7/08/2014

Salomón Lerner Febres: El caso Bustíos y el ministro del Interior

Salomón Lerner FebresDurante más de una década, quienes trabajamos en la Comisión de la Verdad y Reconciliación hemos insistido en la necesidad de alcanzar el máximo de justicia posible en el país en relación con los crímenes y violaciones de los derechos humanos producidas entre 1980 y 2000. Hemos sostenido esta postura por una firme convicción ética: resulta necesario que quienes cometieron graves delitos durante el conflicto armado interno puedan ser sancionados por actos execrables que no pueden ser catalogados, en varios casos, como meros excesos. Y, por ello, resulta indispensable que, en el caso de los miembros de las fuerzas del orden, el Estado brinde todas las facilidades posibles para el procesamiento penal de estas personas, sin que puedan ser encubiertas o, menos aún, premiadas con cargos de representación política.

Hace algunos días, el Instituto de Defensa Legal ha dado a conocer que el actual ministro del Interior, Daniel Urresti, se encuentra procesado por su presunta participación en el asesinato del periodista Hugo Bustíos ocurrido el 24 de noviembre de 1988. Dicha información no era conocida por la opinión pública al momento de su designación y, hasta el momento, se desconoce si el ministro había contado al Presidente de la República sobre la misma. Los hechos que involucran a este funcionario tienen una alta gravedad.

En la sección respectiva del Informe Final dedicada al rol de los medios de comunicacióndurante el conflicto, la CVR relató el caso del periodista Bustíos. Este ciudadano, periodista de la ciudad de Huanta, junto a su colega Eduardo Rojas Arce, cubrían los sucesos deviolencia que ocurrían en esta convulsionada zona del país. Ambos habían sido amenazados por miembros del Ejército, por sus informaciones sobre abusos y violaciones de los derechos humanos. El día que ocurrió el asesinato de Bustíos, los hombres de prensa estaban investigando el asesinato de dos personas a manos de Sendero Luminoso. Fueron emboscados por una patrulla del Ejército, cuyos miembros ultimaron al corresponsal de la revista Caretas con una carga de dinamita. El caso fue inicialmente procesado por la justicia militar, donde quedó en la impunidad, mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indicó en 1997 que debía hacerse una nueva investigación de este caso. Este punto no fue cumplido por el Estado peruano hasta que la Comisión de la Verdad y Reconciliación presentó su Informe Final.

Finalmente, en doble instancia, el Poder Judicial peruano condenó a Víctor La Vera Hernández y Amador García Sanbento a 17 y 15 años de prisión, respectivamente, como autor mediato e inmediato de estos hechos y ordenó al Ministerio Público que iniciara una investigación contra los demás involucrados en el crimen. Producto de las indagaciones hechas por las instancias fiscales y judiciales, cuatro testigos –entre ellos, el sentenciado García Sanbento– han sindicado a Urresti como jefe de la patrulla y oficial de inteligenciaque participó presuntamente en estos hechos.

Resulta cierto que deben respetarse las garantías del debido proceso y la presunción de inocencia en este caso. Sin embargo, es inadmisible políticamente que el señor Urresti, independientemente de sus calidades personales y profesionales, permanezca comomiembro del Consejo de Ministros de un gobierno democrático. Existen razones de principio para ello. En diversas partes del mundo, funcionarios investigados por hechos que atentan contra la dignidad de los seres humanos han debido presentar su carta de renuncia, debido a que el Estado debe garantizar su imparcialidad en el sistema de justicia, sobre todo, frente a crímenes graves que afectan a toda la humanidad. Resulta inaceptable, además, que una persona que esté procesada por un crimen de lesa humanidad sea la encargada de la política de seguridad interna de nuestro país. Peor aún, cuando se trata de un crimen contra un periodista, donde no solo se afecta su vida y la de sus familiares, sino también a toda la comunidad, que no conoció informaciones que podían ser reveladas por este hombre de prensa. Además, un funcionario sobre el que pesa un cargo tan grave pierde credibilidad frente a todos sus interlocutores y, por supuesto, para enfrentar a la criminalidad que afecta a nuestro país.

En el juramento que hizo durante la campaña electoral, el señor Presidente de la República se comprometió, expresamente, a respetar los derechos humanos, así como a no permitir ningún tipo de influencia política en las investigaciones que sobre la violación de estos derechos estén en curso o se abran en el futuro. Es hora de que cumpla su palabra y pida a su ministro que deje el cargo en el que lo designó. Sería un gesto que honraría lo que prometió a todos los peruanos.

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