7/24/2014

La República: Los nuevos misterios del interminable caso Valdez

 Luis Valdez se apresta a reconquistar, en las próximas elecciones, el sillón municipal de la provincia de Ucayali. Confirmado inocente del asesinato del periodista Alberto Rivera, el ex alcalde de Pucallpa, Luis Valdez se apresta a reconquistar, en las próximas elecciones, el salón municipal de la provincia de Ucayalí.

¿Pero no era uno de los más grandes narcos del Perú? El Ministerio Público está obligado a decir qué avanzó en las investigaciones por narcotráfico y lavado de activos que le sigue desde hace más de diez años. 

Ricardo Uceda 

Los juicios contra el ex alcalde de Pucallpa, Luis Valdez Villacorta, fueron principales  en los últimos diez años tanto por la gravedad de los delitos que examinaban como por el impacto mediático, nacional e internacional, que adquirieron. Implicaban asesinato, narcotráfico y lavado de activos. Era la primera ocasión en la que se procesaba por crimen organizado a un dirigente político peruano. Cuando fue teatralmente detenido en su despacho de alcalde, en 2008, las autoridades asumían que su jerarquía era equivalente a la de Fernando Zevallos, preso desde 2005, en su momento uno de los diez mayores narcos de la DEA.

Las más altas instancias del Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía estuvieron vinculadas con las investigaciones. Ahora resulta que la última palabra de la Corte Suprema es que Valdez no es culpable del asesinato del periodista Alberto Rivera, en 2004. De acuerdo con la información que se expondrá en este informe, es posible que también sea exculpado del cargo de narcotráfico. Y en cuanto al lavado, la tercera acusación, conviene examinar lo que hasta ahora existe en los expedientes. Se supone que Valdez, según sus acusadores dueño de una fortuna de 250 millones de dólares, lavó unos 70 millones provenientes de la venta de cocaína a los carteles colombianos y mexicanos. ¿Cuánto fue capaz el Estado de comprobarlo? 

DISCORDIA SUPREMA
 
Respecto del asesinato, la tesis del Ministerio Público fue que el alcalde Luis Valdez, con la complicidad del director municipal, Solio Ramírez, encargó eliminar al periodista Alberto Rivera porque lo acusaba de narcotraficante en su programa radial. Ramírez buscó a dos trabajadores municipales para que consiguieran ejecutores. En total, de acuerdo con la acusación, participaron nueve personas. Pero a fines del 2007 la justicia de Ucayali ya había sentenciado a siete autores materiales, entre ellos Lito Fasabi, quien disparó mortalmente contra Rivera. Valdez y  Ramírez fueron absueltos. La tesis de esta primera sentencia fue que uno de los implicados, Roy Culqui, por motivos personales, pagó a sicarios para que golpearan a Rivera. Se les pasó la mano y lo mataron. A partir de incriminaciones posteriores de algunos de los  implicados, el Ministerio Público acusó nuevamente a Valdez y Ramírez de ser instigadores principales. Dos veces más fueron absueltos. Este año, en medio de gran expectativa mediática,  la Suprema resolvía un pedido de nulidad contra la sentencia de la Corte Superior que hicieron la fiscalía y la parte civil.

Una de las razones del pedido de nulidad fue que los jueces no valoraron adecuadamente las pruebas, algo por lo que difícilmente cabe anular un juicio. Los magistrados pueden adoptar un criterio errado. Otro motivo fue que hubo vicios procesales. Por ejemplo, no se leyeron declaraciones de algunos testigos durante una sesión del juicio oral. Además, el voto de uno de los jueces que exculparon a los acusados contenía contradicciones que lo viciaban, según la fiscalía. Tres jueces supremos les dieron la razón a los impugnadores: Víctor Prado, Hugo Príncipe y Jorge Salas. En el mismo colegiado votaron en contra César San Martín y Duberlí Rodríguez. Como la sentencia requería votación calificada de cuatro, fueron llamados dos vocales supremos más para dirimir.

Estos nuevos, Baltazar Morales y Luis Alberto Cevallos, inclinaron la balanza hacia la absolución. Los cuatro vencedores pusieron en un segundo plano las cuestiones de procedimiento. 

LAS ABSOLUCIONES 

San Martín y Rodríguez, suscriptores de un mismo texto, hicieron notar que  ni la fiscalía ni la parte civil habían alegado como causal de nulidad que determinadas declaraciones de testigos no fueran leídas en el juicio oral. Tampoco era relevante. Añadieron que, ocurrida la omisión, tampoco producía un vicio insubsanable del proceso, pues ellos, como vocales supremos, la última instancia, podían considerar todo lo actuado. En cuanto a la valoración de la prueba, cuya deficiencia era el meollo del pedido de nulidad, ambos jueces encontraron improcedente anular el fallo porque la argumentación de Jorge Alberto Egoavil, uno de los magistrados que absolvieron a Valdez y Ramírez, presentaba contradicciones. Consideraron que, en lo fundamental, Egoavil expresó coherentemente sus motivos para no condenarlos. A renglón seguido, la dupla San Martín-Rodríguez desarrolló su principal argumento: la acusación presentaba vacíos, hechos falsos, y conclusiones desacertadas.

La versión del autor material y principal acusador, Lito Fasabi, hacía agua por varios lados. Fue quien mató a Rivera al dispararle en el pecho cuando este forcejeaba con otro sicario, Víctor Mendoza, quien llevaba la peor parte en su intento de reducirlo a golpes. Esta forma de iniciar el asesinato que supuestamente cometerían –someter a la víctima a puño limpio–, fue uno de los hechos que debilitaron la tesis de la fiscalía. Otro, el que los sicarios no hayan cobrado nada por adelantado de los 300,000 dólares que supuestamente les ofreció Valdez por el asesinato. Otro, que el vehículo oficial que usaba el alcalde, descrito pormenorizadamente por Fasabi, en el cual según este los acusados le pidieron matar al periodista, estaba comprobadamente en otra ciudad. Otro, que se comprobó que  la pistola supuestamente proporcionada por Valdez que el sicario entregó a la justicia como si fuera el arma del crimen, en realidad no era la que había disparado contra el periodista. Otro, que los móviles no se hallaban  suficientemente acreditados. Valdez no estaba sólidamente acusado por narcotráfico y la condición de subalternos de varios implicados no era suficiente para que cargaran sobre sus espaldas un asesinato tan escandaloso.

Aunque no lo afirman explícitamente, San Martín y Rodríguez se muestran más en sintonía con la primera sentencia de Ucayali: a Rivera quisieron amedrentarlo a golpes y lo mataron cuando ofreció resistencia. ¿Y qué opinaron los jueces dirimentes? Baltazar Morales sostuvo que luego de diez años la fiscalía ya había tenido tiempo suficiente para lograr pruebas convincentes, y que el Poder Judicial no podía subvencionar su labor con un nuevo juicio que perjudicaría los derechos humanos de acusados que ya habían tenido tres sentencias absolutorias. Por su parte, Luis Alberto Cevallos dijo que el juicio había excedido todos los plazos razonables, de acuerdo con el ordenamiento jurídico: ampliarlo era abrir una etapa ilegítima y violatoria de los derechos de Valdez y Ramírez. 

561 KILOGRAMOS 

Ahora bien, hasta aquí, de acuerdo con la justicia, no hay pruebas para condenar a Valdez. Pero la posibilidad de que sea inocente plantea varios asuntos de reflexión para el periodismo y el sistema judicial. Sobre todo porque hay dos procesos judiciales más, que fueron evidentemente animados por la acusación de asesinato. Uno es por lavado de activos. Por este delito es que Valdez fue detenido en Pucallpa, junto con 15 personas de su presunta banda, el 8 de octubre del 2008. Estas personas están ahora en libertad, sin acusación. Aquel año el Estado tomó el control de cinco empresas exitosas de Valdez, que presumiblemente eran las fachadas para lavar el dinero del narcotráfico, y en 2011 fueron devueltas –dos de ellas quebradas– porque el juez sostuvo que no había pruebas suficientes para suponer que eran parte de un engranaje delictivo. Valdez estuvo preso 22 meses en Castro Castro hasta que en 2010 obtuvo una orden judicial que le permitía seguir sus procesos en libertad. El juicio de lavado de activos está en la etapa de instrucción desde hace seis años. El juez y el fiscal deben demostrar que el dinero procede de una actividad delictiva. Si no lo hacen, no hay caso. La hipótesis es que Valdez lavó dinero del narcotráfico. Se funda en dos situaciones que se investigan más de una década.

En octubre del 2003 fueron descubiertos en el terminal marítimo del Callao 561 kilogramos de clorhidrato de cocaína en un container con triplay que iba a ser exportado a Guatemala por Industrial Ucayali S.A., una de las empresas de Valdez. Las investigaciones comprobaron que el cambio de la madera por droga se produjo cuando el cargamento ya no estaba en poder de Industrial Ucayali sino de Neptunia, la agencia de almacenaje. Incluso Neptunia no tenía responsabilidad porque demostró que la madera salió de sus instalaciones con la carga original. En el trayecto hacia el terminal marítimo, el chofer cambió el contenido de uno de los contenedores, que dio menor peso cuando fue controlado en el terminal. En ese momento el chofer, Rómulo Uribe, se dio a la fuga. Más tarde, cuando se entregó, identificó a quien le pagó para cambiar algunas placas de triplay por cocaína, y a los cómplices que lo ayudaron. Todos fueron sentenciados menos el que contrató a Uribe, Julio César Gamboa, porque al momento de la lectura de la sentencia se hallaba prófugo. Valdez jamás estuvo acusado en este proceso.

Cuando fue detenido, en 2006, Gamboa dijo que la droga se la había dado Roger Poémape, un supuesto narcotraficante, a quien escuchó decir que era de Valdez. Después se desdijo. Aunque el fiscal acusó a Valdez y Poémape de dirigir una banda de narcotraficantes, el juez desestimó la denuncia. Dijo que la mención del apellido del alcalde por Gamboa se produjo bajo presión policial y que Poémape no estaba en el país cuando se organizó el delito. Ante una apelación de la fiscalía, la Corte Superior confirmó la decisión judicial: no había elementos probatorios. El último acto ocurrió en abril del 2013, casi diez años después de los hechos. La Corte Suprema, ante una queja de la Procuraduría Antidrogas por deficiencias en la motivación del fallo, ordenó al juez abrir proceso. Pero el expediente, los hechos, las declaraciones, siguen siendo los mismos. Quizá por eso el juez del Octavo Juzgado Penal del Callao no ha iniciado el proceso todavía.

–Seguimos esperando –dijo para esta nota la procuradora Antidrogas Sonia Medina. 

LAVADO Y SECADO 

Esta falta de suficiencia probatoria en el caso de narcotráfico contrasta con lo que se vino publicando sobre Valdez desde que Rivera fue asesinado: que había estado preso cuatro años por vender droga, que sus exportaciones eran la pantalla para llevar cocaína a Norteamérica, que fue socio de Fernando Zevallos en el narcotráfico continental. En la mayoría de los casos, se trató de versiones alimentadas abierta o indirectamente por lapolicía antidroga, DIRANDRO, notas de inteligencia que con el tiempo no terminaron en un atestado o investigación. La policía nunca probó esas afirmaciones ni las publicó oficialmente. Así, el único hecho concreto que amparó las imputaciones sometidas a proceso fue el descubrimiento de droga en el container de Industrial Ucayali en 2003. Otro hecho, anunciado pomposamente, pareció ser una bala entre los ojos de Valdez. Pero se desvió.  

La policía lo anunció en 2008: autoridades holandesas encontraron 171 kilos de cocaína en tubos de plástico exportados desde Perú por la empresa Forestal Export. El tramitador era el mismo de las empresas de Valdez, lo que estableció la conexión con el entonces alcalde de Pucallpa. Además, Lester Marina, dueño de Forestal Export, había proveído a empresas del alcalde de Pucallpa. Con el tiempo,  sin embargo, la presunción se diluyó. Marina no era el exportador. No está acusado y el atestado policial lo exculpa. La policía comprobó que fue víctima de una adulteración de documentos.

El caso de narcotráfico se halla estancado, de acuerdo con la procuradora Antidrogas Sonia Medina.

En cuanto al de lavado de activos, el Ministerio Público continúa analizando los documentos contables de la actividad empresarial de Valdez, quien en los años setenta, durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, ya era uno de los diez principales contribuyentes del país. La investigación policial ha determinado que el conjunto de las empresas vinculadas a Valdez no pueden sustentar 71 millones de dólares. Los abogados de Valdez arguyen que muchas de estas empresas no tienen relación alguna con el ex alcalde y que las suyas están en orden. De acuerdo con una fuente que participó en la investigación, las observaciones principales son dos: una venta de madera por el equivalente de 4.6 millones de dólares, de la cual el supuesto comprador  –una modesta carpintería– dice no saber nada, y el insólito crecimiento de una empresa cervecera de Valdez. Produjo pérdidas dos años y en el tercero tenía un patrimonio mayor a diez millones de dólares.

¿Culpable o inocente? El JNE debe absolver una tacha interpuesta contra la candidatura de Valdez a la alcaldía de Pucallpa, por domicilio impertinente. Según Valdez, la impugnación es improcedente. Pero lo fundamental es que el Ministerio Público explique, después de diez años de ser el titular de la acción penal, si el personaje es narco o no. O, por lo menos, qué avanzó después de tantos años de investigaciones 


Nota de Ricardo Uceda.

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