6/25/2015

CIDH urge a los Estados a garantizar rehabilitación a víctimas de tortura

En el marco del Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, que se conmemora el 26 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) observa con preocupación que, a treinta años de adoptada la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, su práctica persiste en la región. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos urge a los Estados a cumplir integralmente con sus obligaciones internacionales en relación con la prohibición absoluta de la tortura.

“Es sumamente preocupante que a tres décadas de la adopción de la Convención, persista la práctica de la tortura en los países de la región”, señaló el Comisionado James Cavallaro, Relator de la CIDH sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad. “Igual de preocupante es que haya Estados que intentan justificar la práctica de la tortura con argumentos sobre amenazas a la seguridad nacional, sobre la necesidad de obtener información en el marco de investigaciones o para evitar un atentado. Ningún Estado democrático y respetuoso de los derechos humanos puede intentar justificar la práctica de la tortura bajo ninguna circunstancia. La prohibición absoluta de la tortura es una norma no derogable de derecho internacional”, agregó.

Asimismo, el Relator Cavallaro dijo: "resulta inaceptable en una democracia la negación de la existencia de la práctica de la tortura o declaraciones de autoridades que intentan reducir la verdadera presencia de la misma. La única reacción adecuada de un Estado Democrático de Derecho es investigar toda denuncia o información sobre la posible práctica de un acto de tortura, y sancionarlo de acuerdo a la ley".

La CIDH llama a los Estados miembros de la OEA a investigar de oficio todas las denuncias sobre torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, o cualquier situación donde haya una razón fundada para creer que se cometió un acto de tortura. Esto incluye situaciones donde la parte acusada o sospechada de haber torturado son agentes estatales o donde estos actos se pudieron haber realizado con su aquiescencia. La CIDH urge asimismo a los Estados a cumplir con lo establecido en la Convención contra la Tortura y en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en cuanto a incorporar en sus legislaciones nacionales normas que garanticen la prohibición de la práctica. 

Por su parte, la Comisionada Tracy Robinson, Relatora de la CIDH sobre los Derechos de las Mujeres, expresó preocupación por el uso de la violencia sexual como método de tortura. “Hemos recibido información alarmante sobre casos de violencia sexual por parte de agentes del Estado contra personas detenidas en el marco de operativos para disolver protestas. La violencia sexual también se ha utilizado en contextos de conflicto armado, crimen organizado y trata de personas. Es necesario adoptar medidas urgentes para abordar este grave problema”, señaló.

Este año, varias organizaciones que trabajan en el tema decidieron focalizar este día internacional en el derecho a la rehabilitación. La CIDH se suma a esta campaña global, urgiendo a los Estados a garantizar en sus marcos normativos que las víctimas de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes puedan acceder a un recurso que les garantice una reparación suficiente, efectiva, y completa. Esto incluye medidas de reparación que brinden atención adecuada a los padecimientos físicos y también psicológicos, ya que estos últimos perduran mucho después de las heridas físicas, atacando de manera directa a la integridad y personalidad humana.

“La tortura deshumaniza y destruye la dignidad de las víctimas como seres humanos, infligiendo lesiones que pueden prevalecer por siempre si no reciben un tratamiento adecuado a través de la rehabilitación. Es fundamental el acceso a una rehabilitación integral que ayude a sanar los efectos tanto físicos como psicológicos de la tortura, brindando a las víctimas la posibilidad de reconstruir su vida”, dijo la Presidenta de la CIDH, Rose Marie Antoine. “La legislación nacional de cada Estado debe garantizar a la víctima de un acto de  tortura, la reparación integral, y como elementos de ésta, el derecho a una indemnización justa y adecuada, incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa posible”, agregó.

La CIDH enfatiza la necesidad de que los Estados fortalezcan su trabajo con los mecanismos regionales e internacionales para prevenir la tortura e implementen las órdenes y recomendaciones de los órganos de supervisión con el objetivo de consolidar los sistemas nacionales de protección. Finalmente, a tres décadas de la adopción de la Convención para Prevenir y Sancionar la Tortura, el 12 de septiembre de 1985 en Cartagena de Indias, la CIDH insta a los 16 Estados Miembro de la OEA que aún no la han ratificado, a hacerlo.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

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