Ginebra.- Expertas en derechos humanos de la ONU lamntaron prfundamente que el Senado argentino rechayara el prozecto de lez que hubiese legalizado el aborto en las primeras 14 semanas de embarazo, y calificaron la decisión como una oportunidad perdida para promover los derechos de las mujeres en el país.
"El voto del Senado, no sólo le ha fallado a las mujeres en Argentina, sino también a toda una región que generalmente tiene leyes muy restrictivas en cuanto a la interrupción del embarazo", dijeron las expertas.
"Las y los legisladores de la cámara alta han resguardado la continuación de un legado arcaico basado en una doctrina religiosa que incorpora estereotipos dañinos sobre los roles de las mujeres en la familia y en la sociedad que son intrínsecamente discriminatorios y opresivos para las mujeres".
El Senado rechazó el proyecto de ley el 09 de agosto con 38 votos contra 31, luego de que la Cámara de Diputados adoptara el proyecto de ley el 14 de junio.
"Lamentamos profundamente que el Senado argentino no haya aprovechado este momento histórico para demostrar el compromiso del país con respecto a la eliminación de la discriminación contra las mujeres en su legislación y promover los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y adolescentes, de conformidad con sus obligaciones internacionales de derechos humanos", dijeron las expertas.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, reforzada por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece que los derechos humanos atribuidos en virtud del derecho internacional de los derechos humanos se otorgan a quienes han nacido. Pero algunos propagan una retórica peligrosa de que existe un equilibrio simétrico entre los derechos de una mujer y de un feto. Sin embargo, no existe tal afirmación en el derecho internacional de los derechos humanos.
"El derecho de una mujer o niña a tomar decisiones autónomas sobre su embarazo es la base de su derecho fundamental a la igualdad, la privacidad y la integridad física y mental, y es una condición previa para el disfrute de otros derechos".
En un país donde el aborto inseguro es una de las principales causas de muerte para las mujeres embarazadas, esta decisión del Senado pone en peligro la vida de las mujeres y les impone dificultades indecibles. Por lo tanto, la afirmación hecha a menudo por los opositores al aborto de que su postura es "pro-vida" es engañosa.
"Se sabe que en los países donde la interrupción del embarazo está restringida por ley y/o no está disponible, la interrupción segura del embarazo es un privilegio de las personas ricas, mientras que las mujeres con recursos limitados no tienen otra opción que recurrir a prácticas inseguras. El hecho de que el Senado no haya avanzado en el proyecto de ley también representa un fracaso en términos de protección de los derechos de las mujeres en situación de pobreza", dijeron.
"Aplaudimos la histórica movilización de mujeres y niñas en Argentina y alabamos que este debate pionero finalmente haya tenido lugar en el país. Esperamos que este impulso no se pierda y que se abra un nuevo espacio para debates basados en los derechos humanos y en la necesidad urgente de una reforma de la ley sobre el aborto", agregaron.
Los países donde las mujeres tienen derecho a interrumpir un embarazo no deseado y que tienen acceso a la información y a todos los métodos anticonceptivos tienen las tasas más bajas de aborto. Los datos de la OMS han demostrado claramente que la penalización de la interrupción del embarazo no reduce el número de mujeres que recurren a procedimientos de aborto. Más bien, aumentan las probabilidades de que más mujeres busquen procedimientos clandestinos e inseguros.
NOTA PARA LOS EDITORES: En el contexto de los debates sobre la legalización del aborto, el Grupo de expertas ha expresado su apoyo al proyecto de ley y ha comunicado sus preocupaciones al Gobierno y al Congreso. Se estima que 225 millones de mujeres en todo el mundo carecen de acceso a métodos anticonceptivos modernos esenciales, lo que a menudo conduce a embarazos no deseados. Para las niñas, el embarazo y el parto son una de las causas más comunes de muerte en los países en desarrollo, y las niñas menores de 15 años enfrentan cinco veces el peligro. Como resultado de abortos inseguros, cada año mueren unas 47,000 mujeres y otros 5 millones sufren una discapacidad temporal o permanente. La mortalidad materna viola los derechos a la vida, la salud, la igualdad y la no discriminación. En el marco del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD), los Estados se comprometieron a reducir en gran medida el número de muertes y la morbilidad derivadas del aborto inseguro.
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