerra y persistiendo en el saqueo a los recursos que pertenecen a todos los peruanos, y con renovadas ansias de retomar el poder.
El Estado se encontraba muy débil para combatir la corrupción arraigada en su interior. La corrupción ha sido siempre un mal congénito del Estado, desde la época de los virreyes, pero nunca había alcanzado el nivel de organización y poder que adquirió bajo la dupla de Fujimori y Montesinos, nunca se había robado al país en la escala que ellos lograron y nunca se había llegado al grado de desmoralización de instituciones enteras, vitales para el país, del modo que consiguió aquella dupla dorada.
Por ello, el gobierno de Paniagua dio pasos decididos para combatir la corrupción y atacarla desde sus raíces. Y una de aquellas medidas fue precisamente constituir la Procuraduría Anticorrupción, como brazo activo del Estado para impedir que los corruptos eludieran ser identificados y sancionados al refugiarse en la maraña de las actuaciones judiciales. Se trataba de que el Estado tuviera una abogacía despierta, proactiva, con objetivos claros, que dentro de la ley y del debido proceso venciera a los corruptos y obtuviera la sanción que les corresponde y la reparación debida al Estado y la sociedad.
La Procuraduría Anticorrupción cumplió durante varios años una labor meritoria. Lamentablemente, en los años del gobierno de García, la Procuraduría fue perdiendo presencia y peso, hasta quedar convertida en una sombra de lo que fue. Esto fue uno de los resultados evidentes del entendimiento político entre el APRA y el fujimorismo.
Felizmente, vino a rescatarla en octubre de 2011 la gestión de Julio Arbizu, abogado combativo y capaz, de palabras y razones claras, quien ha sabido levantar con coraje la bandera de la lucha inconciliable contra la corrupción en numerosos casos, ya no solo del fujimontesinismo sino venga de donde venga. Han sido dos años muy intensos que además han permitido al Estado recuperar importantes caudales que aún estaban en manos de los mafiosos. Gracias por ello, señor procurador. En esta hora del alejamiento de la institución, como en todo otro momento, Julio, Juliter, mis respetos. Ahora, poeta, celeste, apapacha y deja que Soledad y Gabriela te apapachen.
Artículo de Ronald Gamarra en el Diario16, publicado el domingo 12 de enero de 2013.
Fuente Diario16:
