Gobierno Regional de Huánuco y Municipalidades también se sumaran a este esfuerzo de articulación para propiciar adecuaciones en los servicios de protección.
Huánuco, 10 de julio de 2013.- Con el fin de impulsar compromisos de articulación entre las instituciones operadoras de justicia y gobiernos locales y regional de Huánuco, para adecuar sus servicios de manera más especial e inclusiva a favor de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad que son afectados por situaciones de violencia, varias organizaciones que promueven los derechos de las personas con discapacidad en la ciudad se reunieron esta mañana con los titulares del Ministerio Público y Poder Judicial del departamento.
En las reuniones se socializaron propuestas para mejorar los servicios del sistema descentralizado de protección, para que estos abarquen también a la niñez con discapacidad que sufre diferentes tipos de violencia.
Entre las propuestas se mencionaron fortalecer la formación y sensibilización de los operadores de justicia, en especial de los que trabajan en las zonas rurales, para que cuando aborden casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes con discapacidad, lo hagan aplicando el principio del interés superior del niño y con los enfoques de género e interculturalidad; además, de consensuar en una ruta intersectorial de atención integral y protección para mejorar el acceso al sistema.
También se manifestó la urgencia de tener un traductor/interprete de lenguaje de señas para niños, niñas y adolescentes con discapacidad auditiva, visual y del habla (sordomudos y sordociegos), con disponibilidad especial para zonas rurales, que no sólo traduzca/interprete sino también enseñe este lenguaje, pues hay que tener en cuenta que muchos de ellos, nunca aprendieron este lenguaje de señas formal, y cuando son víctimas de violencia existen limitaciones para tomar su manifestación en un proceso judicial.
“La exclusión y la discriminación contra los niños, niñas y adolescentes con discapacidad los hacen desmedidamente más vulnerables a todo tipo de violencias, tanto así que tienen tres a cuatro veces más probabilidades de sufrir abusos sexuales y malos tratos que sus pares que no tienen discapacidad”, refiere la psicóloga de Paz y Esperanza, Doris Godoy Cortez.
Ante ello, también están proponiendo que los gobiernos locales y regionales elaboren e implementen proyectos de inversión pública que garantice la atención prioritaria a niños, niñas y adolescentes con discapacidad en la prevención, protección y recuperación de todo tipo de violencias, impulsando en los sectores salud, educación, los programas sociales, las demunas y omapeds, la articulación para poner en conocimiento de la autoridad competente los casos de abusos sexuales, maltrato u otros que lleguen a su conocimiento por vía del ejercicio de sus funciones; para lo cual sostendrán reuniones con el presidente del gobierno regional y su gerenta de desarrollo social, los alcaldes de Huánuco y Amarilis y el jefe de la Dirtepol, a quienes solicitarán implementar estas propuestas.
Hay que recordar que el Perú suscribió y ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención sobre los Derechos del Niño, que en sus artículos 7, 16 y 19, 23 respectivamente, establecen que los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales, educativas y de otra índole que sean pertinentes para proteger al niño, niña y adolescente con discapacidad, tanto en el seno del hogar como fuera de él, contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, cuyas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces que tomen en cuenta la edad, el género y la discapacidad, con el objeto de proporcionar la asistencia adecuada y necesaria, así como para otras formas de prevención, recuperación y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos y, según corresponda, la intervención judicial, con la consideración primordial del interés superior del niño.
Ambos tratados son vinculantes por lo que no solo a nivel nacional, sino también a nivel provincial y distrital los estamentos gubernamentales están obligados a cumplirlo.
Es por ello que ambas autoridades firmaron el documento de propuestas para unir esfuerzos en su implementación. Este mismo compromiso se espera del presidente del gobierno regional, los alcaldes de Huánuco y Amarilis y demás funcionarios a los que estas organizaciones visitarán.
Estas acciones se desarrollan en el marco del proyecto “Infancia sin violencia”, que coordina Save the Children y lo ejecuta su socia en Huánuco Paz y Esperanza, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
*Las organizaciones que impulsan estas propuestas en Huánuco son la Asociación de Padres de niños, niñas y adolescentes con Discapacidad (ASPADIS – Huánuco), la Asociación Paz y Esperanza, la Asociación Yapey Yurijcuna - Renacer, el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) Sede Regional Huánuco, la Oficina Regional de Atención a la Persona con Discapacidad (OREDIS – Huánuco), la Asociación de Padres “Devolviendo la sonrisa a Tamar”, el colectivo Cristianos Trabajando por la Niñez y la Defensoría del Pueblo.
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